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Sentencia CA-734-13 — Registro 4412

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por los demandantes por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que el acto impugnado es nulo de pleno derecho por estar dictado por un órgano absolutamente incompetente, ya que el Secretario de Estado que firmó el acuerdo secretarial no tenia la competencia para suscribir el mismo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior cargo resulta inadmisible en vista que la Impetrante en la explicación del motivo, hace extensos alegatos de instancia y relaciona el material probatorio cuando en esta instancia por mandato expreso del artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil le esta vedado hacerlo según la técnica casacional. En consecuencia no procede su admisión.- .- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En adición, se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de abril de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente al segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA; y, el Recurrido: señores CLAUDIA ALICIA PAVON FLORES, MELVIN HUMBERTO BARDALES Y OTROS, representados en juicio por el abogado CARONTE ROJAS ZAVALA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo y su suspensión mas costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, por los señores CLAUDIA ALICIA PAVON FLORES, MELVIN HUMBERTO BARDALES HERNANDEZ, ERICK JOEL CASTRO CONTRERAS Y OTROS, todos mayores de edad, solteros, Estudiantes de Medicina, hondureños y de este domicilio, en fecha seis de octubre del dos mil ocho, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despachos de Salud, representado en juicio por la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción que el día seis de agosto del dos mil ocho, el Doctor CARLOS AGUILAR PINEDA, en su condición de Secretario de Estado en el Despacho de Salud suscribió con el Rector de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” un convenio marco entre ambas instituciones, mediante acuerdo número 1754 de fecha siete de agosto del dos mil ocho; la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio de cooperación, siendo publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha veintiuno de agosto del dos mil ocho; en dicho convenio se establece en su cláusula segunda literal a), como compromisos de la Secretaria facilitar a la UNICAH, las instalaciones, equipos y áreas de preparación de recurso humano de una serie de hospitales públicos propiedad del Estado de Honduras, siendo una simulación nada más tal como lo nombra la Procuraduría General de la República en el dictamen emitido, ya que de la concesión o transferencia de bienes del Estado a favor de un particular, ya que la UNICAH estaban obligados a construir sus propias instalaciones para abrir la facultad de medicina y al no hacerlo se han querido apropiar de las instalaciones públicas sin seguir procedimientos legales como lo demostraremos en el presente juicio, en cuanto a la facilitación se establece en la práctica una transferencia de terrenos de las instalaciones públicas a favor de la Universidad Católica, quien ha construido dentro de los hospitales públicos instalaciones físicas cercadas y con vigilancia privada para uso exclusivo de sus alumnos, constituyendo desviación de poder de conformidad a lo establecido en el articulo 33 párrafo tercero de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo nulo el convenio de cooperación en virtud de no ser sido aprobado por el Congreso Nacional tal como lo establece el articulo 205 de la Constitución de la República, a conllevar concesiones fiscales y al prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno, teniendo privilegios para los alumnos de tal universidad, restringiendo el acceso a los estudiantes de las universidades públicas, en una clara discriminación lesiva a la dignidad humana, violando el principio constitucional contenido en los artículos 60 y 68 de la Carta Magna.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despachos de Salud, solicitó al Tribunal se le concediera suspensión del juicio por un mes, amparado en el articulo 24 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, declarándose en rebeldía en virtud de transcurrir el mes solicitado y no haber contestado.- 3.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintinueve de septiembre del dos mil once, dictó sentencia definitiva en la cual se declaró procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acuerdo secretarial número 1754 de fecha siete de agosto de dos mil ocho, en consecuencia se anula totalmente, en cuanto a los daños y perjuicios solicitados por la parte demandante se declaran sin lugar en vista de no haber sido acreditados en juicio y sin costas; bajo el criterio que se probó la infracción al ordenamiento jurídico aplicable, por lo cual al emitir el convenio impugnado se probó el exceso de poder con su suscripción, viciando de nulidad el acto administrativo impugnado.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional, en fecha veinticinco de abril del dos mil trece, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la sentencia proferida por el a-quo, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto y sin costas; bajo el criterio que el acto impugnado es nulo de pleno derecho por estar dictado por un órgano absolutamente incompetente, ya que el Secretario de Estado que firmó el acuerdo secretarial no tenia la competencia para suscribir el mismo, motivo por el cual está viciado de nulidad.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, en fecha veinticinco de julio del dos mil trece, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de abril del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.108-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 277-2008, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha treinta de julio del dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, señores CLAUDIA ALICIA PAVON FLORES Y OTROS, representados en juicio por el abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, presentó en fecha once de noviembre del dos mil trece escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha trece de noviembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante ese alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha quince de noviembre del dos mil trece, a los abogados KARLA PATRICIA MENOZA ARTICA y CARONTE ROJAS ZAVALA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto auto en fecha veinte de enero de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados CARONTE ROJAS ZAVALA y KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil trece (2013), por interpretación errónea del Articulo 321 de la Constitución de la República en relación con el Artículo 67 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo en el contenido de la sentencia. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil trece (2013), en lo que se refiere a los ordinales Primero y Segundo del fallo en los que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación promovido por el Representante Legal del Estado, y Confirma la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dejándose subsistente la declaración que exime de las costas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio tiene lugar cuando al caso concreto se le aplica una norma jurídica basándose en una interpretación equivocada. La demanda promovida por CLAUDIA ALICIA PAVON FLORES, y otros en contra del Estado de Honduras a través de la Procuradora General de la República de ese entonces, tiene su génesis en la impugnación del Acuerdo No, 1754 de fecha 8 de agosto de 2008 por medio del cual se acuerda la aprobación del Convenio Marco de Cooperación entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) basado en la disposición constitucional que confiere a la Secretaría de Salud las facultades de promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, mediante la política nacional de salud, normalización planificación, coordinación y descentralización administrativa. Los demandantes ante el Juzgado de primera instancia pretenden la declaración de no ser conforme a derecho y anulación de un acto administrativo de carácter general, consistente en el Acuerdo de Aprobación del Convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Salud y la Universidad Católica de Honduras (UNICAH). Con fecha veintinueve de septiembre de 2011 el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia definitiva declarando: “Primero: Declarar procedente la acción promovida por Claudia Alicia Pavón Flores, Melvin Humberto Bardales Hernández, Erick Joel Castro Contreras, Ángel Alberto Cruz Vásquez, Sandra María Padilla Castellón, y Oscar Alberto Guzmán Díaz, representados enjuicio por el Abogado Caronte Rojas Zavala por no ajustarse a derecho el Acuerdo Secretarial número 1754 de fecha 7 de agosto de 2008, de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Pública, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 31,69] de fecha 21 de agosto de 2008 por medio del cual se acuerda aprobar en todas y cada una de sus partes el convenio de cooperación: Convenio Marco de Cooperación entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), en consecuencia se anula totalmente. Segundo: Que en cuanto a los daños y perjuicios solicitados por la parte demandante los mismos se declaran sin lugar en vista que no fueron acreditados enjuicio.” Esta sentencia fue recurrida, por el ESTADO DE HONDURAS y en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013) la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia así: “FALLA: Primero: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada Teresa de Jesús Cabrera López, apoderada legal sustituta del Estado de Hondura; Segundo: CONFIRMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de fecha veintinueve de septiembre del dos mil once, y que corre agregada a folios números ciento veinticuatro frente (124 f) al ciento veintiséis vuelto (126 y) inclusive de la primera pieza de autos.” La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo recurrida motivó su sentencia, entre otros, en los siguientes razonamientos: “ Considerando (4): Que la Constitución de la República, la Ley General de la Administración Pública, y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, señalan la Competencia y Facultades que tienen los Secretarios de Estado para resolver asuntos de su competencia, y en estos cuerpos legales aquí descritos en ninguno de ellos se faculta o autoriza a los Secretarios de Estado a suscribir Convenios como el que generó el objeto del debate. Considerando (5): Que es evidente que nos encontramos ante un acto administrativo nulo de pleno derecho por estar dictado por un órgano absolutamente incompetente, esto porque el Secretario de Estado que firmó el Acuerdo Secretarial impugnado no tenía competencia para suscribir el mismo, motivo por el cual al estar viciado de nulidad absoluta dicho acto administrativo, la nulidad del mismo decretada por el A quo es totalmente correcta,” Existe una interpretación equivocada del artículo 321 de la Constitución de la Republica en lo que refiere a que todo acto fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.- El Convenio de Cooperación suscrito por la Secretaría de Salud y la UNICAH no se puede decir que está viciado de nulidad pues se hizo para documentar una cooperación de una Universidad Privada con la Salud Pública que no implicaba erogación o costo alguno para el Estado, de allí que las sentencias recurridas tampoco establecieron daños o perjuicios causados ni a los estudiantes de la UNAH en su condición de demandantes ni al erario público, pues dicho convenio de ninguna manera perjudica al Estado, comprometiéndose únicamente este a través de la Secretaria de Salud a “facilitar” las instalaciones, equipo y áreas de preparación del recurso humano de los diferentes Hospitales Estatales a los estudiantes de UNICAH. La suscripción del Convenio en cuestión era la forma de documentar como ya se dijo una “política” estatal para que a través del proceso de enseñanza- aprendizaje se aprovechara la participación del recurso humano estudiantil y docente de la Universidad privada UNICAH en la prestación de los servicios públicos de salud a favor de la población, teniendo como objetivo primordial un interés público por parte del Estado como estrategia dentro del Plan Nacional de Salud y por parte de la TJNICAH una oportunidad única para el aprendizaje de los estudiantes. Cuando el Juzgado resolvió la controversia falló a favor de los estudiantes de medicina de la UNAH declarando la demanda ordinaria para la anulación de un acto de carácter general consistente en el Acuerdo de Aprobación de Convenio Marco de Cooperación entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) en contra del ESTADO DE HONDURAS, y en la motivación del fallo relaciona el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo en relación con el Articulo 321 de la Constitución de la República que establece el límite de las facultades de los servidores del Estado, señalando que son las expresamente le confiera la ley, sin embargo se establece que todo acto ejecutado fuera de le ley es nulo e implica responsabilidad, en este sentido el convenio objeto de impugnación no implica responsabilidad por parte del Secretario de Estado en el Despacho de Salud pues con la suscripción de dicho convenio no se ha perjudicado al Estado, simplemente la suscripción del convenio obedece a una forma de ejecución de una política de estado a fin de mejorar los servicios de salud. Está visto que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo hizo una interpretación equivocada de la disposición constitucional señalada, pues dichos entes jurisdiccionales han interpretado que los Secretarios de Estado jamás podrán suscribir convenios de cooperación, evidentemente éstos no perjudican al Estado todo lo contrario se suscriben en atención de un interés público, como los convenios de cooperación con PMA, PNUD, SAVE DE CHILDREN, FUNDACIONES, EMBAJADAS ETC, y en el caso concreto que nos ocupa el mismo era a favor de los pacientes de los Hospitales Públicos que son actualmente atendidos por los estudiantes de la UNICAH exclusivamente, cuando los estudiantes de la UNAH están en paro de labores. La sentencia recurrida, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta misma sección judicial, en cuanto a la interpretación equivocada del artículo 67 del Reglamento de organización, funcionamiento y competencias del Poder Ejecutivo, y que dicha Corte señala este Reglamento como fundamento de su fallo, omitiendo su aplicación al caso concreto pues en dicho artículo no se establece de forma clara la manera en que se echaran a andar los planes o las políticas estatales en el ramo de la salud, de forma tal que según la Honorable Corte los Secretarios de Estado jamás podrían suscribir convenios de cooperación aunque favorezcan al Estado, y no impliquen erogaciones económicas o compromisos de índole político, etc., pues el Reglamento de organización, funcionamiento y competencias del Poder Ejecutivo no dispone de forma literal o taxativa que puedan dentro de las políticas o estrategias firmar documento alguno, para documentar una cooperación a favor del Estado. Y resulta bajo este razonamiento la motivación fáctica de la sentencia recurrida de forma equivocada puesto que el artículo 67 del Reglamento de organización, funcionamiento y competencias del Poder Ejecutivo es aplicable en el presente caso, pues las políticas de estado pueden documentarse aunque expresamente no lo diga la ley, aunque la documentación de una política no necesariamente implicaría un acto nulo que derive en responsabilidad para el suscriptor. De acuerdo con el régimen jurídico que regula las actuaciones de los servidores públicos, llámese a éstos funcionarios o empleados públicos, establecida en el párrafo primero del Articulo 321 de la Constitución de la República, estos solo pueden hacer lo que estrictamente les está permitido por ellas, y no pueden bajo ningún pretexto improvisar funciones ajenas a su competencia al margen que estos puedan resultar en beneficio para los habitantes de la República en general. En este sentido el Juzgador pretende desconocer el Reglamento de Organización, funciones y competencias del Poder Ejecutivo que habilita a los Secretarios de Estado para sus funciones y competencias y como dicho reglamento no dice la frase suscripción de convenios entonces presupone que existe una desviación o exceso de poder, lo cual resulta ser una interpretación equivocada. Ante dicho fallo lo lógico era que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo admitiera el Recurso de Apelación y revocándose dicha sentencia para ser consecuente con el ordenamiento jurídico, pero al confirmar la sentencia e interpretar en forma errónea la norma jurídica al caso concreto, es decir el articulo 321 párrafo primero de la Constitución de la Republica en relación con el 67 del Reglamento de organización, funcionamiento y competencias del poder ejecutivo, hace que sea imperativo que se case la sentencia por este motivo”.- II.- Que el anterior cargo resulta inadmisible en vista que la Impetrante en la explicación del motivo, hace extensos alegatos de instancia y relaciona el material probatorio cuando en esta instancia por mandato expreso del artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil le esta vedado hacerlo según la técnica casacional. En consecuencia no procede su admisión.- III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En adición, se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de mayo del dos mil quince; certificación del auto de fecha trece de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 734-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL