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Sentencia CA-667-13 — Registro 4707

Resumen

Se casa la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, se declara improcedente la acción por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado emitido por  la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, donde se otorgara licencia ambiental al Ministerio Público para viabilizar ambientalmente el desarrollo del Proyecto denominado Construcción del Centro de Ciencias Forenses

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Hito

" Que el asunto sometido a casación, en síntesis se contrae: a) Si los demandantes tienen interés legítimo para demandar la nulidad de un acto administrativo dictado por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) en resolución número 2209-2008 emitida el 7 de octubre de 2008, donde se otorgara licencia ambiental al Ministerio Público para viabilizar ambientalmente el desarrollo del proyecto denominado Construcción del Centro de Ciencias Forenses; b) si ese acto administrativo se ajusta a derecho o no, dado que los demandantes señalan, entre otras cosas, que de la construcción de la morgue existen resoluciones firmes y vigentes, emitidas por esa misma Secretaría, que ordenan al Ministerio Público construirla fuera de la ciudad, según expedientes administrativos No.46-DA-2001 de denuncia y resolución No.476-2001; y, c) que la misma no está apegada a derecho, debido a que no cumple con los requisitos que exige la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 83, lo cual acarrea un vicio de nulidad y por consiguiente no puede surtir efectos legales, en virtud de que carece de los elementos intrínsicos y necesarios para su plena validez y eficacia.- VI. Que si bien es cierto los demandantes no son vecinos ni tienen propiedades inmuebles en las cercanías del lugar donde se encuentra el bien objeto de licencia ambiental, por mandato expreso de los artículos 90 y 99 de la Ley General del Ambiente, como personas y habitantes del municipio interesados en la protección del medio ambiente, personados y tenidos como parte opositora en el proceso administrativo seguido ante la autoridad administrativa, si tienen interés legitimo para ejercitar la acción que nos ocupa."

Jerarquía: Hito

" Que el asunto sometido a casación, en síntesis se contrae: a) Si los demandantes tienen interés legítimo para demandar la nulidad de un acto administrativo dictado por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) en resolución número 2209-2008 emitida el 7 de octubre de 2008, donde se otorgara licencia ambiental al Ministerio Público para viabilizar ambientalmente el desarrollo del proyecto denominado Construcción del Centro de Ciencias Forenses; b) si ese acto administrativo se ajusta a derecho o no, dado que los demandantes señalan, entre otras cosas, que de la construcción de la morgue existen resoluciones firmes y vigentes, emitidas por esa misma Secretaría, que ordenan al Ministerio Público construirla fuera de la ciudad, según expedientes administrativos No.46-DA-2001 de denuncia y resolución No.476-2001; y, c) que la misma no está apegada a derecho, debido a que no cumple con los requisitos que exige la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 83, lo cual acarrea un vicio de nulidad y por consiguiente no puede surtir efectos legales, en virtud de que carece de los elementos intrínsicos y necesarios para su plena validez y eficacia.- VI. Que si bien es cierto los demandantes no son vecinos ni tienen propiedades inmuebles en las cercanías del lugar donde se encuentra el bien objeto de licencia ambiental, por mandato expreso de los artículos 90 y 99 de la Ley General del Ambiente, como personas y habitantes del municipio interesados en la protección del medio ambiente, personados y tenidos como parte opositora en el proceso administrativo seguido ante la autoridad administrativa, si tienen interés legitimo para ejercitar la acción que nos ocupa."

Jerarquía: Hito

" Que el asunto sometido a casación, en síntesis se contrae: a) Si los demandantes tienen interés legítimo para demandar la nulidad de un acto administrativo dictado por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) en resolución número 2209-2008 emitida el 7 de octubre de 2008, donde se otorgara licencia ambiental al Ministerio Público para viabilizar ambientalmente el desarrollo del proyecto denominado Construcción del Centro de Ciencias Forenses; b) si ese acto administrativo se ajusta a derecho o no, dado que los demandantes señalan, entre otras cosas, que de la construcción de la morgue existen resoluciones firmes y vigentes, emitidas por esa misma Secretaría, que ordenan al Ministerio Público construirla fuera de la ciudad, según expedientes administrativos No.46-DA-2001 de denuncia y resolución No.476-2001; y, c) que la misma no está apegada a derecho, debido a que no cumple con los requisitos que exige la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 83, lo cual acarrea un vicio de nulidad y por consiguiente no puede surtir efectos legales, en virtud de que carece de los elementos intrínsicos y necesarios para su plena validez y eficacia.- VI. Que si bien es cierto los demandantes no son vecinos ni tienen propiedades inmuebles en las cercanías del lugar donde se encuentra el bien objeto de licencia ambiental, por mandato expreso de los artículos 90 y 99 de la Ley General del Ambiente, como personas y habitantes del municipio interesados en la protección del medio ambiente, personados y tenidos como parte opositora en el proceso administrativo seguido ante la autoridad administrativa, si tienen interés legitimo para ejercitar la acción que nos ocupa."

Legislación citada

  • Ley General del Ambiente, art. 90 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley General del Ambiente, art. 99 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley General del Ambiente, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Hito

"Que en auto de fecha 26 de marzo del 2015 se admitió el tercer motivo de casación del recurso formalizado por el abogado OSCAR ARMANDO MUÑOZ ZELAYA, por “Infracción, por VIOLACION, O SEA FALTA DE APLICACIÓN de los artículos 9 letra d), 80 y 90 de la Ley General del Ambiente y 10, 88, 90 y 135 del Reglamento General del Ambiente ...”, con base a la causal comprendida en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, debiéndose en este momento procesal, dictar la sentencia correspondiente sobre la estimación o desestimación del referido recurso, conforme lo dispone el artículo 727 del mismo cuerpo legal.- III. Que para analizar el motivo de casación admitido, se procedió a confrontar la sentencia censurada con el tercer cargo formulado, por la falta de aplicación de los artículos 9 letra d), 80 y 90 de la Ley General del Ambiente y 10, 88, 90 y 135 del Reglamento General de la Ley del Ambiente, normas que entre otras cosas, reconocen como derecho y deber de los ciudadanos la participación en todas las actividades que tiendan a la protección, conservación y restauración del ambiente y de los recursos naturales, que ejecuten el Estado y sus entidades y como consecuencia de estos derechos, se reconoce la acción pública en materia administrativa y judicial para obtener que se sancione a quienes contaminen o degraden el ambiente y dañen los recursos naturales; igualmente, se faculta a cualquier persona a accionar administrativa o judicialmente para que se sancione toda acción u omisión que consideren delito o infracción administrativa en dicha materia ambiental"

Legislación citada

  • Ley General del Ambiente, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley General del Ambiente, art. 90 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley General del Ambiente, art. 99 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Hito

..."En conclusión, de la revisión del acto administrativo impugnado, se aprecia que el mismo reúne los requisitos del artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo y no infringe ninguna normativa de la Ley General del Ambiente, sin perjuicio de la verificación del cumplimiento de las medidas de control ambiental que debe realizar la autoridad administrativa en el marco de la resolución número 2209-2008 emitida el 7 de octubre de 2008, donde se otorgara licencia ambiental al Ministerio Público para viabilizar ambientalmente el desarrollo del Proyecto denominado Construcción del Centro de Ciencias Forenses.

" Que la sentencia declarará improcedente la acción, cuando se ajustare a derecho el acto impugnado.

" Por las razones expuestas, procede que la Corte Suprema de Justicia, en una sola sentencia, case la resolución recurrida y declare la improcedencia de la acción por ajustarse a derecho el acto impugnado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES: Recurrente: El abogado OSCAR ARMANDO MUÑOZ ZELAYA, en su condición de representante procesal de los señores DAVID SOSA ARRIAZA, JOSE ARISTIDES RAMIREZ Y FLORENTINO DE JESUS ARGUETA FUNEZ; y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), representada en juicio por el abogado ALBERTO GARCIA FORTIN.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contraída a pedir la nulidad o en su defecto la anulabilidad de un acto administrativo por no estar apegado a derecho consistente en la resolución número 2209-2008 emitida por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) fechada el siete de octubre de dos mil ocho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, promovida por los señores DAVID SOSA ARRIAZA, JOSE ARISTIDES RAMIREZ Y FLORENTINO DE JESUS ARGUETA FUNEZ, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que en fecha treinta de julio del dos mil ocho, presentaron ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), personamiento y oposición al otorgamiento de constancia ambiental presentada por el Ministerio Público para viabilizar ambientalmente el desarrollo del Proyecto denominado Construcción del Centro de Ciencias Forenses, como también a la construcción de la Morgue, debido a su errónea localización y ubicación, según expediente administrativo que se registra bajo el No. 2008-A- 1007, además porque existen resoluciones firmes y vigentes, emitidas por esa misma Secretaría, que ordenan al Ministerio Público construir fuera de la ciudad esa morgue, según expedientes administrativos No. 46-DA-2001 de Denuncia y Resolución No. 476-2001. Que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en fecha 07 de octubre de 2008, emite Resolución No. 2209-2008, sin estar apegada a derecho, debido a que no cumple con los requisitos que exige la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 83, la cual acarrea un vicio de nulidad, y por consiguiente dicha Resolución o Acto Administrativo que declara Sin Lugar la oposición al otorgamiento de Constancia Ambiental es nulo, por lo que no puede surtir efectos legales. Manifiestan que el Acto Administrativo es nulo, en virtud que carece de los elementos intrínsicos y necesarios para su plena validez y eficacia, ya que esa serie de elementos y formalidades que preceden la emisión del acto, es lo que conforman el Procedimiento Administrativo, el cual por mandato de la Ley debe tener una relación directa y una conexión lógica, de lo que se pide con lo que se resuelve, por lo que la Administración (SERNA), ha inobservado esas disposiciones de orden público, violentado la norma de orden público y de estricto cumplimiento consignada en el artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que mediante Resolución Número 476-01 de fecha 12 de Septiembre del 2001 se establecía que la morgue debería instalarse provisionalmente para ser reubicada posteriormente fuera del casco urbano, pero el Ministerio Público motivado por el interés de ofrecer a la sociedad un Centro Científico adecuado para el manejo de los procesos criminalísticos y forenses optó por la construcción de un Centro de Ciencias Forenses, creándose una confusión en los demandantes al no tener conocimiento amplio que una morgue presta servicios diferentes a los que prestará el Centro de Ciencias Forenses que está en proyecto de construcción por parte del Ministerio Público y en donde los demandantes pretenden que se entienda que son una sola institución. Que se rechaza el argumento planteado por la parte demandante al decir que “La Resolución no está apegada a derecho por no cumplir los requisitos exigidos por la Ley de Procedimiento Administrativo en su Artículo 83 que acarrea vicio de nulidad y no puede surtir efectos” en virtud que la misma fue dictada conforme a derecho siguiéndose los lineamientos que establece la respectiva Ley, por lo que la solicitud presentada por el representante del Ministerio Público cumplió con las exigencias para proceder a emitir la autorización ambiental de construir el proyecto del Centro de Ciencias Forenses y que para emitir tal decisión se tomó en cuenta la opinión contenida en el Dictamen Técnico Número 2062-08 de fecha 16 de julio de 2008, emitido por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental avalado por la Unidad de Asuntos Legales de dicha Secretaría de Estado, mediante Dictamen Número 1702-08 de fecha 3 de Octubre del 2008, que estima procedente la emisión de la Constancia de Licencia Ambiental para desarrollar el proyecto de construcción del Centro de Ciencias Forenses y se declare SIN LUGAR la oposición que presentaron los demandantes.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de junio de dos mil doce, dictó auto sentencia definitiva declarando INADMISIBLE, la demanda por haber sido interpuesta por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada, sin costas, bajo el criterio que en el presente caso las partes demandantes, en primer lugar no acreditaron ser vecinos, propietarios del lugar y en segundo, no presentaron dentro de sus alegaciones ningún documento que demostrara que son afectados directamente por los hechos que alegan, como ser titulo de propiedad, escritura publica, solvencia municipal que definiera que realmente son vecinos o circundantes del lugar al cual hacen referencia, por ello las partes demandantes debían acreditar lo que establece el artículo 47 letra b) “el documento que acredite la legitimación con que el autor se presente en juicio cuando lo ostente por habérsele trasmitido otro por herencia o por cualquier otro título”; extremo que no ocurrió en el caso de merito.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecisiete de enero de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que las partes demandantes no acreditaron ser vecinos ni propietarios del lugar, ni presentaron ninguna prueba que demostrara que son afectados, tampoco presentaron ningún documento de propiedad.- 5. La representación procesal de la parte demandante, abogado OSCAR ARMANDO MUÑOZ ZELAYA, en fecha diez de junio del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diecisiete de enero de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 343-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 059-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte demandada, el abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, presentó en fecha quince de julio del año dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecisiete de julio del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha diecinueve de julio y treinta de octubre del dos mil trece, los abogados ALBERTO GARCIA FORTIN y OSCAR ARMANDO MUÑOZ ZELAYA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados ALBERTO GARCIA FORTIN y OSCAR ARMANDO MUÑOZ ZELAYA, presentaron escritos en fecha veintidós de julio y cinco de noviembre del dos mil trece, respectivamente, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- 8. En fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, la SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, dictó auto admitiendo a trámite el recurso de casación en cuanto a su tercer motivo, formalizado por el abogado CESAR AUGUSTO PUERTO VALLECILLO, en su condición de parte recurrente, señalándose el día martes veintiuno de abril de dos mil quince, para la votación y fallo del recurso en la que se decidiría la estimación o desestimación del mismo.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que en auto de fecha 26 de marzo del 2015 se admitió el tercer motivo de casación del recurso formalizado por el abogado OSCAR ARMANDO MUÑOZ ZELAYA, por “Infracción, por VIOLACION, O SEA FALTA DE APLICACIÓN de los artículos 9 letra d), 80 y 90 de la Ley General del Ambiente y 10, 88, 90 y 135 del Reglamento General del Ambiente ...”, con base a la causal comprendida en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, debiéndose en este momento procesal, dictar la sentencia correspondiente sobre la estimación o desestimación del referido recurso, conforme lo dispone el artículo 727 del mismo cuerpo legal.- III. Que para analizar el motivo de casación admitido, se procedió a confrontar la sentencia censurada con el tercer cargo formulado, por la falta de aplicación de los artículos 9 letra d), 80 y 90 de la Ley General del Ambiente y 10, 88, 90 y 135 del Reglamento General de la Ley del Ambiente, normas que entre otras cosas, reconocen como derecho y deber de los ciudadanos la participación en todas las actividades que tiendan a la protección, conservación y restauración del ambiente y de los recursos naturales, que ejecuten el Estado y sus entidades y como consecuencia de estos derechos, se reconoce la acción pública en materia administrativa y judicial para obtener que se sancione a quienes contaminen o degraden el ambiente y dañen los recursos naturales; igualmente, se faculta a cualquier persona a accionar administrativa o judicialmente para que se sancione toda acción u omisión que consideren delito o infracción administrativa en dicha materia ambiental.- IV. Que la legitimación activa es un requisito procesal y no es el derecho a poner en actividad un órgano público, pues el derecho de excitar la tutela jurisdiccional del Estado- concepto de acción- lo tiene todo ciudadano. Sin embargo, cuando se pretende únicamente la nulidad de un acto, la legitimación la poseen todos los que tuvieren interés directo en la anulación del mismo; en cambio cuando se pretende, además, el reconocimiento de un derecho o de una situación jurídica individualizada y el restablecimiento de la misma, únicamente está legitimado el titular de un derecho derivado del ordenamiento que se considera infringido por el acto impugnado.- V. Que el asunto sometido a casación, en síntesis se contrae: a) Si los demandantes tienen interés legítimo para demandar la nulidad de un acto administrativo dictado por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) en resolución número 2209-2008 emitida el 7 de octubre de 2008, donde se otorgara licencia ambiental al Ministerio Público para viabilizar ambientalmente el desarrollo del proyecto denominado Construcción del Centro de Ciencias Forenses; b) si ese acto administrativo se ajusta a derecho o no, dado que los demandantes señalan, entre otras cosas, que de la construcción de la morgue existen resoluciones firmes y vigentes, emitidas por esa misma Secretaría, que ordenan al Ministerio Público construirla fuera de la ciudad, según expedientes administrativos No.46-DA-2001 de denuncia y resolución No.476-2001; y, c) que la misma no está apegada a derecho, debido a que no cumple con los requisitos que exige la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 83, lo cual acarrea un vicio de nulidad y por consiguiente no puede surtir efectos legales, en virtud de que carece de los elementos intrínsicos y necesarios para su plena validez y eficacia.- VI. Que si bien es cierto los demandantes no son vecinos ni tienen propiedades inmuebles en las cercanías del lugar donde se encuentra el bien objeto de licencia ambiental, por mandato expreso de los artículos 90 y 99 de la Ley General del Ambiente, como personas y habitantes del municipio interesados en la protección del medio ambiente, personados y tenidos como parte opositora en el proceso administrativo seguido ante la autoridad administrativa, si tienen interés legitimo para ejercitar la acción que nos ocupa.- VII. Que con base en las consideraciones que anteceden, es visto que la Corte sentenciadora al proferir el fallo recurrido infringió la ley al confirmar la resolución del a-quo que declaró inadmisible la acción, por lo que al haberse considerado que uno de los motivos reunía los requisitos formales para su admisión, resulta procedente declarar haber lugar al recurso de casación, casar la sentencia recurrida.- VIII.- Que conforme lo dispuesto en el artículo 727 numeral 5) del Código Procesal Civil, si se casa la sentencia por infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo, este Tribunal debe proceder a dictar nueva sentencia para resolver el litigio en el presente asunto; ya no sería un pronunciamiento relativo a la admisibilidad o no de la acción, porque esa es una situación que no cabria declarar en este momento procesal, sino sobre la procedencia o improcedencia de dicha acción, haciendo uso de la facultad revisora del acto administrativo impugnado, conforme lo previsto en los artículos 79 literal b), 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

IX. Que entonces debe revisarse el acto administrativo impugnado, contenido en la resolución número 2209-2008 de fecha 7 de octubre del 2008, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, donde se declara CON LUGAR la solicitud del Fiscal General de la República, concerniente a solicitar Licencia Ambiental para el desarrollo del proyecto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CIENCIAS FORENSES”, además se declara SIN LUGAR la oposición de los señores DAVID SOSA ARRIAZA, JOSE ARISTIDES RAMIREZ y FLORENTINO DE JESUS ARGUETA FUNEZ, donde también se establecen las medidas de mitigación o medidas de control ambiental, en las etapas de construcción y operación del proyecto, salud y seguridad laboral y disposiciones generales, con una duración la licencia ambiental de 2 años.

X. Que si bien es cierto el acto administrativo señalado carece de la suficiente motivación, es decir explicación, en los términos que señalan los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo, al omitir las razones por las cuales desestima la oposición de los ahora demandantes y especialmente sobre los extremos relacionados con la procedencia de la Licencia Ambiental solicitada por el Ministerio Público, para el desarrollo del proyecto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CIENCIAS FORENSES”, limitándose a transcribir los antecedentes de actuaciones realizadas en el proceso, como los dictámenes técnico y legal, los cuales determinan el criterio sobre la viabilidad de la licencia ambiental solicitada; también lo es, que la misma en su parte dispositiva si contiene los pronunciamientos debidos sobre las cuestiones planteadas por los interesados, conforme lo previsto en el artículo 83 del citado cuerpo legal.

XI. Por otro lado, como se ha señalado en el numeral anterior, la licencia ambiental solicitada por el Ministerio Público, no se refiere a la construcción de una morgue, como lo sostienen los demandantes, sino que tal petición se formuló para la construcción de un CENTRO DE CIENCIAS FORENSES, ubicado en esta ciudad, que si bien entre sus componentes aparece la misma (morgue), lo cierto es que tal petición se enmarca dentro de los asuntos de competencia de esa Secretaría de Estado; por lo que si bien existen antecedentes sobre denuncias y resoluciones anteriores dictadas por esa misma Secretaría de Estado, revisado el expediente de mérito, las mismas están más vinculadas al tema de sanciones y otras medidas por la existencia de una morgue sin contar con la licencia ambiental correspondiente y a la recomendación de su reubicación fuera del casco urbano de la ciudad, previa la evaluación de la viabilidad del proyecto por parte del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, situación que no es similar al caso objeto de revisión, donde la solicitud para la construcción de centro de ciencias forenses, fue presentada en forma oportuna y previa al inicio del proyecto, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa jurídica aplicable.

XII. Que revisado el expediente administrativo contentivo del trámite de la solicitud y demás diligencias ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, consta el Dictamen Técnico No. 2062-2008 del 24 de septiembre del 2008 (folios 281 al 309 de la primera pieza) donde se concluyó que ese proyecto era ambientalmente viable, siempre y cuando se cumpliera con las medidas de control ambiental establecidas por esa misma Secretaría de Estado, las cuales fueron incorporadas y hechas suyas en la resolución impugnada y que a criterio de este Tribunal, deben ser constantemente verificadas en su cumplimiento, tanto por así disponerse en la resolución No. 2209-2008 relacionada, como por lo establecido en los artículos 1, 7, 9 literal ch), 11 literales c), d) y ñ) y 74 de la Ley General del Ambiente.

XIII.- En conclusión, de la revisión del acto administrativo impugnado, se aprecia que el mismo reúne los requisitos del artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo y no infringe ninguna normativa de la Ley General del Ambiente, sin perjuicio de la verificación del cumplimiento de las medidas de control ambiental que debe realizar la autoridad administrativa en el marco de la resolución número 2209-2008 emitida el 7 de octubre de 2008, donde se otorgara licencia ambiental al Ministerio Público para viabilizar ambientalmente el desarrollo del Proyecto denominado Construcción del Centro de Ciencias Forenses.

XIV.- Que la sentencia declarará improcedente la acción, cuando se ajustare a derecho el acto impugnado.

XV.- Por las razones expuestas, procede que la Corte Suprema de Justicia, en una sola sentencia, case la resolución recurrida y declare la improcedencia de la acción por ajustarse a derecho el acto impugnado.

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1, 7, 9 literal ch), 11 literales c), d) y ñ) y 74 de la Ley General del Ambiente; 200, 206, 207, 208, 716, 717, 718, 725 numeral 3, 727 numeral 5), 729 del Código Procesal Civil; 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo 79 literal b), 81, 82, 83, 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: 1) HABER LUGAR al recurso de casación de mérito, en consecuencia CASA la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, procediendo a resolver el fondo del litigio.- 2) DECLARA IMPROCEDENTE la acción por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, en la resolución número 2209-2008 de fecha 7 de octubre de 2008, donde se otorgara licencia ambiental al Ministerio Público para viabilizar ambientalmente el desarrollo del Proyecto denominado Construcción del Centro de Ciencias Forenses.- 3) La Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente deberá verificar el cumplimiento de las medidas de control ambiental de dicho proyecto, en el marco de la resolución número 2209-2008 emitida el 7 de octubre de 2008 y conforme lo dispuesto en la Ley General del Ambiente y su Reglamento.- 4) SIN COSTAS, por tener motivo bastante para litigar.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia.- Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de junio del dos mil quince; certificación del auto de fecha dos de junio de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 667-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL