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Sentencia CA-749-13 — Registro 4305

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no es preciso en indicar si la infracción de la norma indicada como violada, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles es una norma que fue derogada con la vigencia del Código Procesal Civil.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), representado en juicio por la abogada BESSY JANETH ORDÓÑEZ CASTILLO; y Recurrido: SANTOS RAMÓN OVIEDO FLORES, representado en juicio por el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia personal contraída a pedir la nulidad de un acto administrativo consistente en el acuerdo de cancelación No.0414 de fecha 8 de marzo del año 2012, dictado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se dicten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, que se declare la ilegalidad de los actos administrativos, reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, daños y perjuicios, intereses, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor SANTOS RAMÓN OVIEDO FLORES, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con el Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), el 01 de febrero del año 2010, en el cargo de Sub-Gerente de Recursos Humanos; que mediante acuerdo No.0414 de fecha 8 de marzo del año 2012, el demandado le notificó la cancelación del cargo que desempeñaba el demandante, siendo ilegal e injusto dicho despido, en virtud de que en el acuerdo mediante el cual se le puso fin a la relación de trabajo, la institución demandada omitió por completo señalar en forma expresa, clara y precisa la causal o motivo que tuvo para dar por terminada la relación de trabajo, ya que no señaló en forma concreta en que consistió, incumpliendo de esta manera una de las obligaciones señaladas por la ley, ya que es necesario que el patrono se someta al procedimiento legal ya establecido, violentando de esta manera los artículos 47 de la Ley de Servicio Civil y 261 del Reglamento de dicha Ley, que ya establece cuales son las causas mediante las cuales un servidor público puede ser despedido de su cargo.- 2. La parte demandada, el Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que se rechaza lo manifestado por el demandante en relación a que la autoridad administrativa para cancelar su nombramiento lo hizo sin invocar causal alguna, obviando el demandante que en el presente caso no es necesario en razón, de que el puesto que el demandante venia ocupando es de aquellos que según los artículos 245 numeral 5) y 11) de la Constitución de la República; 16, 30, 36 numeral 8), 116 y 117 de la Ley General de la Administración Pública; 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo, considera de libre remoción del Presidente de la República y sin obligación patrimonial en perjuicio del Estado de Honduras por lo que la pretensión del demandante es improcedente.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de junio de dos mil trece, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el señor Santos Ramón Oviedo Flores, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como el acuerdo Número 0414 de fecha 8 de marzo del año 2012, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), mediante el cual se acuerda cancelar al demandante del cargo de Sub Gerente de Recursos Humanos de SOPTRAVI; en consecuencia se anula totalmente; reconoció la situación jurídica individualizada reclamada por el demandante, para su pleno restablecimiento y reconocimiento se adoptó el reintegro del demandante al cargo que desempeñaba y en caso de ser materialmente imposible el reintegro del demandante al cargo relacionado, deberá ser reintegrado a otro puesto de igual categoría y en las mismas condiciones; asimismo a petición del demandante, ante la autoridad nominadora, tiene derecho si fuera su elección al pago de las prestaciones laborales, hasta la firmeza de la sentencia y como daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir, hasta la ejecución de la sentencia definitiva; condenó al Estado de Honduras, al pago a favor del demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación (nueve de marzo de 2012), hasta la fecha en que sea ejecutado el presente fallo, mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, decimocuarto mes, decimotercer mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que les pudieran corresponder, cálculo que se difiere para la fase de ejecución de la sentencia definitiva, sin costas; bajo el criterio que el suscrito Juez luego de vistos los alegatos de las partes así como valorados los medios de prueba según las reglas de la sana critica, estima que en la presente demanda la autoridad nominadora (SOPTRAVI), emitió el acto administrativo impugnado, infringiendo el ordenamiento jurídico, ya que Honduras al ser un Estado de Derecho, se rige por el principio de Legalidad, por lo tanto solo puede y debe considerarse como puestos excluidos los que taxativamente regula la Ley de Servicio Civil en su artículo 3 y el Reglamento en su artículo 9 al 19, y en el presente caso de autos está claramente señalado en el acuerdo del nombramiento del demandante que el cargo que ejercía el demandante, es el de Sub-Gerente de Recursos Humanos, cargo que la Ley de Servicio Civil y Su Reglamento no lo contempla como excluido, por lo que el acto impugnado está viciado de nulidad y debe decretarse la procedencia de la acción, ya que el acuerdo impugnado no establece motivo o causa alguna de cancelación.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que siendo que el cargo desempeñado por el demandante no se encuentra dentro de los que señala la Ley de Servicio Civil y su Reglamento como excluidos de los mismos, para su cancelación debió seguirse alguno de los procedimientos que dichas leyes establecen, no constando en autos se haya seguido procedimiento alguno, por lo cual, el Acto Impugnado se emitió infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable, siendo por lo tanto nulo el mismo, al haberse dictado prescindiendo total y absolutamente, para su emisión, del procedimiento establecido.- 5. La representación procesal de la parte demandada, abogada BESSY JANETH ORDÓÑEZ CASTILLO, en fecha cinco de noviembre de dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 311-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 132-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán; resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha seis de noviembre de dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte demandante, abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, presentó en fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, los abogados PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO y BESSY JANETH ORDÓÑEZ CASTILLO, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha trece de febrero de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados BESSY JANETH ORDÓÑEZ CASTILLO, como recurrente y PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Ser la sentencia recurrida violatoria por aplicación e interpretación errónea del artículo 190 párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles en relación con el artículo 208 numeral 1 del Código Procesal Civil. Precepto Autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil. La infracción la paso a explicar así: El artículo 190 párrafo primero establece: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan , condenando o absolviendo a la demandada y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” El artículo 208 numeral 1, reza: Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en pleito. Siendo lo correcto haber interpretado: “Que de acuerdo a que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en pleito. Haciendo las declaraciones que estas exijan condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate Falla: primero declarar procedente la acción promovida por el Señor SANTOS RAMON OVIEDO FLORES, por no ajustarse a derecho el acto Administrativo Impugnado consistente en el acuerdo de cancelación número 0414 de fecha 8 de marzo del 2012, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Publicas Transporte y Vivienda (Soptravi) Reconocer la situación Jurídica de la demandante y para su pleno restablecimiento se Resuelve: Que se reintegre al demandante el puesto de Sub-Gerente de Recursos Humanos o sea indemnizada de conformidad a lo establecido en el artículo 38 literal g) y j) de la Ley de Servicio Civil. En el caso que nos ocupa, la Honorable Corte el A-quen al hacer suyo el fallo de primera instancia, la parte acusada se coloca en rebeldía cuando, actuando fuera de las pretensiones del demandante, y al margen de la Ley otorga está pago de los salarios dejados de percibir; desde la fecha de su cancelación al pago a favor del demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea restituido en su cargo más los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder. Razón por la cual procede se realice el control de la motivación fáctica a efecto de revisar la suficiencia, racionalidad y carácter lógico de la forma y contenido de la sentencia, por considerar que dicho control es determinante para que el fallo haya sido diferente. Siendo procedente por lo tanto casar la sentencia en el presente motivo, o en su defecto ordenar que se anule la sentencia de primera instancia.”.- II. Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no es preciso en indicar si la infracción de la norma indicada como violada, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles es una norma que fue derogada con la vigencia del Código Procesal Civil.- III. Que en el segundo motivo de casación la Impetrante expone: “Ser la sentencia recurrida violatoria por interpretación errónea del artículo 55 de la Ley de Servicio Civil en relación con el artículo 38 literales g), j) y k) del mismo cuerpo de Ley. Precepto autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. La Infracción la explico así: El artículo 55 de la Ley de Servicio Civil preceptúa: “Siempre que la autoridad nominadora haga uso de las facultades excepcionales que le confiere el artículo 53 de esta Ley, deberá cumplir con lo estatuido en los literales g) y j) del artículo 38 de la presente Ley, en lo que proceda sin perjuicio de los derechos que le correspondan”. A su vez el artículo 38 establece: “Los Servidores públicos protegidos por esta Ley y sus Reglamentos gozaran de los derechos siguientes: a)..., b)..., d)..., e)..., f)..., g) A ser reintegrados a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario, o ser indemnizados en aquellos casos en que fueren injustamente despedidos.- Cuando el reintegro no fuere posible (en este caso que el patrono no lo considere) o no lo decida así el empleado despedido injustamente tendrá derecho a una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de 15 años, tomando como base el promedio de los últimos seis meses de salario devengados... Deberá agregarse, así mismo, el valor correspondiente a un mes de sueldo en concepto de preaviso por cada año de servicio hasta un máximo de dos años.- h)..., i)... j) En caso de que los servidores públicos cancelados sin justa causa tendrán derecho al pago de vacaciones, aguinaldo y cesantía proporcional.- k) Al pago de salarios caídos cuando el servidor fuere despedido o cancelado de su cargo sin causa justificada, conforme a lo establecido en las leyes de Estado. De la interpretación de las precitadas normas legales, es fácil observar que el fallo dictado en Primera Instancia y que el A-quen hace suyo es contradictorio, en virtud que interpretando erróneamente lo preceptuado en el artículo 55 y 38literal g) y j) de la Ley de Servicio Civil.-Obliga a mi representada a reintegrar a la demandante, sin concederle a mi representada decidir sobre la posibilidad del mismo. Tal como lo indica el literal g), específicamente cuando reza: “Cuando el reintegro no fuere posible... De igual manera en contradicción a lo preceptuado en el precitado articulo 55 referente a que se cumpla con lo estatuido en los literales g) y j) del artículo 38, el juzgador hace además aplicación del literal k) de dicho artículo.- Condenando a mi representada al pago de salarios dejados de percibir.- Otorgando a la demandante beneficios por dos conceptos sumamente diferentes y excluyentes entre si. Para que la Corte acusas hubiese dictado una sentencia conforme a derecho, debió haber FALLADO: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción promovida por la demandante, por no ajustarse a derecho el Acto Administrativo impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación número 0414 de fecha 8 de marzo del 2012.- SEGUNDO: Adoptar el Reintegro al demandante a su anterior puesto o a otro de igual categoría o salario, si lo considera posible la demandado o así lo decida está.- Caso contrario proceder a su indemnización de conformidad a Ley, Y MANDA....” Es menester Honorables Magistrados manifestar que los salarios caídos o dejados de percibir, procedan únicamente cuando se hubiese prescindido de los servicios del trabajador de conformidad a lo preceptuado en el artículo 47 de la Ley de Servicio Civil y sin ninguna responsabilidad en el pago de prestaciones. Por lo que procede casar la sentencia en el presente motivo o en su defecto anular la sentencia de primera instancia.”.- IV. Que tampoco procede la admisión del cargo que antecede, en virtud de que el Censor del fallo incurre en los siguientes defectos: a) el artículo 55 de la Ley de Servicio Civil no fue aplicado por el juzgador, en consecuencia no ha podido ser objeto de ninguna interpretación; y, b) en su explicación alude a normas no señaladas como violadas en su formulación, tal es el caso del artículo 47 de la Ley de Servicio Civil..- V. Que en su tercer motivo se esgrime: “Ser la sentencia recurrida violatoria por aplicación e interpretación errónea de los artículos 54 de la Ley de Servicio Civil, en relación con el artículo 282 de su Reglamento. Precepto autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. La infracción la explico así: En un fallo el A-quo o utiliza para la solución de fondo la normativa jurídica establecida en el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil ya que a tal efecto en sus considerandos manifiesta: “Que en el presente caso, el estudio del expediente respectivo que constituyen pruebas en juicio y que es obligatorio su estudio, y de las pruebas presentadas y evacuadas oportunamente se concluye que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado la evaluación periódica respectiva al demandante, ya que la disposición que obliga a efectuar dichas evaluaciones no ha sido derogada, por lo cual está vigente y es de obligatorio cumplimiento; que se haya tomado en cuenta sus años de servicio en la Administración Pública ; que después de emitido el Acuerdo de Cancelación, la Autoridad Nominadora haya enviado a la Dirección General de Servicio Civil la nomina de los cesanteados para que la demandante sea inscritos con derecho preferente en el registro de reingreso, es decir, no se acreditaron en el juicio elementos indispensables que debe de cumplir la Autoridad Nominadora el juicio para prescindir de los servicios de las personas afectas por las cesantías, en este caso la demandante, pretendiendo la parte demandada que con solo la consulta hecha al Consejo del Servicio Civil y la autorización de este, se realizó el procedimiento en su totalidad para la cancelación por cesantía, lo que hace que dicho Acto infrinja el ordenamiento jurídico, al no realizar el procedimiento tal como lo establecen los artículo 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y 280 y 281 de su Reglamento de aplicación; así mismo, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 278 de dicho reglamento hay dos razones por las cuales procede la cesantía de un Servidor Público, implicando ambas razones la reducción de personal o de servicios, lo cual no fue acreditado en autos, ya que no se acredito que la plaza de la demandante se haya cancelado, para con ello acreditar el cumplimiento del fin de la cesantía, ya que en cualquier momento la demandada puede nombrar personal en la plaza relacionada, en consecuencia, no se cumplió con el fin de la cesantía en el presente caso; por lo cual debe decretarse la procedencia de la acción, por estar debidamente acreditado en autos que no se siguió totalmente el procedimiento de cesantía para la cancelación de la demandante, por lo que el Acto Administrativo impugnado infringe el ordenamiento jurídico”. Como podrá observarse Honorable Corte, una de las soluciones de fondo que emplea el A-quo y que luego la Corte de Apelaciones hace suya para anular el Acuerdo de Cancelación de la demandante.- Es la interpretación errónea del artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, ya que únicamente interpreta la parte primera del mismo, ignorando su párrafo final, mediante el cual se establece: “En todo caso los servidores afectados por la cesantía podrán reclamar ante el Consejo del Servicio Civil cuando en su opinión no se configure ninguna de las causales de despido que se establecen en el artículo 54 (error artículo 54).- Y de igual manera en la fundamentación de su fallo emplea el artículo 282 del Reglamento de la Ley; pero hace caso omiso de su contenido, mismo que a la literalidad reza: “El servidor público, que considere, que la cesantía no fue hecha por las causales enumeradas en el artículo 53 de la Ley y/o con inobservancia del procedimiento establecido, podrá recurrir al Consejo, en el término improrrogable de diez días contados a partir de la fecha del Acuerdo de Cancelación”. Para que la Corte sentenciadora hubiese emitido un fallo de conformidad a derecho y en atención de los precitados artículos, debido haberse pronunciado bajo los siguientes términos: Que si bien es cierto del estudio del expediente administrativo que constituye prueba en juicio, y de las pruebas presentadas y evacuadas oportunamente se concluye que no corre agregadas documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado la evaluación periódica respectiva a la demandante.- Evaluación que es obligatoria en razón que la disposición que la ordena se encuentra vigente, así como el hecho que no se haya tomado en cuenta sus años de servicio y el envió por parte de la autoridad nominadora de la nómina de los cesanteados a la Dirección General de Servicio Civil para ser inscritos con derecho preferente en el registro de reingreso.-Así como de no haber realizado el procedimiento tal como lo establecen los artículo 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y los artículo 278, 280 y 281 de su Reglamento de aplicación.- No es menos cierto que la demandante convalidó el acto infringido, al no haber acreditado haber hecho uso de las facultades que le brinda el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, en su parte final, ni de las facultades que le ofrece el artículo 282, NO PROCEDIENDO POR LO TANTO LA ANULACION DEL ACUERDO DE CESANTIA RECLAMADO. Por lo anteriormente expuesto cabe manifestar Honorables Magistrados, que el haber la Corte acusada interpretado la normativa jurídica de la forma en que lo hizo, se colocó en rebeldía y al haber anulado totalmente el Acuerdo por medio del cual se canceló por cesantía a la demandante, causó daños y perjuicios en el presupuesto de mi representado, obligándolo a transgredir normas constitucionales y o presupuestarias.- Razón por la cual procede casar la sentencia en el presente motivo o en su defecto mandar que se anule la sentencia la Primera Instancia.”.- VI. Que en este tercer cargo también se incurre en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) No es preciso en el concepto de la infracción, al no determinar si la misma proviene de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como violada; b) el párrafo segundo del artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, fue derogado tácitamente con la vigencia de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente por lo dispuesto en los artículos 108 al 113; y, c) insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual es inapropiado en este extraordinario recurso conforme lo señalado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- VII. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VIII. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de marzo del dos mil quince; certificación del auto de fecha diecisiete de febrero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 749-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL