Sentencia CA-748-13 — Registro 4979
Resumen
En primera instancia se dictó auto resolutivo declarando se desestiman los alegatos de defensa previa, consistentes en que la demanda tiene por objeto la impugnación de actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contenciosa Administrativa, en vista que una ley los excluye expresamente de esta Jurisdicción , en segunda instancia se confirma
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Pero es el caso que el Censor no es claro ni preciso en la formulación de los cargos que le dan acceso a la Corte Suprema de Justicia, puesto que en primer lugar, en el primer cargo no señala si la violación se debe a la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas de cita como violadas; en segundo lugar, en ambos motivos en su explicación aduce a otras normas de derecho sobre las cuales no hace mención alguna en la estructuración del motivo; en adición los preceptos autorizantes invocados ( 719 literal a) y 719 literal c)) no han sido señalados en forma precisa, ya que el artículo 719 del Código Procesal Civil contiene dos numerales y el primero de ellos con tres literales, con distintas causas o motivos; tampoco se ocupa en ilustrar porque la sentencia que está recurriendo se encuentra estructurada con “Infracción por violación de normas procesales Legales que regulan la competencia objetiva de los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y cuya infracción producen indefensión”, invocada en el primer motivo o bien por “Falta de Aplicación correcta de las normas legales relacionadas la forma y contenido formal de las sentencias” en el segundo motivo, sin establecer en qué consiste la inaplicación, cuál seria su debida aplicación y qué precepto legal se ha visto vulnerado por la que considera es una aplicación incorrecta, sin justificar tampoco la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, siendo evidente que ambos cargos se ven afectos a lo establecido en el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación civil.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Por otra parte, conviene señalarle al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del Recurso de Casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracciòn en el sentido de la resolución impugnada, con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- .- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida,ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 numeral 1) del Código Procesal Civil.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, representada en juicio por el abogado CARLOS ROBERTO RUIZ RAMIREZ; y Recurrido: La Comisión para la Alianza Publica Privada (COALIANZA), representado en juicio por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO y Banco Financiera Comercial Hondureña S. A. (BANCO FICOHSA) representada en juicio por el Abogado HECTOR GERARDO SANCHEZ BETANCOURTH, como apoderado codemandado.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para pedir que se anulen unos contratos de fideicomiso para la estructuración, desarrollo y financiamiento de la operación de Graneles de Puerto Cortés, celebrada entre COALIANZA y los Bancos FICOHSA y Atlántida S.A., mediante la Constitución de una Alianza Público Privada, promovida por el abogado CARLOS ROBERTO RUIZ RAMIREZ, en su condición de Apoderado Judicial del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (COALIANZA), representada en juicio por el abogado HECTOR GERARDO SANCHEZ BETANCOURTH.- I.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que mediante decreto número 143-2010 del Congreso Nacional y publicado en fecha dieciséis de septiembre del dos mil diez en la gaceta número 32,317 se creó la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada más conocida como (COALIANZA) la que de acuerdo a su artículo 11 de dicha Ley se crea con el propósito de encargarse de gestionar y promover los procesos de alianzas público privada. Por lo anterior mediante actas números 04/2012 de sesión extraordinaria celebrada el 7 de mayo del 2012 en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, el Consejo Directivo de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) resolvió el punto “asuntos de la Gerencia (a) Autorización a la Gerencia General para firmar Contratos de Fideicomiso” mandando “PRIMERO: instruir a la administración a cumplir con lo establecido en los decretos ejecutivos PCM-011-2012 Y PCM 012-2012 ordenando que deberán ser publicados en el diario oficial la Gaceta respetando la Constitución de la República, las leyes, Ley interna de la Empresa Nacional Portuaria y sus reglamentos, bajo las mejores condiciones para el país, los usuarios y la ENP, SEGUNDO. Que una comisión de estilo y redacción participen los actores del Proceso”. Posteriormente hubo una siguiente sesión celebrada en la ordinaria número 817 del uno de junio del dos mil doce, en donde el Consejo Directivo solo resolvió “dar por recibido el informe de la comisión nombrada por este directorio para el análisis de los contratos de Fideicomisos para el desarrollo de las terminales de Contenedores y gráneles sólidos de Puerto Cortés. Por lo tanto en dichas resoluciones, la Empresa Nacional Portuaria no otorga claramente por medio de su Consejo Directivo como órgano de dirección de esta entidad descentralizada en virtud de su Ley orgánica que la crea, autorización concreta para la Comisión a la Promoción de la Alianza Pública Privada (COALIANZA), para que por su cuenta procediera a asumir compromisos u obligaciones con los Bancos Banco Financiera Comercial (FICOHSA) y Banco Atlántica S.A. no obstante en fecha 15 de mayo del dos mil doce se procedió en franca violación a la Ley de Procedimiento Administrativo y en aplicación de su propia Ley que la crea, a suscribir un contrato de Fideicomiso PARA LA ESTRUCTURACION, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES Y CARGA EN GENERAL DE PUERTO CORTES CON BANCO FINANCIERA COMERCIAL (FICOHSA) Y OPERACIÓN DE GRANELES DE PUERTO CORTES CON BANCO ATLANTIDA S.A. el cual ha sido aprobado por el Congreso mediante decreto número 82-12 , sin contar con la autorización expresa de la Empresa Nacional Portuaria y con la complicidad de sus funcionarios de la ENP, en la cual el Estado por medio de esta institución compromete a afectar estudios, informes, de carácter técnico relacionados con el proyecto de expansión y mejora de la terminal de contenedores y graneles sólidos de Puerto Cortés comprometiendo financiamientos como ser el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que de concretarse el presente acto que se impugna COALIANZA compromete activos, recursos de la Empresa Nacional Portuaria por treinta años una vez que el mismo salga publicado en el Diario Oficial La Gaceta y en cuyo caso el Estado por medio de esta institución, además de la cesión de bienes garantiza su legalidad para con dichos Bancos obligándose a mantener indemne a dichos Bancos por cualquier reclamo de terceros sin ninguna responsabilidad de éstos para con el Estado de Honduras. En ambas sesiones se dejó claramente manifestada la oposición razonada del sector obrero del país.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que al ser incoada la acción contra la COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA y fundamentada en decisiones internas de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA para supuestamente garantizar derechos laborales de empleados de esta última institución, dificulta la contestación de la demanda por razones obvias. En cuanto a que el Consejo Directivo de la Empresa Nacional Portuaria no otorga autorización concreta a COALIANZA para que procediera a asumir compromisos u obligaciones con las Instituciones Bancarias, cabe decir en primer lugar, si lo que el actor pretende es determinar las autorizaciones internas que existieron de parte de la Empresa Nacional Portuaria para la suscripción de los Contratos de Fideicomiso, evidentemente NO es COALIANZA la Institución del Estado facultada para atender dicha pretensión. En segundo lugar, en ningún momento la comparecencia de COALIANZA en los Contratos de Fideicomiso que nos ocupan ha sido en calidad de representante de la Empresa Nacional Portuaria o con el objeto de comprometer a la Empresa Nacional Portuaria en obligación alguna. Los Contratos de Fideicomiso fueron suscritos por COALIANZA en su calidad de Fideicomitente en atención a las facultades que su ley de creación le confieren para la constitución de Alianzas Público-Privadas, siendo posible la utilización de la modalidad de Fideicomiso para tal efecto, por la Empresa Nacional Portuaria en su calidad de Fideicomitente titular de los bienes Fideicomitidos y a su vez Fideicomisario, es decir, beneficiario del Fideicomiso, y por las Instituciones Bancarias BANCO FICOHSA (Terminal de Contenedores y Carga General) y BANCO ATLÁNTIDA (Terminal de Gráneles) como Fiduciarios. Resulta entonces completamente improcedente el argumento del actor que en ningún momento el Consejo Directivo de la Empresa Nacional Portuaria autorizó a COALIANZA para que “por su cuenta procediera a asumir compromisos y obligaciones con el Banco Financiera Comercial S.A. (FICOHSA) y Banco Atlántida, S.A.”. Asimismo se presentó en fecha 07 de Marzo del 2013, escrito de Defensas Previas, alegando que la demanda tiene por objeto la impugnación de actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contenciosa Administrativa, en vista que una ley los excluye expresamente de esta Jurisdicción; Que la demanda se ha presentado fuera de los plazos legales establecidos, ubicados en los artículos 80 letra c) relacionada con el artículo 31 letra c), 80 letra d) respectivamente, todos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por inexistentes.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de abril de dos mil trece, dictó auto resolutivo declarando se desestiman los alegatos de defensa previa, consistentes en que la demanda tiene por objeto la impugnación de actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contenciosa Administrativa, en vista que una ley los excluye expresamente de esta Jurisdicción. Que la demanda se ha presentado fuera de los plazos legales establecidos; ubicados en los artículos 80 letra c) relacionada con el artículo 31 letra c), 80 letra d) respectivamente, todos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por inexistentes. Asimismo declarar con lugar los alegatos de defensa previa consistentes en: Que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que la presente demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, establecidos en los artículos 80 letra a) y 80 letra e) respectivamente, ambos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por los motivos señalados en los numerales quinto y octavo de los fundamentos de derecho antes señalados. Se decreta la inadmisibilidad de la presente demanda interpuesta por el Abogado Carlos Roberto Ruíz Ramírez, en su condición de apoderado legal del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria, contra el Estado de Honduras a través de la Comisión para la Promoción de la Alianza Pública Privada (COALIANZA), sin costas; bajo el criterio que este tribunal esta claramente delimitada en el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y siendo que el ahora demandante impugna un decreto emitido por el Poder Legislativo, es evidente que su conocimiento no se enmarca dentro de la competencia objetiva de este tribunal, siendo lo procedente que contra el mismo se interponga el Recurso de inconstitucionalidad, establecido en la Ley de Justicia Constitucional. Que respecto a la segunda causa de inadmisibilidad, misma que consiste en que la demanda tiene por objeto la impugnación de actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contenciosa Administrativa, en vista que una ley los excluye expresamente de la vía Contenciosa Administrativa, y siendo un Decreto Legislativo, es evidente entonces que lo impugnado no adquiere el carácter de acto administrativo. Que con respecto a la tercera causa de inadmisibilidad consistente en que la demanda se ha presentado fuera de los plazos respectivos, se analiza, lo establecido en el artículo 80 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, relacionado con el artículo 51 letra c) de dicha ley, estos a su vez relacionados con el inciso b) del artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para que la demanda se hubiese presentado fuera de los plazos respectivos, es que estuviese presentado posterior a los treinta (30) días hábiles a la publicación de dicho decreto en el diario oficial la Gaceta y no anterior a la misma, como ha sucedido en el presente caso. Que en cuanto al cuarto alegato de defensa previa y que consiste en que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden al Tribunal verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, para determinar si existe o no defecto es necesario hacer un análisis de los requisitos formales de admisión de demanda establecidos en esta Jurisdicción, se determina que existe un defecto formal en cuanto a la designación de la parte demandada, situación esta que a parte de haber sido señalada de manera errónea, imposibilitaría condenar a un órgano que no forma parte de la Administración Pública.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diez de octubre de dos mil trece, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación y confirma el auto resolutivo dictado por el Tribunal a quo venido en apelación, sin costas; bajo el criterio que el demandante impugna una ley emitida por el Poder Legislativo, es evidente que su conocimiento no se enmarca dentro de la competencia objetivo contencioso administrativo, siendo lo correcto que contra el mismo se interponga en la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, el recurso de inconstitucionalidad, establecida en la Ley de Justicia Constitucional, por lo que la defensa previa alegada, que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esta defensa previa resulta ser declarada procedente y en cuanto a la defensa previa que la presente demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que al no ser competente el Juzgado tampoco puede pronunciarse en cuanto al fondo del asunto, resultando ser procedente la Defensas Previas interpuestas por la demandada, por lo que se declaran con lugar las mismas y desestimando las demás defensas previas alegadas.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, el abogado CARLOS ROBERTO RUIZ RAMIREZ, en su condición de Apoderado Judicial del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, en fecha cinco de noviembre del dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diez de octubre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 343-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 327-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- La Comisión para la Alianza Publica Privada (COALIANZA), representado en juicio por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO y Banco Financiera Comercial Hondureña S. A. (BANCO FICOHSA) representada en juicio por el Abogado HECTOR GERARDO SANCHEZ BETANCOURTH, como apoderado codemandado, presentaron en fecha veintidós de noviembre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintisiete de noviembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha veintiocho de noviembre del dos mil trece, los abogados HECTOR GERARDO SANCHEZ BETANCOURTH, NICOLAS GARCIA ZORTO y CARLOS ROBERTO RUIZ RAMIREZ, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados NICOLAS GARCIA ZORTO, HECTOR GERARDO SANCHEZ BETANCOURTH y CARLOS ROBERTO RUIZ RAMIREZ, presentaron escritos en fecha veintinueve de noviembre, dos de diciembre y tres de diciembre del dos mil trece, respectivamente, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- EL recurrente comparece ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diez de octubre de dos mil trece. Denuncia dos motivos de casación al tenor de lo que preceptúan los Artículos 716 y 719 incisos a) y b) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVOS DE CASACIÓN. El Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: 2.1. PRIMER MOTIVO: “Infracción por violación de normas procesales Legales que regulan la competencia objetiva de los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y cuya infracción producen indefensión. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está autorizado en el artículo 719 inciso a) del código Procesal Civil. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS: Artículos 1, 2, 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que regulan la Competencia de los Juzgados de Letras de lo Contencioso Administrativo. EXPLICACION DEL MOTIVO. Los artículos 1, 2, 3 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en forma general regula la competencia objetiva del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y es así que a este corresponde conocer de todas las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, rrescincion y efectos de los contratos regulados por la ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los poderes del Estado, por las municipalidades y por las instituciones autónomas incluyendo las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del estado o cualquier cuestión que una Ley le a tribuye expresamente. De otra manera no hay causal para que los Juzgados de lo Contencioso Administrativo dejen de conocer las pretensiones relacionadas con dicha normativa previamente citada a menos que como establece el mismo cuerpo Legal citado en su artículo 4, “aquellos que aunque relacionados con actos de la Administración Publica se atribuyen por una Ley a otra jurisdicción. Los hechos que se plantean en la demanda que origina el presente recurso extraordinario de casación para revisar la aplicación del derecho, se refieren a dos contratos de Fideicomiso celebrados, por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público privada como ente desconcentrado del Estado (La administración Pública) encargada según el artículo 11 de la Ley de su creación de gestionar y promover los proyectos y procesos de las Alianza Publico y Privada, contratos originados en virtud de la misma y cuyas anulaciones se promueven ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo mismo que, por exceder un periodo de Gobierno como ultimo requisito para que surta sus efectos legales deben ser remitidos al Congreso Nacional Para que lo apruebe o lo impruebe como una de sus atribuciones establecidas en el artículo 205 numeral 19 de la Constitución de la República emitido por medio como es lógico de un decreto Legislativo. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la sentencia dictada en fecha 10 de Octubre del presente año dos mil trece y que es objeto del presente recurso al estudiar los hechos para su análisis y posteriormente proferir su fallo en la segunda instancia a interpretado a mi juicio equivocadamente los hechos al estimar que la pretensión de la demanda es impugnar una Ley emitida por el poder Legislativo y que como tal pretensión debe conocerla la Honorable Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Constitucional por medio de un recurso de inconstitucionalidad regulado en la Ley sobre justicia Constitucional. En ese sentido; y por tratarse de un punto de controversia al impugnar la aplicación debida de la normativa jurídica, es preciso dejar establecido y de suyo conocimiento en virtud de su alta investidura las diferencias existentes entre lo que es el proceso deformación de una Ley y lo que es la formación de un contrato administrativo para que surta sus efectos Legales; la primera su proceso de Formación esta instituida en la Constitución de la República en el título 5 título 2, artículo 213 al 221 de nuestra Carta magna y el segundo tanto en la Ley de Procedimiento Administrativo en sus artículos del 22 al 27 en lo que se refiere a su procedimiento y las demás leyes como la Ley de Contratación del Estado y en este caso la ley para la promoción de la Alianza Publica Privada en cuanto a requisitos y procedimientos especiales para su formación y perfeccionamiento. En ese sentido Honorable Corte revisada que sea la sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil trece en su parte resolutiva que se impugna emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo encontrara que existe en la misma una errónea interpretación de los hechos al aplicar el derecho concreto infringiendo las normas legales contenidas en los artículos 1, 23 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que determinan claramente la competencia para conocer de las pretensiones de la demanda al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y que lógicamente al dejarlas de aplicar dejan en indefensión a mi representado al no obtener la tutela judicial efectiva en el patrocinio de su derecho atravez de un juicio ordinario y someternos nuestra pretensión a un Tribunal constitucional cuando no estamos impugnando ninguna Ley si no los actos de un Órgano desconcentrado atravez de la misma por lo que habiendo explicado con suma claridad y precison el presente motivo considero es procedente cazar la sentencia y dictar la que procede en derecho.- 2.2. SEGUNDO MOTIVO: “Falta de Aplicación correcta de las normas legales relacionadas la forma y contenido formal de las sentencias. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está establecido en el Artículo 719 inciso b del Código Procesal Civil. NORMAS LEGALES QUE SE CONSIDERAN INFRINGIDAS. Artículos 200 del código procesal civil con relación al artículo 134 de la ley de jurisdicción de lo contencioso administrativo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La correcta tutela judicial a mi juicio se ve reflejada en el pronunciamiento final de los Juzgados y Tribunales, la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no regula lo que es la forma y contenido formal de las sentencias en ese sentido el artículo 134 de dicha normativa legal a falta de esa regulación nos remite concretamente al Código Procesal civil y este en su artículo 200 establece el contenido formal de los mismos y que a mi juicio lo ha dejado establecido el legislador para un mejor control de la tutela judicial. Establece el artículo 200, del Código Procesal civil como uno de sus requisitos principales la motivación conteniendo en párrafos separados y numerados los, antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo. Resulta que, examinada la sentencia que se impugna existe una contradicción en lo referente a los fundamentos de derecho que sirven de base al fallo en el requisito establecido en inciso c del artículo 200 del código procesal civil, referente a las razones y fundamentos legales aplicables a la sentencia. Esta contradicción se determina al analizar la conclusión a. que arriba la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el considerando ocho (8) ya que por una parte arriba a la conclusión que el objeto de la impugnación de la presente demanda son dos contratos contenidos en el decreto Legislativo 82-12 emitido por el Congreso Nacional celebrados entre el demandado y los Bancos Financiera Comercial Hondureña (ficohsa) y Banco Atlántida, es decir por un órgano desconcentrado de la Administración Pública y sujeto al derecho administrativo y como consecuencia el conocimiento de las pretensiones corresponden al Juzgado de lo Contencioso Administrativo estableciendo como norma concreta aplicable el artículo 1, 2 letra A) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sin embargo al dictar el fallo declara sin lugar el recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha treinta de abril del año dos mil trece en donde declara inadmisible la demanda. En tal sentido Honorable Corte siendo evidente esta contradicción en la aplicación del derecho observada en la forma y contenido de la sentencia y la y que infringe el artículo 200 (/contenido formal de las sentencias) del Código Procesal civil aplicable en virtud del carácter supletorio a que nos remite el artículo 134 de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo dictada y estando debidamente autorizada esta causal de casación estimo que debe casarse dicha sentencia para que esa Honorable Corte dicte la que en derecho corresponde. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la sentencia dictada por esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dieta el día diez de octubre del dos mil doce, mediante la cual declara sin lugar el recurso de apelación y confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa Distrito Central el 1 día treinta de abril del dos mil trece.”.- III.- Pero es el caso que el Censor no es claro ni preciso en la formulación de los cargos que le dan acceso a la Corte Suprema de Justicia, puesto que en primer lugar, en el primer cargo no señala si la violación se debe a la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas de cita como violadas; en segundo lugar, en ambos motivos en su explicación aduce a otras normas de derecho sobre las cuales no hace mención alguna en la estructuración del motivo; en adición los preceptos autorizantes invocados ( 719 literal a) y 719 literal c)) no han sido señalados en forma precisa, ya que el artículo 719 del Código Procesal Civil contiene dos numerales y el primero de ellos con tres literales, con distintas causas o motivos; tampoco se ocupa en ilustrar porque la sentencia que está recurriendo se encuentra estructurada con “Infracción por violación de normas procesales Legales que regulan la competencia objetiva de los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y cuya infracción producen indefensión”, invocada en el primer motivo o bien por “Falta de Aplicación correcta de las normas legales relacionadas la forma y contenido formal de las sentencias” en el segundo motivo, sin establecer en qué consiste la inaplicación, cuál seria su debida aplicación y qué precepto legal se ha visto vulnerado por la que considera es una aplicación incorrecta, sin justificar tampoco la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, siendo evidente que ambos cargos se ven afectos a lo establecido en el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación civil.- IV. Por otra parte, conviene señalarle al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del Recurso de Casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracciòn en el sentido de la resolución impugnada, con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- V.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 numeral 1) del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de agosto del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 748-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL