Sentencia CA-750-13 — Registro 4306
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que se probó que la autoridad nominadora no siguió a totalidad el procedimiento y presupuestos que ordena la Ley de Servicio Civil y su Reglamento
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Ver sentencia expediente SL 516-12).- “ Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.”En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.-“
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...·Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Acuso el fallo recurrido por la “aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”. EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO. Este motivose sustenta enlos siguientes Artículos del Código Procesal Civil: 719.2 En lo que dice: “Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normasde derecho empleadas para la solución del fondo del litigio” VIOLACION LEGAL QUE CONTIENE LA RESOLUCION RECURRIDA. La decisión objetada viola el siguiente Articulo53 de la “LEY DE SERVICIO CIVIL” en lo que dice: “NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 48 DE ESTA LEY, LA AUTORIDAD NOMINADORA PODRA ADEMAS CANCELAR EL NOMBRAMIENTO DE UNO O MAS SERVIDORES PUBLICOS, PREVIA COMUNICACIÓN POR ESCRITO A LA DIRECCION GENERAL SIEMPRE QUE EL CONSEJO DEL SERVICIO CIVIL, AL EVACUAR LA CONSULTA CORRESPONDIENTE, ESTIME QUE PROCEDE “LA CESANTIA” POR ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES CALIFICADAS, QUE LA AUTORIDAD NOMINADORA DEBERA ACREDITAR EN FORMA FEHACIENTE Y QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: A) REDUCCION FORZOSA DE SERVICIOS O DE PERSONAL POR RAZONES DE ORDEN PRESUPUESTARIO…” CONCEPTO DE LA VIOLACION. violación directa por falta de aplicación.- EXPLICACION.- El quebrantamiento se produce porque el Tribunal sentenciador desconoce el artículo denunciado como violado y no lo hace actuar en este proceso a pesar de ser el aplicable.”.- II. Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que el mismo no constituye una proposición jurídica completa y se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil contiene dos literales, con distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar a cual de ellas dirige su ataque; y, b) no explica ni fundamenta la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.- III. Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Ver sentencia expediente SL 516-12)..."
Legislación citada
- Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de enero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el tercero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado WALTER ALEJANDRO CARDONA COLINDRES; y, Recurrida: MIRNA YANETH ALVAREZ AGUILAR representada en juicio por la abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad del acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, restablecimiento del reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios caídos, demás beneficios dejados de percibir mas costas del juicio; promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en YANETH ALVAREZ AGUILAR, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio, representada en juicio por la abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en fecha diecinueve de julio del dos mil doce, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que comenzó su relación laboral mediante acuerdo de nombramiento de fecha uno de abril del dos mil siete en el puesto de Meteoróloga I, luego como Asesora legal de SOPTRAVI, en fecha veintiocho de junio del dos mil doce, se le entregó acuerdo de cancelación que seria efectivo a partir del dos de junio del mismo año, siendo arbitrario, ilegal e injusto, no estipulando justa causa comprendida en el articulo 53 de la Ley de Servicio Civil, en relación con el articulo 187 de su Reglamento, no existiendo justa causa para la terminación.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, señalando que se realizó la cancelación por cesantía conforme lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Servicio Civil, por lo cual no es una cancelación injusta ni arbitraria, siendo consultada ante el Consejo de Servicio Civil para realizar la cesantía, obteniendo autorización, igualmente la Secretaria tiene la facultad de remover personal contratado bajo la modalidad de acuerdo siempre y cuanto se obtenga el visto bueno del Consejo del Servicio Civil con su dictamen respectivo, llevando a cabo todos los presupuestos de la ley.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo, reconociéndole la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento resuelve adoptar el reintegro de la demandante, condenando al Estado de Honduras a pagar a la demandante por conceptos de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, se decrete la nulidad del acto administrativo por la cual se haya nombrado sustituto y sin costas; bajo el criterio que para la cesantía se deben tomar en cuenta los resultados de las evaluaciones periódicas, no llevándose a cabo el procedimiento para hacer la cancelación como ser la realización de las evaluaciones periódicas de su desempeño, que la Autoridad Nominadora haya enviado a la Dirección General de Servicio Civil, la nómina de los cesanteados para ser inscrita con derecho preferencial en el Registro de Reingreso, se le haya notificado la cesantía a la demandante por lo menos con un mes de anticipación, lo que acredita que el acto administrativo no ha sido dictado conforme a derecho.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional, en fecha diecinueve de septiembre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio que se probó que la autoridad nominadora no siguió a totalidad el procedimiento y presupuestos que ordena la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, estando viciado de nulidad el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado WALTER ALEJANDRO CARDONA COLINDRES, en fecha veintidós de octubre del dos mil trece, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada, en fecha diecinueve de septiembre del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.302-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 263-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem mediante providencia de fecha veintitrés de octubre del dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, presentó en fecha veintiuno de noviembre del dos mil trece escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintidós de noviembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiséis de noviembre del dos mil trece, los abogados WALTER ALEJANDRO CARDONA COLINDRES y MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto auto, teniendo por personados a los abogados MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO y WALTER ALEJANDRO CARDONA COLINDRES, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Acuso el fallo recurrido por la “aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”. EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO. Este motivose sustenta enlos siguientes Artículos del Código Procesal Civil: 719.2 En lo que dice: “Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normasde derecho empleadas para la solución del fondo del litigio” VIOLACION LEGAL QUE CONTIENE LA RESOLUCION RECURRIDA. La decisión objetada viola el siguiente Articulo53 de la “LEY DE SERVICIO CIVIL” en lo que dice: “NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 48 DE ESTA LEY, LA AUTORIDAD NOMINADORA PODRA ADEMAS CANCELAR EL NOMBRAMIENTO DE UNO O MAS SERVIDORES PUBLICOS, PREVIA COMUNICACIÓN POR ESCRITO A LA DIRECCION GENERAL SIEMPRE QUE EL CONSEJO DEL SERVICIO CIVIL, AL EVACUAR LA CONSULTA CORRESPONDIENTE, ESTIME QUE PROCEDE “LA CESANTIA” POR ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES CALIFICADAS, QUE LA AUTORIDAD NOMINADORA DEBERA ACREDITAR EN FORMA FEHACIENTE Y QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: A) REDUCCION FORZOSA DE SERVICIOS O DE PERSONAL POR RAZONES DE ORDEN PRESUPUESTARIO…” CONCEPTO DE LA VIOLACION. violación directa por falta de aplicación.- EXPLICACION.- El quebrantamiento se produce porque el Tribunal sentenciador desconoce el artículo denunciado como violado y no lo hace actuar en este proceso a pesar de ser el aplicable.”.- II. Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que el mismo no constituye una proposición jurídica completa y se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil contiene dos literales, con distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar a cual de ellas dirige su ataque; y, b) no explica ni fundamenta la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.- III. Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Ver sentencia expediente SL 516-12).- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de marzo del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintisiete de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 750-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL