Sentencia CA-688-13 — Registro 4260
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Cabe mencionar que el censor no ha sido claro en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación en su único motivo, al no precisar el concepto de la infracción cuando propone que “Este motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma, los actos y garantías procesales ya que su infracción supone la forma y contenido de la sentencia. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 1), letra c), del Código Procesal Civil…” (la negrilla no es parte del texto original), violando con ello la exigencia contenida en el Artículo 721, numeral 2) del Código Procesal Civil, que establece que en el escrito del recurso se harán constar los motivos en que se basa la casación, con expresión de las normas de derecho cuyo infracción sustente cada motivo, todo ello fundamentado con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y pertinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. Aunado a lo anteriormente señalado, en la formulación del motivo el impetrante denuncia como normas de derecho cuyo infracción sustentan el motivo, los artículos 3, 7, 211, 213 y 214 numeral 1) del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente por virtud del Artículo 134 de la Ley de esta Jurisdicción, sin embargo en su explicación alude a la violación de otras normas no denunciadas en su formulación como es el caso de los artículos 78 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 480 del Código Procesal Civil, además de que no identifica con total precisión el pronunciamiento o parte de él que está impugnando."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
" Aunado a lo anteriormente señalado, en la formulación del motivo el impetrante denuncia como normas de derecho cuyo infracción sustentan el motivo, los artículos 3, 7, 211, 213 y 214 numeral 1) del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente por virtud del Artículo 134 de la Ley de esta Jurisdicción, sin embargo en su explicación alude a la violación de otras normas no denunciadas en su formulación como es el caso de los artículos 78 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 480 del Código Procesal Civil, además de que no identifica con total precisión el pronunciamiento o parte de él que está impugnando.- V.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de enero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada ponente la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES; y, el Recurrido: señor MARIO ANTONIO DURON VALERIANO, representado en juicio por el Abogado GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda personal para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reintegro, salarios caídos a titulo de daños y perjuicios, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de septiembre del dos mil nueve, por el señor MARIO ANTONIO DURON VALERIANO, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Economía y de este domicilio, representado en juicio por el Abogado GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR, contra el CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a trabajar el trece de marzo del dos mil seis, en el cargo de Planificador Presupuestario, dependiente del centro de Informática y Estudios legislativo CIEL, según acuerdo de nombramiento numero 036/06/N/CIEL/CN, en fecha diecinueve de agosto del dos mil ocho, el Presidente del Congreso Nacional le asignó que a partir del primero de agosto del dos mil ocho un incremento salarial de L.3,500 siendo su sueldo de L.16,000, siendo cancelado de su cargo el uno de septiembre del dos mil nueve, siendo injusto ya que no existe causa o fundamento legal para tal determinación, no llevándose a cabo reducción forzosa de servicios o personal para una mayor eficacia.- 2.- La parte demandada, el CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la cancelación del demandante se realizó conforme a derecho, se le hizo el ofrecimiento del pago de sus prestaciones laborales, ya que no se requería de sus servicios, teniendo la facultad el Presidente del Congreso para mover y cancelar personal.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de octubre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando: procedente la acción promovida por no ajustarse a derecho el acto impugnado por lo cual se anula y reconoce la situación jurídica individualizada del demandante, condena al Estado de Honduras a través del Congreso Nacional al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación hasta su reintegro, se decreta la nulidad en el caso que se haya nombrado sustituto en su puesto y sin costas; bajo el criterio que el acto de cancelación del demandante se realizo infringiendo lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, ya que no indica motivo o causal, no constando en autos que la autoridad nominadora haya dado cumplimiento a lo establecido el la Ley de Servicio Civil y su reglamento para proceder a la cancelación.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional, en fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la proferida por el a-quo y sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir acuerdo de cancelación estaba obligada a seguirle procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico teniendo como consecuencia su nulidad.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, en fecha veinticinco de junio del dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 144-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 269-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintiséis de junio del dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, abogado MARIO ANTONIO DURON VALERIANO, presentó en fecha veinticuatro de septiembre del dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación planteado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticinco de septiembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas once de octubre el abogado GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR y el veintiocho de octubre del dos mil trece el abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto auto teniendo por personados a los abogados GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR y PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que el recurrente comparece ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, denunciando un motivo de casaciòn al tenor de lo que preceptúan los artículos 716 y 719 numeral 1) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVO DE CASACIÓN: “Este motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma, los actos y garantías procesales ya que su infracción supone la forma y contenido de la sentencia. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 1), letra c), del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Los artículos 3, 7, 211, 213 y 214 numeral 1) del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente por virtud del Artículo 134 de la Ley de esta Jurisdicción y relacionados entre sí establecen que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su anulabilidad cuando estos actos procesales contengan irregularidades, siendo los medios idóneos para lograr la anulación de los actos procesales la utilización de los recursos establecidos en la ley, como es el caso. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: las garantías del debido proceso implican, entre otros aspectos que el proceso es por sí mismo un instrumento de tutela de los derechos sustantivos de las partes así como de los derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, cuando un proceso se ventila sin que se reúnan todas y cada una de las garantías en los actos procesales procede inevitablemente la declaración de anulación del mismo. Que obra a folio 126 de la pieza principal de autos sentencia definitiva de fecha 05 de Octubre de 2012, mediante la cual el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo “FALLA: PRIMERO: DECLARAR procedente la acción promovida por el demandante Mario Antonio Durón Valeriano por no ajustarse a derecho el acto administrativo Impugnado”, resultando evidente que dicha sentencia carece de sustentación legal, ya que como expuse en el escrito de apelación y expresión de agravios, la Ley es clara al decir que: “ la sentencia se dictara dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión del auto a que se refiere el artículo anterior” (Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo articulo 78) que en el presente caso de autos, dicha norma fue ignorada por el A-quo ya que este emitió sentencia definitiva 3 meses después de firme el auto que cita a las partes para oír sentencia definitiva. Así queda claro que en base a Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el Juzgador de primera instancia solamente posee diez días hábiles para emitir la correspondiente sentencia. Asimismo que la sentencia que resuelve el recurso de apelación, no es afín con lo que pretendo anular en segunda instancia, ya que corre agregado al expediente de mérito sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha dieciséis de Mayo de 2013, en la que en ningún momento resuelve sobre lo solicitado, es más cabe mencionar que lo que resuelve el up-supra es el tema central de la controversia, es decir la situación jurídica individualizada que el demandante formulo en el escrito de su demanda, mismo queda evidenciado en los fundamentos de derecho de la sentencia ahora recurrida, porque el Ad-quem en ningún momento menciona la nulidad que dejo evidenciada en el recurso de apelación y trata más bien de fundamentarla en el procedimiento en vía administrativa por el cual el demandante fue cancelado de su cargo, siendo esto impropio y sin ha lugar. En consonancia con lo anterior, el Articulo 480 del Código Procesal Civil fue violentado ya que la sentencia del Tribunal Ad-quem no resolvió todas las cuestiones planteadas en el proceso, por lo que la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo tiene elemento suficiente para, a través de su sentencia de casación, lograr la finalidad del recurso en el sentido de proteger las normas del ordenamiento jurídico en procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho y la unificación de la jurisprudencia nacional, ya que no es posible que los órganos jurisdiccionales emitan sus sentencias violentando un contenido elemental de las mismas como es el de resolver todas las cuestiones planteadas. Por lo antedicho, procede estimar este motivo de casación.”.- III.- Cabe mencionar que el censor no ha sido claro en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación en su único motivo, al no precisar el concepto de la infracción cuando propone que “Este motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma, los actos y garantías procesales ya que su infracción supone la forma y contenido de la sentencia. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 1), letra c), del Código Procesal Civil…” (la negrilla no es parte del texto original), violando con ello la exigencia contenida en el Artículo 721, numeral 2) del Código Procesal Civil, que establece que en el escrito del recurso se harán constar los motivos en que se basa la casación, con expresión de las normas de derecho cuyo infracción sustente cada motivo, todo ello fundamentado con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y pertinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. Aunado a lo anteriormente señalado, en la formulación del motivo el impetrante denuncia como normas de derecho cuyo infracción sustentan el motivo, los artículos 3, 7, 211, 213 y 214 numeral 1) del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente por virtud del Artículo 134 de la Ley de esta Jurisdicción, sin embargo en su explicación alude a la violación de otras normas no denunciadas en su formulación como es el caso de los artículos 78 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 480 del Código Procesal Civil, además de que no identifica con total precisión el pronunciamiento o parte de él que está impugnando.- V.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintisiete de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 688-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL