Sentencia CA-712-13 — Registro 18035
Resumen
En segunda instancia se confirma la sentencia dictada por el juzgado, bajo el criterio que para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en materia especial, tributaria o impositiva, es requisito indispensable acompañar el arreglo de pago o el recibo que acredite el pago en la Tesorería General de la República y en el caso de autos la parte demandante no acompañó
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo resulta inadmisible por las siguientes razones: a) omite la Recurrente señalar en la formulación del cargo si la violación a la ley es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) el artículo 127 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contiene varios párrafos que comprenden distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cual de ellas dirige su ataque.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente al segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La sociedad mercantil EMPACADORA CONTINENTAL S.A. de C.V., representada en juicio por la abogada CLARIBEL MEDINA; y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contraída a pedir la nulidad de un acto administrativo en materia Tributaria o Impositiva promovida por la Abogada CLARIBEL MEDINA, en su condición de apoderado de la Sociedad Mercantil EMPACADORA CONTINENTAL S.A. de C.V., en el Juzgado de Letras Fiscal Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 31 de octubre del año 2005, fue notificado el Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V. de las Resoluciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, denominadas: DEI-1130-GRNOC-DA-J- 2005; DEI-1131-GRNOC-DA-J-2005; DEI-1132-GRNOC-DA-J- 2005; DEI-1133-GRNOC-DA-J-2005; DEI-1308-GRNOC-DA-J-2005; por medio de las cuales se hacen ajustes en la Declaración de Impuesto sobre la Renta del año 2003, año 2004 y Aportación Solidaria Temporal años 2003 y 2004 respectivamente; posteriormente la Sociedad Mercantil EMPACADORA CONTINENTAL SA. DE C.V. interpuso el recurso de reposición contra dichas Resoluciones; emitiendo la Dirección Ejecutiva de Ingresos la Resolución DEI-SAL-2687-2010 de fecha 24 de Mayo del 2010 por medio de la cual se dieron por desvanecidos algunos valores sin embargo, fueron confirmados DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS DE LEMPIRA L.2,782.506.24. Que en fecha 27 de septiembre del 2011 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas emitió la Resolución No. A.L.0 116/2011 por medio de la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V., el cual declara parcialmente con lugar el Recurso interpuesto desvaneciendo en la cantidad de Cuatrocientos Cincuenta y un Mil Doscientos Sesenta y Seis Lempiras con cincuenta y cuatro centavos de Lempira haciendo un total confirmado de ajuste de Impuestos a Pagar por la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 2,331,239.70), dándose por agotada la vía administrativa.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos presentó escrito de defensas previas alegando causa de inadmisibilidad de la demanda, debido a que por tratarse el presente juicio de un procedimiento especial según lo estipula la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el Capítulo Cuarto, Sección Primera que regula la materia tributaria o impositiva, el demandante al presentar su demanda tenía la obligación de acreditar ante este Juzgado el pago efectuado ante una institución bancaria o un arreglo de pago o que indique en el expediente si consta tal circunstancia, tal como lo estipula el articulo 104 de la Ley antes citada. Aunado a lo anterior es de relevante importancia mencionar que se constató en las Oficinas que ocupa la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expedientes terminados consistentes en Recursos de Amparo, con criterio jurisprudencial en relación a la causa de inadmisibilidad alegada en las presentes defensas previas, considerando el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el cual como se colige no cumplió la parte demandante al no acreditar pago alguno ni arreglo de pago en el presente juicio, fundamentada en el artículo 63 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a efecto que se declare la inadmisibilidad de la demanda por encontrarse dentro de los motivos que con arreglo al articulo 80 literal e) de dicha Ley podrán determinar la inadmisibilidad de la acción, cuando el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, dictó auto resolutivo declarando con lugar la defensa previa, alegada por el Incidentista, consistente en que cuando el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, señalada en el artículo 80 literal e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia se declara la inadmisibilidad de la presente acción, sin costas; bajo el criterio que la sala de lo Constitucional ha emitido varios fallos que establecen doctrina en cuanto a la figura solve et repete, que determinan que para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en materia especial, Tributaria o Impositiva, es requisito indispensable acompañar el recibo que acredite el pago en la Tesorería General de la República o en su defecto el arreglo de pago con la Institución correspondiente, dejando establecido dicha Sala que para la existencia de este último, debe existir un acuerdo entre las dos partes que se manifieste por una resolución de la Administración Publica; y como se aprecia en el presente caso de autos la parte demandante NO ACOMPAÑA a la demanda el documento acreditativo del PAGO O DEL ARREGLO DE PAGO correspondiente.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha treinta de mayo de dos mil trece, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación, confirmando el auto resolutivo venido en apelación, sin costas; bajo el criterio que para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en materia especial, tributaria o impositiva, es requisito indispensable acompañar el arreglo de pago o el recibo que acredite el pago en la Tesorería General de la República y en el caso de autos la parte demandante no acompañó a la demanda el arreglo de pago o el documento que acredite esto, por lo que existe una causal de inadmisibilidad de la acción, tal omisión en la demanda precitada adolece de un defecto formal que impide al juez pronunciarse sobre el fondo de la cuestión controvertida.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogada CLARIBEL MEDINA, en fecha diecinueve de julio del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha treinta de mayo de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 184-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 034-11 del Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogado ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES, presentó en fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecinueve de septiembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinticuatro de octubre y ocho de noviembre del dos mil trece, los abogados CLARIBEL MEDINA y ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto auto en fecha quince de enero del dos mil quince, teniendo por personados a los abogados CLARIBEL MEDINA y ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES, en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un primer motivo, manifestando lo siguiente: “Contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra b) del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, supone la nulidad o produce indefensión. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo. A continuación paso a detallar las normas jurídicas de orden nacional violadas en la sentencia del 30 de mayo de 2013: a) Artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dispone: “Del escrito de defensas previas se dará traslado al demandante quien podrá ejercitar la facultad prevista en el artículo 127 de esta ley y se fijará una audiencia que se celebrará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere ordenado el traslado, a la cual comparecerán las partes a alegar lo pertinente, presentando los documentos en que se funden sus alegaciones.” b) Artículo 127 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone: “Cuando se alegare que alguno de los actos de las partes no reúne los requisitos dispuestos por la presente ley, la que se hallare en tal supuesto, podrá subsanar el defecto dentro de los cinco (5) días siguientes a aquél en que se notificare el escrito que contenga la alegación. Cuando el Tribunal apreciare de oficio de la existencia de alguno de los efectos a que se refiere el párrafo anterior, dictará providencia en el que los reseñe y otorgue el mencionado plazo para la subsanación, con suspensión en su caso, del fijado para dictar sentencia. Si el defecto consistiere en no haber agotado la vía administrativa, y fuere denunciado por la parte demandada, el Tribunal requerirá al demandante para que formule el recurso administrativo del caso en el plazo de diez (10) días, y si se acreditare dentro de los cinco (5) días siguientes haberlo deducido, quedará en suspenso el procedimiento hasta que se resuelva el recurso en forma expresa o presunta. c) Artículo 212 numeral 4. del Código Procesal Civil, que expresa: “Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes… 4. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión”. d) Artículo 20 del Código Procesal Civil al regular el Principio de Subsanación expresa que “El órgano jurisdiccional podrá ordenar la subsanación de los defectos que contengan los actos procesales anulables de las partes, siempre que dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley.” Se señala y puntualiza en qué consistió la violación de las normas invocadas, por parte de la Corte de Apelaciones: He citado las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación, especificando las que propiamente fueron violadas en la sentencia hoy impugnada ya que, reitero, los Artículos 127 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo relacionado con el artículo 64 de la misma ley, 212 numeral 4. y artículo 20 del Código Procesal Civil, que le ordenaban a la Corte hoy recurrida, respetar el Principio de Subsanación como garantía que se establece en el proceso tanto por el Código Procesal Civil como por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Censuro entonces la sentencia del 30 de mayo de 2013, en la violación por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de las garantías procesales que atienden al Principio de Subsanación; violación perpetrada al haber dejado de conceder a la parte demandante el plazo de cinco días para subsanar la omisión de la presentación del Recibo de Pago de los ajustes de impuestos impugnados. En qué consistió entonces, o en qué se concretiza la violación de las normas que hoy invoco, por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo? Simple y llanamente señalo y puntualizo que tal violación se concreta a no haber aplicado al caso concreto las siguientes normas: a) El Artículo 127 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que conteniendo el Principio de Subsanación, establece el plazo que tiene cualquiera de las partes que se hallare en el supuesto de no reunir alguno de los requisitos a efecto de subsanar el defecto, en este caso de presentar el Recibo de pago correspondiente; b) Artículo 212 numeral 4 del Código Procesal Civil, en virtud que debió declararse la nulidad del Auto resolutivo que declaró con lugar las defensas previas por estar inmersa en el caso que está norma establece la nulidad del acto procesal como ser “cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión.” Efectivamente se ha producido indefensión porque con tal violación la sociedad EMPACADORA CONTINENTAL ha quedado en total indefensión respecto del indebido ajuste de impuestos que se le ha aplicado y que al declararse inadmisible la demanda con evidente violación de garantías procesales se le impide ejercer su derecho de defensa y probar en el proceso el indebido ajuste de impuestos. Concepto de la Infracción. La Corte Sentenciadora no apreció que el Auto Resolutivo de primera instancia que declaró con lugar las defensas previas interpuestas por la parte demandada, fue dictado en evidente violación de la garantía procesal que reconoce tanto el Código Procesal Civil como la misma Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y particularmente en relación al procedimiento establecido para el conocimiento y decisión de las Defensas Previas, que claramente las normas citadas como violentadas establecen el plazo que se le debió conceder a mi representada para que pudiera hacer uso del derecho que le concede el artículo 127 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para subsanar el defecto alegado por la contraparte, en este caso particular no se le otorgó a la sociedad EMPACADORA CONTINENTAL, SA. el derecho al plazo de cinco días hábiles para poder presentar el recibo de pago de los ajustes de impuestos impugnados, lo cual no fue apreciado por la Corte de Apelaciones y más bien al confirmar el auto resolutivo de primera instancia incurre en la misma violación de una garantía procesal, consecuencia de lo cual se ha producido indefensión de mi representada. Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada. La infracción censurada, esto es, el no haber respetado el Principio de Subsanación, influyó determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, de tal manera que si la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo hubiere apreciado, como estaba obligada a hacerlo, que el Auto Resolutivo de primera instancia violentó el Principio de Subsanación que tienen las partes en el proceso, hubiese arribado a otra conclusión y no a la errada de emitir un fallo confirmando el de primera instancia. Por ello, preciso y justifico la incidencia de tal infracción en el sentido de la sentencia impugnada, al expresar que la Corte sentenciadora para arribar a la conclusión que llegó, no considero en ningún momento el Principio de Subsanación que debe regir en todo proceso y confirmó tomando como suyos los argumentos de primera instancia. Es lógico que al hacer equívocamente la apreciación que hizo en su Fundamentación Jurídica, violó las normas invocadas, incidiendo tal infracción en el sentido apuntado de la resolución impugnada, al obligar, erróneamente, a que la demandante no pueda probar en juicio las razones por las cuales los ajustes de impuesto s impugnados no son conforme a derecho.”.- II.- Que el cargo resulta inadmisible por las siguientes razones: a) omite la Recurrente señalar en la formulación del cargo si la violación a la ley es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) el artículo 127 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contiene varios párrafos que comprenden distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cual de ellas dirige su ataque.- III.- Que en el segundo motivo se aduce: “Contener el fallo impugnado, violación de una norma procesal que regula la forma y contenido de la sentencia. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra c) del Código Procesal Civil, que permite impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Expresión de la norma de derecho cuya infracción sustenta el motivo. Cito como norma infringida el Artículo 212 numeral 4 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 20 del Código Procesal Civil y el artículo 127 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que establece como una de las causas de nulidad de los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión en relación con la violación del Principio de Subsanación. Concepto de la Infracción. Para explicar el presente motivo de casación, basta expresar que, en efecto, el Código Procesal Civil en su Artículo 212 se refiere a las causas de nulidad que pueden producir indefensión. Pero es visto, de la simple lectura de la sentencia del 30 de mayo de 2013, que al confirmar el Auto Resolutivo de fecha 23 de octubre de 2012, vicia el proceso y hace casable la sentencia. La Corte Sentenciadora al igual que el Juzgador de Primera Instancia violentó el Principio de Subsanación al no permitirle a la parte demandante acreditar en el plazo que establece el artículo 127 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Recibo de Pago del ajuste de impuestos impugnado, dejándole en evidente indefensión, la cual no surge por la mera infracción de normas procesales, pues se trata de material, no formal, con el consiguiente perjuicio real para los intereses de quien resulte perjudicado, que en este caso ha sido mi representada como parte demandante en el proceso. El artículo 212 numeral b del Código Procesal Civil señala dos hechos diferentes, por un lado prescindir de normas esenciales del procedimiento y por otro lado cuando se produzca indefensión (es decir que la infracción cometida lo es a una garantía esencial del procedimiento). Debiendo considerarse los principios del Título Preliminar del Código Procesal Civil para determinar en ese caso que el incumplimiento de esos principios produce la nulidad. En este caso se ha incumplido el Principio de Subsanación que declara el artículo 20 del Código Procesal Civil y que es aplicable igualmente en los procesos Fiscal Administrativos. Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada. Desde luego que si la sentencia que impugno violenta el Principio de Subsanación al hacer suyo el Auto Resolutivo de primera instancia, ello incidió determinantemente en el fallo censurado, habida cuenta que de haber determinado que ese auto resolutivo se dictó en violación del Principio de Subsanación, no hubiese confirmado el mismo y en su lugar hubiera dictado una sentencia declarando con lugar el recurso de apelación.- IV.- Que el cargo resulta inadmisible por la siguiente razones: a) omite la Recurrente señalar en la formulación del cargo si la violación a la ley es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) las disposiciones de naturaleza procesal que se consideran infringidas, no son las apropiadas para invocar la infracción bajo la causal invocada en el precepto autorizante que regulan la forma y contenido de la sentencia.- V.- Que en el tercer motivo se esgrime: “Contener la sentencia infracción por interpretación errónea de una norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Procede impugnar, en el primer caso, cuando la violación es directa y se produce por falta de aplicación al caso debatido de una norma sustantiva y también cuando se aplica indebidamente en el fallo un precepto; y en el segundo caso, cuando se impugna la interpretación, es cuando se da lo que la doctrina y jurisprudencia nacional denominan interpretación errónea de un precepto. En el caso particular, como así lo enuncio al inicio de este motivo, impugno la sentencia por contener la misma infracción por interpretación errónea de una norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo. La sentencia que hoy recurro viola por interpretación errónea el artículo 80 literal e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación con el artículo 46 de la misma ley, que a la letra dicen: Artículo 80 literal e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dice: Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes e) Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto.” Artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dice: “La demanda deberá contener: a) La suma que indique su contenido o el trámite de que se trate. b) La designación del Juzgado a quien se dirige. c) La designación de las partes y de sus representantes. h) Los hechos en que se base la acción indicada en su caso con toda precisión el acto impugnado. d) Los Fundamentos de derecho de las pretensiones en apoyo de los cuales podrá alegarse cuantas razones procedan aunque no hubiere sido expuesto en la vía administrativa. e) Lo que se pide o demande al Tribunal. f) Lugar y fecha de la demanda; y, g) La firma del autor o su representante o la huella digital sino pudiera firmar. En todo caso se deberán anunciar los medios de pruebas que se utilizarán. Se señala y puntualiza en qué consistió la violación de las normas invocadas, por parte de la Corte de Apelaciones: He citado las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación, especificando las que propiamente fueron erróneamente interpretadas en la sentencia hoy impugnada ya que, reitero, los Artículos 80 literal e) y 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establecen las causas de inadmisión de la demanda y los requisitos formales del escrito de demanda. Censuro entonces la sentencia del 30 de mayo de 2013, en la interpretación errónea de dichas normas por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al confirmar y hacer suya la sentencia de primera instancia, sin considerar que la falta de presentación del recibo de pago es un defecto subsanable y que no está contenido en las causas de inadmisión de la demanda toda vez que no es parte de los requisitos formales del escrito de la demanda que en numerus clausus señala el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Concepto de la Infracción. La Corte Sentenciadora que confirma y en consecuencia toma como suyo el Auto Resolutivo de primera instancia, incurrió en una interpretación errónea de las normas señaladas de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el sentido que la causa de inadmisión alegada como defensas previas es la de que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto y ya la misma ley en el artículo 46 detalla el contenido del escrito de demanda, de los cuales no adolece la demanda de este caso particular. Interpreta erróneamente el artículo 80 citado cuando en la censurada sentencia invoca como causal de inadmisibilidad la falta de presentación del recibo de pago del ajuste de impuesto impugnado y tal omisión en ningún momento se establece dentro de las causales de inadmisibilidad que enumera el artículo 80 relacionado. Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada. La infracción censurada, influyó determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, de tal manera que si la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo hubiere apreciado, como estaba obligada a hacerlo, la interpretación errónea de las normas citadas, hubiese arribado a otra conclusión y no a la errada de emitir un fallo confirmando el de primera instancia. Por ello, preciso y justifico la incidencia de tal infracción en el sentido de la sentencia impugnada, al expresar que la Corte sentenciadora para arribar a la conclusión que llegó, la sustentó en el numeral 8) de su Fundamentación Jurídica. Es lógico que al hacer equívocamente la apreciación que hizo en el numeral 8) de su Fundamentación Jurídica, incurrió en una interpretación errónea de las normas invocadas en el sentido de confundir las causas de inadmisión de la demanda con la no presentación de un recibo de pago que es absolutamente subsanable, incidiendo tal infracción en el sentido apuntado de la resolución impugnada, al obligar, erróneamente, a que la demandante quede privada de su derecho de defensa y de un debido proceso, obligándola a pagar en forma definitiva un ajuste de impuesto incorrecto y que no es conforme a la legislación tributaria.”.- VI.- Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión cuando en el desarrollo del mismo alude al tema de la subsanación que no se comprende dentro de las disposiciones señaladas como infringidas; y b) se invoca la interpretación errónea del artículo “80 literal e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación con el artículo 46 de la misma ley” sin embargo, es menester indicar que la referida Ley en su artículo104, contempla para las acciones reguladas por procedimientos especiales, como es el caso de la materia tributaria o impositiva que se adicionan a la exigencia y cumplimiento de requisitos formales de la demanda, como es el caso de acompañar el documento que acredite el pago o el arreglo de pago de la cantidad respectiva, por lo que a los requisitos que señala el articulo 46 del mismo ordenamiento, se agrega la presentación de tal documento, por ello la interpretación errónea alegada no procede sin considerar todo el marco jurídico que regula este tipo de procesos.- VII.- Por otro lado se solicita: “EL CONTROL DE LA MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA IMPUGNADA PARA REVISAR SU RACIONALIDAD Y CARÁCTER LOGICO, TODA VEZ QUE ESTE ES DETERMINANTE DE UN SENTIDO DIFERENTE DEL FALLO. Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, con base en los Artículos 719 numeral 1. letra c) y 720 numeral 2. del Código Procesal Civil, solicito en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el 30 de mayo de 2013, para que se revise su racionalidad, carácter lógico y congruencia, toda vez que éstos son determinantes de un sentido diferente del fallo. Es principio de derecho, que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- En este orden de ideas observo que la Corte de Apelaciones en su Fundamentación Jurídica omite pronunciarse sobre los alegatos de la parte apelante y no hace pronunciamiento alguno sobre el hecho de haber privado a la parte demandante recurrente de su derecho de subsanación, no obstante que se alegó y denunció en el Recurso de Apelación. Tal omisión de la sentencia que impugno, con todo respeto me llevan a dudar de la racionalidad, carácter lógico y congruencia de ese fallo pues, a mi juicio, no veo razonable ni lógico que por una parte se confirme que existe una causa de inadmisibilidad de la demanda y por otro lado se omita pronunciarse sobre la omisión de conceder el derecho de subsanación a mi representada como se invocó en la expresión de agravios del Recurso de Apelación interpuesto.”.- VIII.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se omite señalar las disposiciones infringidas; b) igualmente el concepto de la infracción; y, c) carece de claridad cuando en el desarrollo del mismo se invocan al mismo tiempo situaciones formales de subsanación y de incongruencia en el fallo impugnado.- IX.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En adición, se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- X. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos y lo relacionado a la solicitud del control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil quince; certificación del auto de fecha diez de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 712-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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