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Sentencia CA-654-13 — Registro 4295

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

. Cabe señalar que la casacionista no ha formulado en forma clara y precisa el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación. En primer lugar no se ocupa en ilustrar cuales normas de derecho se encuentran indebidamente interpretadas conforme a la causal contenida en el numeral 2 del articulo 719 invocado como precepto autorizante, ya que como motivo de casación indica: “Se impugna la interpretación errónea de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento…”, y como disposición infringida: “Estimo como infringido el procedimiento de cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento por interpretación errónea...” y siendo que la Ley de Servicio Civil y su Reglamento son ordenamientos jurídicos que contienen varias disposiciones, con distintas situaciones jurídicas, era era necesario señalar con precisión las disposiciones contra las que dirige su ataque. En segundo lugar, tanto en la formulación como en la explicación del cargo considera que la Corte Sentenciadora ha interpretado incorrectamente las normas empleadas, manifestando que …”De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del procedimiento para efectuar cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, es errónea por lo que procede se case la sentencia...” sin embargo, ni establece con precisión en qué consiste la errónea interpretación y ni cuál seria la correcta interpretación. Sumado a lo anteriormente motivado,insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, siendo preciso recordar a la parte recurrente que el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Por todo lo anterior, es evidente que el único motivo se ve afecto a lo establecido en el articulo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación civil

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“Se impugna la interpretación errónea de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en vista que mi representado el Estado de Honduras, cumplió con el Proceso de Cancelación por Cesantía a favor del demandante. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el procedimiento de cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento por interpretación errónea. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha veinte (20) de junio de dos mil trece (2013). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al interponer el Recurso de Apelación, expresamos los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, en vista que en apego a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento mi representada, cumplió a cabalidad el Proceso de Cancelación por Cesantía a favor de la demandante, como se pudo constatar a través del Acuerdo No. 1040-2011 de fecha 29 de abril de 2011, contentivo de la acción de personal No.37-2011 con efectividad a partir del 15 de mayo de 2011. La Ley de Servicio Civil es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones de servicio entre el servidor público y los diferentes órganos del sector estatal, conteniendo dicho ordenamiento jurídico dos regímenes muy claramente diferenciados por los cuales la administración pública puede prescindir de los servicios de sus empleados siendo estos: Régimen de Cancelación por Despido y el Régimen de Cancelación por Cesantía, ambos con una serie de requisitos que forzosamente la Administración Pública debe cumplir; Sin embargo la Ley de Servicio Civil y su Reglamento tienen como finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el Servicio Público, regulando las relaciones entre los servidores públicos y el Estado. La Sentencia objeto del presente Recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en vista que la misma expresa que mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, no dio cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para proceder a la cancelación de la ahora demandante por cesantía, extremo alejado de la verdad debido a que mi representado el Estado de Honduras cumplió con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil pues al efectuar el procedimiento de cancelación por cesantía persigue una reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del procedimiento para efectuar cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, es errónea por lo que procede se case la sentencia.”.- III. Cabe señalar que la casacionista no ha formulado en forma clara y precisa el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación. En primer lugar no se ocupa en ilustrar cuales normas de derecho se encuentran indebidamente interpretadas conforme a la causal contenida en el numeral 2 del articulo 719 invocado como precepto autorizante, ya que como motivo de casación indica: “Se impugna la interpretación errónea de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento…”, y como disposición infringida: “Estimo como infringido el procedimiento de cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento por interpretación errónea...” y siendo que la Ley de Servicio Civil y su Reglamento son ordenamientos jurídicos que contienen varias disposiciones, con distintas situaciones jurídicas, era era necesario señalar con precisión las disposiciones contra las que dirige su ataque. En segundo lugar, tanto en la formulación como en la explicación del cargo considera que la Corte Sentenciadora ha interpretado incorrectamente las normas empleadas, manifestando que …”De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del procedimiento para efectuar cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, es errónea por lo que procede se case la sentencia...” sin embargo, ni establece con precisión en qué consiste la errónea interpretación y ni cuál seria la correcta interpretación. Sumado a lo anteriormente motivado, insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, siendo preciso recordar a la parte recurrente que el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Por todo lo anterior, es evidente que el único motivo se ve afecto a lo establecido en el articulo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación civil.- IV. Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Ver sentencia expediente SL 516-12), no encontrando este Tribunal Supremo que la impetrante haya efectuado relación fáctica debidamente motivada que permita la evolución de la línea jurisprudencial establecida por la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, por lo que también el motivo resulta inadmisible al amparo de lo dispuesto en el Artículo 723, numeral 2) literal b) del Código Procesal Civil

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de febrero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de entado en juicio por la abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ; y, Recurrida: la señora LOURDES ZAVALA LUNA, representada en juicio por el abogado JORGE MARIN DIAZ DURON.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la adopción de medidas para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado, reintegro al cargo, pago de los salarios dejados de percibir, aumento salarial y los no otorgados en sentencia judicial y futuros durante su ausencia decretados por sentencia judicial, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora LOURDES ZAVALA LUNA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que fue nombrada en la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población en el cargo de Contador I, con Estado en los Despachos del Interior y Población, represefectividad a partir del 15 de junio de 2009; que mediante Acuerdo No. 1040-2011 de fecha 13 de mayo de 2011 se le canceló por cesantía del cargo que venía desempeñando la demandante, con efectividad a partir del 16 de mayo de 2011, sin observar el procedimiento legalmente establecido en la Ley y Reglamento de Servicio Civil; la demandante no ha incumplido ninguna norma ni ha cometido ninguna falta establecida en el Reglamento Interno de dicha Secretaría de Estado y Reglamento de Servicio Civil, con lo manifestado anteriormente el Estado de Honduras en forma unilateral ha despedido injustamente del cargo a la demandante, sin observar el procedimiento legalmente establecido ya que es imprescindible lo siguiente: La evaluación periódica que nunca se le realizó, los años de servicio en la Administración Pública y la condición de ser padre de familia pobre con cinco o más hijos menores, constituyendo de esta forma infracción al ordenamiento jurídico aplicable al no haberle entregado el preaviso con anticipación y haberle marginado en el procedimiento de profesionalización, que cada Secretaría de Estado debe enviar una lista a la Dirección General de Servicio Civil para capacitar a todos los Empleados Públicos, violentándole el principio de oportunidad de superación en la medida de adquirir nuevos conocimientos por medio de cursos.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, contestó dicha demanda señalando que la demandante fue objeto de una cancelación por cesantía, para tal efecto la demandada realizó el procedimiento administrativo que contempla la Ley de Servicio Civil para proceder a la cancelación por cesantía de conformidad con el artículo 53 que establece: “No obstante lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley, la autoridad nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede “la cesantía” por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: a)…… b) Reducción de servicio o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa”, en el caso que nos ocupa mediante el oficio No.150 DSM de fecha 04 de abril del 2011 el Secretario de Estado solicitó dictamen al Consejo de Servicio Civil, con la finalidad que se emitiera el correspondiente dictamen a fin de determinar si procedía o no la cancelación por cesantía de la demandante de conformidad al artículo 188 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en razón a lo anterior el Consejo de Servicio Civil autorizó la cancelación por cesantía de la demandante a través del Oficio No.060-CSC-11 de fecha 28 de abril del 2011, por lo tanto la acción impugnada por la demandante no constituye infracción o violación alguna al ordenamiento jurídico, más que un acto realizado bajo absoluto respeto a los derechos que las Leyes le confieren a cada uno de los empleados que gozan de la protección del Régimen de Servicio Civil, por lo que dicho acto no disminuye ni restringe derechos reconocidos por la Constitución de la República.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por la señora Lourdes Zavala Luna, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación 1040-2011 de fecha 13 de mayo de 2011 por medio del cual se canceló por cesantía a la demandante; en consecuencia se anula totalmente; reconoció la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se resolvió adoptar el reintegro al trabajo en el cargo de Contador I; diferir a la etapa de ejecución de este fallo la determinación de la cuantía de los salarios dejados de percibir en cuyo cálculo se deberá incluir el pago del decimotercer mes, decimocuarto mes y cualquier bonificación, aumento, vacaciones a que tuviere derecho el servidor reinstalado y que fueron dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta el día en se ejecute totalmente lo aquí dispuesto; condenó al Estado de Honduras a reconocer, ejecutar y pagar a la demandante los conceptos antes señalados, sin costas; bajo el criterio que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado la evaluación periódica respectiva a la demandante, ya que la disposición que obliga a efectuar dichas evaluaciones no ha sido derogada, por lo cual está vigente y es de obligatorio cumplimiento que se haya tomado en cuenta sus años de servicio en la Administración Pública; que después de emitido el acuerdo de cancelación, no consta que la Autoridad Nominadora haya enviado a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de los cesanteados para que la demandante sea inscrita con derecho preferente en el registro de reingreso; es decir, no se acreditaron en el juicio elementos indispensables que debe de cumplir la Autoridad Nominadora para prescindir de los servicios de las personas afectadas por las cesantías, pretendiendo la parte demandada que con solo la consulta hecha al Consejo del Servicio Civil y la autorización de éste, se realizó el procedimiento en su totalidad para la cancelación por cesantía, lo que hace que dicho acto infrinja el ordenamiento jurídico al no realizar el procedimiento tal como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil, 280 y 281 de su Reglamento de aplicación, por lo cual debe decretarse la procedencia de la acción, por estar debidamente acreditado en autos que no se siguió totalmente el procedimiento de cesantía para la cancelación de la demandante, por lo que el acto administrativo impugnado infringe el ordenamiento jurídico.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinte de junio de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis de los antecedentes se desprende que la sentencia definitiva venida en apelación esta dictada conforme a derecho, esto porque consta de autos que la autoridad nominadora no siguió a cabalidad el procedimiento y presupuestos que ordena la ley para cancelar por cesantía a la demandante, en clara violación a los presupuestos prescritos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para cancelar por cesantía a servidores públicos.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, presentó en fecha dieciséis de julio de dos mil trece escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veinte de junio de dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 182-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 289-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha dieciocho de julio de dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado JORGE MARIN DIAZ DURON, presentó en fecha veinte de agosto de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintidós de agosto de dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiséis y treinta de agosto de dos mil trece, los abogados JORGE MARIN DIAZ DURON y NADYA LILIANA HERNANDEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha dos de diciembre de dos mil trece, teniendo por personados a los abogados JORGE MARIN DIAZ DURON, como recurrido y NADYA LILIANA HERNANDEZ, como recurrente, en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que la Recurrente comparece ante la Corte Suprema de Justicia en uso de su derecho, interponiendo recurso de casación en contra de la sentencia de fecha veinte de junio de dos mil trece proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. Denuncia un motivo de casación al tenor de lo que preceptúan los Artículos 716 y 719 numeral 2) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVO DE CASACIÓN: “Se impugna la interpretación errónea de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en vista que mi representado el Estado de Honduras, cumplió con el Proceso de Cancelación por Cesantía a favor del demandante. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el procedimiento de cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento por interpretación errónea. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha veinte (20) de junio de dos mil trece (2013). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al interponer el Recurso de Apelación, expresamos los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, en vista que en apego a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento mi representada, cumplió a cabalidad el Proceso de Cancelación por Cesantía a favor de la demandante, como se pudo constatar a través del Acuerdo No. 1040-2011 de fecha 29 de abril de 2011, contentivo de la acción de personal No.37-2011 con efectividad a partir del 15 de mayo de 2011. La Ley de Servicio Civil es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones de servicio entre el servidor público y los diferentes órganos del sector estatal, conteniendo dicho ordenamiento jurídico dos regímenes muy claramente diferenciados por los cuales la administración pública puede prescindir de los servicios de sus empleados siendo estos: Régimen de Cancelación por Despido y el Régimen de Cancelación por Cesantía, ambos con una serie de requisitos que forzosamente la Administración Pública debe cumplir; Sin embargo la Ley de Servicio Civil y su Reglamento tienen como finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el Servicio Público, regulando las relaciones entre los servidores públicos y el Estado. La Sentencia objeto del presente Recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en vista que la misma expresa que mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, no dio cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para proceder a la cancelación de la ahora demandante por cesantía, extremo alejado de la verdad debido a que mi representado el Estado de Honduras cumplió con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil pues al efectuar el procedimiento de cancelación por cesantía persigue una reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del procedimiento para efectuar cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, es errónea por lo que procede se case la sentencia.”.- III. Cabe señalar que la casacionista no ha formulado en forma clara y precisa el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación. En primer lugar no se ocupa en ilustrar cuales normas de derecho se encuentran indebidamente interpretadas conforme a la causal contenida en el numeral 2 del articulo 719 invocado como precepto autorizante, ya que como motivo de casación indica: “Se impugna la interpretación errónea de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento…”, y como disposición infringida: “Estimo como infringido el procedimiento de cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento por interpretación errónea...” y siendo que la Ley de Servicio Civil y su Reglamento son ordenamientos jurídicos que contienen varias disposiciones, con distintas situaciones jurídicas, era era necesario señalar con precisión las disposiciones contra las que dirige su ataque. En segundo lugar, tanto en la formulación como en la explicación del cargo considera que la Corte Sentenciadora ha interpretado incorrectamente las normas empleadas, manifestando que …”De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del procedimiento para efectuar cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, es errónea por lo que procede se case la sentencia...” sin embargo, ni establece con precisión en qué consiste la errónea interpretación y ni cuál seria la correcta interpretación. Sumado a lo anteriormente motivado, insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, siendo preciso recordar a la parte recurrente que el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Por todo lo anterior, es evidente que el único motivo se ve afecto a lo establecido en el articulo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación civil.- IV. Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Ver sentencia expediente SL 516-12), no encontrando este Tribunal Supremo que la impetrante haya efectuado relación fáctica debidamente motivada que permita la evolución de la línea jurisprudencial establecida por la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, por lo que también el motivo resulta inadmisible al amparo de lo dispuesto en el Artículo 723, numeral 2) literal b) del Código Procesal Civil.- V. En conclusión, considerando que el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, inobserva de manera evidente los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literales a) y b) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de quince; certificación del auto de fecha dos de febrero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 654-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL