Sentencia CA-772-13 — Registro 4298
Resumen
En primera instancia se dictó resolución declarando con lugar las defensas previas alegadas por la parte incidentista (demandada), número dos y tres relacionadas con las causas de inadmisibilidad: 2) Que se hubiese interpuesto por persona incapaz no representada debidamente o no legitimada, 3) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que consta en autos que la resolución impugnada fue emitida por la demandada dándole respuesta a una solicitud hecha por una Institución del Estado, por medio de la cual le confirma que las Instituciones de Seguros y Reaseguros son Instituciones Financieras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
II. El cargo que antecede no resulta admisible, porque se incurrió en los siguientes defectos técnicos: a) se indica en la formulación del cargo como infringido el artículo 207 del Código Procesal Civil, sin embargo, tal disposición contiene dos numerales, que para efectos de este recurso extraordinario era necesario precisar a cual de ellos dirige su ataque; b) se invoca en desarrollo del motivo el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, sin embargo, tal disposición no fue señalada ni relacionada en la formulación del motivo y; c) realiza la Recurrente en la explicación del motivo inoportunos alegatos de instancia.-
Jerarquía: Reiterativa
II. El cargo que antecede no resulta admisible, porque se incurrió en los siguientes defectos técnicos: a) se indica en la formulación del cargo como infringido el artículo 207 del Código Procesal Civil, sin embargo, tal disposición contiene dos numerales, que para efectos de este recurso extraordinario era necesario precisar a cual de ellos dirige su ataque; b) se invoca en desarrollo del motivo el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, sin embargo, tal disposición no fue señalada ni relacionada en la formulación del motivo y; c) realiza la Recurrente en la explicación del motivo inoportunos alegatos de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En adición, se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- " En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: la CAMARA HONDUREÑA DE ASEGURADORES (CAHDA), representada en juicio por la abogada EVA FABIOLA CASTRO GONZALEZ; y, Recurrida: la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), representada en juicio por la abogada TELMA BURGOS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo consistente en la resolución No.249/21-02-2012 de fecha 21 de febrero de 2012, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), por no ser conforme a derecho por infringir el ordenamiento jurídico por el quebrantamiento de formalidades esenciales, el exceso y la desviación de poder y alterar el espíritu de la Ley del Sistema Financiero y de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, variando el sentido y alcance esencial de éstas y por la falta de publicación en La Gaceta de un acto administrativo de carácter general, que se disponga judicialmente la inaplicabilidad del mismo y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por las abogadas LIZZETH GUADALUPE VILLATORO FLORES y VANESSA LIZZETTE VELASQUEZ LANZA, en su condición de apoderadas legales de la CAMARA HONDUREÑA DE ASEGURADORES (CAHDA), en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que la Comisión de Bancos y Seguros ha establecido mediante un acto administrativo contenido en la Resolución SS 249/21-2-2012, que las Instituciones de Seguros y Reaseguros son instituciones financieras, como si dicho órgano de la administración pública (CNBS) tuviera facultades de orden legislativo para con ello modificar el alcance de la ley, transformando, modificando o variando con un simple acto administrativo la naturaleza jurídica de lo que son las instituciones dedicadas al rubro de los seguros, para ahora considerarlas como instituciones financieras, lo cual claramente no lo son, asimismo, el acto administrativo contenido en la Resolución SS 249/21-2-2012 es emitida para ser aplicada a todo el sistema asegurador del país, por lo que es un acto de carácter general que no fue notificada en su momento a las compañías de seguro, ni a la CAHDA, ni publicada en el Diario Oficial La Gaceta; que la resolución SS 249/21-2-2012 emitida por la Comisión en fecha 21 de febrero de 2012, que es impugnada en este escrito, deriva de una consulta realizada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) mediante Oficio No. DEI-DARI-006-B-2012 de fecha 17 de febrero de 2012, suscrito por el Ministro Director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), solicitando que certificara o confirmara si las empresas aseguradoras y reaseguradoras son instituciones financieras, en virtud de lo establecido en el Decreto 110-93, reformado con el Decreto 135-94 en lo que están gravadas con un impuesto único del diez por ciento (10%) las rentas provenientes de intereses generados en operaciones con títulos valores, depósitos a la vista, depósitos de ahorro y depósito a plazo y transacciones bursátiles devengados por las personas naturales y jurídicas en moneda nacional y moneda extranjera, exceptuándose de esta disposición a los bancos y a las instituciones financieras; que dicha consulta fue contestada por la Comisión mediante Resolución SS 249/21-02-2012 de fecha 21 de febrero de 2012, confirmando ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), que las Instituciones de Seguros y Reaseguros son Instituciones Financieras, como queda establecido en los Considerandos (6), (7), (8) y (9) de la presente Resolución; Comunicó lo resuelto en legal y debida forma al Ministro Director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), señalando que la presente resolución era de ejecución inmediata, lo que en definitiva y de manera directa compromete la condición de la demandante como sujeto pasivo en materia tributaria y fiscal, afectando el cálculo de impuestos y en definitiva en su operatividad y patrimonio; que el acto impugnado es una expresión clara de una prohibición de orden legal establecida en el artículo 8 numeral 2 de la Ley General de la Administración Pública que dice que los órganos y entidades de la administración pública no podrán, dictar providencias o resoluciones que desconozcan lo que el mismo órgano o entidad haya dispuesto mediante actos de carácter general, por tanto al haber una infracción al ordenamiento jurídico deviene su correspondiente nulidad.- 2. La parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), contestó dicha demanda señalando que se rechaza totalmente lo alegado por la parte actora al manifestar que la CNBS emite actos como si tuviera facultades de orden legislativo modificando el alcance de la ley, aclarando que la Comisión mediante la Resolución SS N°249/21-02-2012 da respuesta a una solicitud de OPINION TECNICA que presentó la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), institución del Estado; la respuesta se hace mediante resolución en atención a lo dispuesto en el artículo 8, tercer párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, no obstante, la referida resolución no es constitutiva de situaciones jurídicas individuales ya que no declara, ni reconoce, ni limita los derechos de los particulares en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo; que la resolución SS N° 249/21-02-2012, no es un acto de carácter general, como se ha explicado con énfasis, en consecuencia no tenía por qué notificarse personalmente a los afiliados de la CAHDA, como tampoco devenía en el deber de publicarse en el diario oficial La Gaceta; que el debate sobre el contexto de la resolución SS N°249/21-02-2012 en cuanto a establecer que las aseguradoras son instituciones financieras, no se limita a la Ley del Sistema Financiero, ni a la Ley de Instituciones de Seguros y reaseguros, ni mucho menos al criterio limitado y argumentativo de la demandante, o las leyes locales, es como ya se ha explicado con base a normas y prácticas internacionales (artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros); que la resolución SS N°249/21-02-2012, no altera el espíritu de la ley, consigna en palabras técnicas la verdad del negocio financiero que realizan las compañías de seguros y eso es transparencia, las dichas compañías manejan recursos financieros, por las normas y prácticas internacionales las definen como instituciones financieras, ellas perciben dinero en forma de primas, no devuelven intereses y al devolver la indemnización generalmente a muy largo plazo sus reinversiones se vuelven altamente rentables desde el punto de vista financiero.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de marzo de dos mil trece, dictó resolución declarando con lugar las defensas previas alegadas por la parte incidentista (demandada), número dos y tres relacionadas con las causas de inadmisibilidad: 2) Que se hubiese interpuesto por persona incapaz no representada debidamente o no legitimada, 3) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación; por ser PROCEDENTES de acuerdo a lo explicado en los numerales décimo segundo y décimo tercero de los fundamentos de derecho del presente auto resolutivo; desestimar la defensa previa número uno y cuatro relacionada con que la demanda se presentó fuera del plazo y la litispendencia por lo expuesto en el numeral décimo primero y décimo cuarto de los fundamentos de derecho del presente auto resolutivo; declaró la inadmisibilidad de la demanda; sin costas; bajo el criterio que las Defensas Previas alegadas por la parte incidentista-demandada tienen relación entre si, pero se procederá al estudio de cada una; con respecto a la primera causa de inadmisibilidad relacionada a que la demanda se presentó fuera de los plazos respectivos, cabe mencionar que el acto objeto de impugnación establecido en la demanda, es la resolución emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros bajo el número 249/21-01-02-2012, por lo que sin prejuzgar si dicha resolución es acto impugnable se procede a establecer si la demanda se presentó en tiempo y de la revisión de los documentos que obran en el expediente se puede establecer que la parte incidentada-demandante tuvo conocimiento de dicha resolución cuando interpuso recurso de reposición sobre dicha resolución en fecha 14 de agosto del 2012 por lo que no es vinculante lo expresado por el incidentista relacionado con la diligencia prejudicial ya que en ningún momento solicitan la exhibición de dicha resolución, ya que todo acto emitido por la administración pública empieza a surtir efectos una vez notificado o interpuesto el recurso; que en relación a la segunda causa de inadmisibilidad que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no legitimada, cabe mencionar que el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señala quienes estarán legitimados para pretender la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos particulares o generales de la administración, por lo que el demandante no necesariamente tiene que ser titular de un derecho subjetivo sino también tener un interés directo y que a la vez sea legitimo, por lo que el interés debe de ser calificado como una relación existente entre la persona y el acto impugnable, por lo que dicho interés debe de estar protegido por el ordenamiento jurídico y la anulación que pretende debe de suponer un beneficio a favor del demandante, por lo tanto es meritorio declarar con lugar la presente defensa previa; que en cuanto a la tercer causa de inadmisibilidad planteada referente a que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, del estudio de la presente defensa previa se ha podido establecer que la resolución que obra en el expediente es una opinión técnica en respuesta a una solicitud emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a través del oficio DEI DARI-006-B-2012, en el sentido de establecer si las Instituciones de Seguros y Reaseguros son instituciones financieras, al respecto de la lectura del acto objeto de impugnación, efectivamente la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante resolución 249/21-01-02-2012 informó a la Dirección Ejecutiva de Ingresos que dichas instituciones si se consideran instituciones financieras, acto administrativo que fue emitido por una institución que efectivamente forma parte del engranaje de la administración publica, institución que tiene su propio ordenamiento jurídico por ende tiene un procedimiento previsto y al tenor de lo que establece el articulo 8 de su propia Ley constitutiva y en este caso no hay ninguna limitante o restricción de derechos solo es la respuesta a una consulta planteada por la DEI, por lo tanto es meritorio declarar con lugar la presente defensa previa; que en cuanto a la cuarta causa de inadmisibilidad planteada por el incidentista referente a la litispendencia al respecto podemos decir que el efecto fundamental de la litis pendencia consiste en la imposibilidad de que se inicie un mismo proceso sobre el mismo objeto, en consecuencia si se iniciara otro proceso sobre el mismo asunto podría oponerse la excepción de litispendencia y para que se estime dicha excepción de litispendencia es necesario que haya pendiente pleito sobre lo mismo que otro discute y que la resolución que pueda recaer en uno produjera efectos de cosa juzgada respecto del otro y para que dicha presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que concurra la mas perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueren y en este caso resulta que se ventila otro juicio bajo el número 347-12 en donde resulta difícil identificar si hay una completa identidad en las personas ya que en el expediente 348-12 las demandantes funge en representación de una Cámara de Aseguradores y en el 347-12 que relaciona el incidentista si se establecen a quien representan en una forma mas detallada, resultando difícil identificar si se trata de las mismas compañías aseguradoras, por lo que al no cumplirse este requisito el cual es indispensable no podemos hablar de una litispendencia (de identidad de personas) por lo tanto se desestima la presente defensa previa.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de junio de dos mil trece, dictó sentencia confirmando el auto resolutivo de fecha siete de marzo de dos mil trece, proferido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, sin costas; bajo el criterio que consta en autos que la resolución impugnada fue emitida por la demandada dándole respuesta a una solicitud hecha por una Institución del Estado, por medio de la cual le confirma que las Instituciones de Seguros y Reaseguros son Instituciones Financieras; que en virtud de lo señalado anteriormente, se concluye que la resolución apelada, si bien es cierto, es un acto administrativo el mismo contiene únicamente un dictamen, una opinión, una respuesta a una solicitud realizada por una Institución del Estado, por lo cual no es un acto administrativo de carácter general susceptible de impugnación, es un acto de mero trámite, ya que no declara, reconoce o limita derechos a los particulares, no siendo tampoco de carácter particular ya que no está concluyendo un procedimiento en que han intervenido particulares, por lo tanto es un acto administrativo que no está sujeto al Derecho Administrativo, en consecuencia, tampoco están legitimadas las demandantes para demandar la nulidad de dicha resolución, ya que podrían estar legitimadas si fuese un acto administrativo de carácter particular o general y no es el caso de autos.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada EVA FABIOLA CASTRO GONZALEZ, en fecha uno de octubre de dos mil trece presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha seis de junio de dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.188-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.348-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha ocho de octubre de dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, la abogada TELMA BURGOS, presentó en fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha tres de diciembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, las abogadas EVA FABIOLA CASTRO GONZALEZ y TELMA BURGOS, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce, teniendo por personadas a las abogadas EVA FABIOLA CASTRO GONZALEZ, como recurrente y TELMA BURGOS, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación del artículo 207 del Código Procesal Civil que regula la motivación de la sentencia, en relación con los artículos 121 de la Ley General de la Administración Pública y 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 inciso c) del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se impugna toda la parte dispositiva de la sentencia. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Mi representada presentó demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en contra del ESTADO DE HONDURAS por medio de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS para que declare la nulidad de un acto administrativo manifestado en la Resolución No. 249/21-02-2012 de 21 de febrero de 2012 emitida por la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. El ESTADO DE HONDURAS en su momento opuso cuatro defensas previas, de las cuales fueron declaradas con lugar dos de ellas mediante auto resolutivo de fecha 7 de marzo de 2013, siendo estas, que se hubiere interpuesto por persona incapaz no representada debidamente o no legitimada y que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación por no ser procedentes. Recurrido que fue el auto resolutivo fue confirmado por el Tribunal de Alzada en sentencia de fecha 6 de junio de 2013. La Corte Sentenciadora motivó su decisión en las consideraciones conducentes que transcribo a continuación: “CONSIDERANDO (4): Que consta en autos que la Resolución impugnada fue emitida por la demandada dándole respuesta a una solicitud hecha por una Institución del Estado, por medio de la cual se confirma que las instituciones de Seguros y Reaseguros son Instituciones Financieras. CONSIDERANDO: (5) Que en virtud de lo señalado en el considerando que antecede, se concluye que la Resolución apelada, si bien es cierto, es un Acto Administrativo, el mismo contiene únicamente un dictamen, una opinión, una respuesta a una solicitud realizada por una Institución del Estado, por lo cual no es un Acto Administrativo de carácter General susceptible de impugnación, es un acto de mero trámite, ya que no declara, reconoce o limita derechos a los particulares, no siendo tampoco de carácter particular ya que no está concluyendo un procedimiento en que han intervenido particulares, por lo tanto es un Acto Administrativo que no está sujeto al derecho Administrativo, en consecuencia tampoco están legitimadas las demandantes para demandar la nulidad de dicha Resolución, ya que podrán estar legitimadas si fuese un Acto Administrativo de carácter particular o general y no es el caso de autos. CONSIDERANDO (6): Que del estudio y análisis del presente caso se concluye que el Auto Resolutivo venido en apelación esta dictado conforme a derecho, ya que si la Resolución Impugnada sirviese de soporte para la adopción de otros Actos AdministrativoS, tal como lo señala la demandante, serán dichos Actos Administrativos sujetos al derecho administrativo los que pueden ser impugnados y pedir su nulidad si los mismos no fuesen dictados conforme a derecho.” (el subrayado y la negrilla son mías). El artículo 121 de la Ley General de la Administración Pública dice que “las providencias se emitirán para darle curso al procedimiento administrativo y se encabezarán con la designación del órgano que las dicta y su fecha”. Y el artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo preceptúa que “las resoluciones, así como también los actos de carácter general, que la administración hubiere comenzado a dar aplicación, podrán impugnarse por los titulares de un derecho subjetivo o interés legítimo afectado por aquellos, utilizando los recursos que reconoce el presente capitulo. Las providencias serán susceptibles de impugnación solamente cuando imposibiliten la continuación del procedimiento o causen indefensión.” Reconoce el Tribunal recurrido que la resolución que mi representada ha impugnado es un acto administrativo de mero trámite, pero que como tal no declara, reconoce o limita derechos a los particulares, no siendo tampoco de carácter particular ya que no está concluyendo un procedimiento en que han intervenido particulares, y por tanto no está sujeto al derecho administrativo, tampoco está legitimada mi representada para demandar la nulidad de dicha resolución, salvo si fuese un acto de carácter particular o general. El Tribunal Sentenciador, a pesar de reconocer el dictamen como un acto administrativo le niega la condición de tal y en forma contradictoria expresa que no está sujeto al derecho administrativo. O es acto administrativo o no lo es, pero no puede afirmarlo y la vez negarlo, y al negarle la condición de acto administrativo también deslegitima a mi representada para presentar la acción de nulidad del acto administrativo. El solo hecho que ese acto sea parte de una Ley de corte eminentemente administrativa y que además lo regula expresamente, lo convierte en un acto sujeto al derecho administrativo. El artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone en forma expresa que una providencia perfectamente puede ser susceptible de una impugnación, y es cuando imposibilite la continuación del procedimiento o causen indefensión. Obviamente la construcción del silogismo con las premisas referidas no da más que para una conclusión equivocada. En el caso sub judice, mi representada se dirigió a la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS para impugnar un dictamen emitido mediante una resolución, en vista de que el dictamen en cuestión, emitido a petición de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS le ha causado indefensión ya que, sin tener en cuenta argumento en contra por no permitirle a mi representada refutarlo y en franca violación del artículo 78 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros ha dispuesto que las compañías aseguradoras son instituciones financieras supervisadas, argumento por demás equivocado, pero que no corresponde desarrollar en este recurso habida cuenta que se está impugnando la motivación defectuosa de la sentencia. El artículo 207 del Código Procesal Civil refiriéndose a la motivación expresa: “La sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” Pero el razonamiento del Tribunal de Alzada, expresado en la motivación antes citada, pone de manifiesto lo defectuoso de la misma y por supuesto que no aplicó este artículo, porque, como lo he dejado claramente expresado y así lo dispone el artículo 129 de la Ley General de la Administración Pública y el 121 de la Ley General de la Administración Pública, un acto de mero trámite también es impugnable en la vía contencioso Administrativo por ser acto administrativo y estar sujeto al derecho administrativo y no como dice el Tribunal Sentenciador, que la resolución impugnada es un Acto Administrativo pero que no está sujeto al derecho Administrativo, razonamiento por demás contradictorio que incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito al margen de las reglas de la lógica y de la razón, dando por consecuencia, una conclusión equivocada, ya que, por el contrario, si se trata de un acto administrativo que coloca en situación de indefensión a mi representada es perfectamente recurrible ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Y ésta, como revisora de los actos de la Administración Pública, antes que observar presuntos defectos de los particulares, tiene la obligación de revisar dichos actos, en este caso particular, revisar que el acto es recurrible no solo por su denominación, sino que por los efectos jurídicos que produce pues sin respetar el derecho de defensa de la CAMARA HONDUREÑA DE ASEGURADORES (CAHDA) emite una resolución que le sirve de sustentación a la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS en la que expresa que las compañías aseguradoras son instituciones financieras, pero que por ello dicha DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, al haberlo solicitado ha procedido a aplicarlo, con el consabido perjuicio para las compañías aseguradoras. Sin embargo, el Tribunal Ad Quem olvidó aplicar el artículo 207 del Código Procesal Civil, que de haberlo hecho, con los elementos fácticos que obran en autos, como ser la resolución emitida por la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS y subsumirla en los artículos 121 de la Ley General de la Administración Pública y 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo habría llegado a la conclusión lógica que se esperaba. Es así, que al amparo del artículo 720.2 solicito por este medio, el control de la motivación para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico por ser determinante de un sentido diferente del fallo”.- II. El cargo que antecede no resulta admisible, porque se incurrió en los siguientes defectos técnicos: a) se indica en la formulación del cargo como infringido el artículo 207 del Código Procesal Civil, sin embargo, tal disposición contiene dos numerales, que para efectos de este recurso extraordinario era necesario precisar a cual de ellos dirige su ataque; b) se invoca en desarrollo del motivo el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, sin embargo, tal disposición no fue señalada ni relacionada en la formulación del motivo y; c) realiza la Recurrente en la explicación del motivo inoportunos alegatos de instancia.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En adición, se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de quince; certificación del auto de fecha diecisiete de febrero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 772-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL