Sentencia CA-651-14 — Registro 5028
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio de que la autoridad nominadora emitió la cancelación sin analizar si la falta imputada al demandante conllevaba a su despido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a un día del mes de septiembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designando ponente al segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), representado en juicio por la abogada BESSY LORENA GARCIA; y, Recurrido: CARLOS GABRIEL AGUILERA AGUILERA, representado en juicio por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Contencioso Administrativa en materia de personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo emitido con exceso y abuso de poder sin el procedimiento de ley para la vía del despido y cesantía, se alega la notificación defectuosa, reconocimiento de una situación jurídica individualizada para su pleno restablecimiento se reconozca el pago de las indemnizaciones laborales que por ley le corresponden, tales como preaviso, cesantía, vacaciones causadas y no gozadas, decimotercer y decimocuarto mes y cualquier otro beneficio acumulado a la fecha del ilegal despido, se le reintegre al mismo cargo o a cualquier otro de igual o mejor categoría, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, pago de los derechos adquiridos, durante la secuela del juicio como ser decimotercer, decimocuarto mes, vacaciones y otros derechos que le pudieren corresponder, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de agosto del año dos mil diez, por el señor CARLOS GABRIEL AGUILERA AGUILERA, mayor de edad, soltero, hondureño, Licenciado en Banca y Finanzas y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para el demandado como Sub Gerente de Servicios Generales, según acuerdo 022-2009 del 30 de abril del 2009, alegando que la autoridad nominadora violentando el procedimiento para el despido o cancelación por cesantía, le despidió mediante acuerdo N°125-2010 de fecha 30 de julio del 2010, sin establecer causal, tampoco establece que fue por la vía de la cesantía, pues no se realizó procedimiento alguno para determinar dichas figuras, asimismo el acuerdo de despido le fue notificado en una simple nota y en forma defectuosa.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda rechazando el alegato de ilegalidad y nulidad del acto, en tanto se refiere que al demandante se le canceló por despido de su puesto de servicio, al no haber logrado acreditar o desvanecer la falta que le fue imputada y que se refiere a un pago realizado, igualmente señala que existe una causa de inadmisibilidad de la demanda puesto que el demandante antes de acudir a entablar su demanda tubo que haber agotado un trámite de conciliación dentro del IP.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia anuló totalmente el acuerdo de cancelación 125-2010 del 30 de julio del 2010, pues fue emitido con excedo de poder al imponer una sanción mayor a la establecida en el Reglamento Interno del IP, reconoció la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento tomó las siguientes medidas: a) reinstalar al demandante al cargo del cual fue ilegalmente despedido, b) reconocer el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta la fecha en que sea reinstalado, a dicho valor se le deberá agregar el aumento salarial, bonificación otra variante que haya tenido el sueldo, condena al demandado a reconocer y ejecutar a favor del demandante lo ordenado, se anula en su caso el acuerdo mediante el cual se hubiere nombrado al sustituto del demandante; bajo el criterio que la sanción de despido no era la adecuada para castigar la conducta del servidor y con tal decisión la autoridad nominadora ha viciado de nulidad el acto impugnado al haber actuado con exceso de poder.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio de que la autoridad nominadora emitió la cancelación sin analizar si la falta imputada al demandante conllevaba a su despido, en consecuencia sin observancia de lo establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, específicamente en el artículo 69, violando con esto el ordenamiento legal establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada BESSY LORENA GARCIA, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.262-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 475-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha cuatro de noviembre del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la recurrida, abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, presentó en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha dos de diciembre del año dos mil catorce, los abogados BESSY LORENA GARCIA y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha seis de enero del año dos mil quince, teniendo por personados a los abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y BESSY LORENA GARCIA, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO : Causa asombro que esta Honorable Corte de Apelación en el Considerando (3) no hace pronunciamiento alguno sobre el hecho que El articulo 3 la Ley General de la Administración Pública claramente establece; las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos los Directores y Sub-Directores Generales “ Es importante aclarar que tanto el Puesto de Gerente como Sub-Gerente de Servicios Generales son nombrados y removidos por el Consejo Directivo del lP; que por las atribuciones que le confiere la Ley de Propiedad delega en el Secretarlo Ejecutivo que a las vez faculta siempre por mandato a la Ley los Directores Generales que cumplan y que hagan cumplir la Ley de Propiedad, sus reglamentos y las resoluciones del Consejo Directores y del Secretario Ejecutivo; Así mismo el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en su articulo 9 dice “Están excluidos del Régimen del Servicio Civil los Servidores del Poder Ejecutivo comprendidos en los artículos tres 3 de la Ley y treinta y cinco 35 de la ley General de la Administración Pública incluidos 1,2,3,4,5,6 . Los Directores Generales y los Sub Directores Generales, por lo anterior es sumamente importante manifestar a ustedes Honorables Magistrados que el puesto del señor Carlos Gabriel Aguilera Aguilera como Sub-Gerente de Servicios Generales, en el Instituto de la Propiedad es un puesto excluido de la Ley de Servicio Civil, por tal razón al momento de la Audiencia y al presentar las pruebas en este caso se hizo énfasis con respecto a este punto. Es de Resalta señores Magistrados que al momento de la contestación de la demanda incoada ante mi representado por el Demandante, se acredito fehacientemente que todos los empleados del instituto de la Propiedad No están sujetos a Régimen del Servicio Civil; es por esa razón que cuando se han hecho inspecciones a dicho ente, no hay un pronunciamiento favorable al respecto porque ellos mismos aseveran que el Instituto de la Propiedad no está adscrito a dicho régimen por lo que no están obligados a llevar el procedimiento que Servicio Civil utiliza al momento de Cancelar su Personal y con respecto al Acuerdo de cancelación No.125-2010 de fecha 30 de julio de 2010,dictado siguiendo las atribuciones que la ley de Propiedad consigna en su articulo 68 del capitulo XIV de la obligaciones y prohibiciones del personal, numerales 1,5 y 6. Es de Aclarar que el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad incluye la figura de Cesantía en su artículo 83 que el despido por; 1. Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestaria; y 2 Reducciones de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Y en su artículo 84 el mismo establece que En vista de que el Instituto de la Propiedad no se ha incorporado a la Dirección General de Servicio Civil. En relación a este punto comprenderán Honorables Magistrados que es de suma importancia que el mismo quede claro, ya que hasta el momento al instituto de la Propiedad está siendo condenado a pagar demandas, por estar obligando al Instituto de la Propiedad a cumplir la Ley del Servicio Civil, situación que es totalmente incorrecta ya que con el articulo anteriormente señalado claramente demuestra que el Instituto No se encuentra adscrito a la Ley del Servicio Civil ocasionando grandes pérdidas al Instituto de la Propiedad y por ende al Estado de Hondura. SEGUNDO: El Magistrado ponente en los Considerandos 5 y 6 argumenta “Que EL instituto de la Propiedad debió aplicar lo establecido en el articulo 69, 10 cual no procede ya que el acto impugnado fue dictado en estricta observancia a los procedimientos establecidos en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad con fundamento en lo establecido en el Capitulo XVIII Articulo 68 del Reglamento de Personal, el cual señala lo siguiente: “ Artículo 68: EL IP. Podrá dar por cancelado el respectivo acuerdo de nombramiento o por terminado el contrato de trabajo si responsabilidad alguna de su parte en el caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en los numerales 1. Cumplir fielmente con las disposiciones legales y reglamentos del LP y demás relacionada.-2. Conocer, estudiar y acatar la Ley y Reglamento especial que se relacionen con el IP, circulares y demás Ordenes e instrucciones emanadas del Consejo Directivo... 3,4,5,8,...... del Capitulo XIV de la obligaciones del personal; asimismo cuando se cometan violación de la prohibiciones contenidas en los numerales 1,2,4,5,6. Cometer fraude o deslealtad o abuso de con fianza en las gestiones 0 servicios asignados, que perjudiquen al l. P, o los terceros con quienes este tiene relación; 7. Ejecutar actos que perjudiquen el prestigio y decoro de la institución; 8, 9,10 y 13 del Capitulo XV de la prohibiciones al personal. Que si bien es cierto que el Carlos Gabriel Aguilera Aguilera, solamente cometió la falta una sola vez esta se encuentra enmarcada en el articulo 68 en donde faculta al Instituto de la Propiedad que podrá cancelar el respectivo acuerdo sin responsabilidad alguna de su parte en el caso de incumplimiento de las obligaciones y asimismo cuando se cometan violaciones de la prohibiciones contenidas en los numerales 6 V 7 del capitulo XV correspondiente a las prohibiciones antes relacionada, por 10 que no es procedente a aplicación al articulo 68 como mal interpreta en los considerandos 5 y 6 de esta sentencia lo cual pone de manifiesto que el Instituto de la Propiedad si analizo si la falta cometida por el demandante si ameritaba su despido ya que el demandante no pudo desvirtuar los cargos imputados a este, que tuvo en el pago a favor de la compañía comercial RAMEKAS y del análisis de Recurso Humanos del Instituto de la Propiedad en el cual se concluye la participación del Sub-Gerente de Servicios Generales, se da por desconocimiento de cual es procedimiento incorrecto ya que su oficina no se encuentra facultada para solicitar este tipo de pagos, actuando al margen de sus obligaciones que es cumplir fielmente con las disposiciones legales y reglamentos del l.P y demás relacionada, conocer, estudiar y acatar la Ley y Reglamento especial que se relacionen con el IP, Lo que produjo finalmente la emisión del acuerdo de cancelación No.125-2010, con forme a derecho, es así que el precitado Reglamento de Personal en su articulo I señala: el presente Reglamento de personal del Instituto de Ia Propiedad, regula las condiciones de trabajo a que deberán sujetarse el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (I.P), los servidores y funcionarios dentro de clasificación como tales que el mismo contrate para Ia prestación de su servicios, en cada una de las dependencias, en el territorio nacional y el articulo 2 del mismo reglamento señala; Quedan sujetos al presente Reglamento de Personal todos los servidores y funcionarios del Instituto de Ia Propiedad, aplicándose el mismo a todos aquellas personas que ejecuten labores bajo su dirección, dependencia o subordinación Considerandos que causan agravios a la indefensión sobre la realidad jurídica que apoya la decisión de mi representado, al cancelar a el señor Carlos Gabriel Aguilera Aguilera. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 literal c y su numeral 2 del Código Procesal Civil. TERCERO: Que es evidente con todas las pruebas aportada en primera instancia y las argumentaciones en que me base para defender a mi representada, de que si se llevo a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo a el señor Carlos Gabriel Aguilera Aguilera, del cargo Sub-gerente de Servicios Generales, dependiente de la Dirección General de Administración del Instituto de la Propiedad. La inobservancia de los Honorables Magistrados a lo que Establece el articulo “Articulo 68: EL IP. Podrá dar por cancelado el respectivo acuerdo de nombramiento o por terminado el contrato de trabajo si responsabilidad alguna de su parte en el caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en los numerales 1. Cumplir fielmente con las disposiciones legales y reglamentos del l.P y demás relacionada.-2. Conocer, estudiar y acatar la Ley y Reglamento especial que se relacionen con el IP, circulares y demás órdenes e instrucciones emanadas del Consejo Directivo...3,4,5,8,...del Capitulo XIV de la obligaciones del personal; asimismo cuando se cometan violación de la prohibiciones contenidas en los numerales 1,2,4,5,6. Cometer fraude o deslealtad o abuso de confianza en las gestiones o servicios asignados, que perjudiquen al lP, o los terceros con quienes este tiene relación; 7. Ejecutar actos que perjudiquen el prestigio y decoro de la institución; 8, 9,10 y 13 del Capitulo XV de la prohibiciones al personal. El articulo 3 claramente establece; las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos los Directores y Sub-Directores Generales “Así mismo el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en su articulo 9 dice “Están excluidos del Régimen del Servicio Civil los Servidores del Poder Ejecutivo comprendidos en los artículos tres 3 de la Ley y treinta y cinco 35 de la Ley General de la Administración Pública incluidos 1, 2, 3, 4, 5,6. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, podemos concluir que el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal valida, siguiendo lo establecidos en la Ley de Propiedad, “ El Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad regula las condiciones de trabajo a deberán de sujetarse el Instituto de la Propiedad, los servidores y funcionarios dentro de la clasificación como tales que el mismo contrate para la prestación de servicios en cada una de sus dependencias del territorio nacional Quedando sujetos al Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, aplicándose primeramente al mismo a todas aquellas personas que ejecuten laborar bajo su dirección, dependencias o subordinación en cada una de sus unidades para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte, reitero a la Honorable Corte Suprema de Justicia que el espíritu de este recurso de casación es que se establezca claramente que en la Sentencia impugnada se infringió la Forma y Contenido de la misma ya que el acto infringido se emitió conforme a derecho.- II. Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia, así como al Tribunal Superior de Cuentas. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha uno de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 651-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL