Sentencia CA-745-13 — Registro 4413
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en defectos técnicos puesto que el recurrente no es claro ni preciso en el concepto de la infracción, si la misma es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas de derecho; asimismo, resulta confuso el señalamiento de las disposiciones infringidas, ya que en dos acápites diferentes cita distintos preceptos jurídicos como violados. Sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia y finalmente, en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a normas no enunciadas en su formulación, como es el caso del artículo 134 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- “ En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la tercera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representado en juicio por el abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO y el Recurrido: NORA LETICIA BORJAS ORTIZ, representada en juicio por el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto sin que se le pagaran los derechos e indemnizaciones laborales a que tenía derecho y como medida para el restablecimiento de sus derechos, que se le reintegre a su antiguo puesto de trabajo, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación, hasta la fecha de ejecución de la sentencia, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de marzo del año dos mil nueve, por la señora NORA LETICIA BORJAS ORTIZ, mayor de edad, soltera, hondureña, Policía Penitenciaria y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la Procuraduría General de la República.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que fue nombrada mediante acuerdo No.110798 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia en fecha 23 de octubre de 1009, en el cargo Supervisor de Servicio y a raíz de la nueva organización de la Policía Nacional, en el año 1998, todo el personal de los Centros Penales pasaron a formar parte de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos, por lo que en fecha 20 de abril del 2002, se le nombra en el cargo de Policía Penitenciario; que el 27 de febrero del año 2009, mediante acción de personal se le notificó la cancelación de su acuerdo de nombramiento a partir del 3 de marzo del año 2009, acto emitido sin las formalidades esenciales que debe tener el acto administrativo, ya que como es de nuestro conocimiento, que los actos administrativos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y el derecho aplicable, además la emisión de la acción de personal se realizó sin seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, nunca se le emitió el respectivo acuerdo de cancelación, que es la forma correcta en que debe proceder la administración para cancelar al personal que ha sido nombrado, que no se siguió el procedimiento administrativo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, lo que convierte tal decisión en injusta e ilegal.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contestó dicha demanda señalando que acepta el nombramiento de la demandante en el puesto al que hace referencia, así mismo acepta que la demandante fue cancelada mediante acuerdo 0504-2009 del 23 de abril del 2009, sin embargo rechaza que dicho acto sea ilegal, en tanto actuó con base en lo que dispone la Ley Orgánica de la Policía, instrumento que la faculta para cancelar por despido a miembros de la carrera policial por incumplimiento o violación grave de algunas de las obligaciones o prohibiciones establecidas, señala que a la demandante se le comprobó la violación al artículo 123-.1-4 referente a que se considera falta grave el solicitar o aceptar cualquier gratificación o regalías de personas naturales y/o jurídicas y tener, dedicarse o permitir actividades de carácter ilícitas.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado pues ha sido emitido prescindiendo total y absolutamente del proceso establecido y la falta conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto, en consecuencia se anula totalmente el acuerdo de cancelación impugnado, reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y tomando en cuenta que hay suficientes indicios para entender a la demandante responsable de la falta, pero cuyo acto de cancelación adolece de varios defectos, para su pleno restablecimiento se toman las siguientes medidas: a) condenar al demandado al pago a favor de la demandante de las prestaciones correspondientes como ser pago de prestaciones laborales, pago de derechos adquiridos, b) condenar al demandado al pago de la demandante de esos conceptos, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, sin costas. Criterio: que el acto administrativo es nulo cuando se prescinda total y absolutamente del procedimiento establecido, en el presente caso, al haber indicios de que la falta cometida por la demandante podría tener alguna tipicidad penal, lo pertinente era suspenderla de sus labores en espera de la decisión de la autoridad penal correspondiente para entonces, encontrándole culpable o sujeta a un auto de formal procesamiento y medidas cautelares por más de seis meses, dar por terminada su carrera policial sin responsabilidad alguna para el Estado; por otra parte, el acto administrativo también es nulo cuando no haya conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticinco de julio del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: no consta que se haya seguido el procedimiento con todos los requisitos que establece la ley, por lo cual el acto administrativo impugnado se emitió infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable, siendo el mismo, por lo tanto, nulo.- 5. La representación procesal de la parte demandada, abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, en fecha diez de octubre del año dos mil trece, presento escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de julio del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.224-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 097-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem mediante providencia de fecha catorce de octubre del año dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la demandante, abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha siete de noviembre del año dos mil trece escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha once de noviembre del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hacer la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución, los abogados JOSE ARMANDO ESPINAL y MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha cinco de febrero de dos mil catorce teniendo por personado en tiempo y forma al abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, como recurrido y declaro precluído el plazo concedido y dejado de utilizar por el recurrente abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva Nacional de conformidad al artículo 719 Numeral 2) del Código Procesal Civil, en infracción de los artículos 206 numeral 2); 207 numeral 2) 208 numeral 1) del mismo Código, al otorgar la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, un derecho que va más haya de la aplicación e interpretación de las normas de derecho. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 123 numeral 1), 4), 126 numeral 1 Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha veinticinco de julio del año dos mil trece. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva Nacional en infracción indirecta de la falta de apreciación de las prueba documental de conformidad al artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, en cuanto al error en la apreciación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, en virtud de que el juzgador falla en detrimento del Estado de Honduras, al aceptar una pretensión fuera de los válidos argumentos de la tutela jurídica, puesto que injustamente se obliga a mi representa no solo al pago en concepto de daños y perjuicios, de salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad del acuerdo de cancelación de la demandante hasta el día en que se ejecute la presente sentencia y demás derechos que le pudieran corresponder, lo que no es congruente con el fallo de primera instancia en el segundo considerando de del Fallo es el hecho que expresa: “reconocer la situación jurídica individualizada reclamada, y tomando en cuenta QUE HAY SUFICIENTES INDICIOS PARA ENTEDER A LA DEMANDANTE RESPONSABLE DE LA FALTA “ siendo que en la sentencia recurrida se hace mención en su considerando número tres, sobre el hecho que de que a la demandante no se le logro probar los hechos que se le imputaban en la audiencia de descargo a ella celebrada por la no aceptación de los hechos por parte de ella, sin embargo constan en el expediente administrativo que dio origen al acuerdo de cancelación de la demandante de mas de 20 declaraciones testifícales de los policías que desembolsaron Lps 100.00, por lo que quedo comprobado el hecho por el cual cancelada la demandante, por lo que el Fallo recurrido no tiene una conexión lógica con lo aportado en el expediente administrativo ya que se debe tomar en consideración las declaraciones testifícales en mención, así como también el hecho que la demandante tampoco desvirtuó en la audiencia de descargo los hechos que a ella se le imputaban ni tampoco aporto prueba alguna para poder desvirtuar la falta por ella cometida; En el mismo considerando del Fallo recurrido manifiesta que la acción que tenia mi representada para sancionar a la demandante ya estaba prescrita en virtud de haber transcurrido el termino de 45 días para que la autoridad nominadora aplique dicha sanción, en relación a lo que estipula el artículo 134 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Decreto 67-2008, lo que es totalmente falso ya que consta que la autoridad nominadora fue puesta en conocimiento en fecha 26 de enero del 2009, mediante Oficio DNSEP-DPNMAS-049-2009, por lo cual esta plenamente acreditado que mi representada aplicó la sanción del despido a la demandante en el los 45 días que establece la Ley Orgánica de la Policía Nacional en su artículo 134, por lo que se ha observado el debido proceso establecido en la ley para la cancelación de la demandante.”.- II. Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en defectos técnicos puesto que el recurrente no es claro ni preciso en el concepto de la infracción, si la misma es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas de derecho; asimismo, resulta confuso el señalamiento de las disposiciones infringidas, ya que en dos acápites diferentes cita distintos preceptos jurídicos como violados. Sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia y finalmente, en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a normas no enunciadas en su formulación, como es el caso del artículo 134 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:
- NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional.
- SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 745-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL