Sentencia CA-669-13 — Registro 4405
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, bajo el criterio que las obligaciones y derechos originadas por el contrato suscrito entre las partes, fueron debidamente cumplidas tanto por el Contratista como por el Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
. Que los anteriores motivos no constituyen una proposición jurídica completa y por lo tanto resultan inadmisibles en razón de lo siguiente: a) carecen de precepto legal autorizante en que fundamento los cargos; b) instan a la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) formulan alegatos de instancia
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La Sociedad Mercantil CONSTRUCTORES TECNICOS S. de R.L. (CONTEC), representado en juicio por el abogado OSCAR EDUARDO CANO BONILLA; y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Estado en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), representado en juicio por el abogado ALBERTO GARCIA FORTIN.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para pedir la nulidad de un acto particular por la infracción del ordenamiento jurídico, que se reconozca una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordene el pago de los daños y perjuicios ocasionados por pago tardío de una obra y estar acreditada la responsabilidad patrimonial del Estado, promovida por el abogado OSCAR EDUARDO CANO BONILLA, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORES TECNICOS S. de R.L. (CONTEC), en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Estado en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), representada en juicio por el abogado ALBERTO GARCIA FORTIN.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante manifestó en el escrito de su acción que en fecha 27 de diciembre de 1999, suscribió un contrato con la demandada por un monto de VEINTICINO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L.25,323,114.02) para la construcción del proyecto denominado PRESA DERIVADORA, DESARENADOR, Y OBRAS CONEXAS DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. Posteriormente el 13 de noviembre de 2001, se hizo la primera modificación de contrato número numero 2 para mejora del proyecto, la obra fue incrementada a TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCEINTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L.34,819,281.77), posteriormente debido al cambio de gobierno fue necesario la aprobación por parte del Congreso Nacional de la modificación N° 3 al contrato, indica que el plazo inicial y pactado para la ejecución del proyecto fue de 10 meses a partir de la orden de inicio pero que se otorgaron cuatro (4) ampliaciones de obra debidamente justificadas. Que en fecha 4 de noviembre de 2002 se efectuó la recepción final de la obra, siendo desde entonces responsabilidad de la demandada el mantenimiento. Señala que el pago de estimaciones se hizo con razonables atrasos y que el pago la última estimación y la devolución de retenciones excedieron más de 4 años; por ello la demandada incurrió en mora, al violar la sección III de las Condiciones de Contrato en el numeral 46.1, en el resarcimiento de intereses pactados. Que debido a los atrasos su representada se vio obligada a incurrir en gastos adicionales fuera del contrato, lo que generó perdidas desproporcionadas afectando seriamente a la Empresa. Señala que para lograr tal resarcimiento presentó reclamo administrativo, en el que incluso acreditó dictamen pericial para acreditar las cantidades reclamadas. Señala que finalmente la demandada declaró sin lugar el reclamo planteado fundamentalmente en el hecho de que se firmó a favor de la demandada.- 2. La parte demandada, el Estado de Honduras por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, contestó dicha demanda señalando que si bien la cláusula Décimo Octava del Contrato de Construcción le otorgaba derechos al contratista, si hubiese incrementos en los costos como resultado de leyes, acuerdo de gobierno, tasas, edictos, en fecha posterior a la presentación de la oferta por parte del contratista, el reclamo de esos incrementos debió ser presentada dentro de un plazo de 14 días siguientes a la primera ocurrencia del hecho que hubiese dado objeto a la reclamación, y posteriormente, en un plazo de 60 días a la fecha de la presentación de la notificación, debió promover el reclamo completo ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente. Dice que en la misma cláusula se establece que si el contratista no somete la notificación de intención de reclamar, o los documentos presentados no serían legibles a consideración de la Secretaría, la acción presentada resulta extemporánea e injustificada y más aun cuando se ha pagado en su momento todas las estimaciones junto con los incrementos de costo adeudado. Finalmente dice que la Secretaría, reconoció y dio cumplimiento a la Cláusula Décimo Octava del Contrato de Construcción, y que la demandante recibió el total de lo adeudado.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán en fecha diez de enero de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución N° 1637-2008 del 11 de julio de 2008 emitida por la demandada, sin costas; bajo el criterio que las obligaciones y derechos originadas por el contrato suscrito entre las partes, fueron debidamente cumplidas tanto por el Contratista como por el Estado de Honduras, situación ésta que quedó plenamente finiquitada con la entrega definitiva del proyecto, tal y como acepta el demandante, así como por parte del Estado de Honduras con el pago de la obra, según consta en la nota de fecha en 11 de mayo de 2007, sin hacer ningún tipo de reserva de mejor derecho o reclamo. En este sentido, la Ley y el Reglamento de Contratación del Estado son claros en sus artículos 73 de la Ley, y 191, 192 y 193 del Reglamento, en el sentido que el precio de las obras se pagará de acuerdo con las cantidades de obra ejecutada y en el caso de mora, el artículo 193 del mismo Reglamento ya establece un mecanismo para lograr tales pagos, procedimiento que no consta de los autos que el Contratista haya seguido. Asimismo es importante destacar que los contratos administrativos terminan por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes. Los contratos administrativos no pueden ni deben divorciarse de puede marginarse la disposición del artículo 1369 y 1421 del Código Civil que a la sazón establecen: El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna de los intereses extingue la obligación respecto a esto. De igual manera el artículo 1421 del Código Civil señala que el pago de la obligación extingue la misma.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciocho de abril de dos mil trece, dictó sin lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que se encuentran elementos suficientes para tener por acreditado que las obligaciones y derechos originados por el contrato suscrito entre las partes, la Sociedad Mercantil Constructora Técnico 5. de R. L. (CONTEC) y el Estado de Honduras, fueron debidamente cumplidas, tanto por el Estado de Honduras como por el contratista, lo que quedó plenamente finiquitado con la entrega del proyecto en forma definitiva, tal como lo acepta el demandante, así como el Estado de Honduras con el pago total de la obra, lo cual consta en la nota del once de mayo de dos mil dos, sin haber hecho en esta ningún tipo de reserva de mejor derecho o reclamo ya la Ley y el Reglamento de Contratación del Estado en sus artículos 73 de la Ley y 191, 192 y 193 del Reglamento establecen que el precio de las obras se pagará de conformidad a las cantidades de obra ejecutadas, y en el caso de haber mora, también ya la Ley establece el mecanismo para lograr los pagos, procedimiento que el contratista no siguió y los contratos administrativos terminaron por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes y en vista de que fueron pagados por el Estado de Honduras, toda la obligación, esta pago extingue la misma. Por lo expuesto, la acción interpuesta por la demandante resulta ser Improcedente, por ajustarse a derecho, el acto impugnado.- 5. La representación procesal de la parte demandante, abogado OSCAR EDUARDO CANO CHINCHILLA, en fecha veinte de junio del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciocho de abril de dos mil trece, en el expediente de apelación No. 088-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 013-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- La representación procesal de la parte demandada, la abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, presentó en fecha veintisiete de junio de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciocho de julio del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha diecinueve de julio y treinta de octubre del dos mil trece, los abogados ALBERTO GARCIA FORTIN y OSCAR EDUARDO CANO CHINCHILLA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados ALBERTO GARCIA FORTIN y OSCAR EDUARDO CANO CHINCHILLA, presentaron escritos en fecha veintidós de julio y treinta y uno de octubre del dos mil trece, respectivamente, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “V. MOTIVOS DE INFRACCION POR INFRACCION PROCESAL. Este tipo de infracción nos obliga a distinguir de forma taxativa y especifica con la debida separación, los errores previos a emitir sentencia y los cometidos en la forma y contenido de la misma. V.I POR ERRORES ANTERIORES A LA SENTENCIA. PRIMER MOTIVO: Infracción de los artículos 200.2 incisos b, c y d, así como del artículo 207, por cuanto no se ha observado las valoraciones de los hechos en que se fundaron las pretensiones, especialmente de esta parte demandante, así mismo, se omitió la observancia de los numerales 1 y 2 del citado artículo 207, puesto que no hay evidencia en los considerandos de la sentencia de primera instancia sobre los distintos elementos facticos y jurídicos que exige la norma procesal, evidenciándose así la inc0ongruencia y errónea forma en que se profirió dicha sentencia. Se trata de los errores relativos a la observancia de la norma procesal, que regulan las clases, contenido y requisitos formales de las resoluciones judiciales. Es decir que esta clase de motivo tiene lugar por los errores cometidos por el tribunal AD QUEM antes de la emisión de la sentencia impugnada, presumiendo que su infracción supone la nulidad de las actuaciones procesales. Cuando dichas infracciones inciden en la producción, admisión, evacuación y valoración de la prueba, da lugar a la prueba prohibida, desde el punto de vista de la omisión, profundizando mas este precepto, es la errónea valoración de las pruebas legales, teniendo como escenario los errores referentes a la prueba o su omisión. Lo anterior lo vemos reflejado a partir del escrito de proposición de medios de prueba, en el cual se propuso informe del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS presentado el 2 de Diciembre de 2009 y que corre a folio 67 del expediente demérito y la posterior actuación del Juzgado emitiendo auto en fecha 7 de Diciembre de 2009 en donde se tienen por propuestos en tiempo y forma los medios de prueba presentados por el apoderado legal de esta parte demandante, denominados documental, pruebas número 1 y 2 contentivas del informe del referido TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. Posteriormente el juzgador de primera instancia, emite auto de fecha 8 de Febrero de 2010, en donde ordena que se tengan por evacuados los medios de prueba número 1 y 2 denominados documentales. Como resultado consecuente si el AD QUO admite la proposición de un medio de prueba, lo tiene como bien presentado y emite providencia en donde se tiene por evacuado, no tiene razón ni fundamento jurídico alguno para que en la resolución final, es decir en la sentencia definitiva no valore ese medio de prueba, omita pronunciarse sobre ese medio de prueba y desconozca flagrantemente la pretensión de la parte proponente de ese medio de prueba. Si la parte proponente presento ese medio de prueba es porque existe una relación directa entre ese medio de prueba en este caso documental y el fondo del litigio pues de otro modo el juez debió previa fundamentación jurídica declarar inadmisible esa prueba documental, cayendo así en lo que la doctrina procesal civil hondureña llama “errores referentes a la prueba” según lo que manifiestan los Doctores Jorge Jiménez Martín y Miguel Ángel Larrosa Amante, autores del módulo instruccional, recursos del Código Procesal Civil, Curso para Formación de Formadores de la Escuela Judicial en su página 148 y que se puede encontrar dicho modulo en la biblioteca jurídica del Poder Judicial. SEGUNDO MOTIVO: Tomando en consideración que todo libelo se observó tomando en cuenta el Código de Procedimientos Civiles de 1906, la judicatura una vez transcurrido el termino probatorio, ordenó que las partes por su orden formularan sus respectivas conclusiones, acto procesal que esta parte presentó ante el juzgado de primera instancia en fecha 28 de Noviembre de 2011, escrito en el cual se hace un análisis exhaustivo aunque resumido de las pruebas presentadas por ambas partes y en ese escrito de CONCLUSIONES esta parte procesal vuelve hacer eco del medio de prueba más contundente según nuestro criterio y es así que en el apartado del escrito en mención” pruebas presentadas y evacuadas por la parte demandante” analiza los medios de prueba documental en primer lugar el consistente en: el expediente de responsabilidad administrativa número 01/093/2007- DCSD de la denuncia número 0801-07-148 del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS; y del consistente en el informe pericial y que también obra en el expediente de mérito. Una vez hechas las conclusiones según el Código de Procedimientos Civiles, (a única providencia que cabía, era manda citar a las partes para oír sentencia definitiva, es decir que las últimas actuaciones que el Juzgador observo en el expediente de mérito fueron las conclusiones presentadas por las partes y de las que sin duda el juez, debió leerlas para que dentro de la sana critica del razonamiento y de la lógica jurídica y además de los medios de prueba emitiera la respectiva sentencia definitiva, resulta pues que el Juez no valoro ni baso su sentencia en las alegaciones concluyentes de las partes. V.II ERRORES COMETIDOS EN LA SENTENCIA. MOTIVO UNICO: Recapitulando en mis dichos, debo esclarecer una vez más que la sentencia que se ataca por esta vía de la casación, es la sentencia de la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 18 de Abril de 2013, la cual declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en su momento y confirmando la sentencia definitiva de fecha 10 de Enero de 2013 por el juzgado de primera instancia por lo que se debe entender que la Corte de Apelaciones se subsume y se allana a los postulados considerandos y valoraciones del AD QUO y siendo que la norma procesal vigente es el Código Procesal Civil del Decreto número 211-2006 y en vigencia a partir del 10 de Noviembre de 2009, la Corte de Apelaciones, debió observar lo dispuesto en los articulo 193 c, el articulo 200: contenido formal de las sentencias; sección segunda: requisitos internos de la sentencia; articulo 207: motivación; por cuanto no se ha observado esos requisitos en lo que tiene que ver con los considerandos, la valoración de la prueba y su relación con las pretensiones de las partes, pues es evidente que tanto el juzgador de primera instancia como el AD QUEM, omiten la observancia de dichas disposiciones, pues la sentencia de primera instancia que la Corte de Apelaciones confirma y por lo tanto hace suyos todos los postulados mencionados en ella, vuelve a caer en el error de la valoración de la prueba, pues en los considerandos de la misma, no se menciona como lo manda el Código Procesal Civil la relación de los medios de prueba con su debida separación, lo que evidentemente provoca una infracción procesal, cometido en la sentencia. Así las cosas, la sentencia recurrida no está provista de los elementos necesarios que permiten examinar y analizar las razones de las que normalmente se valen las decisiones como medios legítimos de la función jurisdiccional, de manera que permitan no solo un control democrático a lo interno del proceso, ósea, para permitir el control de las partes y al Tribunal en la vía del recurso, sino también; un control más generalizado que se difunde al aspecto extra procesal; esto es; por cualquier ciudadano, lo que equivale a un verdadero control democrático. En otras palabras la motivación debe contener la declaración de hechos probados que es parte de la expresión de los razonamientos facticos que junto con los razonamientos jurídicos y la lógica jurídica, deben conducir a la apreciación de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. En fin, la insuficiente motivación no incide en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, y no se aprecia en la sentencia impugnada la estimación o consideración de ambos elementos tanto individualmente como en su conjunto, con ajuste a las reglas de la lógica y de la razón al no entenderlo así loa Corte recurrida, ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esta manera queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1.c: causales del recurso del Código Procesal Civil vigente, en la parte que habla de la forma y contenido de la sentencia.”.- II. Que los anteriores motivos no constituyen una proposición jurídica completa y por lo tanto resultan inadmisibles en razón de lo siguiente: a) carecen de precepto legal autorizante en que fundamento los cargos; b) instan a la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) formulan alegatos de instancia.- III. Que el Recurrente en otro apartado alega un motivo de casación en el cual arguye: “V.III MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY MATERIAL. MOTIVO UNICO. SUB MODO: Violación por Aplicación Indebida de los artículos 1360 y 1421 del Código Civil. Precepto Autorizante: Articulo 719. 2 del Código Procesal Civil. El concepto de la Infracción se explica así: El articulo 1369 del Código Civil literalmente dice: “El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna respecto a los intereses, extingue la obligación del deudor en cuanto a estos. El recibo del último plazo de un débito, cuando el acreedor tampoco hiciere reservas, extinguirá la obligación en cuanto a los plazos anteriores”. Artículo 1421 del Código Civil dice literalmente: “Las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento; Por la pérdida de la casa debida; Por la condonación de la deuda; Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor; Por compensación y Por la novación”. Las disposiciones antes citadas fueron aplicadas indebidamente, por cuanto el informe final emitido por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS establece que en el cumplimiento del Contrato existe un retraso injustificado, violentándose la cláusula Quinta del contrato y en sus recomendaciones de manera expresa recomienda a la Secretaria de Estado Recursos Naturales y Ambiente, representada por la Ingeniera PATRICIA PANTING se le sancione con multa. Las citadas normas que regulan la extinción de la obligación difiere en gran manera con el Informe emitido por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS y el medio de prueba documental denominado “INFORME PERICIAL” en el cual mediante auditorias practicadas se ve reflejado los enormes daños causados a la sociedad Constructores Técnicos, S. de R L., por haber dejado de recibir en tiempo y forma los pagos de las estimaciones y devolución de retenciones en los plazos estipulados. La violación por aplicación indebida de los artículos 1369 y 1421 del Código Civil, incide de manera directa y notable en la sentencia emitida, pues su aplicación indebida se da cuando regula recibo de capital por el acreedor, sin reserva alguna respecto a os intereses, obviando que lo que se reclama es indemnización de daños y perjuicios fundamentado en el expediente de Responsabilidad Administrativa Numero 01/09312007_DCSD del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. La sentencia recurrida en casación es el sentido de casar la sentencia. V.IV DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA. Como los errores antes denunciados fueron cometidos al estructurase la sentencia impugnada, inclusive la apreciación de la valoración errónea de la prueba, no existe una denuncia previa en la segunda instancia, salvo el mismo recurso de apelación interpuesto el 6 de Febrero de 2013, en el cual se expresan los agravios, manifestados precisamente sobre la omisión de la valoración del medio de prueba más importante y contundente para la dilucidación del presente caso.”.- IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) formula alegatos de instancia.- V. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- VI. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VII. En vista de lo anteriormente señalado se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el Artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno, y ordenar la remisión de las actuaciones al Tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de abril del dos mil quince; certificación del auto de fecha diecisiete de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 669-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL