Sentencia CA-685-13 — Registro 4406
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como el Acto Presunto por Silencio Negativo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
. En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación es carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren, las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado; y en el sub-júdice se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de abril de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente a la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), representada en juicio por la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA; y, Recurrido: Empresa Consultora OBRAS CIVILES, S. A. de C. V. (OCSA)., representada en juicio por la abogada SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare nulo un acto presunto por silencio administrativo de carácter particular, que se reconozca una situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser la resolución de un contrato de supervisión de obras por incumplimiento de contrato por parte del Estado de Honduras, se condene al pago de cantidades adeudadas más los intereses bancarios, costas; promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la abogada SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE, en su condición de representante procesal de la Empresa Consultora OBRAS CIVILES, S. A. de C. V. (OCSA), contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), representado en juicio por la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante Empresa Consultora Obras Civiles, S.A. de C.V., manifestó en el escrito de su acción, que en fecha cuatro de septiembre del año dos mil seis, suscribió un contrato de supervisión con el señor JOSE ROSARIO BONANNO, en su condición de Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), del proyecto pavimentación de los tramos de rutas del transporte urbano de la ciudad de El Progreso, Yoro, que originalmente era de 4.2 Km. con un periodo de duración de nueve meses con quince días a partir de la fecha de la orden de inicio, que fue otorgada el doce de octubre del mismo año y por un valor de dos millones novecientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y cuatro lempiras con cuarenta y cinco centavos (L.2,942,974.45), bajo el sistema de pago de COSTO REEMBOLSABLE MAS HONORARIOS PROPORCIONALES. Que dicho contrato sufrió varias modificaciones, siendo la última en fecha veintidós de diciembre del dos mil nueve, suscribiéndose la modificación tres, debido a los atrasos provocados en la construcción de las obras por el mejoramiento del sistema de alcantarillados sanitarios y pluvial por parte de la Municipalidad de la ciudad de El Progreso Yoro, además que las obras se desarrollan en zonas urbanas totalmente pobladas que provoca obstáculos, como ser tuberías y pozos de HONDUTEL y del SANAA, mismos que deben mantenerse en funcionamiento a medida que avanza el proyecto, así como la tardía aprobación del presupuesto dos mil nueve, que limitó la asignación presupuestaria del proyecto y por último debido a que a la empresa constructora se le incrementó su período de tiempo y consecuentemente era necesario ampliar el tiempo de los servicios de supervisión, ampliándose por doce meses más el contrato lo que totaliza, cincuenta y un meses calendarios e incrementándose el monto contratado en cuatro millones quinientos noventa y un mil cuatrocientos treinta y cinco Lempiras con cinco centavos (L.4,591,435.05), lo que hace un gran total de diecisiete millones setecientos seis mil seiscientos setenta y tres Lempiras con cuarenta y nueve centavos de Lempira (L.17,706,673.49), cuya estructura presupuestaria es la siguiente: Institución 0120, Programa 11, Subprograma 00, Proyecto 078, Act/Obra 001, Objeto 47220, Fuente 11, Org. Financiera 001; modificación que fue aprobada mediante decreto 291-2009 de fecha trece de enero del dos mil diez y publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha veinte de febrero del dos mil diez. Posteriormente pese a que la última modificación fue aprobada por el Congreso Nacional, este mismo Órgano del Estado mediante decreto número 6-2010 de fecha dos de marzo del dos mil diez, publicado en la Gaceta número 32248 de fecha veintiséis de junio del dos mil diez, publicación que salió editada y puesta al público, hasta fecha trece de julio del dos mil diez, derogó entre otros el decreto 291- 2009, con la justificación de que la Constitución del República prohíbe hacer compromisos o efectuar pagos fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto o en contravención a las normas presupuestarias, sin embargo, tal justificación no es cierta ni válida por cuanto la Secretaría de Obras Públicas Transporte y vivienda, si cuenta con la asignación presupuestaria aprobada por el Congreso Nacional y resulta ilógico que a la EMPRESA CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA S.A DE C.V. (CONDELTA) se le aprobó la modificación tres mediante decreto 290-2009 de fecha trece de enero del dos mil diez y a la SUPERVISORA de las obras (OCSA), se le derogue el decreto de aprobación de la modificación bajo el argumento antes indicado, que como ya se indicó es ilógico, ya que la construcción está íntimamente ligada a la supervisión, lo que nos lleva a la conclusión que los trabajos de construcción se están desarrollando sin ninguna supervisión o que se quería contratar otra empresa. Por lo tanto ante la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato por culpa imputable al Estado de Honduras, es que en fecha diez de septiembre del dos mil diez solicitó a la Secretaría de Estado mencionada que se declarara terminado el contrato y se procediera a la cancelación de los valores pendientes de pago en la ejecución del contrato, mas los honorarios, sobre cargos y cargos por manejo que le correspondían percibir con la ejecución normal del contrato, en concepto de daños y perjuicios, sin embargo no se dio respuesta alguna, por lo que se solicitó pronta resolución en fecha catorce de septiembre del dos mil once y al no emitirse resolución dentro de los ocho días siguientes, se entendió denegada la petición por lo que se interpuso recurso de reposición en fecha veintiocho de septiembre del dos mil once, habiéndose vencido el plazo para resolver el recurso de reposición en fecha trece de octubre de año en curso, dándose por agotada la vía administrativa en dicha fecha y expedita la vía contenciosa administrativa para incoarse demanda ante ésta jurisdicción.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que se acepta el hecho que en fecha 22 de diciembre de 2009, se suscribió la tercera modificación del contrato de supervisión del proyecto: PAVIMENTACIÓN DE LOS TRAMOS DE RUTAS DEL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO. 4.2 KMS, se totaliza el plazo del mismo en 51 meses calendarios y se incrementa el monto en L.17, 706,673.49, modificación aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto 291-2009 del 13 de enero del 2010 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta. Que si bien es cierto el Congreso Nacional de la República mediante Decreto 291-2009 de fecha 13 de enero de 2010 aprobó la Modificación No. 3 del Contrato de Supervisión objeto del presente debate, no es menos cierto que la Constitución de la República en su Artículo 205 No. 19 claramente establece la potestad discrecional del Congreso Nacional de: “Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales, o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno de la República”. En ese sentido el demandante pretende sorprender la opinión del Juzgador al sostener que es ilógico el actuar del Congreso Nacional de la República al haber ejercido las potestades discrecionales que nuestras Carta Magna le atribuye, siendo el caso de autos el proceder en pleno a la derogación de un Decreto Legislativo que fue aprobado y que surtiría efecto en el siguiente periodo de gobierno. Por otra parte la misma Constitución de la República en su Artículo 364 párrafo primero establece: “No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto o en contravención a las normas presupuestarias...”. Esto en relación a lo establecido al Artículo 367 de la Carta Magna que establece: “El Proyecto de presupuesto será presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, dentro de los primeros quince días del mes de septiembre de cada año”, con lo que se concluye que el Decreto 291-2009 de fecha 20 de febrero de 2010 y publicado en el diario oficial “La Gaceta” de fecha 20 de febrero de 2010, no estaba emitido conforme a derecho por lo cual procedía su derogación, lo que se hizo mediante Decreto Número 6-2010 de fecha 2 de marzo de 2010 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 26 de junio de 2010. En todo caso si la parte actora consideró el Decreto relacionado como inconstitucional debió haber hecho uso de los recursos dispuestos en la Ley para la declaratoria de la supuesta inconstitucionalidad. Que la acción judicial que nos ocupa se basa en una figura de silencio administrativo que no se encuentra contemplado en ninguna ley vigente en nuestro ordenamiento jurídico (el Artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo y que fue reformado mediante el decreto 255-2002), desapareciendo lo que se conocía como acto presunto negativo, por lo que de haber operado la afirmativa ficta el demandante hubiera con esta última, agotado la vía administrativa para la resolución del contrato imputable a la Administración por la suspensión definitiva de las obras, por disposición del Congreso Nacional según Decreto 6-2010 por medio del cual se derogó la Modificación No.3 del contrato original, teniendo expedita en dicho caso la vía contenciosa administrativa como se relaciona en el Artículo 129 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce, dictó auto sentencia definitiva declarando PROCEDENTE la Acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como el Acto Presunto por Silencio Negativo, constituido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), al no resolver dentro del plazo legalmente establecido, la solicitud de Resolución por incumplimiento Contractual de la Administración del Contrato de supervisión del proyecto: Pavimentación de los tramos de Rutas del Transporte Urbano de la Ciudad de el Progreso, Yoro, y la Liquidación y Cancelación de cantidades adeudadas por la prestación ejecutada y el pago de daños y perjuicios causados por la Resolución del Contrato, en consecuencia SE ANULA TOTALMENTE, reconocer a favor de la demandante, la situación jurídica individualizada reclamada y para su Pleno Restablecimiento se toman las siguientes medidas: 1) Declarar la Resolución del Contrato de supervisión del proyecto: Pavimentación de los Tramos de Rutas del Transporte Urbano de la Ciudad de el Progreso, Yoro, firmado por el Secretario de Estado en el Despacho de SOPTRAVI y el representante de la Empresa Consultora OBRAS CIVILES S.A de C.V., (OCSA CONSULTORES) en fecha cuatro de septiembre de 2006, así como sus dos modificaciones, la primera de fecha 25 de septiembre de 2007 y la segunda modificación de fecha 22 de diciembre de 2009; 2) Condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), a pagar a la Empresa Consultora OBRAS CIVILES S.A de C.V., (OCSA), por la prestación ejecutada en la cantidad UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L.1,776,827.78); 3) Reconocer en concepto de daños y perjuicios el pago de los intereses sobre la Cantidad de L.1,776,827.78, los que deberán ser computados bajo los parámetros establecidos en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, iniciando el cálculo cuarenta y cinco días calendario posterior a la fecha de notificación de la suspensión definitiva del contrato de Consultoría (15 de julio de 2010), hasta la fecha en que la presente sentencia adquiera el carácter de firme; la tasa será determinada en base a las tasas de interés Promedio Ponderado Activas Sobre Operaciones del sistema Financiero, las cuales son proporcionadas por el Banco Central de Honduras (BCH), operación que será aplicando la formula del interés simple; quedando diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos, sin costas, bajo el criterio que los medios de prueba aportados al proceso y que constan en el expediente administrativo, específicamente los informes emitidos por la Dirección de Carreteras, a través del Departamento de Construcción, así como los Dictámenes emitidos por la Dirección Legal de SOPTRAVI, existe una aceptación expresa de la administración Publica (SOPTRAVI) de aceptar la Resolución del Contrato de supervisión del proyecto: Pavimentación de los tramos de Rutas del Transporte Urbano de la Ciudad de el Progreso, Yoro, por incumplimiento Contractual, por causas imputables a la Administración, ya que es un hecho probado en autos que el contratista en aplicación a lo estipulado en el Contrato de Consultoría, específicamente en la Cláusula Décima sexta (ver folio 203) se estableció como causa de terminación de ejecución “b) la Suspensión del Contrato de Construcción que supervisa” ya que es un hecho probado que el Congreso Nacional en uso de sus atribuciones que le otorga la Constitución e la República en el articulo 205 numeral 1, Derogó mediante Decreto No.6-2010, el Decreto 291-2009, el cual contenía la Modificación No.3 al Contrato Original de la Supervisión del proyecto: Pavimentación de los Tramos de Rutas del Transporte Urbano de la Ciudad de el Progreso, Yoro con una Longitud de 15.75 KMS, de fecha 22 de diciembre de 2009, entre la Empresa Consultora Obras Civiles, S.A. de C.V. (OCSA COSULTORES) (ver folio 234, que contiene la Gaceta de Fecha 26 de junio de 2010); por lo que era materialmente imposible que siguiera en vigencia el Contrato de Consultoría, al haber sido Derogado el Decreto 291-2009, el cual había sido Publicado en el Diario Oficial con jurisdicción a nivel nacional, en fecha trece de junio de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo y sin costas; bajo el criterio que al emitirse el Decreto número 06-2010 al derogar el Decreto número 201-2009 no era posible que el contrato suscrito entre partes siguiera vigente, en consecuencia la cláusula décima sexta en su letra b), da por terminada la ejecución del mismo, por lo que es evidente que es el Estado de Honduras es quien incumplió el contrato suscrito con la Sociedad Mercantil demandante, debiendo cumplir con lo pactado e indemnizarle.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, en fecha veinte de agosto del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha trece de junio de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 149-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 534-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogada SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE, presentó en fecha cinco de septiembre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha nueve de septiembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificadas de dicha resolución en fecha diecinueve y treinta de septiembre del dos mil trece, las abogadas SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE y KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, las abogadas SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE y KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, presentaron escritos en fecha veinticuatro de septiembre y cuatro de octubre del dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha trece de junio de dos mil trece. La impugnante denuncia un motivo de casación al tenor de lo que preceptúan los Artículos 716 y 719 numeral 1) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVOS DE CASACION: Que la parte recurrente plantea en su motivo la impugnación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional de la siguiente manera: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo por falta de aplicación del artículo 208 del Código Procesal Civil por ser incongruente con las pretensiones deducidas oportunamente por las partes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 inciso c) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La parte actora formuló en su demanda, entre otras pretensiones las siguientes: “...la nulidad absoluta del acto presunto negativo, reconocimiento de la situación jurídica individualizada infringida con el acto presunto negativo que por silencio administrativo le es imputable a la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y como medida para el pleno restablecimiento del derecho reclamado se declare resuelto el contrato y se condene al Estado a pagar dos millones doscientos veinte mil ochocientos cincuenta y cuatro Lempiras con noventa centavos (L. 2,220,855.90), más los intereses moratorios bancarios con especial condena en costas.” En el acápite de la demanda denominada CUANTIA DE LA DEMANDA expresa: “Se establece la cuantía de la demanda en la cantidad de dos millones doscientos veinte mil ochocientos cincuenta y cuatro Lempiras con noventa centavos (L. 2,220,855.90), desglosados así: Gastos generales 35% sobre cuenta (1 y 2) de sueldos y salarios y beneficios sociales del contrato, cláusula octava: Ochocientos Cincuenta y ocho mil setecientos tres Lempiras con treinta y dos centavos (L.858,703.32); Gastos generales 15% sobre cuenta (3) de gastos directos: Ciento Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Cinco Lempiras con Doce centavos (L. 152,405.12), Honorarios 15% de cuentas 1, 2 y 4 sobre las cuentas de sueldos y salarios, beneficios sociales y gastos generales: Quinientos Diecinueve Mil Seiscientos Ochenta y dos Lempiras (L. 519,682.00); Retención del 10% sobre Honorarios, Ciento Diecisiete Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Lempiras con Sesenta y Nueve centavos (L.1,017,344.69); Reembolso número cuarenta y cuatro (44) por días trabajados del veintiséis (26) de junio al quince (15) de julio, Ciento Treinta y Un Mil Novecientos Noventa y Dos con ochenta y Cinco Centavos (L. 131,992.85); los intereses vigentes en el sistema nacional bancario causados desde el veintiséis (26) de julio del dos mil diez (2010) al treinta y uno (31) de octubre del dos mil once (2011) Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Veintiséis Lempiras con Noventa y Nueve Centavos (L. 441,426.99), más los intereses del uno (1) noviembre del presente año que se causaren durante el juicio y hasta que quede firme la sentencia, más los gastos en concepto de honorarios profesionales por el reclamo administrativo y costas del presente juicio. El Juzgado de primera instancia al resolver la controversia falló: “PRIMERO: Declarar procedente la acción... SEGUNDO: Reconocer a favor de la demandante... 2) Condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) a pagar a la empresa consultora OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. (OCSA) por la prestación ejecutada en la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VENTISIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 1,776,827.78), los que se desglosan de la siguiente manera: Gastos generales 35% sobre cuenta (1 y 2) Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Tres Lempiras con Treinta y Dos centavos (L. 874,733.32), Gastos generales 15% sobre cuenta (3) de Ciento Sesenta Mil Ciento Cinco Lempiras con Quince Centavos (L. 160,105.15), Honorarios quince por ciento de cuentas 1, 2 y 4 Quinientos Treinta Mil Ciento Once Lempiras con Cincuenta y Un centavos (L. 530,111.51); Retención del 10% sobre Honorarios, Ciento Diecisiete Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con Cincuenta y Nueve centavos (L.1 17,344.59); Días laborados del veintiséis (26) de junio al quince (15) de julio, Noventa y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Tres Lempiras con Veintiún Centavos (L. 94,533.21); 3) Reconocer en concepto de daños y perjuicios el pago de los intereses sobre la cantidad de L. 1,776,827.78, los que deberán ser computados bajo los parámetros establecidos en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, iniciando el cálculo cuarenta y cinco (45) días calendario posterior a la fecha de notificación de la suspensión definitiva del contrato de consultoría (15 de julio de 2010) hasta la fecha en que la presente sentencia adquiera el carácter de firme; la tasa será determinada en base a las tasas de interés promedio ponderado activas sobre operaciones del sistema financiero, las cuales son proporcionadas por el Banco Central de Honduras (BCH), operación que hará aplicando la fórmula del interés simple, quedando diferido al período de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos.” La Corte recurrida expresó en su sentencia: “FALLA: PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO SAUCEDA GODOY, apoderado legal sustituto del Estado de Honduras. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dieciséis de noviembre del dos mil doce...” El artículo 208 del Código Procesal Civil prescribe: “Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” De acuerdo con los términos de la pretensión formulada por la parte actora y confrontándola con la Ley, se pone de manifiesto que la sentencia es incongruente pues la parte actota en ningún momento pidió indemnización de daños y perjuicios, y si bien es cierto que en algunos casos los intereses se asimilan a tales conceptos, es precisamente cuando las partes así lo han dispuesto, o que la ley así lo disponga expresamente, pues no siempre los intereses implican un daño o un perjuicio, sino que es precisamente el costo del dinero en el tiempo que se genera una obligación y se paga la misma, y básicamente si las partes así lo han pactado. En tal sentido, la condena a mi representado al pago de daños y perjuicios conlleva una incongruencia de la sentencia con las pretensiones deducidas oportunamente por las partes, y que el Tribunal Sentenciador al confirmar la sentencia de primera instancia incurre en el mismo error de no aplicar el artículo 208 del Código Procesal Civil.”.- III.- Pero es el caso que el Tribunal ad quem confirma la sentencia del a quo y al confirmar hace suyos los pronunciamientos y fundamentos del tribunal de primer grado, en consecuencia ambas instancias citaron la norma señalada como infringida por falta de aplicación (artículo 208 del Código Procesal Civil). Aunado a lo anterior la forma y contenido de la sentencia es regulada por varias normas, no una sola lo cual hace necesario relacionarlas cuando se ataque el fallo por ese motivo. En razón de lo anterior es procedente desestimar este único motivo de casación.- IV. En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación es carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren, las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado; y en el sub-júdice se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:
- NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de abril del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiuno de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 685-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL