Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-649-13 — Registro 18034

Resumen

Se anula la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que omitió pronunciarse sobre los cuestionamientos efectuados sobre la legalidad del acto administrativo, entre otros, sobre el tema de su notificación, si el demandante gozaba o no de la protección especial del Estado por el fuero sindical y del fundamento empleado para tal determinación, los cuales fueron expuestos oportunamente en el proceso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.-               III. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV. Que el demandante fija como objeto del proceso el señalamiento de que inició su relación laboral con la demanda el 1 de febrero de 1999, en el cargo de Analista en el Departamento de Informática, mediante resolución de fecha 30 de julio del 2007, se resolvió cancelarle del cargo que desempeñaba, siendo efectiva a partir del 3 de agosto del mismo año, argumentando como causal porque el día 18 de julio de ese año abandonó su puesto de trabajo para dirigirse a otros departamentos a repartir boletines, hacer uso del centro de trabajo para promover reuniones de propaganda partidista y gremial, por reestructuración administrativa y haber perdido la confianza, considerando tal despido ilegal e injusto, ya que no le hicieron audiencia de descargos, más teniendo el demandante la protección especial del fuero sindical, no notificándole legalmente de la resolución tomada para su cancelación, violentando así el ordenamiento jurídico y los derechos del trabajador. Por su parte la demandada expone al contestar la demanda el objeto del debate en cuanto a que el despido del demandante fue por causas debidamente probadas y con carácter de graves, ya que el articulo 87 ordena que antes de recurrir a los organismos jurisdiccionales deberá agotar los medios de solución pacifica contenidas en el Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral y con lo relacionado a que pertenecía al fuero sindical, esa organización sindical fue disuelta por orden de los Juzgados de Letras del Trabajo, por lo que el acto fue hecho conforme a derecho; que el Tribunal Supremo Electoral fue creado por el Congreso Nacional mediante decreto 44-2004, estableciendo las reglas claras y precisas que garanticen la participación equitativa de las fuerzas políticas para poder acceder al poder de la nación mediante un sistema electoral fiable, a tal efecto le otorga facultades al Tribunal para emitir reglamentos, instructivos etc. para su funcionamiento, estableciendo la finalidad así como también lo concerniente a las condiciones de admisión de los empleados, obligaciones y prohibiciones, por lo que el Tribunal tiene facultades suficientes para autorizar la cancelación, nombramiento de uno o más empleados; que bajo ese marco legal se le notificó al demandante la resolución donde se cancela el nombramiento de Analista con la institución a partir del 3 de agosto del 2007, por las causales de abandono del trabajo para dirigirse a diferentes departamentos de la institución con el objetivo de distraer al resto de personal, por hacer uso de su centro de trabajo para repartir boletines de contenido partidista y gremial, por lo que se tomó la decisión de reestructurar administrativamente la institución y por haber perdido la confianza en la ejecución de las actividades del trabajador.- V. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en este Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de noviembre de 2012, dictó sentencia declarando improcedente la acción promovida por el señor Ángel Antonio Cárcamo  Morales, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado por el demandante emitido por el Tribunal Supremo Electoral por medio del cual se canceló al demandante, sin costas; bajo el criterio que tomando en cuenta el Decreto 203-2004 de fecha 1 de marzo del 2005, por medio del cual establece que las instituciones autónomas a que se refiere la Ley General de la Administración Pública son aquellas que tienen a su cargo la administración del Estado y que por tal razón son instituciones descentralizadas, no formando parte el Tribunal Supremo Electoral ya que tiene su propia normativa interna, por lo que no sería aplicable la Ley de Servicio Civil sino que se aplicará el reglamento que rige a los empleados de dicha entidad y que en este caso el objeto del acto impugnado lo constituye la resolución tomada en pleno del Tribunal Supremo Electoral mediante punto III numeral 4 inciso b del acta 146-2007-2008 A; que el cargo que desempeñaba el ahora demandante como Analista del Departamento de Informática es considerado puesto de confianza según el artículo 17 del reglamento que rige a los empleados del Tribunal Supremo Electoral, por lo que no hubo infracción al ordenamiento jurídico ya que el mismo reglamento estipula que dicho personal considerado de confianza no goza de estabilidad laboral, por lo que es improcedente lo peticionado por el demandante.- VI. La Corte de Apelaciones de la Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha 21 de marzo del 2013, confirmó el fallo de primera instancia, basándose en el artículo 17 numeral 1) del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, donde ordena que serán miembros de la carrera los actuales empleados permanentes de la institución, no obstante son empleados de confianza y no gozaran de estabilidad laboral los Directores…Personal del Departamento de Informática, que los empleados de confianza gozan de todos los derechos de los demás empleados excepto la estabilidad laboral y que siendo la cancelación del demandante de un puesto de confianza su relación de trabajo no esta sujeta a ninguna causa o procedimiento de cancelación de su puesto de trabajo, porque el demandante no tenía estabilidad laboral; sin embargo, omitió pronunciarse sobre los cuestionamientos efectuados sobre la legalidad del acto administrativo en mención, entre otros, sobre el tema de su notificación, si el demandante gozaba o no de la protección especial del Estado por el fuero sindical y del fundamento empleado para tal determinación, los cuales fueron expuestos oportunamente en el proceso, todo lo cual deriva que dicha sentencia resulte incongruente, en similar criterio de lo resuelto en el expediente número SL 771-13.- VII. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- VIII. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- IX. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el señor ANGEL ANTONIO CÁRCAMO MORALES, representado en juicio por el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO; y Recurrido: el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), representado en juicio por el abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, se dicten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento y se declare la ilegalidad del acto por quebrantamiento de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, reintegro, pagos de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, pago de indemnización equivalente a seis meses de salario por violación al fuero sindical, intereses y las costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal del señor ANGEL ANTONIO CÁRCAMO MORALES, contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 19 de mayo del 2010, compareció ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo incoando demanda solicitando el reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir así como otros derechos laborales, todo en virtud de que el demandante inició su pretensión ante los Juzgados de Letras del Trabajo en fecha 12 de septiembre del 2007, el cual fue objeto de una excepción de incompetencia del tribunal, argumentando la parte demandada que la jurisdicción competente para conocer la presente demanda no era la jurisdicción del trabajo sino la de lo contencioso administrativo, la cual fue resuelta mediante sentencia interlocutoria el 01 de octubre del 2008 por medio de la cual declara con lugar la excepción planteada por la parte demandada; que dicho fallo fue recurrido por el apoderado legal de la parte demandante y resuelto por la Corte de Apelaciones la cual confirma la sentencia interlocutoria emitida por el juez de primera instancia, interponiendo el recurso de reposición el cual fue declarado sin lugar, interponiendo ante la Honorable Corte Suprema de Justicia el recurso de amparo por considerar que hubo violación de las garantías constitucionales contra la sentencia dictada en segunda instancia, el cual fue denegado considerando, la Honorable Corte Suprema de Justicia que la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal por razón de la materia no le priva del derecho a acceder con su petición ante otro tribunal competente, lo cual le garantiza el debido proceso con todas las prerrogativas que en este caso le garantiza la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Que el demandante inició la relación laboral con el Tribunal Supremo Electoral el 01 de febrero de 1999 en el cargo de Analista en el Departamento de Informática, pero resulta que en fecha 30 de julio del 2007, mediante punto de acta número 146-2007/2008 numeral 4 inciso b), el Tribunal resolvió cancelar al demandante del cargo de analista a partir del 3 de agosto del 2007, por abandonar supuestamente el puesto de trabajo con el fin de repartir boletines de contenido ajeno a los intereses del Tribunal Supremo Electoral distrayendo de esta manera al personal ya que utilizó el centro de trabajo con el fin de promover reuniones de propaganda partidista y gremial, además de que el tribunal en dicha resolución decide cancelar al demandante por reestructurar administrativamente la institución y por considerar haber perdido la confianza; que fueron varias las ilegalidades cometidas por parte de la autoridad nominadora (Tribunal Supremo Electoral), ya que el demandante fue despedido sin hacerle los descargos correspondientes aun estando protegido por el fuero sindical, de igual manera fue despedido en forma defectuosa, por lo que dicho despido es ilegal e injusto.- 2. La parte demandada, el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), contestó dicha demanda señalando que el despido del demandante fue por causas debidamente probadas y con carácter de graves, ya que el articulo 87 ordena que antes de recurrir a los organismos jurisdiccionales deberá agotar los medios de solución pacifica contenidas en el Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral y con lo relacionado a que pertenecía al fuero sindical, esta organización sindical fue disuelta por orden de los Juzgados de Letras del Trabajo, por lo que el acto fue hecho conforme a Derecho; que el Tribunal Supremo Electoral fue creado por el Congreso Nacional mediante decreto 44-2004, estableciendo las reglas claras y precisas que garanticen la participación equitativa de las fuerzas políticas para poder acceder al poder de la nación mediante un sistema electoral fiable, a tal efecto le otorga facultades al Tribunal para emitir reglamentos, instructivos etc. para su funcionamiento, estableciendo la finalidad así como también lo concerniente a las condiciones de admisión de los empleados, obligaciones y prohibiciones, por lo que el Tribunal tiene facultades suficientes para autorizar la cancelación, nombramiento de uno o más empleados; que bajo ese marco legal el infrascrito secretario le notificó al demandante la resolución tomada por el pleno del Tribunal Supremo Electoral, en el punto III numeral 4 inciso b) del acta No.146-2007/2008-A en la cual en base a las atribuciones que le otorga el articulo 15 al Tribunal Supremo Electoral numeral 1 y 24 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, se resolvió cancelar el nombramiento del demandante de Analista con la institución a partir del 3 de agosto del 2007, por las causales de abandono del trabajo para dirigirse a diferentes departamentos de la institución con el objetivo de distraer al resto de personal, por hacer uso de su centro de trabajo para repartir boletines de contenido partidista y gremial, por lo que se tomó la decisión de reestructurar administrativamente la institución y por haber perdido la confianza en la ejecución de las actividades del trabajador, cometiendo faltas graves por lo que el pleno del Tribunal Supremo Electoral decidió dar por terminada la relación laboral con el ahora demandante en uso de las facultades concedidas al Tribunal Supremo Electoral.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de noviembre de dos mil doce, dictó sentencia declarando improcedente la acción promovida por el abogado Pedro Antonio Ortega Andino, en representación del señor Ángel Antonio Cárcamo Morales, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado por el demandante emitido por el Tribunal Supremo Electoral por medio del cual se canceló al demandante, sin costas; bajo el criterio que tomando en cuenta el Decreto 203-2004 de fecha 1 de marzo del 2005, por medio del cual establece que las instituciones autónomas a que se refiere la Ley General de la Administración Pública son aquellas que tienen a su cargo la administración del Estado y que por tal razón son instituciones descentralizadas, no formando parte el Tribunal Supremo Electoral ya que tiene su propia normativa interna, por lo que no sería aplicable la Ley de Servicio Civil sino que se aplicará el reglamento que rige a los empleados de dicha entidad y que en este caso el objeto del acto impugnado lo constituye la resolución tomada en pleno del Tribunal Supremo Electoral mediante punto III numeral 4 inciso b del acta 146-2007-2008 A; que el cargo que desempeñaba el ahora demandante como Analista del Departamento de Informática es considerado puesto de confianza según el artículo 17 del reglamento que rige a los empleados del Tribunal Supremo Electoral, por lo que a criterio de esta juzgadora no hubo infracción al ordenamiento jurídico ya que el mismo reglamento estipula que dicho personal considerado de confianza no goza de estabilidad laboral, por lo que es improcedente lo peticionado por el demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en virtud de lo prescrito en la normativa jurídica aplicable al presente caso de autos y en virtud de que el apelante fue cancelado de un puesto de confianza como ser el de Analista en el Departamento de Informática, al tenor de lo ordenado en el artículo 17 numeral 1) del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, su relación de trabajo no estaba sujeta a ninguna causa o procedimiento de cancelación de su puesto de trabajo, ni eventualidad al momento de dicha cancelación, lo que hace que su pretensión de ser reintegrado al puesto de trabajo del cual fue cancelado y el pago de los salarios dejados de percibir que solicita sean improcedentes, esto por ser conforme a derecho el acto administrativo impugnado porque el demandante no tenia estabilidad laboral, sin perjuicio que el apelante (demandante) bajo el mismo mandato legal tiene derecho de gozar de todos los derechos que tienen los demás empleados permanentes, en consecuencia a los derechos prescritos en el artículo 34 letra k) del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en fecha veintitrés de mayo de dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada de fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 069-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 277-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán; resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, presentó en fecha diecisiete de junio de dos mil trece, escrito de de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciocho de junio de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha seis de agosto y tres de septiembre de dos mil trece, los abogados PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO y OSCAR DOÑAS CHAVEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha dos de diciembre de dos mil trece, teniendo por personados a los abogados PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, como recurrente y OSCAR DOÑAS CHAVEZ, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- III. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV. Que el demandante fija como objeto del proceso el señalamiento de que inició su relación laboral con la demanda el 1 de febrero de 1999, en el cargo de Analista en el Departamento de Informática, mediante resolución de fecha 30 de julio del 2007, se resolvió cancelarle del cargo que desempeñaba, siendo efectiva a partir del 3 de agosto del mismo año, argumentando como causal porque el día 18 de julio de ese año abandonó su puesto de trabajo para dirigirse a otros departamentos a repartir boletines, hacer uso del centro de trabajo para promover reuniones de propaganda partidista y gremial, por reestructuración administrativa y haber perdido la confianza, considerando tal despido ilegal e injusto, ya que no le hicieron audiencia de descargos, más teniendo el demandante la protección especial del fuero sindical, no notificándole legalmente de la resolución tomada para su cancelación, violentando así el ordenamiento jurídico y los derechos del trabajador. Por su parte la demandada expone al contestar la demanda el objeto del debate en cuanto a que el despido del demandante fue por causas debidamente probadas y con carácter de graves, ya que el articulo 87 ordena que antes de recurrir a los organismos jurisdiccionales deberá agotar los medios de solución pacifica contenidas en el Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral y con lo relacionado a que pertenecía al fuero sindical, esa organización sindical fue disuelta por orden de los Juzgados de Letras del Trabajo, por lo que el acto fue hecho conforme a derecho; que el Tribunal Supremo Electoral fue creado por el Congreso Nacional mediante decreto 44-2004, estableciendo las reglas claras y precisas que garanticen la participación equitativa de las fuerzas políticas para poder acceder al poder de la nación mediante un sistema electoral fiable, a tal efecto le otorga facultades al Tribunal para emitir reglamentos, instructivos etc. para su funcionamiento, estableciendo la finalidad así como también lo concerniente a las condiciones de admisión de los empleados, obligaciones y prohibiciones, por lo que el Tribunal tiene facultades suficientes para autorizar la cancelación, nombramiento de uno o más empleados; que bajo ese marco legal se le notificó al demandante la resolución donde se cancela el nombramiento de Analista con la institución a partir del 3 de agosto del 2007, por las causales de abandono del trabajo para dirigirse a diferentes departamentos de la institución con el objetivo de distraer al resto de personal, por hacer uso de su centro de trabajo para repartir boletines de contenido partidista y gremial, por lo que se tomó la decisión de reestructurar administrativamente la institución y por haber perdido la confianza en la ejecución de las actividades del trabajador.- V. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en este Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de noviembre de 2012, dictó sentencia declarando improcedente la acción promovida por el señor Ángel Antonio Cárcamo Morales, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado por el demandante emitido por el Tribunal Supremo Electoral por medio del cual se canceló al demandante, sin costas; bajo el criterio que tomando en cuenta el Decreto 203-2004 de fecha 1 de marzo del 2005, por medio del cual establece que las instituciones autónomas a que se refiere la Ley General de la Administración Pública son aquellas que tienen a su cargo la administración del Estado y que por tal razón son instituciones descentralizadas, no formando parte el Tribunal Supremo Electoral ya que tiene su propia normativa interna, por lo que no sería aplicable la Ley de Servicio Civil sino que se aplicará el reglamento que rige a los empleados de dicha entidad y que en este caso el objeto del acto impugnado lo constituye la resolución tomada en pleno del Tribunal Supremo Electoral mediante punto III numeral 4 inciso b del acta 146-2007-2008 A; que el cargo que desempeñaba el ahora demandante como Analista del Departamento de Informática es considerado puesto de confianza según el artículo 17 del reglamento que rige a los empleados del Tribunal Supremo Electoral, por lo que no hubo infracción al ordenamiento jurídico ya que el mismo reglamento estipula que dicho personal considerado de confianza no goza de estabilidad laboral, por lo que es improcedente lo peticionado por el demandante.- VI. La Corte de Apelaciones de la Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha 21 de marzo del 2013, confirmó el fallo de primera instancia, basándose en el artículo 17 numeral 1) del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, donde ordena que serán miembros de la carrera los actuales empleados permanentes de la institución, no obstante son empleados de confianza y no gozaran de estabilidad laboral los Directores…Personal del Departamento de Informática, que los empleados de confianza gozan de todos los derechos de los demás empleados excepto la estabilidad laboral y que siendo la cancelación del demandante de un puesto de confianza su relación de trabajo no esta sujeta a ninguna causa o procedimiento de cancelación de su puesto de trabajo, porque el demandante no tenía estabilidad laboral; sin embargo, omitió pronunciarse sobre los cuestionamientos efectuados sobre la legalidad del acto administrativo en mención, entre otros, sobre el tema de su notificación, si el demandante gozaba o no de la protección especial del Estado por el fuero sindical y del fundamento empleado para tal determinación, los cuales fueron expuestos oportunamente en el proceso, todo lo cual deriva que dicha sentencia resulte incongruente, en similar criterio de lo resuelto en el expediente número SL 771-13.- VII. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- VIII. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- IX. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 8 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 21 de marzo del 2013, visible a folios nueve (9) al once (11) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de mayo del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiséis de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 649-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

1