Sentencia CA-705-13 — Registro 4261
Resumen
En primera instancia se declara improcedente la acción incoada por no haber acreditado elementos suficientes para considerar la existencia de un incumplimiento de un convenio de industrialización, asimismo por haber prescripción de la acción para ejercer un derecho en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no establece con la suficiente claridad si la violación de los preceptos legales alegados, lo es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) en el desarrollo del cargo señala normas no indicadas como violadas, tal es el caso de los artículos 2280 y 2292 del Código Civil; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) formula alegatos de instancia
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de enero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el último para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA, S.A. DE C.V. (INCOMSA), representado en juicio por la Abogada ERMELINDA CASTELLÓN MAURIZ y el Recurrido: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), representado en juicio por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo presunto negativo creado por el silencio administrativo de un reclamo al no resolverse dentro de los plazos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, el que fue emitido infringiéndose el ordenamiento jurídico y quebrantándose las formalidades esenciales del procedimiento establecido, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medidas para su pleno restablecimiento, costas, promovida por el señor JOSE EFRAIN BRICEÑO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante de la sociedad mercantil INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA, S.A. DE C.V. (INCOMSA), en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de enero del año dos mil once, contra el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que solicita la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo presunto negativo creado por el silencio administrativo de un reclamo al no resolverse dentro de los plazos establecidos por la Ley de Procedimientos Administrativos, emitido por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), por el incumplimiento de un Convenio de Industrialización de Productos Forestales, suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, a los once días del mes de octubre de mil novecientos noventa y uno, el cual se encuentra inscrito en libro de Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Yuscarán del Departamento de El Paraíso bajo el número 41 del tomo 5 del Registro de Comerciantes Sociales en fecha 4 de septiembre de 1992, por haber incumplido la obligación de suministro de volúmenes de madera contraída en cláusulas contractuales, por medio del cual pide el pago de daños y perjuicios que comprenden el lucro cesante, daño emergente, por las ganancias que se hubieren obtenido en la comercialización de la madera más los intereses comerciales por acciones y omisiones culposas y negligentes por las autoridades que han rectorado a la AFE COHDEFOR, ahora ICF, que aun habiendo un Convenio de Industrialización de Productos Forestales con la sociedad mercantil INCOMSA de 1991, mediante el cual se contrajeron cláusulas contractuales de cumplimiento obligatorio de suministro de volúmenes de madera de pino y estando aprobado el plan de manejo con registro número BN-J1-020/94, con un área a invertir de 8,906.79 hectáreas, la AFE CODEHFOR ahora ICF incumplió el suministro de volúmenes de madera de pino dentro del bosque nacional en el sitio de SAN ANTONIO de PACURA, Municipio de Gualaco Departamento de Olancho, habiendo realizado inversiones que aun no ha podido recuperar por no permitirle aprovechar la madera de pino antes relacionada y que hasta la fecha no fue entregada, en consecuencia el daño está determinado en lo dejado de percibir desde la fecha del convenio suscrito hasta la fecha en que se efectúe el pago correspondiente de tal obligación, así como el perjuicio directo ocasionado por la falta de prontitud en adoptar las medidas de obrar en el cumplimiento de sus funciones, que viendo las circunstancias, se vio en la obligación de presentar escrito en fecha 27 de mayo del 2010, mediante el cual formalizó un reclamo administrativo, el cual no fue resuelto dentro de los plazos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos y por esas razones en fecha 30 de septiembre del 2010 se presentó escrito solicitando pronta resolución por el silencio administrativo por no ser resuelto en tiempo y forma un reclamo administrativo ante el ICF, el que tampoco fue resuelto dentro del plazo de 8 días que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que se dio por agotada la vía administrativa, por lo que toda actuación realizada fuera de los plazos legales implicarán la anulación del acto e implica responsabilidad a través de la acción de repetición al funcionario infractor, por lo que se interpuso el recurso de reposición sin que haya una decisión de la Administración y es lo que se consagra el llamado silencio administrativo negativo por considerar que hay una decisión tácita denegatoria de lo solicitado o del recurso interpuesto, que fue lo que ocurrió en el presente caso.