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Sentencia CA-766-13 — Registro 4297

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia interlocutoria declarando desestimar la defensa previa interpuesta por la parte incidentista que consiste en que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) que el párrafo segundo del articulo 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señalado como violado, es una disposición que hace referencia,a los motivos de no ser conforme a Derecho en que el actor funde su acción, por lo que debió vincularla a la normativa que regula el tema de la adecuación del procedimiento y explicar cual era la situación jurídica que debió conducir a ese tipo de institución procesal; y, b) se insta la revisión de los hechos lo cual, de conformidad a lo consignado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal civil, le es vedado a este Tribunal

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión al momento de señalarse el concepto de la infracción ya que no se define si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas procesales; b) se omite la disposición o disposiciones procesales que se consideran infringidas; c) se insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio lo cual, de conformidad a lo consignado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal civil, le es vedado a este Tribunal; y, d)se realizan inoportunos alegatos de instancia.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de febrero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA Y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente al segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La Sociedad Mercantil “INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE LA MADERA”, S.A. de C.V. (INCOMSA ), representado en juicio por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO; y, Recurrido: El INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), representado en juicio por el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad y la ilegalidad de un acto administrativo presunto negativo creado por el silencio administrativo de un reclamo al no resolverse dentro de los plazos establecidos por la Ley de Procedimientos Administrativos, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento que se devuelvan las cantidades de dinero que fueron pagadas indebidamente para aprovechar madera de pino por concepto de reposición, más intereses comerciales, promovida por el abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil “INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE LA MADERA”, S.A. de C.V. (INCOMSA ), en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), representado en juicio por el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que mediante Resolución JI-MP-02-2004 de fecha 2 de agosto del 2004, la AFE COHDEFOR, asignó al señor JOSE ANTONIO SALGADO PAVON, el lote de madera en pie de pino ubicado en el lugar denominado “EL ZOMPOPO”, con un volumen a extraer de 4,180.15 M3 de madera de pino en pie; los que fueron cedidos a favor de la empresa INCOMSA; también mediante Resolución JI-MP-049-2004 de fecha 30 de noviembre del 2004, asignó al señor JOSE ANTONIO SALGADO PAVON, el lote de madera en pie de pino ubicado en el lugar denominado el “BOQUERON II”, con un volumen a extraer de 13,005.21 M3 de madera de pino en pie; los que fueron cedidos a favor de la empresa INCOMSA; asimismo mediante Resolución CI-MP-027-2005 de fecha 2 de marzo del 2005, la AFE COHDEFOR, asignó por reposición un volumen de madera de pino en pie en el sitio “TORO MUERTO”, por la cantidad de 10,472.04 M3, de madera en pie de pino a favor de INCOMSA y mediante Resolución GG-MP-125-2007 de fecha 2 de noviembre del 2007, la AFE COHDEFOR, autorizó el aprovechamiento del volumen preparado de un lote de madera de pino en pie de 390.46 M3 en el Sitio Nacional denominado el COYOLAR I, en el Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho a favor de INCOMSA, dichas solicitudes fueron presentadas por el Señor Carlos Orlando Zelaya Nájera, en su condición de Representante Legal de la Empresa INCOMSA, como beneficiaria de la Resolución CI-MP-031-2005 de fecha 4 de marzo del año 2005, y conforme al traspaso de derechos del señor José Antonio Salgado, según Resolución Numero GG-MP-018-2004, de fecha 1 de marzo del año 2004, en la que se estableció que la reposición de madera a aprovechar se debía hacer mediante la ubicación del producto a reponer en sitios nacionales previamente seleccionados por el reclamante, preferentemente en los Departamentos de Olancho y Yoro; en bosques sin problemas de usuarios u otros que puedan complicar el respectivo aprovechamiento y asimismo que por su ubicación geográfica y topografía impliquen los menores costos de inversión y operación posibles para la extracción y comercialización del producto. Que la misma Resolución Nº GG-MP-018-2004, en el numeral tres letra e), quedó establecido lo siguiente: en el entendido tanto la parte reclamante como la AF COHDEFOR actúan de buena fe y con el objeto de que el proceso de ejecución de la Resolución se lleve a cabo sin obstáculos insuperables, se establece que en la eventualidad de presentarse alguna situación imprevista o no que deba ser aclarada, justificada, enmendada, convalidada o probada, se requerirá o solicitará a la parte reclamante o la parte reclamada según el caso, para que en un plazo de 10 días se hagan las aclaraciones, justificaciones, enmiendas, convalidaciones o probanzas que la situación amerite y en todo caso las partes quedan obligadas a intentar resolver primeramente mediante el diálogo bilateral, cualquier situación que pudiese obstaculizar la ejecución de los aprovechamientos de madera por concepto de reposición antes de ocurrir ante cualquier autoridad competente a su elección. Sigue manifestando que estando obligado AFE COHDEFOR a resolver cualquier situación con el fin de no obstaculizar los aprovechamientos de madera de pino por concepto de reposición sin embargo la empresa INCOMSA, por su cuenta ocurrió en gastos para poder hacer los aprovechamientos de madera por concepto de reposición por los volúmenes de madera de pino, obligación que correspondía a la AFE COHDEFOR, en consecuencia estaba obligada a devolverle los gastos que corrieron por cuenta de la sociedad mercantil INCOMSA. Que en fecha 12 de abril del 2010, se interpuso el recurso de reposición y hasta la fecha no se ha notificado ninguna resolución, siendo evidente que en el presente caso están imponiendo procedimientos donde se constituyen actos negativos por el silencio administrativo de un reclamo al no resolver la parte demandada en vía administrativa dentro de los plazos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), presentó escrito de defensas previas argumentando lo siguiente: a) Defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto: La parte actora de la demanda pretende que le sean devueltas unas cantidades de dinero que le fueran cobradas por la Municipalidad de Gualaco, Departamento de Olancho en concepto de pago de impuesto por licencia, pretendiendo que esos pagos realizados a una Corporación Municipal le sean devueltos por parte del ICE, el órgano que ha ejecutado o emitido los actos que ahora la parte demandante considera ilegales fue ante una Corporación Municipal, pero resulta que la demanda esta dirigida contra el ICF y no contra quien ha sido responsable directo y único como lo es la Municipalidad que fue quien le cobró y a quien le pago la cantidad que pretende le sea devuelta, por lo tanto es evidente que la demanda adolece de un defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, establecido en el articulo 80 literal e), ya que el fondo del asunto lo constituye el hecho de que a la Sociedad Mercantil INCOMSA, la Municipalidad de Guanaco, Olancho le hizo unos cobros según el demandante ilegales, pero la situación se complica en virtud de que a quien se ha demandado no es el órgano responsable de ese cobro realizado por la Municipalidad, ya que una corporación Municipal goza de plena autonomía para emitir sus actos y el ICF no tiene facultad alguna para incidir en ellos ni mucho menos es responsable de esos actos como ahora se pretende vincular con la presente demanda, por lo que el acto administrativo debió dirigirse ante dicha Municipalidad y no contra el ICF, por lo que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que si se declara procedente la acción, el juez estaría apreciando que los actos de dicha Municipalidad o cualquier otra Municipalidad que le haya hecho cobros a la demandante son ilegales y estaría estableciendo que el ICF puede o está facultado para impedir esos cobros o intervenir sobre los mismos, cuando no existe ninguna norma legal que lo permita, ya que la Municipalidad hizo sus actuaciones dentro del marco de sus atribuciones autónomas que fue la que hizo el cobro y recibió el pago que ahora se acusa de ilegal, por lo que el defecto formal está claro, ya que la parte actora dirigió su demanda que no tiene en lo absoluto relación con los actos ilegales que señala el demandante; sumado a esto existe un segundo motivo: Mediante decreto legislativo numero 17-2010 que contiene la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del gasto público, en la cual en su artículo se dispone que para defensa legal de los intereses del Estado a partir de la vigencia de este decreto será la Procuraduría General de la República quien asumirá la representación legal de todas las Instituciones del Gobierno Central incluyendo los órganos desconcentrados como lo es el ICF, por lo que nos encontramos ante una delegación por mandato de Ley, en consecuencia el Director Ejecutivo del ICE no ostenta representación legal alguna para poder ser considerado como parte demandada en juicio, por la disposición contenida en dicho Decreto, por tal razón las acciones judiciales deben ser dirigidas a quien por ley le ha sido asignada la misma que en este caso sería a la Procuraduría General de la República y no al Director Ejecutivo del ICF. b) Defensa previa: referente a que el conocimiento de la acción no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo: En virtud de que esos pagos reclamados son actos meramente de derecho privado, razón por la cual no corresponde a esta jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de un asunto que nace de una relación civil entre la parte demandante y un tercero, esta defensa previa tiene su sustento legal en el articulo 4 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de junio de dos mil doce, dictó sentencia interlocutoria declarando desestimar la defensa previa interpuesta por la parte incidentista establecida en el articulo 80 letra e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que consiste en que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, asimismo declara con lugar la defensa previa contenida en el articulo 80 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en vista de que su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en consecuencia declara la inadmisibilidad de la demanda, por existir causal de inadmisibilidad, sin costas; bajo el criterio que con respecto a la defensa previa consistente en defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, cabe mencionar que efectivamente la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público establece que para la defensa de los intereses del Estado en los diferentes juicios o demandas incoadas en su contra, a partir de la vigencia de la misma será la Procuraduría la que asuma la representación legal de todas las Instituciones del Gobierno Central, incluyendo los Órganos desconcentrados como es el caso de la parte demandante, pero a criterio de esta suscrita el hecho de haberse emplazado al representante de dicha institución (ICF) en virtud de su ley, sea un defecto de forma que impida verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que el fallo puede emitirse sin ningún tipo de duda o confusión, ya sea porque se emplace a la señora Procuradora o al representante legal de la institución (ICF), ya que según sea el caso se declara procedente o improcedente la acción o anularse el acto administrativo impugnado o confirmando dicho acto, debiéndose librar comunicación para su conocimiento al ICF, teniendo aun la representación legal el Director Ejecutivo, por lo tanto esa defensa previa se desestima por improcedente ya que no existe ningún defecto que impida verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Que con relación a la defensa previa consistente en que su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, del estudio del expediente se puede verificar quo la pretensión del incidentado demandante es la devolución por parte del ICF de unas cantidades de dinero que fueron pagadas indebidamente por la Sociedad Mercantil INCOMSA a determinadas personas para que le permitieran el aprovechamiento forestal, pero que las mismas fueron pagadas a personas naturales encontrando en el expediente documentos que acreditan tal extremo, determinándose que lo que ha existido es una relación civil entre el demandante y un tercero particular, el cual de acuerdo al articulo 4 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no puede ser conocido mediante dicha jurisdicción siendo la competente la jurisdicción civil, tal y como lo establecen los artículos 1490 y 1491 numeral 3) del Código Civil, por lo tanto es procedente declarar con lugar esta defensa previa.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que en cuanto a la devolución de cantidades de dinero por pago realizado indebidamente a personas naturales por parte de la demandante, tal como así lo manifiesta, corresponde su conocimiento a la jurisdicción civil, por ser las partes, por un lado, una persona natural y por otro una persona jurídica privada, siendo competente la jurisdicción de lo Contencioso Administrativa para conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo y en el caso de autos, aunque la acción esté relacionada con un acto de la Administración Pública, por existir un reclamo administrativo y un acto presunto en sentido negativo, el fondo del asunto es de orden civil, atribuida la competencia por la legislación civil. Que en cuanto a la devolución de cantidades de dinero por pago realizado indebidamente a municipalidades por parte de la demandante y al dirigir la demanda contra el Estado de Honduras a través del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) no fue designada correctamente la parte demandada, ya que dicha demanda debió dirigirse contra las municipalidades a las que se realizó el pago indebido, por lo cual, la demanda adolece de un defecto de forma que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que no puede condenarse a la devolución de cantidades de dinero pagadas indebidamente a quién no recibió dicho pago, así mismo el Juez no podrá pronunciarse sobre la legalidad o no del pago realizado, por no haberse hecho el mismo a la demandada.- 5. La representación procesal de la parte demandante, abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en fecha veintinueve de mayo del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, en el expediente de apelación No. 340-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 322-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte demandada, el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, presentó en fecha veintidós de noviembre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintisiete de noviembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución ambas partes.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, presentaron escritos en fecha dos y cuatro de diciembre del dos mil trece, respectivamente, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta un primer motivo en la forma siguiente: “Consiste en la aplicación e interpretación de las Normas procesales que regulan la adecuación del procedimiento. Este motivo se sustenta en el Articulo 719.1 letra a) de Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales en la adecuación del procedimiento en cuanto a que no aplicó lo prescrito en el párrafo segundo del Articulo 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que en aplicación del Articulo 719 numeral 1, letra a) constituye una causal del recurso de casación y en aplicación de esta norma, la sentencia recurrida se impugna por la no debida aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan en relación a la forma y contenido de la misma. Que la sentencia definitiva de fecha 31 de enero del año 2013, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que puso fin al procedimiento en segunda instancia, la que no se encuentra ajustada de derecho ya que el juzgador de segunda como el de primera instancia no tomaron en consideración que la pretensión objeto de la demanda se contrae a que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo presunto negativo creado por el silencio administrativo de un RECLAMO al no resolverse dentro de los plazos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo. Se reconozca una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento y reconocimiento se adopten las medidas necesarias siguientes: para que se devuelva la cantidad total de L.1,515,629.50, que fue pagada a usuarios en los sitios de tenencia nacional “EL ZOMPOPO”, L.50,446.00; EL BOQUERON II L.1,150,000.00; TORO MUERTO L.268,328.30 y COYOLAR I L.46,855.20 los que están ubicados en los Municipios de Gualaco y San Esteban Departamento De Olancho, pagos que fueron pagados indebidamente por cuenta de la Empresa INCOMSA, para aprovechar madera por concepto de reposición, por no estar establecidos en ninguna disposición legal; mas el pago de los intereses comerciales causados desde la fecha que se pagó dicha cantidad hasta la fecha que se devuelva la misma.”.- II. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) que el párrafo segundo del articulo 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señalado como violado, es una disposición que hace referencia,a los motivos de no ser conforme a Derecho en que el actor funde su acción, por lo que debió vincularla a la normativa que regula el tema de la adecuación del procedimiento y explicar cual era la situación jurídica que debió conducir a ese tipo de institución procesal; y, b) se insta la revisión de los hechos lo cual, de conformidad a lo consignado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal civil, le es vedado a este Tribunal.- III. Que en el segundo motivo se aduce: “Consistente en la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Este motivo se sustenta en el artículo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga o produjera indefensión. Ya que la Sentencia de Segunda Instancia, es incongruente, en virtud que la pretensión y la mencionada sentencia no se encuentran con una íntima relación necesaria para decidir lo pedido y no aprecio los hechos alegados por la parte demandante y en su sentencia sin apreciar como lo hiso el Juez de Primera Instancia, la documentación que contiene el expediente administrativo donde consta que mediante Resolución JI-MP-02-2004 de fecha 2 de agosto del 2004, la AFE- COHDEFOR, asigno al Señor JOSE ANTONIO SALGADO PAVON, el lote de madera en pie de pino ubicado en el lugar denominado el “EL ZOMPOPO, con un volumen a extraer de 4,180.15 M3 de madera de pino en pie; los que fueron cedidos a favor de la empresa INCOMSA; Mediante Resolución JI-MP-049-2004 de fecha 30 de Noviembre del 2004, asigno al Señor JOSE ANTONIO SALGADO PAVON, el lote de madera en pie de pino ubicado en el lugar denominado el “BOQUERON II, con un volumen a extraer de 13,005.21 M3 de madera de pino en pie; los que fueron cedidos a favor de la empresa INCOMSA; Mediante Resolución CI-MP-027-2005 de fecha 2 de marzo del 2005, la AFE COHDEFOR, asigno por reposición un volumen de madera de pino en pie en el Sitio TORO MUERTO, por la cantidad de 10,472.04 M3, de madera en pie de pino a favor de INCOMSA, y Mediante Resolución GG-MP-125-2007 de fecha 2 de Noviembre del 2007, la AFE COHDEFOR, autorizo el aprovechamiento de del volumen preparado de un lote de madera de pino en pie de 390.46 M3 en el Sitio Nacional denominado el COYOLAR I, en el Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho a favor de INCOMSA, dichas solicitudes fueron presentadas por el Señor Carlos Orlando Zelaya Nájera, en su condición de Representante Legal de la empresa INCOMSA, como beneficiaria de la Resolución CI-MP-03-2005 de fecha 4 de Marzo del año 2005, y conforme al traspaso de derechos del Señor José Antonio Salgado, según Resolución Numero GG-MP-018-2004, de fecha 1 de Marzo del 2004, en la que se estableció que la reposición de madera a aprovechar se debe hacer mediante la ubicación del producto a reponer en sitios nacionales previamente seleccionados por el reclamante; preferentemente en los departamentos Olancho y Yoro; en bosques sin problemas de usuarios u otros que puedan complicar el respectivo aprovechamiento; y así mismo que por su ubicación geográfica y topografía impliquen los menores costos de inversión y operación posibles para la extracción y comercialización del producto (Ver Resolución Nº GG-MP-018-2004 y la Resolución Nº CI-MP-031-2005).”.- IV. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión al momento de señalarse el concepto de la infracción ya que no se define si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas procesales; b) se omite la disposición o disposiciones procesales que se consideran infringidas; c) se insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio lo cual, de conformidad a lo consignado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal civil, le es vedado a este Tribunal; y, d) se realizan inoportunos alegatos de instancia.- V. Que en el tercer motivo se esgrime: “Consistente en la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Este motivo se sustenta en el Articulo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan, la forma y contenido de la sentencia, por la aplicación indebida del Articulo 51 de la Ley de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por qué, el Juzgador de Segunda Instancia al basarse en que no es competencia de lo contencioso administrativo en cuanto a las personas naturales y jurídicas distintas a la demandada y que no se señaló correctamente la parte demandada, lo cual no es cierto, porque si se señala la parte demandada siendo el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), por lo que partiendo de tal premisa EL CONOCIMIENTO DE LA ACCION SI CORRESPONDE A LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en vista que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular de la Administración Publica sujetos al Derecho Administrativo y para esos efectos se entiende por Administración Publica El Poder Ejecutivo y las Entidades estatales entendiéndose por estas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas pero en el presente caso el ICF. Se encuentra enmarcado dentro del Poder Ejecutivo (ver Articulo 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo), así también el Articulo 13 de la antes referida Ley dice: “Podrán demandar la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular de la Administración Pública quienes tuvieren interés legitimo y directo en ello” (ver Articulo 13 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si además de la declaración de ilegalidad o nulidad se pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, únicamente estará legitimada el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considera infringido por el acto impugnado, (ver Articulo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo). Asimismo también si se revisa el escrito de demanda fácilmente se puede apreciar que las pretensiones de la parte demandante se encuentran ajustados a lo establecido en el Articulo 33 y 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto el Juzgador de segunda Instancia al momento de dictar sentencia definitiva del juicio no juzgo dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición. Por otro lado en la practica se demuestra la dudosa eficacia del criterio simplista de la parte demandada en esta causa de defensa previa ya que es de extrañar que hay diversidad de criterios para poder calificar la verdadera naturaleza de una completa pretensión, porque la competencia de la jurisdicción ordinaria son cuestiones de derecho vulnerado de carácter civil y también aquellas que emanen de actos en que la Administración haya obrado como persona jurídica o sea como sujeto de derechos y obligaciones Como se repite nuevamente de donde se origina el pago ilegal realizado por INCOMSA a las Municipalidades de Gualaco y San Esteban departamento de Olancho simple y sencillamente de de resoluciones emitidas por la AFE- COHDEFOR, ahora ICF., mismas que obran en el expediente administrativo. Es de entender que mi representada INCOMSA, desde el momento que la AFE- COHDEFOR, asigno y ordeno las reposiciones de madera de pino en pie en los lugares denominados “EL ZOMPOPO”, BOQUERON II”, “TORO MUERTO”., “COYOLAR I” jurisdicción del Municipio de Gualaco departamento de Olancho y que la reposición de la madera se debe hacer mediante la ubicación del producto a reponer en Sitios Nacionales previamente seleccionados por el reclamante, preferentemente en los departamentos de Olancho y Yoro, en bosques sin problemas de usuarios y otros que puedan complicar el respectivo aprovechamiento y asimismo que por su ubicación geográfica y topográfica impliquen los menores costos de inversión y operación para la extracción y comercialización del producto( ver Resolución Nº GG-MP- 018-2004. Teniendo entendido ya la AFE- COHDEFOR ha realizado las respectivas investigaciones en los Sitios y determinado que no existe problema alguno para que INCOMSA ejecute las resoluciones respectivas y como así lo entendió mi representada, sorpresa que se lleva ya en el lugar de los hechos aparecen las Municipalidades de Gualaco y San Esteban del departamento de Olancho, exigiendo los pagos indebidos en que incurrió la Empresa INCOMSA, quien para realizar el aprovechamiento de la madera ya autorizada por la AFE- COHDEFOR, lo cual tuvo que realizar. Repitiendo ello por causas, única y exclusivamente imputables a la AFE- COHDEFOR, quien estaba obligada a resolver cualquier situación con el fin de NO obstaculizar los aprovechamientos autorizados por ella misma y no lo hiso, incurriendo mi poderdante INCOMSA en los pagos ilegales relacionados, ello para poder hacer los aprovechamientos de madera por concepto de reposición. Por consiguiente, siendo la AFE- COHDEFOR, ahora ICF. La única responsable para que mi representada haya incurrido en pagos ilegales por su cuenta, por lo tanto es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la llamada a conocer del presente caso y no el fuero Civil como lo pretende dar a entender la parte demandada.”.- VI. Que el cargo que antecede también resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se omite establecer las disposiciones del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, que regulan la forma y contenido de la resolución definitiva y que se consideren infringidas; b) se alega aplicación indebida de una norma que contiene cuatro literales con distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar a cual de ellas se dirige su ataque, tampoco se establece la disposición que debió aplicarse en sustitución de la misma; c) se insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio lo cual, de conformidad a lo consignado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal civil, le es vedado a este Tribunal; y; d) se realizan inoportunos alegatos de instancia.- VII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha dos de febrero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 766-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL