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Sentencia CA-751-13 — Registro 18040

Resumen

Se anula la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, ya que la acción contra la denegatoria de solicitud de exoneración de impuestos relacionados con el impuesto sobre la renta, impuesto al activo neto, impuesto que graven la rentabilidad de los ahorros y depósitos, impuesto de la aportación solidaria temporal y el impuesto de tradición de dominio para todos los actos y operaciones cooperativas, no puede ser sometida al procedimiento especial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 19 de septiembre de 2013, visible a folios 9 al 12 de la segunda pieza, donde confirma la de primera instancia que declara inadmisible la demanda porque considera que ha expirado el plazo para su presentación, bajo el criterio que dicha acción no corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo, así como que se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos y que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa.- .."Que si bien es cierto, en los artículos 103 al 107 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se determina el procedimiento especial a seguirse en los casos en materia tributaria o impositiva, dichas disposiciones no abarcan las pretensiones o petitum de exoneraciones deducidas ante la autoridad administrativa, ya que no se discute la fijación o liquidación del tributo, sino la aplicabilidad o no del privilegio de la exoneración por disposición de la Ley.-         .." Que bajo esa premisa, la acción contra la denegatoria de solicitud de exoneración de impuestos relacionados con el impuesto sobre la renta, impuesto al activo neto, impuesto que graven la rentabilidad de los ahorros y depósitos, impuesto de la aportación solidaria temporal y el impuesto de tradición de dominio para todos los actos y operaciones cooperativas, no puede ser sometida al procedimiento especial a que se refiere el numeral anterior, ni a los plazos reducidos a la mitad como lo señala el artículo 105 de dicha Ley, sino que al procedimiento ordinario que establece la misma legislación.- 4.- Que entender y aplicar de otra forma dicha normativa hace más gravosa la situación de la persona que acciona y reclama la tutela judicial efectiva, implica que se le restringiría el derecho de acceso a la justicia al concedérsele menos tiempo para ejercer su derecho constitucional de petición. Que por el principio pro homine, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”, por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva.- .." Que si bien es cierto los tribunales de justicia han venido dando trámite a las acciones de este tipo bajo la modalidad del procedimiento especial, también lo es que revisada la legislación especial en materia Contencioso Administrativa la misma no desarrollo este tipo de situaciones y las limitó a lo que es lo Tributario y Fiscal, por lo tanto no atinente a pretensiones fuera de ese orden.- 6.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- 7. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- 8.- Que de conformidad al principio dispositivo este tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- 9. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.-.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, representada en juicio por la abogada DULCE MARIA MIRALDA FUNEZ; y Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la abogada MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BARAHONA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, se reconozca la situación jurídica individualizada ordenando el otorgamiento de la renovación de exoneraciones, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la abogada DULCE MARIA MIRALDA FUNEZ, en su condición de Apoderada Judicial de la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción, que desde el 2 de febrero del 2004, hasta 15 de julio del 2011, la Dirección Ejecutiva de Ingresos ha resuelto autorizar a la Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada exoneración del pago, de entre otros impuestos, el Impuesto Sobre La Renta, Activo Neto, Impuesto Único del 10% que Grava la Rentabilidad de los Ahorros y Depósitos, Aportación Solidaria Temporal, Impuesto de Tradición de Inmuebles a Título Oneroso, siempre y cuando sus actos y operaciones cooperativistas se hagan entre dicha organización y sus afiliados, entendiéndose que sus actos cooperativos son aquellos en que intervienen por si una o más cooperativas, toda vez que signifiquen actos comerciales expresamente definidos en códigos específicos, de lo contrario estará obligada al pago de todos los impuestos. Pero por causa del Decreto 113-2011 artículo 28 que manda que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas será quién autorizará las exoneraciones, por lo que la parte actora procedió a solicitar la renovación de la Exoneración de los Impuestos Siguientes: Impuesto Sobre La Renta, Impuesto al Activo Neto, Impuesto que Grava la Rentabilidad de los Ahorros y Depósitos, Impuesto de Aportación Temporal y el Impuesto de Tradición de Dominio para todos los actos y operaciones cooperativos para el año 2012. Pero resulta que en fecha 19 de Junio del 2012 la Secretaría de Finanzas emitió la Resolución No.DGCFA-EISR-0072-2012, en la que resuelve sin lugar lo solicitado. Posteriormente contra la referida resolución presentó recurso de reposición en fecha 31 de agosto del 2012 y, posteriormente en fecha 11 de diciembre del mismo año solicito la Pronta Resolución, transcurriendo los 8 días hábiles de Ley para que se emitiera resolución expresa del recurso de reposición de mérito sin que hasta esta fecha hayan contentado, operando por lo tanto la denegación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición que solicitó.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas declarando sin lugar la solicitud de exoneración mediante la Resolución No. DGCFA-EISR-0072-2012 de fecha 19 de junio de 2012, en cuanto a la denegatoria del silencio negativo que señala, la administración no resolvió en el plazo señalado después de haber presentado el escrito de pronta resolución, debido a que estaba a la espera de lo que resolviera el Poder Legislativo en cuanto a las exoneraciones, ya que se estaba analizando la suspensión temporal de las mismas, con el fin de revisar todo tipo de exoneraciones, lo que finalmente fue aprobado en Decreto Legislativo No. 216-2012 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 22 de enero de 2013, creándose la Comisión Revisora y suspendiéndose las exenciones, exoneraciones y franquicias aduaneras por el término de sesenta (60) días, incluyendo las que están pendientes de resolución, la Secretaría de Finanzas no actuó con el ánimo de perjudicar a las cooperativas y en especial a la Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada, por el contrario fue a la espera de ver si con dicha suspensión temporal se analizarían estas leyes de las distintas exoneraciones y con la creación de una nueva Ley General de Exoneraciones algunas organizaciones e Instituciones recuperarían de nuevo el derecho a algunos beneficios fiscales. Que la Constitución de la República en su Artículo 351 establece: “El sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente “. Y el Artículo 60 de la misma que regula: En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. En tal razón las cooperativas al tener capacidad económica y como personas jurídicas iguales ante la Ley deben cumplir con sus obligaciones con el fisco. Que en fecha veintitrés de abril del dos mil trece el Estado de Honduras, compareció ante el juzgado, interponiendo escrito de defensas previas alegando las siguientes causas de inadmisibilidad: a) que su conocimiento no corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo; b) la demanda se presento fuera de los plazos respectivos; y, c) Que la demanda se interpuso sobre actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contenciosa administrativa por ser un acto firme.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece, dictó auto resolutivo declarando con lugar las defensas previas alegadas por parte Incidentista (demandada) relacionadas con las causas de inadmisibilidad: 1) la acción no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo 2) que se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos y 3) tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa por ser procedentes de acuerdo a lo explicado en los numerales anteriores establecidos en los fundamentos de derecho del presente auto resolutivo, se declara la inadmisibilidad de la demanda, sin costas; bajo el criterio que con relación a las defensas previas alegadas, cabe mencionar que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su articulo primero establece “Por la presente ley se regula la jurisdicción contencioso administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en r9lación con los actos de carácter particular o general de la Administración Publica sujetos a derecho administrativo”, por lo que de la lectura de la demanda específicamente la pretensión de la demandante es la exoneración de impuestos relacionados con el impuesto sobre la renta, impuesto del activo neto, impuesto que graven la rentabilidad de los ahorros y depósitos, impuesto de la aportación solidaria temporal y el impuesto de tradición de dominio para todos los actos y operaciones cooperativas, siendo evidente que dicha solicitud esta basada en que su representada realiza actos cooperativos que significan actos comerciales y aunque en efecto la resolución que se pretende impugnar pareciera que es del conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, de la lectura de la demanda se desprende que la exoneración de impuestos es un asunto tributario por ende corresponde al juzgado de letras fiscal administrativo todo en virtud del acuerdo 01-2004 emitido por la Corte Suprema de Justicia se creo el juzgado fiscal administrativo con el fin de conocer las controversias que se originan por la aplicación de leyes tributarias entre el contribuyente y los órganos de la administración publica aplicando leyes pertinentes a los casos concretos presentados para su conocimiento y juzgamiento.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación y confirma el auto resolutivo dictado por el Tribunal a quo venido en apelación, sin costas; bajo el criterio que el procedimiento que debe aplicarse al caso de autos, es el especial en materia tributaria y constando que la demanda fue presentada fuera de los quince días que la Ley establece adquiriendo por lo tanto la Resolución Impugnada el carácter de firme, por lo tanto no susceptible de impugnación ante esta Jurisdicción.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogada DULCE MARIA MIRALDA FUNEZ, en fecha veinticinco de octubre del dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 281-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 047-13 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogada MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BARAHONA, presentó en fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintidós de noviembre del dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha veintinueve de noviembre del dos mil trece, los abogados MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BARAHONA y DULCE MARIA MIRALDA FUNEZ, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto de fecha trece de febrero del dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados DULCE MARIA MIRALDA FUNEZ y MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BARAHONA, en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 19 de septiembre de 2013, visible a folios 9 al 12 de la segunda pieza, donde confirma la de primera instancia que declara inadmisible la demanda porque considera que ha expirado el plazo para su presentación, bajo el criterio que dicha acción no corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo, así como que se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos y que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa.- 2.- Que si bien es cierto, en los artículos 103 al 107 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se determina el procedimiento especial a seguirse en los casos en materia tributaria o impositiva, dichas disposiciones no abarcan las pretensiones o petitum de exoneraciones deducidas ante la autoridad administrativa, ya que no se discute la fijación o liquidación del tributo, sino la aplicabilidad o no del privilegio de la exoneración por disposición de la Ley.- 3.- Que bajo esa premisa, la acción contra la denegatoria de solicitud de exoneración de impuestos relacionados con el impuesto sobre la renta, impuesto al activo neto, impuesto que graven la rentabilidad de los ahorros y depósitos, impuesto de la aportación solidaria temporal y el impuesto de tradición de dominio para todos los actos y operaciones cooperativas, no puede ser sometida al procedimiento especial a que se refiere el numeral anterior, ni a los plazos reducidos a la mitad como lo señala el artículo 105 de dicha Ley, sino que al procedimiento ordinario que establece la misma legislación.- 4.- Que entender y aplicar de otra forma dicha normativa hace más gravosa la situación de la persona que acciona y reclama la tutela judicial efectiva, implica que se le restringiría el derecho de acceso a la justicia al concedérsele menos tiempo para ejercer su derecho constitucional de petición. Que por el principio pro homine, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”, por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva.- 5.- Que si bien es cierto los tribunales de justicia han venido dando trámite a las acciones de este tipo bajo la modalidad del procedimiento especial, también lo es que revisada la legislación especial en materia Contencioso Administrativa la misma no desarrollo este tipo de situaciones y las limitó a lo que es lo Tributario y Fiscal, por lo tanto no atinente a pretensiones fuera de ese orden.- 6.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- 7. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- 8.- Que de conformidad al principio dispositivo este tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- 9. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 22, 193, 197, 199, 214 numeral 2, 215 numeral 5 y 931 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 19 de septiembre de 2013, visible a folios 9 al 12 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia con la certificación de estilo para que reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de marzo del dos mil quince; certificación del auto de fecha diecisiete de febrero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 751-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

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