Sentencia CA-765-13 — Registro 4414
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que en el cargo que antecede el Impetrante incurre en los defectos técnicos siguientes: a) se omite el concepto de la infracción, o sea si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) no se consignan las disposiciones que se consideren infringidas; c) se omite el precepto autorizante; d) se insta la revisión e interpretación del material probatorio, lo cual, de conformidad a lo preceptuado en el articulo 720 numeral 1) de Código Procesal Civil le es vedada a este Tribunal en este extraordinario recurso; y, e) se realizan alegatos de instancia. Las graves deficiencias antes relacionadas impiden la prosperidad del motivo.- “ Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- “. En vista de lo anteriormente señalado se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por el motivo que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el Artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1) que contra este Auto no caberecurso alguno, y ordenar la remisión de las actuaciones al Tribunal correspondiente"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representado en juicio por el abogado OSCAR ARMANDO CARÍAS NÚÑEZ; y, Recurrido: el señor FELIPE AMADO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, representado en juicio por el abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto el demandante y como medida para el pleno restablecimiento de los derechos que se ordene el pago de las prestaciones laborales y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir con todos los aumentos, pago de vacaciones, decimocuarto mes, decimotercer mes y demás beneficios colaterales desde la fecha de la cancelación hasta la ejecución de la sentencia, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor FELIPE AMADO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que mediante Acuerdo No.1361-1992 de fecha 1 de marzo de 1992, fue nombrado en el cargo de Policía Preventivo en la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; que en fecha 30 de septiembre del año 2011, se le hizo entrega del Acuerdo de Cancelación No.1251-2011 al demandante, sin causa justificada alguna y sin seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, lo que evidencia la ilegalidad e injusticia de tal decisión, violentando el Principio de Estabilidad Laboral establecido como Garantía Constitucional en el artículo 129 de la Constitución de la República; que el acto de la notificación de dicho acuerdo de cancelación, no se ajusta a lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 89, ya que no específica si el mismo pondría fin a la vía administrativa, los recursos que proceden, el órgano competente para resolver, el plazo para interponerlos, siendo dicha notificación defectuosa.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, contestó dicha demanda señalando que consta en el expediente personal del demandante, que en fecha 8 de agosto del año 2011, le solicitó al entonces Secretario de Seguridad Oscar Arturo Álvarez, la autorización de cancelación por cesantía ya que estaba próximo a jubilarse por invalidez a través del Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS), y ahora quiere sorprender a este juzgado alegando que su cancelación de Acuerdo de Nombramiento es totalmente ilegal aunando a lo mencionado mediante Decreto Ejecutivo No. 002-2010 en fecha 9 de marzo del 2010, el señor Presiente Constitucional de la República delegó al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad la potestad de firmar todo movimiento de personal de la Administración Publica Centralizada, regulados por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, acuerdos de nombramientos en plazas permanentes de aquellos funcionarios que por mandato expreso en la Constitución o de otras disposiciones legales son de libre remoción del Presidente de la República, así el acto administrativo contenido en el Acuerdo de Cancelación No.SEDS-01254-2011 de fecha 26 de septiembre del 2011, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, se hizo conforme a Derecho, fundamentado en la potestad delegada al señor Secretario de Estado; que el demandante hizo efectiva su cancelación al reclamar sus derechos adquiridos tal como consta en los voucher de los cheques No. 21451 de fecha 15 de noviembre del 2011, por la cantidad de L.7,537.89 a favor del Banco HSBC, en concepto de pago al préstamo que el demandante tenía con esa institución bancaria, voucher del cheque No. 21452 de fecha 15 de noviembre del 2011, por la cantidad de L.8,041.18 a favor de Grupo IPM, voucher de cheque No. 21453 de fecha 15 de noviembre del 2011, por la cantidad de L. 8,544.48 a favor de COFINTER, ya que con todas estas instituciones el demandante tenía prestamos, siendo que con el pago de sus derechos adquiridos, este aceptó expresamente su cancelación.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de junio de dos mil trece, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación No. SEDS-01254-2011 de fecha 26 de septiembre del 2011, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, en consecuencia se anula totalmente; reconoció la situación jurídica individualizada del demandante y para el pleno restablecimiento de la misma, se resolvió condenar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a pagarle al demandante sus prestaciones laborales, mas el pago en concepto de daños y perjuicios a favor del demandante, de los salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercer mes, decimocuarto mes y demás derechos que le pudieran corresponder, desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la ejecución de la presente sentencia; declaró extinguida la relación laboral existente entre el demandante y el demandado, sin costas; bajo el criterio que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 81 párrafo segundo, establece que “la sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico”; quedando demostrado que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico ya que no se respetaron los presupuestos ordenados en la Ley para cancelar al demandante, lo que hace que se decrete la procedencia de la presente acción por constar en autos la infracción del ordenamiento jurídico al cancelar al demandante bajo las razones ya indicadas.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del demandante estaba obligada en seguir el procedimiento legal establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, en su articulo 109 y el capitulo VI de los Medidas Disciplinarias y del Régimen del Despido que establece la clasificación de las faltas y en su articulo 127 de la misma ley, establece que el despido no podrá aplicarse sin antes haber escuchado suficientemente los descargos del inculpado, realizadas las investigaciones pertinentes y evacuadas las pruebas, y el acuerdo de cancelación del demandante, se dicto sin seguir el procedimiento legal establecido para este caso, violando el ordenamiento jurídico, por lo que la acción interpuesta por el demandante, resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado y por lo consiguiente es nulo.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado OSCAR ARMANDO CARÍAS NÚÑEZ, presento en fecha seis de noviembre de dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.353-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.514-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha siete de noviembre de dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha dos de diciembre de dos mil trece, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha tres de diciembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, los abogados OSCAR ARMANDO CARÍAS NÚÑEZ y JOSÉ ARMANDO ESPINAL, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha trece de febrero de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados OSCAR ARMANDO CARÍAS NÚÑEZ, como recurrente y JOSÉ ARMANDO ESPINAL, como recurrido, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente expone un primer y único motivo en la forma siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional en infracción indirecta proveniente de la falta de apreciación de la prueba documental consistente en: a) El Acuerdo Número SEDS-01254-2011 de fecha 26 septiembre del 2011; b) El Oficio SEDS-SGRH-368-2011 de fecha 29 de septiembre del 2011, con los cuales se comprueba que mediante el Decreto Ejecutivo Número 002-2010 de fecha 9 de marzo del 2010, el Señor Presidente Constitucional de la República delegó en el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad la potestad de firmar todo movimiento de personal de la Administración Pública Centralizada, regulados por la Ley de Servicio Civil, Ley del Estatuto del Médico Empleado y sus reglamentos, Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, acuerdos de nombramientos en plazas permanentes de aquéllos funcionarios que por mandato expreso de la Constitución o de otras disposiciones legales son de libre remoción del Presidente de la República; los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, y las cancelaciones por Cesantía. Es así que la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de aplicación autorizan a la autoridad nominadora a prescindir de aquéllos servidores públicos que no entran en sus planes de reestructuración con miras a la agilización de la función pública, por lo cual la administración se obliga a cancelar personal que no se encuentra comprendido en dichos planes, como sucedió en el presente caso por lo que el Acuerdo Número SEDS-01254-2011 de fecha 26 de septiembre del 2011 fue dictado conforme a derecho. EXPLICACION DEL MOTIVO La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar los medios probatorios documentales que son visibles en la primera pieza, referente a la potestad delegada por el señor Presidente Constitucional de la República en el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad de firmar el movimiento de personal de la Administración Pública Centralizada regulados por la Ley Orgánica de la Policía Nacional, documentos que se admitieron y fueron evacuados por el Juez Sentenciador, si se hubieran tomado en cuenta estos medios de prueba documentales, el error en que se incurrió no hubiese sucedido, pues esta claro, que al emitirse por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad el Acuerdo Número SEDS-01254-2011 de fecha 26 de septiembre del 2011 lo hizo con fundamento en el Decreto Ejecutivo Número 002-2010 de fecha 9 de marzo del 2010, por medio del cual el Presidente de la República delego en el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad la potestad de firmar el acuerdo del movimiento de personal regulado por la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el señor Felipe Amado Vásquez Martínez estaba nombrado en un cargo de policía en la Dirección General de la Policía Preventiva.”.- II. Que en el cargo que antecede el Impetrante incurre en los defectos técnicos siguientes: a) se omite el concepto de la infracción, o sea si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) no se consignan las disposiciones que se consideren infringidas; c) se omite el precepto autorizante; d) se insta la revisión e interpretación del material probatorio, lo cual, de conformidad a lo preceptuado en el articulo 720 numeral 1) de Código Procesal Civil le es vedada a este Tribunal en este extraordinario recurso; y, e) se realizan alegatos de instancia. Las graves deficiencias antes relacionadas impiden la prosperidad del motivo.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anteriormente señalado se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por el motivo que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el Artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno, y ordenar la remisión de las actuaciones al Tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de abril del dos mil quince; certificación del auto de fecha diecinueve de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 765-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL