Sentencia CA-739-13 — Registro 18038
Resumen
En primer instancia se declaró improcedente la acción incoada en virtud de ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que no se puede realizar la indemnización por la servidumbre a favor de la ENEE ya que se encuentra en terrenos pro indiviso, no sabiendo quien es el dueño a quien se le debe efectuar el pago.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo resulta inadmisible puesto que carece de claridad y precisión al incluir varias situaciones jurídicas en un solo motivo, que aunque tengan de común la falta de aplicación de las normas señaladas como violadas, las mismas tienen referencia a distintas cuestiones normativas, por lo que era necesario presentarlas en cargos separados; además, se realizan en su desarrollo alegatos de instancia.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrentes: señores RIGOBERTO Y ALEJANDRO VALLADARES VIDEA, representados en juicio por el abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCIA y el Recurrido: la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), representada en juicio por el abogado MOISES NAZAR VALLADARES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas necesarias para su restablecimiento, pago de daños y perjuicios más costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha dos de abril del dos mil nueve, por los señores RIGOBERTO Y ALEJANDRO VALLADARES VIDEA, mayores de edad, casados, hondureños, Abogados y de este domicilio, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), representada en juicio por el abogado MOISES NAZAR VALLADARES.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que son propietarios legítimos de un terreno que se ubica en el lugar denominado San Jose de Guacerique en el Distrito central, no siendo propiedad de la ENEE ni LUFUSA, quienes están en posesión irregular de dicho terreno, ya que se dio usurpación e imposición de la ENEE en una servidumbre de paso de líneas de conducción eléctrica térmica y la construcción de seis torres, en un terreno de 83,689.07 varas cuadradas lo que equivale a 8.37 manzanas de tierra por lo cual se solicita se indemnice proporcionalmente entre las 22 familias legatarios siendo el grupo de condueños de la mitad de la Hacienda Guacerique, ya que obviaron el procedimiento a seguir para una expropiación forzosa, no queriendo pagar y mandando que se realice una partición entre los condueños para pagar a quien resulte asentado en la servidumbre por ellos impuesto, no siendo un requisito establecido en la Ley de Expropiación. Siendo absolutamente imposible.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contestó dicha demanda señalando que los demandantes ostentan titulo pro indiviso ó sea perteneciente a varios propietarios, por lo tanto no ostentan un titulo de propiedad que acrediten ser dueños legítimos de la totalidad del bien inmueble, la empresa hizo uso de la propiedad mediante acuerdo ejecutivo no. 718-2002 de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil dos, el cual faculta a la empresa a tomar posesión de los predios en donde cruza el proyecto eléctrico ENEE-SIEPAC el cual pasa la línea 230 KVA agua caliente Toncontín, Sub Estación Amarateca, dando a la ENEE a pagar en concepto de indemnización por el paso de dicho proyecto de electrificación, no tienen derecho legitimo para reclamar los daños y perjuicios.- 3.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazan, en fecha veintitrés de enero del dos mil doce, dictó sentencia definitiva en la cual se declaró improcedente la acción incoada en virtud de ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, sin costas; bajo el criterio que se deberá indemnizar en la porción afectada siempre y cuando las partes acrediten escritura publica de la hijuela registrada en donde se haya realizado la partición, no acreditando en juicio tal partición ni a quien le corresponde el inmueble afectado por la servidumbre, por lo cual no se tiene claro a quien indemnizar.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional, en fecha veintiuno de febrero del dos mil trece, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la sentencia proferida por el a-quo, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto y sin costas; bajo el criterio que no se puede realizar la indemnización por la servidumbre a favor de la ENEE ya que se encuentra en terrenos pro indiviso, no sabiendo quien es el dueño a quien se le debe efectuar el pago.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCIA, en fecha veintiséis de junio del dos mil trece, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada, en fecha veintiuno de febrero del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.332-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 109-2009, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el Ad-Quem mediante providencia de fecha catorce de octubre del año dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.-La representación procesal de la recurrida, abogado MOISES NAZAR VALLADARES, en fecha cinco de noviembre del dos mil trece, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha siete de noviembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas dieciocho y veinte de noviembre del dos mil trece, los abogados MOISES NAZAR VALLADARES y GUILLERMO ANTONIO VALLADARES.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veinte de enero del dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados MOISES NAZAR VALLADARES y GUILLERMO ANTONIO VALLADARES, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación de normas de derecho vigentes en el país que han debido ser empleadas en las dos instancias para la solución del fondo del asunto. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Se consideran infringidos por falta de aplicación por el juzgador en las dos instancias para la solución del fondo del asunto: 1).- El artículo 106, párrafo primero de la Constitución de la republica de Honduras; 2).-Los artículos: 1082, 1083, 1084, 1085 y 1086, parte vigente del Código de Procedimientos Civiles de 1906; 3).- Los artículos: 3 numerales lo, 2o, 3o y 4o y 4, de la ley de Expropiación Forzosa; 4). Los artículos: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 33, de la ley Constitutiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica; 5).- El artículo 8, numerales 3 y 4 de la ley General de la Administración Pública. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2, del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la Sentencia Recurrida, exceptuando la parte que exime del pago de costas a la parte Demandante.- CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN CON LA SUFICIENTE SEPARACIÓN Y CLARIDAD: 1).- Que se Case la Sentencia impugnada por falta de aplicación del Artículo 106, párrafo primero de la Constitución de la república de Honduras que establece: Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o intereses público calificados por la ley o por resolución fundada en ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada .Lo antes expuesto fue invocado en las dos instancias como una normativa Constitucional que garantiza el respeto irrestricto a la propiedad privada, el artículo en mención declara llanamente que nadie puede ser privado de su propiedad sino por necesidad o interés público, esa es la única causa, pero el legislador Hondureño estableció un solo requisito que medie previa indemnización justipreciada; ¿Me pregunto cuál debió ser el requisito entonces para que a mis mandantes les indemnizara en su momento la ENEE, por la privación de su propiedad?, por lógica simple la exhibición del documento debidamente registrado que les acredito como dueños de su propiedad privada expropiada, así ocurrió en el procedimiento administrativo y en el judicial, (documento que consta en la pieza principal como medio de prueba documental); De modo que la interpretación del artículo 106, de la Constitución de la república no debería ofrecer dudas en ese sentido, pero el fallador en sus respectivas instancias no le reconoció su sentido exacto a la norma jurídica aquí citada, aun cuando consta plenamente acreditado en autos de la primera pieza del juicio que la parte demandada privó de su propiedad a mis Representados, sin indemnización, sin justiprecio de la tierra expropiada, sin declaración de interés público calificado por ley o resolución fundada en ley, esto último consecuencia de no haber incluido en el acuerdo de expropiación para imposición de servidumbre de electroducto número 718-2002, de fecha 9 de julio del 2002, la propiedad de mis mandantes el terreno denominado mitad de la hacienda Guacerique, como parte de los bienes inmuebles a ser expropiados por la ENEE, para el proyecto de servidumbre de electroducto de 230 KVA., al final la privación de la propiedad de los demandantes por la ENEE, no cumplió el requisito legal para ser calificada de necesidad o interés público real, por el uso dado a la privación irregular de esa propiedad, concesionada sin el debido saneamiento de la servidumbre para la explotación y servicio de una empresa con fines lucrativos; Esta última traslada energía térmica que produce por sus cables y torres desde hace once años más o menos, para ello ocupando irregularmente el terreno de los demandantes sin pagar alquiler alguno, para finalmente venderla a la misma ENEE; Por tanto resulta claro que los Juzgadores de Primera y Segunda Instancia debieron aplicar este articulo Constitucional al momento de sentenciar el fondo del asunto, en consecuencia de esa falta de aplicación de la norma jurídica para dictar sus Sentencias, estas no están apegadas a derecho y producen infracción directa a ley Constitucional; 2).- Que se Case la Sentencia impugnada por falta de aplicación al caso concreto de los artículos: 1082, 1083, 1084, 1085 y 1086, parte vigente del Código de Procedimientos Civiles de 1906; En este código de Procedimientos de 1906, aún existen normas jurídicas en plena vigencia, no fueron derogadas por el código Procesal Civil, por tanto estas debieron ser aplicadas al momento de dictar Sentencias el Juzgador en su respectivas instancias para la solución del fondo del juicio promovido por mis Poderdantes contra la ENEE; Por ende clara resulto la falta de aplicación de lo dispuesto en los artículos siguientes: 1082 del cuerpo de leyes precitado que a la letra dice: Autorizada la expropiación en la forma legal, el Juez de letras dentro de cuya jurisdicción se encontraren los bienes que han de expropiarse, a solicitud escrita del que pida la expropiación, citara a este y al propietario a un comparendo, con el fin de nombrar peritos que hagan el justiprecio de los bienes; 1083 del mismo cuerpo de leyes precitado que a la letra dice: El comparendo tendrá lugar aun cuando solo concurra el que pide la expropiación. Cada parte nombrara un perito, y de común acuerdo al que debo hacer las veces de tercero en discordia. No habiendo acuerdo para este nombramiento, lo hará el Juez, al cual corresponderá también designar perito a nombre del propietario de los bienes, si este no concurriere al comparendo; 1084 del cuerpo de leyes precitado que a la letra dice: Reunidos los peritos y el tercero en el día y hora que designe el tribunal, bajo una multa de (L. 10.00) diez lempiras en caso de inasistencia, harán un avaluó circunstanciado de los bienes que se trata de expropiar y de los daños y perjuicios que con la expropiación se causaren al propietario. No se tomara en cuenta para este avaluó el mayor valor que pudieran obtener los bienes expropiados a consecuencia de las obras a que estuviere destinada la expropiación. 1085, del cuerpo de leyes precitado que a la letra dice: Si la estimación de los dos (2) peritos fuere idéntica, o si lo fuere la de uno de los peritos y la del tercero, se aceptara como valor de los bienes el que establecieren las dos (2) avaluaciones conformes. No existiendo esta conformidad se tendrá como valor de los bienes el tercio (1/3) de la suma de las tres operaciones; pero si entre ellas hubiere notable c4ferencia, podrá el tribunal modificar prudencialmente ese valor. 1086, del cuerpo de leyes precitado que a la letra dice: Declarado por el Tribunal el valor de los bienes y perjuicios, con arreglo al artículo anterior, se mandara publicar esta declaración por medio de avisos que se insertaran a lo menos (5) cinco veces en un periódico del departamento, si lo hubiere, o en la Gaceta Oficial, en caso contrario y por medio de carteles fijados durante quince (15) días en la puerta del Tribunal, a fin de que los terceros a que se refieren los artículos 1089 y 1090 puedan solicitar las medidas precautorias que en dichos artículos se mencionan. Vencido este plazo, y no habiendo oposición de terceros, el Tribunal ordenara que el precio de la expropiación se entregue al propietario, o si estuviere el ausente del departamento o se negare a recibir, que se consigne dicho valor en un establecimiento de crédito o en persona de responsabilidad. Verificado el pago de la consignación, se mandara poner inmediatamente al interesado en posesión de los bienes expropiados, si fueren muebles, y si fueren raíces se ordenara el otorgamiento dentro del segundo (2) día de la respectiva escritura, la cual será firmada por el Juez a nombre del vendedor, si este se negare a hacerlo o estuviere ausente del departamento. Los artículos anteriores son de ley secundaria contentiva de procedimientos judiciales, en ella el legislador Hondureño legislo para crear una ley contentiva de procedimientos entre otros uno para la expropiación de propiedad privada, estas normas jurídicas vienen a reglamentar con procedimiento la garantía Constitucional expresada en el artículo 106 de la Constitución de la república; Procedimiento que inicia con la obtención de una autorización legal para la expropiación, luego la citación al propietario a un comparendo para el nombramiento de peritos con la finalidad de establecer un justiprecio de lo expropiado, continua con la declaratoria judicial del valor de los bienes y perjuicios de la expropiación, con su respectiva publicación para efectos legales, ordenando finalmente el pago de la expropiación para el propietario de la tierra expropiada y será hasta ese momento que se pondrá en posesión de lo expropiado al interesado, ordenando se libre la correspondiente escritura; Consta en autos en la pieza principal del juicio 109-2009, que la ENEE, no siguió este procedimiento para expropiarles su propiedad privada a mis Representados, no los cito previamente para hacer el nombramiento de peritos y justipreciar lo expropiado, no hizo declaratoria judicial ni su publicación, no hubo pago de lo expropiado, el único procedimiento aplicado por la ENEE, para la privación de la propiedad de los demandantes fue tomar posesión irregularmente en parte del terreno y ponerla al servicio sin sanear la servidumbre par una empresa privada, la que fue concesionada con el proyecto de electroducto de 230 KVA.; al no seguir la parte demandada este procedimiento y ser del pleno conocimiento del Juzgador en sus instancias respectivas que esta no lo siguió lo cual fue plenamente acreditado en autos, este Juzgador reviso mal el acto administrativo del demandado porque resulta clara la falta de aplicación de los artículos aquí citados al momento de dictar sus sentencias, produciendo estas Infracción directa de ley sustantiva Nacional, como son las normas de Procedimiento para expropiar propiedad privada, contempladas en el código de Procedimientos Comunes del año 1096, en los artículos antes mencionados, por tanto esas sentencias no están apegadas a derecho. 3).-También se consideran infringidos por falta de aplicación al caso concreto los artículos: 1, 3 numerales lo, 2o, 3o y 4o y 4 de la ley de Expropiación Forzosa que destaco literalmente: Artículo 1: La expropiación Forzosa por causa de utilidad y necesidad púb1ica, que autoriza el artículo 67 (hoy artículo 106), de la Constitución Política, no podrá llevarse a efecto respecto a la propiedad inmueble, sino con arreglo a las prestaciones de la presente ley. Artículo 3: No podrá tener efecto la expropiación a que se refiere el artículo, sin que precedan los requisitos siguientes; 1°.- Declaración de necesidad y utilidad pública de obra; 2o.- Declaración de que su ejecución exige indispensablemente el todo o parte del inmueble que se pretende expropiar 3o.- Justiprecio de lo que se haya de enajenar o ceder; y; 4o. - Pago efectivo el precio que representa la indemnización de Jo que forzosamente se enajena o cede. Artículo 4: Todo el que sea privado de su propiedad sin que se hayan llenado los requisitos expresados en el artículo anterior, podrá utilizar los interdictos de retener y recobrar, para que los Jueces amparen y en su caso se reintegren en la posesión al indebidamente expropiado; sin perjuicio del Recurso de amparo que autoriza el artículo 29 de la Constitución, cuando sea procedente. Independiente de las normas de Procedimiento Judicial para expropiar propiedad privada establecidas en el Código de Procedimientos Comunes del año 1906, el Legislador Hondureño crea una ley especial que regula únicamente el tema de la expropiación de propiedad privada y reglamenta a su vez dotando de un procedimiento de privación de propiedad privada al artículo 106, de la Constitución de la república, esta vez con la ley General de Expropiación Forzosa, esta contiene derecho positivo de la República de Honduras, sus artículos 1, 3 numerales 1, 2, 3 y 4 y 4, son de bastante claridad, en ellos se señala un procedimiento sencillo para que el Estado de Honduras a través de cualquiera de sus Instituciones, en este caso concreto la ENEE, pueda expropiar propiedad privada en manos de particulares y es de aplicación obligatoria para el Juzgador que revisa los actos de la administración pública mediante juicio promovido por la parte que se considere afectada en virtud de un acto emitido no conforme a derecho e infrinjan cualquier ordenamiento jurídico del país; esta Infracción de manera puntual se produce por no aplicar el Juzgador Contencioso Administrativo la ley de Expropiación Forzosa, al momento de juzgar el fondo del asunto, siendo que estaba plenamente acreditado en autos en el juicio que la parte demandada expropio propiedad privada de los Demandantes, sin hacer Declaración de necesidad y utilidad pública de obra; Omitiendo la Declaración de que su ejecución exige indispensablemente el todo o parte del inmueble que se pretende expropiar, no se hace el nombramiento de Peritos para el Justiprecio de lo que se haya de enajenar o ceder; y desde hace más de once años que la parte demandada evade el pago efectivo del precio que representa la indemnización de lo que forzosamente se le confiscó a mis mandantes mediando abuso de Poder. Por su parte el Juzgador de primera y segunda instancia no reconoció las norma jurídicas aquí citadas, no amparo ni reintegro a mis Mandantes indebidamente expropiados de su propiedad, aun cuando fueron invocadas en y durante el juicio Contencioso Administrativo en las dos Instancias judiciales las normas jurídicas precitadas y es por eso que la Sentencia está en franca contradicción con la ley de Expropiación Forzosa, por esa razón, las Sentencias no están apegadas a Derecho y es innegable que el Juzgador negó su aplicación debiendo haberla aplicado. 4).- Que se Case la Sentencia impugnada ahora por falta de aplicación al caso concreto promovido por mis mandantes lo dispuesto en los artículos: 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29 y 33 de la propia ley especial Constitutiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que destaco literalmente: artículo 23: Las servidumbres a que se refiere el artículo anterior son las siguientes: a) De acueducto y de obras hidroeléctricas; b) De electroducto, para establecer líneas de transmisión y distribución; c) De líneas telefónicas, telegráficas y de cable carril; d) De instalaciones de radio y televisión; e) De paso, para construir senderos, trochas, caminos ferrovial; y f) De tránsito, para la custodia, conservación y reparación de las obras e instalaciones. Articulo 24.- Al tener la Empresa necesidad de que se imponga una o varias servidumbres contempladas en esta ley, se presentara ante el Ministerio de omento e indicara la naturaleza de la servidumbre o servidumbres, precisara su ubicación y detallara el área del terreno, el nombre del propietario o propietarios del predio sirviente, las construcciones que debe efectuar y acompañara los correspondientes planos y memorias descriptivos. Artículo 25: Corresponde al Ministerio de Fomento imponer las servidumbres solicitadas por la Empresa oyendo previamente al propietario del predio sirviente si aquellas deben gravar la propiedad privada. Cuando la servidumbre a de efectuar inmuebles que pertenezcan al Estado, municipalidades y corporaciones públicas, el Ministerio pedirá previamente informe a la respectiva entidad. Al imponer la servidumbre, el Ministerio señalara las medidas que deben adoptarse para evitar los peligros e inconvenientes inherentes al funcionamiento de las instalaciones comprendidas en aquella. Artícuío 26: El dueño del predio podrá oponerse a la imposición de las servidumbres en los siguientes casos: I) Si las servidumbres pueden establecerse sobre terreno público con una variación del trazado que no exceda del 10 % de longitud; y II)Si las servidumbres pueden establecerse sobre otro lugar del mismo predio, o obre otro u otros predios, en forma menos gravosa o peligrosa para el propietario, siempre que la empresa pueda realizar las obras e instalaciones correspondientes en las mismas condiciones técnicas y económicas. Artículo 27: La oposición del interesado se sustanciara de acuerdo con el procedimiento ordinario señalado en el Código de Procedimientos Administrativos. Artículo 28: Al establecerse la servidumbre, la Empresa es responsable de los daños que cause en el predio sirviente. Artículo 29: Si al constituirse una servidumbre, quedare terreno inutilizado para su natural aprovechamiento, la indemnización deberá extenderse a ese terreno. Artículo 33: Fijado el monto de las compensaciones e indemnizaciones en la forma establecida en el artículo 31, el Ministerio de Fomento ordenara que la empresa abone dentro del término de 30 días, la suma correspondiente al propietario del predio sirviente. La falta de pago dejara sin efecto la constitución de la servidumbre. Los dos estamentos jurídicos descritos ampliamente en los numerales 2 y 3, contienen normas jurídicas para la privación de propiedad privada en Honduras, fueron creadas para reglamentar por falta de un procedimiento Constitucional la garantía que brinda el artículo 106 de la Constitución de la República, a mis representados; Estas leyes son el Código de Procedimientos Comunes del 1906, y la ley de Expropiación Forzosa, ambas vigentes, derecho positivo, mismas que no tienen ningún valor para la parte demandada, ni para los juzgadores en las dos instancias inferiores, aseguro lo antes dicho por las Sentencias Dictadas por ellos; Esta vez el Legislador Hondureño con su espíritu de preservar la propiedad privada corno derecho humano, introduce un procedimiento para la expropiación de propiedad privada, esta vez para la imposición de servidumbres en la propia ley constitutiva de la Empresa nacional de energía Eléctrica, en los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 33; Estos artículos aquí citados son de ley sustantiva nacional, también como los citados en los acápites anteriores son bastante claros, tanto para el Juzgador como para la parte demandada; En consecuencia considero si se respeta las leyes antes de aplicar actos de la administración Publica, se devenían tanto la parte demanda observar su propia ley, como para el Juzgador aplicarlos sin reservas ya que es una ley de la república y además cuando quiere la ENEE, la aplica en lo referente a las servidumbres de electroducto que impone a los particulares dueños de propiedad privada y es un estamento jurídico útil que fija un procedimiento sencillo a seguir dentro del marco legal para la ENEE; Esta Infracción legal de manera puntual se produce por la falta de aplicación del Juzgador al sentenciar el fondo del asunto lo dispuesto en el artículo 24 del citado cuerpo legal, ya que consta acreditado en autos en la primera pieza que la parte demandada privo de la propiedad a los demandantes y les impuso servidumbre de electroducto sin precisar la ubicación, el detalle del área de terreno expropiado y omitiendo el nombre del propietario o propietarios del predio sirviente en el acuerdo de expropiación para imposición de servidumbre de electroducto número 718-2002, de fecha 9 de julio del 2002, (se encuentra en la primera pieza del juicio); Por consecuencia el juzgador no aplica al juzgar el fondo del asunto el artículo 25 del citado cuerpo legal, virtud que mis mandantes como dueños del predio sirviente no fueron oídos previamente para que se enteraran que su propiedad privada iba a ser gravada; El juzgador no aplica al juzgar el fondo del asunto los artículos 26 y 27 del citado cuerpo legal, en vista de que la parte demandada no le da la oportunidad a los Demandantes como un derecho legal a oponerse a la imposición de la servidumbre instalada en su propiedad; El juzgador no aplica al juzgar el fondo del asunto el artículo 28 del citado cuerpo legal, porque la ENEE, estableció su servidumbre de electroducto y no se hizo responsable por los daños acreditados en juicio y provocados al terreno de los Demandantes; El juzgador no aplica al juzgar el fondo del asunto el artículo 29 del citado cuerpo legal, ya que fue acreditado en juicio que la parte Demandada inutilizo tierra de los Demandantes para su natural aprovechamiento y ni siquiera indemnizo la servidumbre, mucho menos el terreno inutilizado por esta última; El juzgador no aplica al juzgar el fondo del asunto el artículo 33 del citado cuerpo legal, ya que la parte Demandada contesta y litiga en la demanda promovida por los demandantes oponiéndose a ella, con argumentos raros y no se allana a la misma, sin tener en cuenta que como termino tenía 30 días, para abonar la suma como indemnización al dueño del predio sirviente los Demandantes, y han transcurrido 10 años aproximadamente que su servidumbre por falta de pago quedo sin efecto legal; Es decir es caduca. 5).- También se considera infringido por falta de aplicación del Juzgador al caso concreto el artículo: 8 numerales 3 y 4 de la ley General de la Administración Pública, que a la letra dice: Los órganos y entidades de la administración pública, no podrán: 1………………… 2. reconocer, declarar o limitar derechos de los particulares si no atribuidas por ley tales potestades; Y 3. Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la Republica. Es indudable que el Juzgador Contencioso Administrativo, al revisar el acto administrativo ejecutado por la ENEE, le reconoció a la parte demandada su argumento que no paga la privación de propiedad a mis Representados porque no sabe a quién pagarle en virtud de que la propiedad esta pro indivisa, por tanto el Juzgador Aquem limito derechos a mis mandantes sin estar atribuidas específicamente a una ley de la Republica; También es indudable y consta en autos que la parte demandada ejecuto acto administrativo que disminuyo, restringió o tergiverso derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la Republica a los demandantes contenidas en el artículo 106, de la Constitución de la república en el sentido que Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o intereses público calificados por la ley o por resolución fundada en ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada y el juzgador al momento de dictar su sentencia no aplico el artículo en mención, por ende su sentencia no está apegada a derecho e infringe el ordenamiento jurídico antes precitado haciendo más gravosa la privación de parte de la propiedad de los Demandantes. Validando un acto administrativo de la ENEE, que a las claras resulta inconstitucional e infringe cualquier ordenamiento jurídico, tal como lo dispone la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para anular un acto de la administración pública. Me sirve de fundamentación jurídica el artículo 80 de la Constitución de la republica de Honduras; 716, 717, 718, 719, 720, 721,722, 723 y demás aplicables del Código Procesal Civil. Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) señala el Recurrente entre otros falta de aplicación del articulo 106 de la Constitución de la República, sin embargo el ad-quem ha hecho suyo todos los fundamentos de la sentencia de primera instancia las cuales ha aplicado y citado el artículo señalado como infringido no existiendo desconocimiento del mismo por parte del juzgador de instancia; b) en el desarrollo del motivo se indican como infringido los artículos 8 numerales 3 y 4 de la ley General de la Administración Pública disposiciones que no fueron señaladas como violadas en la formulación del cargo.”.- II.- Que el cargo resulta inadmisible puesto que carece de claridad y precisión al incluir varias situaciones jurídicas en un solo motivo, que aunque tengan de común la falta de aplicación de las normas señaladas como violadas, las mismas tienen referencia a distintas cuestiones normativas, por lo que era necesario presentarlas en cargos separados; además, se realizan en su desarrollo alegatos de instancia.- III. Que al respecto del planteamiento del cargo en casación, conviene recordar que el cargo es el ataque que se hace a un fallo por violar normas legales precisas; un cargo en esencia es responsabilizar de algo a alguien. Cada cargo es independiente uno del otro es decir, tiene una existencia e individualidad sui géneris o propia y por consiguente hay que estructurarlo íntegrante con todos sus alcances y sin reenvíos. Con este requisito se evita que se creen confusiones o supuestos y en estas condiciones, conociendo las reglas del juego, hay una verdadera lealtal procesal. Si bien en la demanda de casación pueden estructurarse uno o varios cargos, cada uno de ellos tiene que referirse a un concepto único de violación de la ley, no pueden acumularse en uno solo diversos conceptos de violación, salvo cuando se trata de violación consecuencial.- IV. Adicionalmente a la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, se le señala al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal de Casación las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes a la violación planteada.- V.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil quince; certificación del auto de fecha tres de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 739-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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