Sentencia CA-718-13 — Registro 17911
Resumen
En primer instancia se declara improcedente la acción promovida por la sociedad Banco Continental S.A., en virtud de ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en la resolución emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) formula alegatos de instancia.,."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.-.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) formula alegatos de instancia, por las razones expuestas no es procedente su admisión.-.."
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de abril de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: la Sociedad Mercantil denominada BANCO CONTINENTAL S.A., representada en juicio por la abogada CLARIBEL MEDINA; y Recurrida: la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (C.N.B.S.), representada en juicio por la abogada TELMA BURGOS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de un acto administrativo, que se declare la ilegalidad y nulidad del mismo por infracción del ordenamiento jurídico y por exceso de poder, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se deje sin valor ni efecto una multa indebidamente impuesta y se ordene su devolución, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de abril de dos mil diez, por la abogada CLARIBEL MEDINA, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO CONTINENTAL S.A., contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (C.N.B.S.).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros basa la resolución impugnada en el supuesto hecho de que el Banco Continental otorgó un crédito a la empresa Corporación Dinant, S.A. en exceso del 20% del capital y reservas de la institución, lastimosamente, la resolución impugnada no es tan amplia en el sentido de dejar claramente establecido en que se basa la Comisión para señalar que en el otorgamiento de ese crédito Banco Continental se excedió de los límites establecidos por la ley, por lo que se desconoce qué valores tomó en consideración la Comisión para determinar que había un exceso, pues de acuerdo a los números que refleja la institución bancaria, no existe tal exceso; que arbitrariamente la Comisión al calcular el patrimonio de Banco Continental no toma en cuenta las inversiones que éste tiene en Banco de Occidente, S.A., lo cual es absolutamente incorrecto pues de acuerdo a los principios de contabilidad reconocidos en las normas internacionales contables, no puede deducirse del patrimonio de un banco las inversiones de éste tenga en otro banco, ya que es una inversión convertible en dinero como cualquier otra, tomando en cuenta tal inversión, como es lo correcto, Banco Continental, S.A. no se ha excedido en el otorgamiento del crédito a la empresa Corporación Dinant, S.A.; que al momento de otorgarse el préstamo a Corporación Dinant, S.A. el patrimonio de Banco Continental era suficiente, posteriormente se recibió el informe de la visita en base a los estados financieros al 31 de julio de 2007 y al hacer los ajustes requeridos se reduce el patrimonio, sin embargo, considerando la propuesta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de incluir como recursos computables de las instituciones del sistema financiero los dividendos efectivamente percibidos por estas, bien sea en numerario o en acciones emitidas por las sociedades participantes, no se ha incumplido lo establecido en el artículo 48 numeral 9) de la Ley del Sistema Financiero.- 2. La parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (C.N.B.S.), contestó dicha demanda señalando que el Banco Continental otorgó un crédito a la empresa Corporación Dinant S.A., en exceso del 20% de capital y reservas de dicha institución, de conformidad con las cifras de los recursos propios reportados por el mismo Banco ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, con cifras al 31 de octubre de 2007, de L.538,161,854.00 menos los ajustes de examen contenidos en la Resolución 724/26-06-2007 por L.26,673,144.00, resulta la cifra de L.511,488,709.00, el limite del 20% para el otorgamiento de créditos por parte de este Banco a sus grupos económicos es de L.102,297,741.00, en consecuencia al excederse en L.32,005,774.75, por el préstamo otorgado a Corporación Dinant, incumplió la normativa que regula el otorgamiento de facilidades crediticias a las empresas pertenecientes a un grupo económico; que dicho hecho no es un supuesto, como alude la actora en su demanda, por el contrario son cifras extraídas de documentos directamente proporcionados a esta entidad por parte de Banco Continental, S.A. sería absurdo el objeto de este debate si todas las cifras a las que hacemos referencias fueran producto de la imaginación, o mera suposición por ello las alegaciones de la actora son en todo sentido contrarias a la verdad, la justicia, el derecho y la prudencia bancaria; que la resolución No.1465/24-09-2009 dictada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, es conforme a derecho, pues se basa en los lineamientos establecidos en el Reglamento para las Operaciones de Crédito de las Instituciones Financieras con Grupos Económicos y en las Normas para la Adecuación del Capital de los Bancos, que son de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones financieras.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de octubre de dos mil doce, dictó sentencia declarando improcedente la acción promovida por la abogada Claribel Medina, en su condición de apoderada legal de la sociedad Banco Continental S.A., en virtud de ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en la resolución No.1465/24-09-2009 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, sin costas; bajo el criterio que vista y analizadas las pruebas propuestas y evacuadas en el presente juicio por las partes, las mismas dieron como resultado, que en el expediente administrativo que contiene las resoluciones impugnadas se desprende que el Banco Continental, S.A., reportaba al supervisor unas cifras relativas a su capital y reservas inferiores a los que internamente aplicaba en sus operaciones de crédito o préstamos, ya que erróneamente utilizó el capital y reservas según balance sin disminuir las inversiones en acciones de instituciones financieras y los ajustes de examen, lo cual es contrario a lo establecido en las Normas para la Adecuación de Capital de los Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamo y Sociedades Financieras, y el Reglamento para las Operaciones de Crédito de las Instituciones Financieras con Grupos Económicos; que con el medio de prueba documental se observó que las cifras reportadas a la Comisión por la parte actora, como recursos propios de Banco Continental al 31 de octubre de 2007 fue de L.511,488,709.00, y que nunca figuró en los reportes de la parte actora ante este ente regulador la cifra de L.792,423,383.10; en consecuencia el oficio, los descargos así como las resoluciones impugnadas se basan en los cálculos apegados a los datos reales que el Banco Continental, S.A. proporcionó con cifras al 31 de octubre de 2007; que la información patrimonial de los Bancos, es decir su capital y reservas (recursos propios para efectos del presente caso), es reportada de manera periódica y sistemática a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros como entidad supervisora (a través del reporte conocido como Adecuación de Capital); consecuentemente, la información que posee esta Entidad sobre el capital y reservas del Banco Continental, S.A., es la que el mismo Banco ha suministrado; que no cabe la posibilidad de que existan dos reportes distintos sobre Adecuación de Capital, consecuentemente si un supervisado utiliza una información distinta a la que ha reportado para efecto de conceder facilidades crediticias a uno de sus clientes, incurre en una falta financiera que de acuerdo al Artículo 94, numeral 3), Letra a) de la Ley del Sistema Financiero se sancionará hasta con la remoción de pleno derecho de los consejeros o directores responsables de dicha institución que confeccionen, aprueben o presenten a la Comisión balances o estados financieros con errores; que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los actos administrativos serán dictados por el órgano competente respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico y que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción al ordenamiento jurídico, incluso el exceso y desviación de poder, pero en el presente caso, de la lectura del expediente de mérito se desprende que no se ha infringido el procedimiento.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha nueve de mayo de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis del presente caso se concluye que la sentencia definitiva venida en apelación está dictada conforme a derecho, esto porque efectivamente consta en autos que al 31 de octubre del 2007 en el registro de estados financieros reportados por Banco Continental a la demandada, el valor reportado como recursos propios es de L.538,161,853.62, constando también que los préstamos otorgados a Corporación Dinant y que excedieron el máximo establecido en la Ley, fueron otorgados en fecha 18, 24 y 26 de octubre del 2007, es decir en el mismo mes del reporte de estados financieros señalado de la demandante a la demandada; que la apelante alega que cuando otorgó el préstamo relacionado los recursos propios eran superiores a los del 31 de octubre del 2007, con lo cual no se excedía a lo establecido legalmente; sin embargo, no consta en autos reporte de estados financieros de la demandante en el que hayan reportado como recursos propios una cantidad superior y que haya sido recibido por la demandada como institución reguladora, estando únicamente acreditado los recursos propios de la demandante al 31 de octubre del 2007, mes en que fueron otorgados los préstamos en virtud de los cuales se excedió del limite estipulado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada CLARIBEL MEDINA, presentó en fecha dieciocho de julio de dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha nueve de mayo de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.072-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 145-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha diecinueve de julio de dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogada TELMA BURGOS, presentó en fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinticuatro de octubre y uno de noviembre de dos mil trece, las abogadas CLARIBEL MEDINA y TELMA BURGOS, como parte recurrente y recurrida, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto auto en fecha quince de enero de dos mil catorce, teniendo por personadas a las abogadas CLARIBEL MEDINA, como recurrente y TELMA BURGOS, como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra b) del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, supone la nulidad o produce indefensión. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo. A continuación paso a detallar las normas jurídicas de orden nacional violadas en la sentencia del 9 de mayo de 2013: a) Artículo 13 del Código Procesal Civil que dispone: “El Juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido”. b) Artículo 245 numeral 1. del Código Procesal Civil, que expresa: “La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca”. c) El Artículo 280 del Código Procesal Civil al regular la fuerza probatoria de los documentos privados, imperativamente en su numeral 1. expresa que “los documentos privados harán prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudique. Se señala y puntualiza en qué consistió la violación de las normas invocadas, por parte de la Corte de Apelaciones: He citado las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación, especificando las que propiamente fueron violadas en la sentencia hoy impugnada ya que, reitero, los Artículos 13, 245 numeral 1. y 280 también numeral 1., todos del Código Procesal Civil, que le ordenaban a la Corte hoy recurrida, apreciar en todo lo que vale el medio probatorio documental propuesto por ambas partes y toral a los efectos de la litis, cual es los documentos de los créditos otorgados por Banco Continental a Corporación Dinant, que fueron otorgados como la misma Corte Sentenciadora lo reconoce en la sentencia en fechas 18, 24 y 26 de octubre de 2007. Corolario de lo anterior, arribo a la conclusión que además de las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, que son las que se deben tener en cuenta por el Juzgador al momento de dictar sentencia, existen pruebas tasadas o tarifadas a las que los Jueces devienen obligados a darles el valor que el ordenamiento civil adjetivo les atribuye; tales pruebas son las que consisten en Reconocimientos Judiciales y en documentos privados en cuyo concepto se refunde o subsume la inspección practicada por el Juez de Primera Instancia en las oficinas principales de Banco Continental en la ciudad de San Pedro Sula y los documentos privados que se adjuntaron al acta de inspección, por virtud de lo dispuesto en los Artículos 13, 245 numeral 1. y 280 numeral 1. del Código Procesal Civil, la Corte sentenciadora le debió dar el crédito y valoración que como medios de prueba les corresponde.- Censuro entonces la sentencia del 9 de mayo de 2013, no sólo en la falta de motivación fáctica, sino en la violación por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de las garantías procesales que atienden al rigor juris de la mencionada prueba tasada o tarifada; violación perpetrada al haber dejado de valorar la inspección realizada y los documentos que en dicha inspección se corroboraron, como ser el capital del banco al 30 de septiembre de 2007 y la fecha en que fueron otorgados los préstamos a Corporación Dinant, que como queda dicho, fueron otorgados el 18, 24 y 26 de octubre de 2007. En qué consistió entonces, o en qué se concretiza la violación de las normas que hoy invoco, por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo?.- Simple y llanamente señalo y puntualizo que tal violación se concreta a no haber aplicado al caso concreto las siguientes normas: a) El Artículo 280 del Código Procesal Civil que al referirse a la fuerza probatoria de los documentos privados, imperativamente en su numeral 1. expresa que “los documentos privados harán prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudique”; Concepto de la Infracción Toda sentencia, Honorable Corte, es un silogismo, donde la premisa mayor es la demanda, la premisa menor es la contestación a la demanda y la conclusión es la sentencia, última ésta, que debe ser clara, precisa y congruente con las pretensiones deducidas por las partes, resolviendo todos los puntos que hayan sido objeto de controversia.- Pero si en casos como el presente, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo parte de una premisa equivocada que no es congruente con el fallo, como la contenida en el numeral 4) de su “Fundamentación Jurídica”, pues por un lado toma como el valor de los recursos propios del banco los reportados al 31 de octubre de 2007 y por otro lado reconoce que los préstamos fueron otorgados el 18, 24 y 26 de octubre de 2007, por tanto arriba a una conclusión falsa como la que arribó en su cuestionado fallo al confirmar la sentencia de primera instancia considerando que Banco Continental se excedió del límite para créditos a grupos económicos; es claro entonces, que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al infringir las normas citadas y relacionadas con la valoración de la prueba del reconocimiento judicial y documentos privados, se autocondujo a proferir una sentencia errada a favor de la parte demandada, contrariando el sustratum de esos medios de prueba, tal cual era apreciar el monto del patrimonio propio de Banco Continental a la fecha en que se otorgaron los créditos cuestionados, pues para tales efectos debió considerarse el patrimonio propio reportado al 30 de septiembre de 2007 y no los del 31 de octubre de 2007. Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada La infracción censurada, esto es, el no haberle atribuido al Reconocimiento Judicial y documentos constatados en la misma el valor probatorio que le corresponde, influyó determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, de tal manera que si la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo hubiere apreciado, como estaba obligada a hacerlo, como prueba tasada que es y con base en las normas de valoración de la prueba, le hubiese atribuido la misma fuerza probatoria de los documentos públicos, arribando a otra conclusión y no a la errada de emitir un fallo confirmando el de primera instancia. Por ello, preciso y justifico la incidencia de tal infracción en el sentido de la sentencia impugnada, al expresar que la Corte sentenciadora para arribar a la conclusión que llegó, la sustentó en el numeral 4) de su Fundamentación Jurídica. Es lógico que al hacer equívocamente la apreciación que hizo en el numeral 4) y 5) de su Fundamentación Jurídica, y no ser congruente con el fallo, violó las normas invocadas, incidiendo tal infracción en el sentido apuntado de la resolución impugnada, al obligar, erróneamente, a que la demandante pague algo que legalmente no está obligada a pagar”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) formula alegatos de instancia.- III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Contener el fallo impugnado, violación de una norma procesal que regula la forma y contenido de la sentencia. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra c) del Código Procesal Civil, que permite impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Expresión de la norma de derecho cuya infracción sustenta el motivo. Cito como norma infringida el Artículo 200 numeral 2. letra b) del Código Procesal Civil, en lo que establece como uno de los requisitos del contenido formal de las sentencias, los hechos probados. Concepto de la Infracción Para explicar el presente motivo de casación, basta expresar que, en efecto, el Código Procesal Civil en su Artículo 200 se refiere al contenido formal de las sentencias y en el numeral 2. letra b) de tal precepto, exige se consignen en el fallo los hechos probados. Pero es visto, de la simple lectura de la sentencia del 9 de mayo de 2013, que la misma adolece de hechos probados, lo que la vicia y hace casable. La Corte Sentenciadora no hace referencia a los hechos probados con la Inspección realizada en las oficinas de banco Continental que obra a folio 150 de la primera pieza de autos, en la cual se constataron dos hechos de vital importancia para los efectos de esta Litis: a) Que los recursos propios de Banco Continental a la fecha en que se otorgaron los créditos s Corporación Dinant, ascendían a la cantidad L792,423,383.10 y que por tanto no había exceso en el límite del 20%. b) Que los créditos a Corporación Dinant fueron otorgados el 18, 24 y 26 de octubre de 2007, por tanto antes del 31 de octubre de 2007. Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada Desde luego que si la sentencia que impugno adolece de hechos probados, ello incidió determinantemente en el fallo censurado, habida cuenta que mediante la consignación de aquellos hechos probados se hubiese arribado a la siguientes conclusiones: a) Que los créditos a Corporación Dinant fueron otorgados en fechas 18, 24 y 26 de octubre de 2007; b) Que el monto de patrimonio propio de Banco Continental que debía considerarse para calcular el límite del 20% para créditos a grupos económicos, es el de L792,423,383.10 verificado en la inspección que como medio de prueba se realizo en las oficinas de Banco Continental. c) Que Banco Continental considerando el patrimonio propio a la fecha en que se otorgaron los créditos no se excedió en el límite del 20% para créditos a grupos económicos y por tanto no puede ser sancionado por tal extremo. d) Que el patrimonio propio del Banco Continental reportado al 31 de octubre de 2007, no puede considerarse para determinar si hubo o no exceso del límite permitido para otorgar créditos a partes relacionadas, porque los préstamos fueron otorgados en fechas anteriores. e) Que Banco Continental no puede ser sancionada porque no se excedió en el límite establecido por las regulaciones correspondientes.”.- IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- V. El Censor en un tercer motivo manifiesta: “Contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra b) del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, supone la nulidad o produce indefensión. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo. A continuación paso a detallar las normas jurídicas de orden nacional violadas en la sentencia del 9 de mayo de 2013: Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dice: “La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición. No obstante, si el Tribunal, dentro del plazo para dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiere no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, los someterá a aquéllas mediante providencia en la que, advirtiendo que no prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá, a los interesados un plazo de ocho (8) días hábiles para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo.” Artículo 74 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dice: “Concluida la fase probatoria, el Juez podrá acordar antes o después de la citación para sentencia, la práctica de cualquier diligencia de prueba que estimare procedente, la cual deberá ejecutarse dentro del término de veinte (20) días.” Se señala y puntualiza en qué consistió la violación de las normas invocadas, por parte de la Corte de Apelaciones: He citado las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación, especificando las que propiamente fueron violadas en la sentencia hoy impugnada ya que, reitero, los Artículos 35 y 74 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que le ordenaban al Juzgador de primera instancia y a la misma Corte hoy recurrida, ampliar tanto los alegatos de las partes o la prueba aportada al proceso para efecto de poder apreciar en todo su contexto los hechos de la demanda y la defensa. Censuro entonces la sentencia del 9 de mayo de 2013, en la violación por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al confirmar y hacer suya la sentencia de primera instancia, de las garantías procesales que atienden al rigor juris del completo convencimiento de los hechos sometidos a su conocimiento pudiendo en consecuencia ampliar la prueba de oficio; violación perpetrada al haber dejado de acordar la práctica de las diligencias necesarias parta esclarecer la misma duda que la Corte Sentenciadora deja plasmada en el número 5) de la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada. Concepto de la Infracción La Corte Sentenciadora que confirma y en consecuencia toma como suya la sentencia de primera instancia, violentó la garantía procesal que concede la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el sentido que lo que las partes no aporten en el proceso, pueda ser ampliado de oficio por el Tribunal, ya sea mediante la realización de cualquier diligencia de prueba que se estime procedente o conceder a las partes el término en el cual puedan ampliar sus alegaciones Si la Corte Sentenciadora apreció como así lo indica en el número 5) de la fundamentación jurídica de la sentencia que los préstamos fueron otorgados a Corporación Dinant antes del 31 de octubre de 2007 y no se habían aportado al proceso estados financieros anteriores, en estricto cumplimiento de las normas citadas debió preservar las garantías del proceso y apreciar la violación cometida por el juzgador de primera instancia al no llevar a cabo las diligencias de prueba tendentes a verificar los estados financieros presentados por Banco Continental antes del 31 de octubre de 2007 en los que se reflejen el patrimonio propio del banco a la fecha del otorgamiento de los créditos a Corporación Dinant. Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada La infracción censurada, influyó determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, de tal manera que si la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo hubiere apreciado, como estaba obligada a hacerlo, la violación de las garantías procesales señaladas, hubiese arribado a otra conclusión y no a la errada de emitir un fallo confirmando el de primera instancia. Por ello, preciso y justifico la incidencia de tal infracción en el sentido de la sentencia impugnada, al expresar que la Corte sentenciadora para arribar a la conclusión que llegó, la sustentó en el numeral 4) de su Fundamentación Jurídica. Es lógico que al hacer equívocamente la apreciación que hizo en el numeral 4) y 5) de su Fundamentación Jurídica, y no ser congruente con el fallo, violó las normas invocadas, incidiendo tal infracción en el sentido apuntado de la resolución impugnada, al obligar, erróneamente, a que la demandante pague algo que legalmente no está obligada a pagar.”.- VI. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) formula alegatos de instancia, por las razones expuestas no es procedente su admisión.- VII. Que el Recurrente pide adicionalmente: “SOLICITO EL CONTROL DE LA MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA IMPUGNADA PARA REVISAR SU RACIONALIDAD Y CARÁCTER LOGICO TODA VEZ QUE ESTE ES DETERMINANTE DE UN SENTIDO DIFERENTE DEL FALLO. Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, con base en los Artículos 719 numeral 1. letra c) y 720 numeral 2. del Código Procesal Civil, solicito en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el 9 de mayo de 2013, para que se revise su racionalidad y carácter lógico, toda vez que éstos son determinantes de un sentido diferente del fallo. Es principio de derecho, que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- En este orden de ideas observo que el número 4) de la Fundamentación Jurídica de la sentencia, la Corte de Apelaciones expresa que “... consta en autos que al 31 de octubre de 2007 en el registro de estados financieros reportados por Banco Continental a la demandada, el valor reportado como recursos propios es de L538,161,853.62, constando también que los préstamos otorgados a Corporación Dinant y que excedieron el máximo establecido en la ley, fueron otorgados en fecha 18, 24 y 26 de octubre del 2007, es decir en el mismo mes del reporte de estados financieros señalado de la demandante a la demandada”; es decir, reconoce la Corte que los préstamos otorgados a Corporación Dinant son de fecha anterior a los reportes financieros considerados para el cálculo del límite que establece la ley. Tales aseveraciones contenidas en la sentencia que impugno, con todo respeto me llevan a dudar de la racionalidad y carácter lógico de ese fallo pues, a mi juicio, no veo razonable ni lógico que por una parte se diga que hubo exceso del límite permito para préstamos a grupos económicos y por otra que los préstamos fueron otorgados antes de la fecha de los reportes financieros que se tomaron para realizar el cálculo.”.- VIII. Que lo anteriormente expuesto, si bien no contiene la estructura de una causal o motivo de casación, si cuenta con precepto autorizante, mas sin embargo no contiene señalamiento de normas violadas ni el concepto de su infracción, por lo cual tal petición resulta inestimable.- IX. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente precisa en determinar la lesión jurídica que la causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- X. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- XI. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- XII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en sus tres motivos y SIN LUGAR la solicitud del control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de abril del dos mil quince; certificación del auto de fecha siete de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 718-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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