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), contestó dicha demanda señalando que en ningún momento hubo incumplimiento de Convenio de Industrialización de Productos Forestales por el suministro de volúmenes de madera contraída en cláusulas contractuales, convenio que se suscribió el 11 de octubre del 1991 y que el mismo se encuentra inscrito bajo el tomo 41 del tomo 5 del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas, que con ocasión al convenio en que basa su derecho el demandante realizó actuaciones que datan de los años 1991,1992,1993, pero a partir de este ultimo año ha habido un abandono total y absoluto al ejercicio del derecho que ahora reclama ya que no aparecen actuaciones posteriores, si no que es hasta mayo del 2010, o sea 16 años después es que se hace reclamación a un supuesto incumplimiento del convenio antes descrito, acción que puede corroborase con el memorando 226- 2010 del 29 de octubre del 2010, que señala “Que no hay información que señale que se concedieron volúmenes de madera resultantes de la ordenación forestal señalada en el convenio citado”; asímismo expone que en la oficina regional de Olancho no hay información que indique si existe o existió reclamo por parte de la Sociedad INCOMSA con respecto al incumplimiento de parte de la administración para con el convenio en referencia”, por lo que se puede concluir que ha existido un lapso en el cual la parte demandante ha guardado silencio con respecto a los supuestos actos de incumplimiento que ahora denuncia, tampoco señala que fue lo que la administración incumplió, ya que consta que la AFE COHDEFOR ahora ICF emitió resolución número GG-020-94 de fecha 19 de enero de 1994 en la cual le aprobó a INCOMSA el plan de manejo forestal para el aprovechamiento de varias hectáreas de bosque y que dicho plan de manejo es instrumento legal y técnico mediante el cual el beneficiario tiene el derecho de ejecutarlo sin más limitaciones que las establecidas en el mismo plan, en otras palabras es la licencia para comenzar a aprovechar el bosque autorizado, por tanto queda claro que aparte de que en el reclamo no se señala el hecho concreto donde radica el incumplimiento por lo que la no ejecución del plan de manejo corresponde a la parte demandante INCOMSA y no a la administración. Continúa expresando que independientemente en el caso de autos ya ha habido por parte de INCOMSA una prescripción de acción para ejercitar el cumplimiento de una obligación, ya que diecisiete años después es que viene reclamando un supuesto incumplimiento de contrato.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de junio del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción incoada por no haber acreditado elementos suficientes para considerar la existencia de un incumplimiento de un convenio de industrialización, asimismo por haber prescripción de la acción para ejercer un derecho, no se reconocen los daños y perjuicios solicitados en virtud de no haber sido probados ni cuantificados en juicio, sin costas. Criterio: que a pesar de que corre agregada documentación pertinente al hecho de que efectivamente se suscribió un convenio de comercialización de madera, del cual no se acreditó como o donde? está el incumplimiento alegado por la parte demandante, ya que el Código Civil en el articulo 234.1 expresa “La prueba recaerá sobre los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso”, que quedó acreditado que en ningún momento si no hasta mayo del 2010, fecha en que el demandante pretendió ejercer un derecho a través de un reclamo administrativo, es decir quince años después, el cual ya prescribió, tampoco hubo diligencias necesarias para la fijación de daños y perjuicios.- En general, las pruebas aportadas por la parte demandante no tienen fuerza de convicción y de comparación pues no son precisas para los hechos alegados por lo que la acción debe declararse improcedente.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha siete de marzo del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Hace suyo el criterio del Juzgador A-Quo.- 5. La representación procesal de la parte demandante, Abogada ERMELINDA CASTELLÓN MAURIZ, en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil trece, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley ó doctrina legal contra la sentencia dictada, en fecha siete de marzo del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.014-2013 dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 006-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha cuatro de junio del año dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la recurrida, abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, presentó, en fecha tres de octubre del año dos mil trece, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha siete de octubre del año dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución, los abogados ERMELINDA CASTELLÓN MAURIZ y JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha quince de enero del año dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ y ERMELINDA CASTELLÓN MAURIZ en conceptos de recurrido y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia y que la Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA ADECUACION DEL PROCEDIMIENTO. Este motivo se sustenta en el Artículo 719.1 Letra a) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales en la adecuación del procedimiento, en cuanto a la aplicación del Artículo 2265 y 2269 del Código Civil.- Que el Juez sentenciador y por extensión la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en los fundamentos de derecho que contiene la sentencia recurrida hizo suyo, los fundamentos establecidos en primera instancia y especialmente en el número DÉCIMO TERCERO 13): Manifiesta que de lo foliado del expediente se desprende que dicho CONVENIO fue suscrito en 1991, y la acción del Reclamo, interpuesto por la parte demandante a la administración Publica data de más de 15 años, es decir 15 años después la parte demandante se siente afectada, habiendo prácticamente un abandono total del ejercicio del derecho que reclama por parte de la Sociedad Mercantil “INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA”, S.A. de C.V. (INCOMSA), con lo que nace la figura jurídica denominada PRESCRIPCION DE LA ACCION, la cual maneja dos elementos a).- El transcurso del tiempo y b).- La inercia del titular frente a su derecho, a lo que los artículos 2265 y 2269 del Código Civil establecen: “Los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clases de personas, incluso las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley....”“Son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres” y en este caso estamos hablando de una prescripción personal, ya que el demandante no ejerció su derecho en tiempo constituyendo esto una prescripción personal la cual prescribe a los diez años (articulo 2292 Código Civil), lo cual a la fecha de la interposición del reclamo (27 de mayo del año 2010 ya han transcurrido más de 16 años).- ESTE FUNDAMENTO DE DERECHO se ha aplicado en forma errónea Por la aplicación indebida de los Articulos 2265, 2269 y 2292 del Código Civil Vigente. INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. En la sentencia recurrida donde se infringe absolutamente las disposiciones legales contenidas en los Articulas antes relacionadas del Código Civil vigente. Lo que va en contra a Lo establecido en el “ARTICULO 2280 del Código Civil que dice: “Contra un Titulo inscrito en el Registra de la Propiedad no tendrá lugar la prescripción ordinaria del dominio o derechos reales en perjuicio de tercero, sino en virtud de otro titulo igualmente inscrito debiendo empezar a correr el tiempo desde la inscripción del segundo”. Tal como consta que el “CONVENIO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES” constituye un Documento público, suscrito en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once días del mes de octubre del año Mil Novecientos Noventa y Uno (1991 El que fue. protocolizado mediante. Testimonio de La Escritura Publica número 116, a favor de INCOMSA. ante los oficios del Notario Público Don Mario Antonio Castellanos R de fecha 1 de septiembre del año 1992 el que se encuentra debidamente Registrado en el Registro de la Propiedad inmueble y Mercantil de Yuscaran, Departamento del Paraíso, inscrito en el libro de Registro de Propiedad Hipotecas Y Anotaciones preventivas bajo el número 41, Torno 5 del Registro de Comerciantes Sociales, en fecha 4 de septiembre de 1992, en dicho convenio en su cláusula QUINTA: COHDEFOR se comprometió a conceder de acuerdo a Las leyes forestales vigentes tos volúmenes maderables resaltantes de la ordenación laboral a la industria INCOMSA del área boscosa comprendida entre los Municipios de GUALACO y SAN ESTEBAN en el Departamento de OLANCHO y cuyos límites de área quedaron ya definidas. No obstante que es improcedente la prescripción antes relacionada también es importante Señalar que el “CONVENIO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES” es un contrato en virtud de la cual uno o más personas se obligan para con otra u otras o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa; (Ver articulo 1539 del Código Civil) la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. (Ver articulo 1548 del Código Civil) En el presente caso de autos al haber incumplimiento por parte de la AFE COHDEFOR ahora ICF, genera por lo tanto perjuicio en el otro contratante tal como ha quedado acreditado en autos. Tampoco hay que desconocer que el Articulo 1348 también del Código Civil preceptúa que “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen tuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. (Lo que no necesita prueba en contrario ya que los contratos es una prueba fehaciente) y en caso de controversia corresponde al Juez interpretar el contrato pero no le es Licito, a pretexto de interpretar el contrato alterar lo estipulado en este, eximiendo a las partes de las obligaciones que Les impone, o atribuyéndole un diverso significado de que los contratantes le dieron, además los contratos deben ejecutarse de buena fe como ya se dijo. Por otro lado el convenio o contrato que suscribió INCOMSA con la AFE COHDEFOR es irrevocable porque en virtud de La ley del Contrato, las partes no pueden desligarse unilateralmente de ese vinculo.- Y no se ha reconocido que en el presente caso el “CONVENIO DE INDUSTRIAUZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES” es un Documento público expedido y otorgado ante un funcionario público legalmente facultado para dar te en el ejercicio de sus atribuciones tal como lo dispone el articulo 271 deI Código Civil” y la tuerza probatoria de tal documento público hace prueba, aun contra terceros del hecho, acto a estado de cosas que documenten y que motivo su otorgamiento, del lugar y de la fecha de este y de la identidad de los fedatarios y demás personas que en su caso intervengan en él. (Que. no necesita prueba en contrario, ver artículo 273 numeral 1) y 2) del CPC).”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no establece con la suficiente claridad si la violación de los preceptos legales alegados, lo es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) en el desarrollo del cargo señala normas no indicadas como violadas, tal es el caso de los artículos 2280 y 2292 del Código Civil; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) formula alegatos de instancia.- III. Que el Impetrante en un segundo motivo arguye: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENCION. Este motivo se sustenta en el Articulo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, por la no aplicación del Artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- El Juez sentenciador al fallar declarando improcedente. la acción sin que se haya pronunciado si el acto presunto que es objeto de nulidad en la presente demanda no indico que el acto se encuentra ajustado a derecho tal como la dispone el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que Literalmente, dice.: Que la sentencia declarara improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto impugnado lo que omitió la juzgadora al dictar su sentencia que fue- objeto de apelación y confirmada por la Corte de. Apelaciones de. lo Contencioso Administrativo, quien también hizo suyos los fundamentos del Juzgador de primera instancia al confirmar la sentencia apelada. INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. Que las normas de derecho empleadas por la Juzgadora de primera instancia al no aplicar debidamente el articulo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, quien estaba obligada a aplicarlo en vista que es la ley procesal que regula los requisitos establecidos para dictar una sentencia pero en el presente caso dicha Juzgador omitió establecer los requisitos establecidos en la disposición del artículo 81 antes relacionado al declarar improcedente la acción, sin pronunciarse si el acto impugnado se encontraba ajustada a derecho lo que es objeto de nulidad y además le dio una aplicación y una interpretación indebida a las normas empleadas para La solución del fondo del litigio, lo que la hace incongruente y más grande fue el error procesal por La Corte de Apelaciones de lo Contencioso al hacer suyos los fundamentos establecidas por la Juez de primera instancia en la sentencia de fecha 7 de marzo del año 2013, al declarar sin lugar el recurso de Apelación y confirmar la sentencia antes relacionada Y como tal, también procedía que la sentencia recurrida fuera anulada por la segunda instancia por las incongruencias existentes entre la motivación y la parte dispositiva de tal tallo.- Los Magistrados emisores de la Sentencia recurrida en Casación infringen y violan flagrantemente, las Garantías de la Defensa, del Debido Proceso, y de la Legalidad con que deben actuar los Funcionarios Judiciales, tuteladas por los Artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República que literalmente dicen: “ARTICULO 82.- El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”.- “ARTICULO 90.- Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...“- ARTICULO 321 Los Servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere La Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad”.- “ARTICULO 323.- Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial sujetos a la Ley y demás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado civil o militar está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de cielito”.- IV. Que el anterior motivo al igual que la primera causal, no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) en el desarrollo del cargo señala normas no indicadas como violadas, tal es el caso de los artículos 82, 90, 321 y 232 de la Constitución de la República;, b) no establece de forma clara una explicación de su motivo, sino que se limita a establecer la incidencia de la infracción alegada, lo cual conduce a estimarlos como alegatos de instancia; y c) además de que tampoco establece con la suficiente claridad si la violación de los preceptos legales alegados es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, en el desarrollo del cargo acusa a la Corte sentenciadora de darle “…una aplicación y una interpretación indebida a las normas empleadas para La solución del fondo del litigio…”, situación que además de ser inconsistente y contradictoria, infringe lo establecido en el Artículo 721 numeral 2) que dispone que en el escrito del recurso se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo, todo fundamentado con la suficiente separación y claridad.- V. Que el Impetrante en un tercer motivo expone: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE SENTENCIA. Este motivo se sustenta en el Artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de Las normas procesales que regulan. La forma y contenido de la sentencias., por la aplicación indebida del Articulo 35 de La Ley de la Jurisdicción de. lo Contencioso Administrativo.- Se quebranta el procedimiento de LA LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EN SU ARTICULO 35, que dice “La Jurisdicción De Lo Contencioso-Administrativo juzgara dentro de. los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición, no obstante., si el tribunal dentro del plazo para dictar sentencia, estimare- que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, los someterá a aquellas mediante providencia en la que, advirtiendo que no prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo de ocho días hábiles para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo” y, como consecuencia, la sentencia recurrida es incongruente con (as pretensiones deducidas en el juicio y, al darse tal incongruencia, dicha sentencia está viciada de nulidad porque viola normas procesales (Articulo 35 de la Ley de La Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo), que. son de orden público, y al estar dicho fallo viciado de nulidad se impone como imperativo decretar la nulidad del mismo para adecuar el procedimiento por la va legal y correcta. La jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la aposición. INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. Al no considerar lo dispuesto por el Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y al NO respetar los límites que, respecto a la forma y contenido de las sentencias, que establece el Artículo 719.1 letra c), como causal del Recurso de Casación, en relación a lo que señala el Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, los Señores Magistrados de la Honorable Corte de Apelaciones Sentenciadora, porque la sentencia pronunciada por El Juzgado de lo Contencioso Administrativo y por extensión la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de manera evidente se encuentra en abierta inobservancia del Artículo 35 de la Ley de la jurisdicción de- lo Contencioso Administrativo y el Artículo 206, del Código Procesal Civil que regula los requisitos internos de tas sentencias donde deben ser dictadas con claridad, precisión y exhaustivas, y el Articulo 208.1 del mismo Código, dispone que las sentencias deben ser: Congruentes con las demandas y con tas demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito en virtud de que su fallo en el caso de mérito no es congruente con las pretensiones deducidas en el juicio, ya que el acto impugnado consiste en que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo presunto negativo creado por el silencio administrativo de un reclamo, al no resolverse dentro de los plazos establecidos por la ley de procedimiento administrativo. Emitido por el Instituto Nacional De Conservación Y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas Y Vida Silvestre (ICF). Del que la Juez sentenciadora en su sentencia no consta que se haya pronunciado sobre su legalidad o ilegalidad y tampoco en la parte dispositiva o fallo expreso que la declarar improcedente la acción dicho acto se encontraba ajustado a derecho. Ya que es un requisito indispensable en toda sentencia tal como Lo establece el articulo 81 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de Lo contencioso Administrativo, Es decir que tanto la ley Jurisdicción de lo contencioso Administrativo, como el Código Procesal Civil ordenan y señalan disposiciones legales, y requisitos así como obligaciones a los funcionarios jurisdiccionales para emitir las sentencias en todos aquellos asuntos que están sometidos a su conocimiento. Donde resulta la incongruencia del fallo recurrida, donde la Juez haciendo suyas las consideraciones y partes resolutivas de este fallo que es visto y examinado en todos sus antecedentes se constata que resulta incongruente, por cuanto se ha pronunciado, sobre hechos no debatidos por las partes en el juicio, adoleciendo además de claridad y precisión y exhaustividad, así como también se violentó el Articulo 35 de la Ley de. la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se emite un fallo incongruente con las pretensiones deducidas por Las partes en el juicio a que dicho fallo pone fin y por ende al no adecuar ese procedimiento se violó flagrantemente la garantía Constitucional del Debido Proceso.”.- VI. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No establece con la suficiente claridad si la violación de los preceptos legales alegados es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas procesales que regulan la forma y contenido de las sentencia; b) En el desarrollo del cargo señala normas no indicadas como violadas, tal es el caso de los artículos 206 y 208 del Código Procesal Civil y 81 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo; y, c) formula alegatos de instancia.- VII. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- VIII. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IX. En vista de lo anteriormente señalado se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el Artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este auto no cabe recurso y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil quince; certificación del auto de fecha veinte de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 705-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL