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Sentencia CA-689-13 — Registro 4296

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por nos estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV.- Resuelto lo anterior, es imperativo para esta Sala señalar que en este tipo de asuntos donde el demandado en el escrito de contestación de la demanda aceptó los hechos de la misma, asi como lo demandado por el actor, resultaba inoficioso recurrir de la sentencia definitiva dictada por el a quo, sin tener bases ni fundamentos jurídicos para hacerlo, ya que ello solo causa mayores costos a la parte que acude a ejercitar los medios de impugnación referidos, por lo que siendo una institución del Estado la demandada, es deber de los órganos fiscalizadores del mismo, deducir las responsabilidades que correspondan, al estimarse como abuso del derecho el impugnar las resoluciones sin posibilidades de variar la situación jurídica determinada.- "- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo.- VI.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de enero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE, y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA y el Recurrido: JOSÉ ELÍ ROJAS DIAZ, representado en juicio por la Abogada TIRSA NAARA DÍAZ LUPIAN.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para declarar nula e ilegal una cancelación por despido, reintegro, pago de salarios dejados de percibir y demás indemnizaciones, costas, promovida por el señor JOSE ELI ROJAS DÍAZ, mayor de edad, casado, Jornalero, hondureño y de este domicilio, representado en juicio por la Abogada TIRSA NAARA DÍAZ LUPIAN, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de abril del año dos mil seis contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representados en juicio por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que fue nombrado como Conserje de la Dirección General de Regularización Predial mediante acuerdo No.10-2005 del 30 de junio del 2005, para desempeñarse como Conserje de la Dirección General de Regularización Predial, que el 31 de marzo de 2006 en forma sorpresiva se le hizo entrega del acuerdo de cancelación 17-2006, sin que se invocara en el mismo una causa justificada legalmente.- 2.- La parte demandada, INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda aceptando los hechos expuestos por el demandante.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha treinta de enero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, se reconoce la situación jurídica individualizada del demandante, por lo tanto se ordena el reintegro del demandante al cargo que ocupaba al momento de la cancelación, se condena al demandado al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación, hasta que sea restituido en el puesto, se decreta la nulidad del acto administrativo por medio del cual se nombro sustituto del demandante, sin costas. Criterio: que está probado en autos que la autoridad nominadora no siguió ningún procedimiento de los que ordena la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, lo que hace que el acto administrativo impugnado se encuentre las causales de invalidez que vuelven nulos los actos administrativos.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha siete de febrero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, en fecha veintidós de marzo del año dos mil trece, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha siete de febrero del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.005-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 204-2006 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha tres de abril del año dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, JOSÉ ELÍ ROJAS DIAZ, representado en juicio por la Abogada TIRSA NAARA DÍAZ LUPIAN, presentó, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil trece, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificadas vía telefónica de dicha resolución en fecha cinco de noviembre del año dos mil trece, las Abogadas NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA y TIRSA NAARA DÍAZ LUPIAN.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, mediante providencia de fecha nueve de enero del año dos mil catorce, se declaró precluído el plazo concedido dejados de utilizar por las abogadas NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA y TIRSA NAARA DÍAZ LUPIAN, para personarse, como apoderadas recurrente y recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que el Magistrado ponente en ninguno de sus considerandos argumenta o se pronuncia sobre lo solicitado en mi expresión de agravios, en cuanto a lo argumentado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo donde establece lo siguiente: “Declarar Sin Lugar el recurso de Apelación, interpuesto por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO en su condición de apoderada legal del Instituto de la Propiedad. - SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha trece de diciembre de dos mil once..” SEGUNDO: Que en sus considerandos la Honorable Corte no debate ninguna disposición ni alegato en contra de mi expresión de agravios en el numeral SEGUNDO dicha cancelación si se llevo a cabo el debido proceso para hacer efectivo la cancelación del señor JOSE ELI ROJAS DIAZ, en virtud de que el demandante consta en auto del expediente administrativo, el mismo fue cancelado dentro de las atribuciones que ostenta todos los Directores de acuerdo a lo que establece el artículo 14 de la Ley de Propiedad. - TERCERO: Que en dicha sentencia en dicho fallo Número Cuarto: se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante; en tal caso lo que llevo a efectuar la cancelación del demandante no fue para contratar nuevo personal puesto que al cargo no se ha hecho efectivo sustitución alguna. CUARTO: Que tal inoperancia honorables magistrados en virtud de que el demandante fue despedido conforme a derecho.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. Tal inobservancia de los Honorables Magistrados, que en todo caso, lo que se debió conceder, son los derechos que le corresponden de acuerdo a los salarios dejados de percibir; asimismo que si se siguió el debido proceso para proceder a cancelarlo de su puesto de trabajo.PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA.”.- II.- Que el Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso.- III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV.- Resuelto lo anterior, es imperativo para esta Sala señalar que en este tipo de asuntos donde el demandado en el escrito de contestación de la demanda aceptó los hechos de la misma, asi como lo demandado por el actor, resultaba inoficioso recurrir de la sentencia definitiva dictada por el a quo, sin tener bases ni fundamentos jurídicos para hacerlo, ya que ello solo causa mayores costos a la parte que acude a ejercitar los medios de impugnación referidos, por lo que siendo una institución del Estado la demandada, es deber de los órganos fiscalizadores del mismo, deducir las responsabilidades que correspondan, al estimarse como abuso del derecho el impugnar las resoluciones sin posibilidades de variar la situación jurídica determinada.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo.- VI.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho merito. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia, así como al Tribunal Superior de Cuentas. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintisiete de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 689-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL