Sentencia CA-701-13 — Registro 4409
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva en la que declaró improcedente la acción incoada, por estar ajustado a derecho, ya que la misma fue declarada lesiva por un órgano absolutamente incompetente, por lo tanto confirmó en todas y cada una de sus partes dicha resolución, asimismo eximió del pago de costas en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Pero es el caso que la Casasionista no es clara en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación, puesto que en su exposición manifiesta queimpugna la sentencia debido a que la Corte Sentenciadora ha efectuado una “interpretación errónea del Artículo 45 párrafo segundo en relación con el Artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 17 del Código Civil”, pero sin justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, ya que si bien expone con claridad el concepto de la misma, no señala los efectos que debió haber producido una interpretación correcta de las normas señaladas como violadas y qué precepto legal se ha visto vulnerado por la que considera como unainterpretación incorrecta.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Sumado a lo anteriormente motivado, la Recurrente en la explicación de su motivo relaciona parte del material probatorio aportado al proceso y por ello insta la valoración de la prueba, siendo precisorecordarle a la impugnante que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias.- “ En síntesis, del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por laImpetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En adición, se señala a la Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad,precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos invocados.”-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de abril de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada la última ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA, representado en juicio por la abogada CARMEN ALEJANDRA SUAREZ PACHECO y el Recurrido: Sociedad Mercantil SERVICIOS CONSOLIDADOS DE ENERGÍA, S.A. DE C.V. (SERCOIN, S.A. DE C.V.), representados en juicio por el abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto propio firme declarado lesivo a los intereses públicos por la autoridad superior en la jerarquía administrativa que lo dictó, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de octubre del año dos mil once, por la abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de Procuradora General de la República, contra la Sociedad Mercantil SERVICIOS CONSOLIDADOS DE ENERGÍA, S.A. DE C.V. (SERCOIN, S.A. DE C.V.).- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que en fecha 22 de enero del 2009, el abogado Manuel Enrique Alvarado Casco, actuando en su condición de apoderado legal y Administrativo de la Sociedad Mercantil Servicios Consolidados de Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable (SERCOIN SA. DE C.V.), presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), reclamo Administrativo para “… el pago de cantidades adeudadas a título de indemnización por tiempo ocioso del equipo, debido a los varios retrasos en la cancelación de estimaciones y por otras causas no imputables a la empresa contratista reclamante, en relación con el contrato suscrito entre la Empresa SERCOIN S.A. DE C.V. y la SOPTRAVI, para la ejecución del proyecto de pavimentación de la carretera Gracias-La Esperanza, Sección IV, Gracias-San Juan, localizadas en los departamentos de Intibuca y Lempira... “, solicitando en dichos conceptos la cantidad de L.184, 375.652.66, que en fecha 12 de noviembre del 2009, SOPTRAVI, emitió resolución que en la parte declarativa dice ”... Declarar parcialmente con lugar el Reclamo Administrativo presentado por la Sociedad Anónima de Capital Variable (SERCOIN) y autoriza que se le haga efectivo el pago hasta por L.150, 230,622.17 de conformidad con el informe emitido por la Dirección de Carreteras, monto que podrá ser pagado con fondos nacionales o externos...; que en fecha 13 de mayo del 2010, la Procuraduría General de la República, por medio de la Dirección Nacional de Consultaría emitió la opinión legal No. PGR-DNC-027-2010, que en su parte conducente dice: “...esta Dirección Nacional de Consultoría de la Procuraduría General de la República, opina que la resolución dictada por SOPTRAVI, resolviendo el reclamo de la Sociedad Mercantil Servicios Consolidados de Ingeniería Sociedad Anónima de Capital Variable (SERCOIN) no se encuentra ajustada a derecho, constituyendo un grave daño para los intereses del Estado de Honduras, por lo que se recomienda la revisión del procedimiento administrativo por el órgano que dictó el acto, a fin de determinar si éste se encuentra comprendido en alguno de los casos que da lugar a la nulidad de los actos administrativos, tal y como lo establece el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo o en su defecto se proceda a declarar la lesividad del acto administrativo en los términos que establece el artículo 15 de la Ley de esta Jurisdicción...”, opinión que se fundamentó en las incongruencias e insistencias valoradas por el consultor responsable de pronunciar la opinión jurídica solicitada por la Secretaría de Finanzas y que consta en el informe presentado por la empresa supervisora, en el cual fueron considerados sin fundamento los conceptos del reclamo y el informe elaborado por la Dirección General de Carreteras en el cual se consideraron procedentes parcialmente varios conceptos del reclamo; que en fecha seis (6) de junio del 2011, la Secretaría de Finanzas, emitió informe el cual concluye: En consecuencia: Que SOPTRAVI proceda a dar cumplimiento a lo señalado en la opinión legal numero PGR-DNC-027- 2010, emitida por la Procuraduría General de la República, en la que se determina que la resolución dictada por SOPTRAVI, por lo que se recomienda que se proceda a la revisión del procedimiento administrativo por el órgano que dictó el acto a fin de determinar si éste se encuentra comprendido en alguno de los casos que da lugar a la nulidad de los actos administrativos, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo o en su defecto se proceda a declarar la lesividad del acto administrativo, en los términos que establece el artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que la misma señala con toda claridad que la revisión estará a cargo del órgano que dictó el acto, es decir SOPTRAVI, que en fecha 19 de septiembre del 2011 SOPTRAVI, emitió resolución declarando lesivo a los intereses del Estado de Honduras por motivos económicos, la resolución de fecha 12 de noviembre del 2009, emitida por dicha Secretaría de Estado, en los términos siguientes: RESUELVE: PRIMERO.- Declarar lesiva a los intereses del Estado de Honduras por motivos económicos, la resolución de fecha 12 de noviembre del 2009, emitida a favor de la Sociedad Mercantil Servicios Consolidados de Ingeniería Sociedad Anónima de Capital Variable (SERCOIN), autorizando el pago de la cantidad de L.150,230,622.17, por diversos conceptos de conformidad con el informe emitido por la Dirección General de Carreteras, por lo tanto remitir a la Procuraduría General de la República el expediente de mérito para que proceda a promover la demanda de nulidad de la resolución declarada lesiva ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo..., fundados en que los actos administrativos firmes generadores de derecho a favor de los particulares, que se presuma han sido emitidos infringiendo el ordenamiento jurídico en cualquiera de sus manifestaciones, pueden quedar incólumes a perpetuidad, SOPTRAVI, estimó procedente ordenar la sustanciación de trámite excepcional requerido para revisar el acto administrativo conforme a los resultados obtenidos, de decidir lo que en derecho fuese procedente, respecto a declarar o no la lesividad de la resolución de fecha 12 de noviembre del 2009 en aplicación de los artículos 15 y 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que de acuerdo a lo que la Empresa Supervisora sostiene en su informe de control y seguimiento de la ejecución de la obra, los reclamos del contratista NO PROCEDEN, y es el caso que el informe en mención constituye el instrumento indispensable para valorar la procedencia del reclamo, en virtud de que el artículo 217 literal c) del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, dispone que corresponde a los supervisores, la atribución de “llevar el control y seguimiento de la ejecución del contrato y velar por que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas del mismo”, por no tomar en cuenta la Dirección General de Carreteras de SOPTRAVI, para emitir su informe, observar el principio de vinculación positiva a la Ley del informe de la empresa supervisora, hizo incurrir a SOPTRAVI en la responsabilidad de asumir una obligación de pago ilegal, por no haber observado la regla esencial para determinar la procedencia del reclamo; circunstancia que obligó a SOPTRAVI a declarar la lesividad por motivos económicos de la resolución de fecha 12 de noviembre del 2009.- 2. La parte demandada, la empresa SERVICIOS CONSOLIDADOS DE ENERGÍA, S.A. DE C.V. (SERCOIN, S.A. DE C.V.), contestó dicha demanda rechazando en lo que se refiere que la Dirección General de Consultoría de la Procuradora General de la República, donde opina que la Resolución dictada por la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) mediante la cual resolvió el reclamo administrativo de la Sociedad Mercantil “SERVICIOS CONSOLIDADOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” no se encuentra ajustada a derecho, constituyendo un grave daño para los intereses del Estado de Honduras donde recomendaron que se procediera a la revisión del procedimiento administrativo por el órgano que dictó el acto a fin de determinar si éste se encuentra comprendido en alguno de los casos que da lugar a la nulidad de los actos administrativo tal y como lo establece el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo o en su defecto se procediera a declarar la lesividad del acto administrativo en los términos que establece el artículo 15 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Todas las apreciaciones hechas por el Consultor de la Dirección Nacional de Consultoría de la PGR, quien irresponsablemente realizó una opinión jurídica solicitada sobre una Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, que no fue el órgano que emitió el acto del cual pretende declarar su lesividad donde se puede observar que se han violentado las formalidades esenciales del procedimiento para hacer la declaratoria de lesividad de un acto que es firme y consentido a satisfacción de mi representado y el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y además no es cierto que el informe presentado por la empresa supervisora en el cual fueron considerados varios conceptos del reclamo y en otros que deja a criterio de la Dirección General de Carreteras resolver sobre lo reclamado y el informe elaborado por la Dirección General de Carreteras sean incongruentes, pues estos sí tuvieron fundamentos para considerar procedentes varios conceptos del reclamo, informes que obran en el expediente administrativo número 026-2009 de LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), en el cual se puede observar que el INFORME elaborado por la SOCIEDAD MERCANTIL INGENIEROS CONSULTORES HÉRCULES ZÚNIGA S. DE R. L. (INCOHZ), se pronunció respecto a la procedencia de cada uno de los reclamos presentados por la Sociedad Mercantil “SERVICIOS CONSOLIDADOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” sobre la ejecución del PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA GRACIAS-LA ESPERANZA, SECCIÓN IV, GRACIAS-SAN JUAN, donde según nota de fecha 22 de octubre del año 2009 dirigido al Ingeniero Oscar Arriaga, Director General de Carreteras le manifestaron lo siguiente: Esta supervisión procedió al análisis de cada uno de los reclamos presentados por la Empresa Constructora SERCOIN, para lo cual se utilizó toda la correspondencia y anotaciones en BITÁCORA DEL PROYECTO, de las cuales hacemos referencia para mayor ilustración, elaboramos nuestras propias conclusiones y valoraciones. Pero en su gran mayoría corresponderá a la Dirección General de Carreteras hacer su propio análisis para determinar el reconocimiento o no de los reclamos presentados. Con esto se comprueba que la Empresa supervisora del proyecto en ningún momento ha dicho que eran improcedentes los conceptos reclamados por la Empresa Constructora SERCOIN, documento antes relacionado obra a folio 52 del expediente administrativo número 26-2009, creado en SOPTRAVI; que la Dirección Nacional de carreteras en fecha 5 de Noviembre del año 2009, EMITIÓ INFORME QUE OBRA A FOLIO 300 AL 305, DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CON NÚMERO 26-2009, que en las conclusiones dice: EN CONCLUSIÓN Señor Ministro debo manifestarle que en efecto desde el inicio y durante la ejecución del referido proyecto, el contratista ha tenido que enfrentar distintas dificultades y circunstancias que han impedido la ejecución normal del mismo, las cuales no pueden ser imputables a él, (SERCOIN) tales como: falta de liberación oportuna del derecho de vía en el área del proyecto, la no disponibilidad oportuna de los bancos de materiales, cambios sustanciales en la programación de las obras, falta de información constructiva de manera oportuna al contratista, falta o cambios continuos en el Diseño de la Obra, falta o insuficiencia de recursos presupuestarios asignados en cada ejercicio fiscal del proyecto, pago tardío de estimaciones de obra y del anticipo incremento sustancial en las cantidades de obra licitada en un monto de L.34,722,940.52 a un monto total modificado de L.218,516,696.47 y una ampliación de su plazo original de 12 meses a 72 meses, lo que varía sustancialmente las condiciones existentes al momento de la licitación, sumado a la escasez de combustible a nivel nacional. Por lo que de acuerdo a la información proporcionada por la empresa supervisora del proyecto, la revisión de nuestros archivos y nuestros propios análisis y con fundamento en lo establecido en los articulo 28, 69 y 124 numeral 5) y demás aplicables de la Ley de Contratación del Estado, esta Dirección General de Carreteras, estima procedente reconocer al reclamante la suma total de CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS, (L.150,230,622.17), el informe está sellado y firmado por el señor Oscar Armando Arriaga en su Condición de DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS. También obra a folio 369 al 376 deI expediente 26-2009 el Dictamen de la Asesoría Legal de SOPTRAVI, de fecha 10 de noviembre del año 2009, donde después de haber establecido en el mismo los hechos y consideraciones legales emitieron DICTAMEN FAVORABLE para que sea efectuado el pago a la Compañía reclamante SERCOIN S.A de conformidad a lo informado por la Compañía Supervisora del Proyecto y el informe emitido por la Dirección General de Carreteras y que consiste de varios conceptos CONCLUYENDO que en efecto desde el inicio y ejecución del referido proyecto el contratista ha tenido que enfrentar distintas dificultades y circunstancias que han impedido la ejecución normal del mismo, las cuales no pueden serle imputables a el (SERCOIN) tales como: Falta de liberación oportuna del derecho de vía en el área del proyecto, la no disponibilidad oportuna de los bancos de materiales, cambios sustanciales en la programación de las obras, falta de información constructiva de manera oportuna al contratista, falta o cambios continuos en el diseño de la obra, falta o insuficiencia de recursos presupuestarios asignados en cada ejercicio fiscal al proyecto, pago tardío de estimaciones de obra y del anticipo, incremento sustancial en las cantidades de obra licitada, entre otras, en un monto de L.34,722,940.52 a un monto total modificado de L.218,516,696.47 y una ampliación de su plazo original de 12 meses a 72 meses, lo que varía sustancialmente las condiciones existentes al momento de la licitación y escasez de combustible a nivel nacional. Por lo que de acuerdo a la información proporcionada por la empresa supervisora del proyecto, la revisión de nuestros archivos y nuestros propios análisis y con fundamento en lo establecido en los artículo 28, 69 y 124 numeral y demás aplicables de la Ley de Contratación del Estado, esta Dirección General de Carreteras, estima procedente reconocer al reclamante la suma total de CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS, (L.150,230,622.17); el dictamen antes relacionado fue firmado por la Abogada Lidilia Girón P. en su condición de Directora Legal de SOPTRAVI; también consta en autos del expediente administrativo con registro 26-2009 del reclamo administrativo, la Resolución de fecha 12 de noviembre del año 2009, emitida por LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) y en la cual en la parte resolutiva resolvió: declarar parcialmente con lugar el reclamo presentado por la Sociedad Mercantil denominada SERCOIN y autoriza que se le haga efectivo el pago hasta por un monto de CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS, (L.150,230,622.17) de conformidad con el informe emitido por la Dirección General de Carreteras monto que podrá ser pagado con fondos nacionales o externos, dicha resolución es un acto firme y consentido a satisfacción del Estado de Honduras a través de SOPTRAVI y el demandado. De lo que se puede evidenciar que existiendo todos estos documentos ahora venga a decir el Estado de Honduras que quiere anular la resolución de fecha 12 de noviembre de 2009 porque “lo considera LESIVO a los intereses económicos del Estado”, se rechaza por haberse quebrantado las formalidades esenciales del procedimiento para declarar tal lesividad, donde la parte demandante, expresa que en base al informe emitido por LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, en fecha 6 de junio del año 2011, CONCLUYE, que LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI). Proceda a dar cumplimiento a lo señalado en la opinión legal número PGR-DNC-027-2010, emitido por la Procuraduría General de la República, desconociéndose que la administración cuando intervenga en un proceso Contencioso Administrativo como parte demandante pretendiendo la anulación de un acto propio, firme y creador de un derecho subjetivo debe cumplir igual que el administrado con un determinado requisito que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo exige para que la misma sea admitida. Este requisito de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es el siguiente: declarar en vía administrativa que el acto administrativo es lesivo a los interese públicos, de carácter económico o de cualquier naturaleza. La declaratoria de lesividad de intereses necesariamente debe producirse dentro de un procedimiento que debe incoar de oficio la Administración Pública (pero no como lo hizo la administración pública en el mismo expediente numero 26-2009, donde se resolvió un reclamo administrativo presentado por SERCOIN). El procedimiento debe iniciarse de oficio y tramitarse como ordena la ley de Procedimiento Administrativo, que el órgano competente para declarar la lesividad de intereses, atendiendo el tipo de dependencias en donde este se integre, será el siguiente: si se trata de un acto emitido por un órgano de una Secretaría de Estado, será el secretario de Estado: en un órgano desconcentrado, será el órgano superior de la jerarquía, que, generalmente es un órgano colegiado; en una institución autónoma será, igual que el órgano colegiado es decir el órgano superior de la jerarquía administrativa, que comúnmente es la Junta Directiva, en una Municipalidad será la Corporación Municipal. Por ende el único órgano competente para declarar la lesividad de un acto emitido por un órgano de cualquier secretaria de estado u órgano desconcentrado, lo será el consejo de ministros pero para ello necesariamente debe solicitar dictamen de la Procuraduría General de la República, articulo 45 segundo párrafo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sin embargo este dictamen no es vinculante de modo que aunque ésta lo emita desfavorable o favorable el Consejo de Ministros puede declarar la lesividad, si estima que es procedente declararla. En el presente caso la declaración de lesividad la practicó la misma SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), que no tiene competencia para hacer tal declaratoria en vista que los órganos del Poder Ejecutivo son el Presidente de la República, Consejo de Ministros y Secretarios de Estados, por lo tanto, por el orden jerárquico el superior es el Consejo de Ministros quien debió declarar en su caso si procedía la declaratoria de lesividad. Que se infringió el ordenamiento jurídico y quebrantarse las formalidades esenciales del procedimiento, al emitirse la Resolución de fecha 19 de septiembre del año 2011 por SOPTRAVI y mediante la cual declaró LESIVA a los intereses del Estado de Honduras por motivos económicos la Resolución de fecha 12 de noviembre del año 2009, a favor de la Sociedad Mercantil “SERVICIOS CONSOLIDADOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”“SERCOIN”, donde se autorizó el pago de CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS, (L.150,230,622.17), por diversos conceptos de conformidad con el informe emitido por la Dirección General de Carreteras. La parte demandante no ha querido reconocer que la Resolución de fecha 12 de noviembre del año 2009, se encuentra ajustada a derecho porque intencionalmente ha omitido que el pago que se le autorizó a la “Empresa SERCOIN”, fue sustentado en el sentido que desde el inicio y durante la ejecución del PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA GRACIAS-LA ESPERANZA, SECCIÓN IV, GRACIAS-SAN JUAN, el contratista enfrentó distintas dificultades y circunstancias que le impidieron la ejecución normal del Proyecto, las cuales no pueden ser imputables a él, tales como: a) Falta de liberación oportuna del derecho de vía en el área del proyecto; b) La no disponibilidad oportuna de los bancos de materiales; c).- Cambios sustanciales en la programación de las obras; d).- Falta de información constructiva de manera oportuna al contratista; e).- Falta o cambios continuos en el diseño de la obra; f).- falta o insuficiencia de recursos presupuestarios asignados en cada ejercicio fiscal del proyecto g)- Pago tardío de estimaciones de obra y del anticipo; h).Incremento sustancial en las cantidades de obra licitadas en un monto inicial de L.34,722,940.52 a un monto total modificado de L.218,516,696.47 y una ampliación de su plazo original de 12 meses a 72 meses, lo que varió sustancialmente las condiciones existentes al momento de la licitación: i).- Escases de combustible a nivel nacional, por lo que de acuerdo a la información proporcionada por la empresa supervisora del proyecto, la revisión de sus archivos y sus propios análisis y fundamentándose en lo establecido en los artículos 28, 69 y 124 numeral 5) y demás aplicables de la Ley de Contratación del Estado, La Dirección General de Carreteras, estimó procedente reconocer al reclamante la suma total de CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS, (L.150,230,622.17). Que también consta que antes de que se declarara la LESIVIDAD, a folio 399, del expediente administrativo con registro 026-09 consta el oficio número GA-31-0512010 de fecha 31 de mayo del año 2010, firmado por la señora LILIA MARIA BOGRAN en su condición de Gerente Administrativa de la Secretaria de Finanzas, donde manifiesta que en atención al memorando sin numero emitido por la Secretaria General de Finanzas de fecha 25 de mayo del año 2010, adjuntamos al presente el original de la certificación emitida por la SECRETARIA GENERAL de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con fecha 14 de mayo del año 2010, referente al compromiso de pago que esa Secretaría de Estado tiene con la Sociedad Mercantil “SERVICIOS CONSOLIDADOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” SERCOIN”, con el fin de que proceda de conformidad al contenido de dicha certificación, también obra a folio 400 del expediente administrativo 26-09 el Memorando de fecha 25 de mayo del año 2010, del Abogado Ricardo Guillermo Estrada Saravia, Secretario General de MARIA BOGRAN Gerente Administrativa de la Secretaria de Finanzas. Asunto: Remisión de Dictamen original remitido por la Procuraduría General de la República, donde le manifiesta que por medio del presente remito a usted la certificación de la OPINIÓN LEGAL emitida por la Procuraduría General de la República con orden de ingreso numero PGR-DNC-027-2010, para que se inicie el proceso de nulidad de oficio en los términos establecidos en dicho dictamen por lo que sugiere se remitan las diligencias a la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI).Para la citada nulidad (obsérvese que quien inicia el procedimiento de LESIVIDAD es la Secretaria de Finanzas por medio de su Secretario General, quienes se estaban entrometiendo en asuntos de actos administrativos que fueron emitidos por SOPTRAVI), también consta el oficio SGPR-101-2010 de fecha 14 de mayo del año 2010, firmada por Guillermina L. Ayala Espinoza en su condición de Secretaria General de la PGR, dirigido al Licenciado WILLIAM CHONG WONG, en su condición de Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas donde le manifiesta que: respetuosamente me dirijo a usted con el fin de remitir la certificación de opinión legal emitida por la Dirección Nacional de Consultoría de la PGR, referente a la solicitud proveniente de esa secretaria de Estado, mediante la cual solicito opinión respecto del reclamo administrativo, para el pago de cantidades adeudadas a titulo indemnizatorio por tiempo ocioso del equipo debido a los varios retrasos en la cancelación de estimaciones y por otras causas no imputables a la empresa contratista Sociedad Mercantil “SERVICIOS CONSOLIDADOS DE INGENIERÍA, S.A. De C.V.” del PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA GRACIAS-LA ESPERANZA, SECCIÓN IV, GRACIAS-SAN JUAN. El que asciende a la suma total de CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS, (L.150, 230,622.17). De conformidad con el informe Técnico- Legal emitido por la Dirección General de Carreteras y ratificado por la Asesoría Legal de SOPTRAVI, estableciéndose que dicho monto debe ser pagado con fondos nacionales o externos. La resolución en virtud de no haberse interpuesto contra ella los recursos que la ley faculta y habiendo expresado el apoderado legal de la empresa reclamante su conformidad, en la notificación personal que el mismo realizara dicha resolución quedo firme poniendo de esa manera fin a la vía administrativa. Continuando con el procedimiento de la ley y para su ejecución a su propia resolución SOPTRAVI la certifico y la remitió a la secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, instruyéndola para que realizara el pago a la empresa reclamante por la cantidad (Lps.150,230,622.17). En concepto de indemnización por tiempo ocioso y otros imputados y aceptados por el estado. A este respecto tanto a los socios accionistas de la empresa reclamante a cuyo favor se dictara legalmente y en debida forma la resolución de merito nos parece un tanto extraño la manera de actuar del Titular de la Secretaría de Finanzas, Y UN INUSUAL PROCEDIMIENTO adoptado por el, consistente en el hecho de solicitar ala PGR y mediante oficio numero SG-042-2010 de fecha 19 de febrero del año 2010, (3 meses después de emitida la resolución de SOPTRAVI y que tiene carácter de firme y consentida) que emitiera una opinión con relación a la misma, cuando en estricto derecho lo que cabía, en su caso, era darle su cumplimiento y únicamente mandar a la dependencia respectiva proceder al pago de la cantidad ordenada,. Reconocida, y aceptada a favor de la empresa reclamante SERCOIN. Sin embargo el procedimiento administrativo de pago que se le siguió a mi representada por los daños reconocidos por SOPTRAVI el mismo ha sido temerariamente y alevosamente quebrantado, que la indemnización que se le autorizo al demandado “No constituye una indemnización sino que un verdadero enriquecimiento injusto pues no guarda ninguna proporción entre lo que se presume ha sido un daño y un perjuicio, y lo que sería su indemnización”. Que el acto administrativo que presuntamente considera lesivo el estado de Honduras se encuentra dictado en forma legal y de conformidad a derecho porque del análisis y defensa jurídica doctrinaria del acto administrativo dictado por SOPTRAVI se desprende que del estudio y revisión del expediente con registro 026- 2009 que contiene el reclamo administrativo presentado ante SOPTRAVI por mi representada, se deduce con objetividad plena, que el acto administrativo dictado por dicha Secretaria de Estado o sea la resolución de fecha 12 de noviembre del año 2009, reúne jurídicamente y doctrinariamente todos los elementos y requisitos que deben concurrir en forma simultánea para la plena validez y eficacia del mismo por lo que a continuación pasamos a analizarlo de la manera siguiente: conforme a la ley de procedimiento administrativo, los elementos del acto administrativo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha trece de noviembre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva en la que declaró improcedente la acción incoada, por estar ajustado a derecho la resolución de fecha 12 de noviembre de 2009, ya que la misma fue declarada lesiva por un órgano absolutamente incompetente, por lo tanto confirmó en todas y cada una de sus partes dicha resolución, asimismo eximió del pago de costas. Criterio: Que el artículo 15 de la Ley de esta Jurisdicción establece que la Administración Pública podrá pedir ilegalidad o la anulación de un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo, cuando el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo dictó, haya declarado en resolución fundada, que es lesivo a los intereses públicos que ella representa, que por su lado, el artículo 45 del mismo cuerpo legal establece, que cuando la propia administración autora de algún acto pretendiere demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo su anulación, deberá previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, de carácter económico o de cualquier otra naturaleza, en el plazo de cuatro (4) años, a contar desde la fecha en que hubiere sido dictado. Los actos dictados por un órgano de una Secretaría de Estado o de un órgano desconcentrado de la Administración Pública Central, no podrán ser declarados lesivos por otras Secretarías de Estado u órganos desconcentrados pero si en virtud de Decreto emanado del Consejo de Ministros, previa consulta a la Procuraduría General de la República; que el procedimiento de lesividad es una excepción al principio que establece que nadie puede ir en contra de sus propios actos, por lo tanto el procedimiento debe estar revestido de legalidad para garantizar el derecho del particular, el cual ya es titular de un derecho subjetivo, reconocido y firme. El proceso de lesividad es una protección a la seguridad jurídica del Administrado, en el sentido de que si tiene un derecho derivado de un acto administrativo, puede tener la confianza de que no será suprimido sin un juicio con todas las garantías de un proceso judicial. Por lo que el suscrito Juez estima que el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución de fecha 12 de noviembre del 2009, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), no se encuentra dictada conforme a derecho, en vista que para declarar la lesividad de un acto administrativo, no se cumplió con uno de los requisitos establecido en el artículo 15 de la Ley de esta jurisdicción, ya que como se estableció con los hechos probados, la declaratoria de lesividad fue emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), siendo lo procedente que la declaratoria de lesividad fuera declarada por el Presidente de la República a través del Consejo de Ministros, ya que este es el órgano superior de la jerarquía administrativa en la Administración Publica Centralizada.- 4. La Corte de Apelaciones de lo contencioso administrativo, en fecha seis de junio del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva en la que confirmó la proferida por el a-quo. Criterio: Que como principio general la administración pública en cualquier momento puede, ya sea de oficio o a petición de parte, revisar y anular sus propios actos administrativos que sean nulos de pleno derecho, pero no los pueden anular cuando estos ya tienen el carácter de firme y sean creadores de derechos subjetivos a terceros, y que cuando se da este último presupuesto la figura a llevar a cabo es la declaratoria de lesividad de actos administrativos previstas en los artículos 15, 19, 20, 45, 53, 54 y 57 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que claramente el artículo 45 párrafo segundo en relación con el artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo nos señala cual es el órgano que puede declarar lesivo el acto administrativo, y en el caso que nos ocupa en virtud de una decisión adoptado por un órgano de una Secretaría de Estado, solamente puede ser declarado lesivo en virtud de decreto emanado del Consejo de Ministros, previa consulta a la Procuraduría General de la República. Que al ser clara la Ley al señalar que es el competente para declarar lesivo un acto administrativo firme emitido por una Secretaría de Estado, es el Consejo de Ministros en virtud de decreto emanado del mismo, en consecuencia de la revisión de los antecedentes nos encontramos que el procedimiento de declaratoria de lesividad de actos administrativos adoptado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), esta viciado de nulidad, porque es el Secretario de Estado de dicho despacho quien declara lesivo un propio acto firme, lo que es totalmente contrario a derecho, porque el Secretario de Estado no es competente para declarar lesivos sus propios actos firmes o emitidos por algún otro órgano de su dependencia, ya que el único competente es el Consejo de Ministros previa consulta de la Procuraduría General de la República. Que al estar debidamente probado de autos que el procedimiento de declaratoria de lesividad de actos administrativos llevado a cabo por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), es nulo de pleno derecho por haberse dictado por un órgano absolutamente incompetente tal como consta a folios números 506 al 510 de la primera pieza de autos, esta Corte de Apelaciones es del criterio que se debe confirmar la sentencia definitiva venida en apelación por ser conforme a derecho.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada CARMEN ALEJANDRA SUAREZ PACHECO, en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil trece, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha seis de junio del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.081-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 484-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el Ad-quem mediante providencia de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la demandada, SERVICIOS CONSOLIDADOS DE ENERGÍA, S.A. DE C.V. (SERCOIN, S.A. DE C.V.), representados en juicio por el abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, presentó, en fecha nueve de octubre del año dos mil trece, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha once de octubre del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante ese alto Tribunal, apareciendo notificados en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil trece, los abogados CLAUDIA JESSENIA PINEL SOUZA y JOSE EFRAIN BRICEÑO.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados JOSE EFRAIN BRICEÑO y CARMEN ALEJANDRA SUAREZ PACHECO, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada por la la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de junio del año dos mil trece y que el recurrente fundamenta su motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo por interpretación errónea del Artículo 45 párrafo segundo en relación con el Artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 17 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. El motivo de casación se encuentra comprendido dentro de las causales de casación establecida en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La interpretación errónea se produce cuando se aplica la norma que regula el caso pero el Juzgador le da un sentido diferente. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La interpretación errónea se produce cuando se aplica la norma que regula el caso pero el Juzgador le da un sentido diferente. La Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) consideró que la Resolución de fecha 12 de noviembre de 2009 era lesiva a los intereses económicos del Estado de Honduras por lo que procedió a declarar su Lesividad siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo para después demandar ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo la nulidad de su propio acto. En ese sentido y de acuerdo con la citada Ley procedió a solicitar de la Procuraduría General de la República el dictamen correspondiente y ésta representación del Estado emitió el dictamen que en su parte conducente dice: “Que la resolución dictada por la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), resolviendo el reclamo de SERCOIN no se encuentra ajustada a derecho, constituyendo un grave daño para los intereses del Estado de Honduras, por lo que recomienda que se proceda a la revisión del procedimiento administrativo por el órgano que dictó el acto, a fin de determinar si éste se encuentra comprendido en alguno de los casos que da lugar a la nulidad de los Actos Administrativos, conforme lo establece el Artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo o en su defecto se proceda a declarar la lesividad del acto administrativo en los términos que establece el Artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Para el trámite de nulidad de Oficio de la Resolución de fecha 12 de noviembre de 2010, la referida Secretaría de Estado procederá de conformidad a lo establecido en Artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo que indica: “La declaración de nulidad de los actos enumerados en el Artículo 34, se hará, de oficio y en cualquier momento, por el órgano que dictó el acto o por el superior, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República “, en relación al Artículo 34 de la misma Ley que señala: “Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos: a) Los dictados por órgano absolutamente incompetente; b) Aquellos cuyo objeto sea imposible o configure un delito; c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; d) Los que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, e) Los de carácter general que infrinjan los limites señalados a la potestad reglamentaria establecido por el artículo 40, y fi Los que contraríen lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública. “. (La negrita es nuestra). Una vez adoptadas las resoluciones pertinentes para dar inicio al trámite consignado en dicho artículo y haciendo el señalamiento claro del vicio que vuelve anulable la resolución que tienen carácter de firme, el cual deberá enmarcarse en lo establecido en el Artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, procede remitir el expediente que contiene las diligencias practicadas en el Reclamo Administrativo de mérito a la Procuraduría General de la República, para la emisión del Dictamen correspondiente, previo la declaratoria de nulidad de la referida Resolución. No obstante lo anterior, de considerar SOPTRAVI que la referida Resolución, es lesiva a los intereses públicos, puede igualmente proceder de conformidad al trámite de declaración de lesividad del acto, para lo cual deberá primero declararse así en Resolución fundada y seguidamente pedir la anulación de dicho acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo....” Posteriormente la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), con fecha diecinueve (19) de Septiembre del año dos mil once (2011), emitió la Resolución siguiente: “RESUELVE: PRIMERO.- DECLARAR LESIVA A LOS INTERESES DEL ESTADO DE HONDURAS POR MOTIVOS ECONÓMICOS LA RESOLUCIÓN DE FECHA DOCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE emitida a favor de la sociedad mercantil SERVICIOS CONSOLIDADOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (SERCOIN) autorizando al pago de la cantidad de ciento cincuenta millones doscientos treinta mil seiscientos veintidós lempiras con diecisiete centavos (L. 150,230,622.17), por diversos conceptos de conformidad con el informe emitido por la Dirección General de Carreteras.- SEGUNDO: Remitir a la Procuraduría General de la República el expediente de mérito para que proceda a promover la demanda de nulidad de la resolución declarada lesiva, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo”. La Procuraduría General de la República interpuso ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo demanda para que se declarase la nulidad de su propio acto, es decir de la Resolución de fecha 12 de noviembre de 2009 emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). Con fecha 13 de noviembre de 2012 el Juzgado de primera instancia dictó sentencia en la que declaró improcedente la acción incoada por el Estado de Honduras, que posteriormente fue confirmada por el Tribunal de Alzada en sentencia de 6 de junio de 2013. La Corte recurrida para desestimar el recurso de apelación y por consiguiente, confirmar la sentencia apelada hizo aplicación de los Artículos 45 párrafo segundo en relación con el 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razonando para ello en los siguientes términos: “CONSIDERANDO: Que claramente el Artículo 45 párrafo segundo en relación con el 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo nos señala cuál es el órgano que puede declarar lesivo el acto administrativo, y en el caso que nos ocupa en virtud de una decisión adoptada por un órgano de una Secretaría de Estado, solamente puede ser declarado lesivo en virtud de decreto emanado del Consejo de Ministros previa consulta de la Procuraduría General de la República. CONSIDERANDO 6: Que al ser clara la Ley al señalar que el órgano competente para declarar lesivo un acto administrativo firme emitido por una Secretaría de Estado, es el Consejo de Ministros en virtud de decreto emanado del mismo, en consecuencia de la revisión de los antecedentes nos encontramos que el procedimiento de declaratoria de Lesividad de actos administrativos adoptado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), está viciado de nulidad porque es el Secretario de Estado de dicho despacho quien declara lesivo un propio acto firme, lo que es totalmente contrario a derecho, porque el Secretario de Estado no es competente para declarar lesivos sus propios actos firmes y emitidos por otro órgano de su dependencia, ya que el único competente es el Consejo de Ministros previa consulta de la Procuraduría General de la República. CONSIDERANDO (7): Que al estar debidamente probado de autos que el procedimiento de declaratoria de Lesividad de actos administrativos llevado a cabo por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), es nulo de pleno derecho por haberse dictado por un órgano absolutamente incompetente tal como onsta a folios números 506 al 510 de la primera pieza de autos, esta Corte de Apelaciones es del criterio que se debe confirmar la sentencia definitiva venida en apelación por ser conforme a derecho.” Los artículos 15 y 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo prescriben: “Artículo 15. -La administración publica podrá pedir la ilegalidad o la anulación de un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo, cuando el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo dicto, haya declarado en resolución fundada, que es lesivo a los intereses públicos que ella representa.”“Artículo 45. Cuando la propia administración autora de algún acto pretendiere demandar su nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo su anulación, deberá previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, de carácter económico o de cualquier otra naturaleza, en el plazo de cuatro años, a contar de la fecha en que hubiere sido dictado. Los actos dictados por un órgano de una secretaría de estado o un órgano desconcentrado de la administración pública central, no podrán ser declarados lesivos por otras secretarias de estado u órganos desconcentrados pero si en virtud de decreto emanado del consejo de ministros, previa consulta a la Procuraduría General de la República.” Dice el Artículo 17 del Código Civil que “no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador.” Pues bien, de la aplicación que el Tribunal Sentenciador hace de los artículos 45 párrafo segundo y 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se evidencia un razonamiento equivocado, una interpretación errónea de los mismos pues no es el sentido que el legislador les dijo. Según el razonamiento del Juzgador, la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) no podía haber decretado la nulidad de su propio acto, sino que debió hacerlo el Consejo de Ministros previa consulta de la Procuraduría General de la República, sin embargo, los artículos en cuestión son claros en su redacción y no dan lugar a otra interpretación que la que resulta de sus propios términos: es la Secretaría de Estado autora de su propio acto la que puede declararlo lesivo y solo cuando otra Secretaría de Estado pretende declarar esa lesividad, se procede por medio del Consejo de Ministros quien emite el decreto correspondiente previa consulta de la Procuraduría General de la República. En el presente caso, fue la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), el órgano competente, la que emitió la resolución de 12 de noviembre de 2009 y la que posteriormente declaró su lesividad con el dictamen de la Procuraduría General de la República. Siendo entonces que la exegesis que hace el Tribunal recurrido de los artículos 45 párrafo segundo y 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es errónea, se estima la procedencia de este motivo único de casación”.- II. Pero es el caso que la Casasionista no es clara en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación, puesto que en su exposición manifiesta que impugna la sentencia debido a que la Corte Sentenciadora ha efectuado una “interpretación errónea del Artículo 45 párrafo segundo en relación con el Artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 17 del Código Civil”, pero sin justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, ya que si bien expone con claridad el concepto de la misma, no señala los efectos que debió haber producido una interpretación correcta de las normas señaladas como violadas y qué precepto legal se ha visto vulnerado por la que considera como una interpretación incorrecta.- III. Sumado a lo anteriormente motivado, la Recurrente en la explicación de su motivo relaciona parte del material probatorio aportado al proceso y por ello insta la valoración de la prueba, siendo preciso recordarle a la impugnante que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias.- IV. En síntesis, del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En adición, se señala a la Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos invocados.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de mayo del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiocho de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 701-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL