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Sentencia CA-659-13 — Registro 4259

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia por no seguirse el procedimiento establecido en la ley.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.- Analizado también lo impetrado en el segundo cargo del presente recurso de casación, este Tribunal Supremo también estima que resulta inadmisible, porque el Impetrante incurre en defectos técnicos en su formulación puesto que la disposición señalada como violada por aplicación indebida, contiene dos literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas siendo necesario precisar contra cuál de ellas dirige su ataque; además, contradictoriamente sostiene en su explicación: “Por consecuencia de esta aplicación indebida el Tribunal sentenciador dejó de aplicar la norma jurídica que si regula el caso, como lo es el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil…”, errores que hacen necesario recordarle al censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado.- “ En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación. En primer lugar, no propone ninguna situación que pudiera permitir la evolución de la línea jurisprudencial establecida por este Supremo Tribunal en relación a la cesantía en el sector público. En segundo lugar unifica dos causales de casación opuestas entre si en cuanto a su alcance, además de citar de manera imprecisa la norma supuestamente violada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada, siendo evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- “ En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literales a) y b) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.-“

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."abe señalar que analizado el escrito del recurso que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia, el censor no lo ha formulado de manera clara y precisa. En el primer motivo, la norma que se señala como violada no ha tenido ninguna incidencia en la solución del fondo del litigio, recordándole al casacionista que existe línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que se han desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales (ver sentencia expediente número SL 516-12), siendo evidente que en esta primera causal se ve afecto a lo establecido en el articulo 723 numeral 2 incisos a) y b) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación y no contener el cargo ninguna motivación que pudiera permitir la evolución de la línea jurisprudencial mantenida hasta entonces por este Tribunal Supremo en cuanto a la cesantía en el sector público...."

Legislación citada

  • Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada ponente a la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representado en juicio por el abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NÚÑEZ; y, Recurrido: señora MAIRA AZUCENA CHACON, representado en juicio por el abogado JULIO CESAR PERDOMO ORELLANA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contraída a solicitar la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, la declaración de ilegalidad del acto, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para el restablecimiento del derecho violado se disponga su restitución al cargo del que fue cancelada y se condene al Estado de Honduras al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Francisco Morazán, por la señora MAIRA AZUCENA CHACON, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DE SEGURIDAD, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició su relación laboral por acuerdo a partir del 4 de octubre de 2007, en el cargo de Planificador y Coordinador General, en la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión, de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad mediante acuerdo número SEDS-1102-2007, devengando un salario mensual. Posteriormente mediante acuerdo número SEDS-1102-2007, en fecha 30 de abril de 2010, se le hizo entrega del Acuerdo SEDS-0467-2010 de fecha 22 de abril de 2010, mediante el cual se le cancela de su puesto de servicio por la causal de cesantía pero sin seguir el procedimiento previsto en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo cual violenta el principio de estabilidad como garantía constitucional, siendo tal decisión ilegal e injustificada.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DE SEGURIDAD contestó dicha demanda señalando que se opone a la pretensión del demandante en virtud de alegar que la autoridad nominadora previo a emitir el acuerdo número SEDS-0467-2010 de fecha 22 de abril del 2010, mediante el cual cancela por cesantía a la demandante, siguió el procedimiento establecido en el articulo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil y en el articulo 187 numeral 2) del Reglamento de la misma ley, los cuales expresan que procederá la cesantía de uno o mas servidores públicos debido a la reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Francisco Morazán, en fecha diez de febrero de dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando PROCEDENTE la acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anula totalmente el acuerdo N° SEDS-0467-2010 de fecha 22 de abril de 2010, emitido por la demandada, reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se toman las siguientes medidas: Ordenar el reintegro de la demandante MAIRA AZUCENA CHACON, al cargo del cual fue ilegalmente cancelada, pago de daños y perjuicios, decretar, en su caso, la nulidad del acuerdo de nombramiento del sustituto (a) de la demandante, sin costas; bajo el criterio que no consta en autos que la autoridad nominadora, previo a tomar la decisión de cancelar de su puesto a la demandante y solicitar al Consejo de Servicio Civil la procedencia de la cancelación, haya dado cumplimiento con las evaluaciones exigidas por la misma Ley de Servicio Civil en su artículo 53 y 54, precisando tanto de estas evaluaciones pues mediante ellas se acredita de forma fehaciente los dos supuestos para proceder con la cancelación por cesantía, que son: a) Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; y b) Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cuatro de abril de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo y sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación No.SEDS-0467-2010 de fecha veintidós de abril de dos mil diez, emitido por la Secretaria de Seguridad, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NÚÑEZ, en fecha nueve de septiembre del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cuatro de abril de dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 099-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 291-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogado JULIO CESAR PERDOMO ORELLANA, presentó en fecha siete de octubre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha nueve de octubre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha quince y veintinueve de octubre del dos mil trece, los abogados OSCAR ARMANDO CARIAS NÚÑEZ y JULIO CESAR PERDOMO ORELLANA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se resolvió mediante providencia de fecha dos de diciembre del dos mil trece, tener por personado en tiempo y forma al abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NÚÑEZ, en condición de parte recurrente y por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por el recurrido, abogado JULIO CESAR PERDOMO ORELLANA, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que la recurrente comparece ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo recurso de casación en contra de la sentencia de fecha cuatro de abril de dos mil trece proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, denunciando dos motivos de casación al tenor de lo que preceptúan los Artículos 716 y 719 numeral 2) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVOS DE CASACION: Que la parte recurrente plantea sus motivos de casación contra la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en los términos siguientes: 2.1 PRIMER MOTIVO: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 4 de abril del 2013, por falta de aplicación del artículo número 9 numeral 6 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo contenido en el Decreto Ejecutivo Número PCM-008-97 de fecha 2 de junio de 1997, en relación que debió Ser empleado para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículo número 9 numeral 6 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, por falta de aplicación, que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada en fecha 4 de abril del 2013 por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, excepto en cuanto a disponer “sin costas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que en la sentencia recurrida no se consideró lo establecido en el artículo número 9 numeral 6 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, y que encuentra en el fundamento legal del Acuerdo de Cancelación de la demandante número SEDS-0467-2010 de fecha 22 de abril del 2010 y que la Ley nos asiste para que haya sido cancelada la señora Maira Azucena Chacón, y la misma se orienta manifestando “Corresponde también al Presidente de la República: Delegar en los Secretarios de Estado la potestad de decidir en determinadas materias o, en casos concretos.” En el presente caso el señor Presidente Constitucional de la República mediante el Decreto Ejecutivo Número 002-20 10 de fecha 9 de marzo del 2010, delegó al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, la potestad de firmar los acuerdos de todos los movimientos de personal de la Administración Publica Centralizada, regulados por la Ley de Servicio Civil, Ley del Estatuto Médico Empleado y sus reglamentos, Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, acuerdos de nombramientos en plazas permanentes, los de aquéllos funcionarios que por mandato expreso en la Constitución o de otras disposiciones legales son de libre nombramiento y libre remoción del Presidente de la República; los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, y las cancelaciones por cesantía. Norma jurídica sobre la cual el Tribunal sentenciador no vertió ningún pronunciamiento, con relación a este artículo que refleje la razón o inaplicabilidad del mismo. Puede resultar que para el Tribunal no existan razones fundadas para la cancelación, pero es lógico si omite lo establecido en el artículo número 9 numeral 6 de la Ley de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, dicha omisión es una desobediencia del Tribunal sentenciador en aplicar la norma jurídica que regula el caso concreto, lo que lo lleva a establecer conclusiones al margen de la ley, por lo que procede casar la sentencia recurrida. En su lugar el Tribunal aplica en forma indebida el artículo número 54 de la Ley de Servicio Civil.- 2.2 SEGUNDO MOTIVO: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 4 de abril del 2013 por aplicación indebida del artículo número 53 de la Ley de Servicio Civil, empleado para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículo número 53 de la Ley de Servicio Civil, al ser aplicado indebidamente como norma de derecho para la solución de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 4 de abril del 2013. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Mi representado emitió el acuerdo de cancelación de la señora Maira Azucena Chacón siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, ya que la autoridad nominadora previo a emitir el Acuerdo Número SEDS-0467-2010 de fecha 22 de abril del 2010, siguió el procedimiento establecido en el artículo número 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil y articulo número 187 del Reglamento de la misma Ley, ya que en el expediente administrativo de la demandante, se encuentra el Oficio No. 066-2010 de fecha 23 de abril del 2010 mediante el cual el Consejo del Servicio Civil autoriza a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad a cesantear a la señora Maira Azucena Chacón siempre y cuando se cumpla y se tenga el financiamiento respectivo, mi representada si tenia el financiamiento respectivo, pero la demandante tenía deudas con instituciones como la Cooperativa Liga, Banco de los Trabajadores e Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos, insolvencia esta que evito que pudiera cobrar prestaciones. Tal disposición ha sido aplicada indebidamente por el Tribunal sentenciador, ya que el artículo en cuestión dispone: “No obstante lo dispuesto en el artículo 47 de esta Ley, la autoridad nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General de Servicio Civil siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la cesantía, por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: a) Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; y, b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa.” Por consecuencia de esta aplicación indebida el Tribunal sentenciador dejó de aplicar la norma jurídica que si regula el caso, como lo es el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil. Por esta razón es que este motivo debe ser casado.”.- III.- Cabe señalar que analizado el escrito del recurso que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia, el censor no lo ha formulado de manera clara y precisa. En el primer motivo, la norma que se señala como violada no ha tenido ninguna incidencia en la solución del fondo del litigio, recordándole al casacionista que existe línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que se han desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales (ver sentencia expediente número SL 516-12), siendo evidente que en esta primera causal se ve afecto a lo establecido en el articulo 723 numeral 2 incisos a) y b) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación y no contener el cargo ninguna motivación que pudiera permitir la evolución de la línea jurisprudencial mantenida hasta entonces por este Tribunal Supremo en cuanto a la cesantía en el sector público.- IV.- Analizado también lo impetrado en el segundo cargo del presente recurso de casación, este Tribunal Supremo también estima que resulta inadmisible, porque el Impetrante incurre en defectos técnicos en su formulación puesto que la disposición señalada como violada por aplicación indebida, contiene dos literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas siendo necesario precisar contra cuál de ellas dirige su ataque; además, contradictoriamente sostiene en su explicación: “Por consecuencia de esta aplicación indebida el Tribunal sentenciador dejó de aplicar la norma jurídica que si regula el caso, como lo es el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil…”, errores que hacen necesario recordarle al censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado.- V.- En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación. En primer lugar, no propone ninguna situación que pudiera permitir la evolución de la línea jurisprudencial establecida por este Supremo Tribunal en relación a la cesantía en el sector público. En segundo lugar unifica dos causales de casación opuestas entre si en cuanto a su alcance, además de citar de manera imprecisa la norma supuestamente violada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada, siendo evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- VI. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literales a) y b) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintisiete de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 659-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL