Sentencia CA-634-14 — Registro 5041
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) alega formas distintas de violar la Ley al referirse a la aplicación e interpretación de la norma, las que debió formular de forma clara, de forma separada por la independencia de los cargos en el presente recurso extraordinario; b) no precisa o justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) hace referencia a los hechos e insta la valoración del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario, de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) señala normas que no han sido citadas como violadas, tal es el caso de los artículos 45 y 46 de la Ley de Procedimientos Administrativos, entre otros; y, e) formula alegatos de instancia
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a un día del mes de septiembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, representado en juicio por la abogada FRANCYS ROSALPINA LOPEZ LUPIAC; y, Recurrido: señora LORENA PATRICIA MOLINA, representada en juicio por el abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de la situación jurídica individualizada, adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, sueldos dejados de percibir, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre del dos mil once, por la señora LORENA PATRICIA MOLINA, mayor de edad, casada, Licenciada en Español, hondureña y con domicilio en Nacaome, Departamento de Valle, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que fue nombrada mediante acuerdo de fecha siete de agosto de mil novecientos noventa en el cargo de Oficinista Mecanógrafa II, en la Escuela de Agricultura de Nacaome, Departamento de Valle, siendo ascendida al cargo de Orientador Educacional, el día veintidós de septiembre del dos mil once, se le notificó por medio del Secretario General el acuerdo de cancelación no. 70349-SE-2011 de fecha veintinueve de agosto del dos mil once, con vigencia a partir del uno de junio de dos mil diez, siendo ilegal e injusto su emisión al prescindir totalmente del procedimiento establecido y al momento de su emisión existió infracción del ordenamiento jurídico vigente, violentándole los derechos fundamentales a la trabajadora al hacer efectividad retroactiva al aplicar la cancelación del dos mil diez en el año siguiente, dándose la prescripción, realizándole audiencia de descargo el cinco de agosto del dos mil once, en la cual injustamente se le imputaba que había incumplido en desempeñar el cargo de Orientadora, con la dedicación u eficiencia requerida, ya que había sido nombrada como Docente en el Instituto técnico Departamental TERENCIO SIERRA y asimismo el abandono del cargo siendo falso ya que la Dirección Departamental de Valle resolvió asignar funciones a la demandante, dándole l5 horas a la semana en el INSTITUTO TERENCIO SIERRA, sin interferir con sus otras funciones.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, contestó dicha demanda señalando que la Autoridad Nominadora emitió el acuerdo de cancelación conforme a ley, siguiendo lo establecido en el ordenamiento jurídico, no prescribiendo la acción a sancionar en virtud que comienza a correr el término desde que el Secretario de Estado al abandonar el trabajo tal como lo estipula el artículo 57 párrafo segundo de la Ley de Servicio Civil.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de enero del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto impugnado, reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve reconocerle el derecho al pago de sus prestaciones laborales, consistente en la indemnización equivalentes un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de 15 años, más los derechos adquiridos que le correspondan; bajo el criterio que la situación que ha dado origen a la demanda, es el hecho del despido realizado al no poder desvirtuar las faltas que se le atribuyen en la audiencia de descargo no probando la demandada los hechos que se le imputaba como ser el abandono del cargo, demostrado que se emitió el acto administrativo con exceso de poder dándose una incongruencia en las fechas de emisión el veintinueve de agosto del dos mil once y fecha de vigencia el uno de junio del dos mil diez, tomando vigencia sin existir el mismo, habiendo violación del debido proceso y por ende nulidad.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticuatro de julio del dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio que al emitirse el acto impugnado se realizó en abierta violación del ordenamiento jurídico ya que estaba prescrita la acción sancionadora por parte de la autoridad nominadora.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogada FRANCYS ROSALPINA LOPEZ LUPIAC, en fecha veintinueve de agosto del dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veinticuatro de julio del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.203-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 477-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha uno de septiembre del dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA, presentó en fecha siete de noviembre del dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecisiete de noviembre del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas dieciocho y veinticinco de noviembre del dos mil catorce, los abogados FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA y FRANCYS ROSALPINA LOPEZ LUPIAC, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha once de diciembre del dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA y FRANCYS ROSALPINA LOPEZ LUPIAC, en concepto de parte recurrido y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la forma y contenido de la Sentencia e interpretación errónea del articulo 57 párrafo segundo de la Ley del Servicio Civil, utilizada para la determinación de la forma y contenido de la sentencia y la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, en relación con los artículos 181, 182 y 199 de su Reglamento. DISPOCISION INFRINGIDA: Estimo como infringido e incorrectamente aplicado lo establecido en el articulo 57 párrafo segundo de la Ley del Servicio Civil, en cuanto al término de la prescripción “para la Autoridad Nominadora los derechos y acciones prescribirán en el término de treinta (30) días, sean estas acciones para imponer medidas disciplinarias o el despido que contempla la Ley. El termino comenzara a contarse desde la fecha en que la Autoridad Nominadora tuvo conocimiento de la infracción”. ya que el mismo no comienza a contabilizarse desde el que el servidor publico comete la infracción, sino desde que el Secretario de Estado como lo es en este caso particular el de los Despachos de Educación como AUTORIDAD NOMINADORA tiene conocimiento de las faltas en que incurrió la ahora demandante, siendo esta en fecha 07 de junio del 2011 que las autoridades de la Escuela Luis Landa informan el Abandono en que incurrió la señora Lorena Patricia Molina, y es a partir del 18 de julio del 2011 que mediante el Oficio No. 1185-SGRHND-11 que corre agregado al folio No. 176, que el Ministro de Educación como Autoridad Nominadora tiene conocimiento de la falta de Abandono en que incurrió la demandante en consecuencia a partir del día hábil siguiente y para este caso el día martes 19 de Julio de 2011 es que comienza a correr el término de prescripción de 30 días hábiles tal como lo preceptúan los artículos No. 57 párrafo 2do de la Ley de Servicio Civil y 199 de su reglamento de aplicación; para lo cual se presentó como medio de prueba el Dictamen N° NPDD-068-2011 emitido por la Jefa del Departamento de Normas y Procedimientos de la Dirección General de Servicio Civil, Dependencia de la Secretaria de Estado del Despacho de la Presidencia, mediante el cual Declara Procedente Cancelar por Despido a la ciudadana LORENA PATRICIA MOLINA, con efectividad a partir del 01 de julio del año 2010; tomándose como base el criterio y lineamientos de la Dirección de Servicio Civil, demostrándose así que la Autoridad nominadora siguió el procedimiento señalado en los artículos 181, 182 y 199 del Reglamento de aplicación de referida Ley como consta en el caso de los autos y que el Acuerdo de Cancelación por Despido N° 70349-SE-201 1 en mención emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación, lo hizo conforme a derecho sin incurrir en ninguna violación al procedimiento. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, con excepción de la parte en la cual Declara extinguida la relación existente entre la demandante y la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación y en la que exime de Costas al Estado de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 719 numeral I literal c) en cuanto a la forma y contenido de la sentencia y numeral 2 la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio contempladas en el Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Al momento de interponer el Recurso de Apelación, ante la Corte de Apelaciones en fecha 13 de marzo de 2014, en el cual se expresaron los agravios cometidos en la Sentencia de fecha 13 de enero de 2014, emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en contra de mi representado, el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, siendo que en la Sentencia de primera instancia Declara procedente la acción incoada por LORENA PATRICIA MOLINA, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación 70349-SE-2011 de fecha 29 de agosto del 2011, emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación, mediante el cual se le despide del cargo de Orientadora Educacional de la Escuela Agrícola Luis Landa de Nacaome, Valle.- Reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: Reconocerle el derecho al pago de sus prestaciones laborales, consistentes en la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) años en concepto de auxilio de cesantía, así como un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años en concepto de preaviso, en base a lo estipulado en el decreto No.99-97 que interpreta el articulo 38 de la Ley de Servicio Civil y demás derechos que le pudieran corresponder, tal y como décimo cuarto y décimo tercer mes de salario, vacaciones, ajustes salariales, beneficios, más el pago en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir, desde la fecha que ha sido notificada de su cancelación 22 de septiembre del 2011, hasta la fecha en que el presente fallo adquiera el carácter de firme.- y Declarar extinguida la relación laboral existente entre la demandante y la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación.- considerándole el Tribunal A-quo que el acto administrativo impugnado es contrario a derecho, en consecuencia Io anula y reconoce la situación jurídica individualizada; y en virtud de lo anterior es que mi representada viene demostrando en todo el transcurso del juicio que al momento de Cancelar por Despido a la señora LORENA PATRICIA MOLINA por Incumplimiento de la Obligación de desempeñar el cargo para el cual fue nombrada, en forma regular y con la dedicación y eficacia que requiere la naturaleza de este; al ser nombrada como DOCENTE DE FORMA PERMANENTE en el Instituto Técnico Departamental “Terencio Sierra”, incurre en la FALTA de ABANDONO DEL CARGO DE ORIENTADORA EDUCACIONAL bajo el Régimen de Servicio Civil desde el 01 DE JUNIO DEL AÑO 2010 se hizo de conformidad a lo establecido en los artículos 37 incisos a) y b) de la Ley de Servicio Civil el cual establece: a) son obligaciones de los servidores públicos respetar y cumplir con lealtad la Constitución de la República, esta Ley, sus Reglamentos y las obligaciones inherentes a sus cargos. b) Desempeñar el cargo para el que haya sido nombrados, en forma regular y con la dedicación y eficacia que requiera la naturaleza de este. Articulo 47 numeral 1° y 4º de la Ley de Servicio Civil el cual establece: Los servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos por cualquiera de las siguientes causas; 1º por incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en los artículos 38 y 43 de esta ley; 4º POR ABANDONO DEL CARGO DURANTE TRES O MAS DIAS HABILES CONSECUTIVOS SIN CAUSA JUSTIFICADA; Cabe mencionar que las autoridades de la Escuela Luis Landa informan en fecha 07 de junio del 2011 el Abandono en que incurrió la demandante, y es a partir del 18 de julio del 2011 que el Ministro de Educación como autoridad nominadora tiene conocimiento de la falta de abandono en que incurrió la demandante y es a partir de esa fecha que comienza a correr el término para aplicar la sanción disciplinaria según el articulo 57 párrafo segundo de la Ley de Servicio Civil; asimismo Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para dejar claro a ustedes, el término de prescripción de la acción no comienza a contabilizarse desde el que el demandante comete la infracción, sino desde que el secretario de Estado en el Despacho de Educación como AUTORIDAD NOMINADORA tiene conocimiento de las faltas en que incurrió la ahora demandante. En el caso particular al Secretario de Estado en el Despacho de Educación se le reporta las faltas en que ha incurrido el demandante en el desempeño de su cargo, mediante el Oficio No. 1185-SGRHND-11 de fecha 18 de julio de 2011, y que corre agregado al folio No. 176, en consecuencia a partir del día hábil siguiente y para este caso el día martes 19 de julio do 2011 es que comienza a correr el término de prescripción de 30 días hábiles tal como lo preceptúan los artículos No. 57 párrafo 2do de la Ley de Servicio Civil y 199 de su reglamento de aplicación; cabe mencionar que para contabilizar dicho Término deberá tener en cuenta lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los que señalan que los plazos comenzaran a correr desde el día hábil siguiente en que se tuviere lugar la notificación; concluyendo el conteo de los 30 DIAS HABILES EL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2011. Fecha en la cual se buscó a la señora LORENA PATRICIA MOLINA para notificarla de manera personal, sin poder lograrlo; ya que no se pudo dar con su paradero; procediéndose a efectuar la correspondiente notificación por medio de la Tabla de Avisos fijada en el Despacho de la Secretaria de Educación; razón por la cual se le cancela su salario mensual hasta la fecha del mes de agosto del 2011 en que fue despedida en relación a la efectividad del Acuerdo de Cancelación, tomándose como base los lineamientos de la Dirección General de Servicio Civil tal como consta en el expediente administrativo con el Dictamen numero NP-DD-068-2011 en el cual Declara Procedente Cancela por Despido a la Ciudadana LORENA PATRICIA MOLINA con efectividad a partir del 01 de junio del año 2010 así mismo el informe investigativo, arrojo como resultado la existencia de varios documentos mediante los cuales mi representada tuvo razones suficientes para incoarle el Procedimiento Disciplinario a la señora LORENA PATRICIA MOLINA, procediéndosele a citar a Audiencia de Descargo y de la evacuación de la misma, momento en el cual al escuchar los alegatos expresado y la evaluación de las pruebas presentadas por parte de la Señora Molina, NO LOGRA ACLARAR cómo es que ella cumple con la obligación que tiene todo servidor público de desempeñar el cargo para el cual fue nombrada en forma personal, regular y continua durante las jornadas y horario de trabajo el cual consta de ocho horas tal como lo establece la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación; en el cargo de Orientadora Educacional y en qué momento cumple las horas de Docencia que le fueron nombradas en el Instituto Departamental Terencio Sierra a partir del 01 de junio del año 2010 como consta en el punto de acta N° 12 de la Junta do Selección de Personal de Valle, Dirección Departamental de Educación de Valle, en la modalidad de Ciclo Básico Técnico (2 y 3) y modalidades nuevas en la asignatura e Español impartidas en jornadas matutinas y vespertina; NO LOGRANDO DESVANECER LA FALTA COMETIDA por la señora LORENA PATRICIA MOLINA y que se le imputa por ABANDONO DEL CARGO DE ORIENTADORA EDUCACIONAL A PARTIR DEL NOMBRAMIENTO QUE SE LE HACE COMO DOCENTE; continuándosele el procedimiento como lo establece el art. 181 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, remitiéndose el expediente disciplinario a la Dirección General de Servicio Civil al Departamento de Normas y Procedimientos pronunciándose siguiendo los términos, razones y fundamentos legales y tomando en consideración la documentación pruebas correspondientes emitiendo Dictamen en el sentido de Declarar procedente la cancelación por despido de la ciudadana LORENA PATRICIA MOLINA del puesto do Orientadora Educacional de la Escuela Agrícola Luis Landa con efectividad a partir del 01 de junio del año 2010 tomándose como fecha de efectividad la fecha en que incurre en el abandono, por haber méritos suficientes para ello y quo de los hechos alegados y de las pruebas aportadas al proceso y fundamentos de Derecho, se pretende decretar la ilegalidad y nulidad del Acuerdo N°70349-SE-11 de fecha 29 de agosto del 2011; el cual fue emitido en total y absoluto apego a los procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de aplicación en consecuencia a la falta incurrida por la ahora demandante, situación que se le ilustra al Tribunal en el momento que se contesta la improcedente demanda ya que corre agregado en el expediente administrativo de la demandante, se puede constatar que de las investigaciones del caso en el informe investigativo la Junta de Selección de Personal de la Dirección Departamental de Educación de Valle solicita a la señora Molina, que como requisito indispensable para poder ingresar al sistema de la docencia la señora LORENA PATRICIA MOLINA, debía renunciar a su cargo regulado por la Ley de Servicio Civil; en vista de que los horarios de trabajó se Traslapaban, la renuncia debía ser interpuesta ante la autoridad competente; es decir ante la Sub Gerencia de Recursos Humanos No Docentes de la Secretaria de Educación. Por lo cual la Señora LORENA PATRICIA MOLINA, para justificar que no abandono sus labores en el cargo regido por la Ley de Servicio Civil como Orientador Educacional manifiesta que fue trasladada funcionalmente al puesto de asistente de recursos humanos mediante Resolución emitida por el Director Departamental de Educación de Valle, en la cual hace referencia en la parte Resolutiva asignar en funciones a la PROFESORA (haciéndose referencia de esta forma que está hablando del régimen distinto al de servicio civil, particularizándolo en el Docente.) de lo cual dicho traslado es Irregular e ilegal desconociéndose la validez y efectividad del mismo, ya que es emitido por un ente que carece de competencia en cuanto a ser aplicado a un servidor público (personal administrativo) que se encuentra bajo el Régimen de Servicio Civil ya que el Director Departamental de Educación está facultada como lo establece en su articulo número 3 del Reglamento Interno de las Direcciones Departamentales de Educación Acuerdo N° 11 98-SE-2004 para emitir y transcribir los acuerdos relacionados con traslados, permutas, licencias y demás acciones de movimientos del PERSONAL DOCENTE del Departamento. Siendo regir competencia exclusiva de la Sub Gerencia de Recursos Humanos No Docentes de la Secretaria de Educación regir el personal administrativo; ya que estamos hablando de dos regímenes totalmente diferentes Servicio civil y Docente, de dos cargos totalmente distintos Orientador Educacional y Docente en forma permanente en las asignaturas de lenguaje y Literatura, Español en jornadas Matutina y Vespertina, en el Instituto Terencio Sierra con funciones distintas quedando evidenciado los hechos y los motivos de las causas que originaron la sanción de despido como lo apreciaran en el expediente de mérito consta, lo expuesto en la Audiencia preliminar se fijó la oposición a las pretensiones del demandante en cuanto a que el acto impugnado fue emitido de conformidad a la Ley de Servicio Civil y su reglamento de aplicación, asimismo de las pruebas aportadas al proceso se admitieron medios de prueba documentales los cuales se tuvieron a su vez por evacuados, así mismo medio de prueba documental mediante oficio solicitando a la secretaria de Educación se informara si a la demandante se le pago el sueldo correspondiente al mes de agosto del 2011 en el cargo de Orientadora Educacional de la Escuela Luis Landa, cargo bajo el régimen de servicio civil; el cual corre agregado a folio 326. Como lo apreciaran en el expediente de mérito consta que de los hechos alegados y de las pruebas aportadas al proceso y los fundamentos de derecho, se pretende decretar la ilegalidad y nulidad del Acuerdo de Cancelación N°70349-SE-11 de fecha 29 de agosto del 2011 con vigencia a partir del 01 de junio del 2010 fecha desde la cual la señora Lorena Patricia Molina Abandona el cargo por el régimen de servicio civil; El cual fue emitido en total apego y absoluta observancia a los procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de aplicación. Siendo oportuno revisar y analizar dentro del expediente de mérito falta incurrida por la ahora demandante, el cual muestra que se escucharon los descargos presentados por parte de la imputada, no logrando desvanecer la falta imputada, realizándose las investigaciones, evacuándose las pruebas correspondientes, instruyéndose el expediente disciplinario correspondiente, dándosele a conocer a la ahora demandante de los hechos que se le imputan, la infracción en que incurre, los fundamentos legales mediante el Oficio N°1184- SGRHND-11 en la cual se le notifico por escrito a la ahora demandante la citación estableciéndose fecha lugar y hora para la celebración de una audiencia de descargo para escuchar sus descargos en el acta de descargo que corre agregada en folios 178 al 182 la ahora demandante no logra desvanecer la falta que se le atribuye, la cual consiste en el Incumplimiento de la obligación de desempeñar el cargo para el cual fue nombrada, en forma regular y continua y con la dedicación y eficacia que requiere la naturaleza de este; incurriendo en la falta de ABANDONO del cargo de Orientadora Educacional bajo el Régimen de Servicio Civil desde el 01 de junio del 2010 pretendiendo justificar su abandono respaldándose con una resolución emitida por el Director Departamental de Educación de Valle NO COMPETENTE para realizar movimiento con personal bajo el Régimen de Servicio Civil, cuando en realidad lo que pretenda la ahora demandante era cubrir con esa asignación a la Dirección Departamental sus horas de docencia del Instituto “Terencio Sierra”. Asimismo señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, En relación a la vigencia del Acuerdo de Cancelación, es importante hacerles ver que se toma en relación al Abandono del cargo de Servicio Civil en que incurriera la ahora demandante, con finalidad de que mi representada la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación recupere los valores equivalentes a los sueldos que le fueron pagados a la hoy demandante sin haber laborado; haciendo la observación Honorable Corte de Apelaciones que durante todo el tiempo que la demandante estuvo asignada en el cargo docente en la Dirección Departamental de Educación, mi representada hizo el respectivo pago de salario a la demandante hasta la fecha de cancelación, es decir agosto del 2011 por lo que la Secretaria de Educación deberá entablarlas las acciones administrativas y legales para recuperar los pagos de sueldos indebidos que se le acreditaron a la señora Lorena Patricia Molina; es de señalar también que en el expediente de mérito consta que en el desarrollo de la audiencia de descargo no desvaneció el abandono del cargo del cargo de Orientadora Educacional de la Escuela agrícola Luis Landa; y si bien es cierto que la demandante fue asignada a la Dirección Departamental de Educación fue por el cargo de Docente, ya que esta Dirección no tiene competencia para realizar traslado del personal que está bajo el régimen de servicio civil haciendo referencia a la profesora, refiriéndose al régimen docente; y en vista de que la plaza como orientadora educacional es administrativa en vista de que la misma es exclusiva de la Sub Gerencia de Recursos Humanos No Docentes. SEÑORES MAGISTRADOS como lo apreciaran no consta en ninguna parte del expediente de mérito ni dentro de las pruebas aportadas por la parte demandante como correspondía acreditar y probar, que no se haya llevado a cabo con estricto e imperante cumplimiento el procedimiento que la Ley ordena para el despido de la ahora demandante, como para que se determine declarar procedente la acción incoada por la demandante; cuando la parte demandante únicamente pretende acreditar el no abandono del cargo de Orientadora Educación de la Escuela Agrícola Luis Landa, del Departamento de valle; con una Resolución en la cual Asignan a la PROFESORA LORENA PATRICIA MOLINA, en funciones en la Dirección Departamental de Educación de Valle; cuando claro esta los Directores Departamentales de Educación tiene competencia con personal Docente, como bien menciona a la Profesora Molina, siendo que ella fue nombrada en el Instituto Departamental “Terencio Sierra” a partir del 01 de junio del 2010 como consta en el punto de Acta N° 12 de la Junta de Selección de personal de Valle Dirección Departamental de Educación de Valle en la Modalidad de Ciclo Básico Técnico (2 y 3) y modalidades nuevas de ESPAÑOL impartidas en jornadas Matutinas y Vespertinas y ocupaba una plaza bajo el régimen de servicio civil como Orientadora Educacional competencia exclusiva la Sub Gerencia de Recursos Humanos No Docentes de la Secretaria de Educación. Siendo en lo que se fundamenta la contradicción existente en la fecha de emisión del Acuerdo de Cancelación y la vigencia el mismo, esta se estableció en virtud de la fecha en que la ahora demandante abandona su cargo bajo el régimen de servicio civil e ingresa al sistema Docente con jornadas matutinas y vespertina sin lograr dilucidar en la audiencia de descargo como era que ella cubría las ocho horas de labores diarias y de forma continua bajo el régimen de servicio civil y como cubría sus horas de docente en jornadas matutinas y vespertinas , aunado al hecho de que lastimosamente el Juez A Quo no aprecio ni considero las pruebas aportadas por la parte demandada donde claramente se muestra y detalla que se siguió el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de aplicación elevándose referido procedimiento a instancia de la Dirección General de Servicio Civil; entidad que al efecto, verifica el procedimiento y Declara Procedente Cancelar por Despido a la Ciudadana LORENA PATRICIA MOLINA, CON EFECTIVIDAD A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DEL 2010, POR HABER MERITOS SUFICIENTES PARA ELLO; procediendo la Autoridad Nominadora facultada a emitir el Acuerdo correspondiente, como lo establece el articulo 182 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Como ustedes podrán apreciar dentro de su sano criterio y atribuciones, a lo largo del desarrollo del Juicio no consta en piezas de la demanda en ninguna parte que la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación no haya seguido el procedimiento de Ley y que la parte demandante pruebe fehacientemente que el acto administrativo Acuerdo de despido sea injustificado y que el mismo prescinde total y absolutamente del proceso establecido, ya que es evidente y se acredito en juicio elementos indispensables con los que cumplió la autoridad nominadora para prescindir de los servicios de un servidor público que ha incurrido en una causal de despido, lo que hace que dicho acto que no infringió ningún procedimiento se vuelva y se considere un acto legal de pleno derecho. La Corte Sentenciadora para confirmar la sentencia del A quo, que declaró procedente la acción, hizo de los siguientes razonamientos: CONSIDERANDOS (4) (5) y (6) “ Que del estudio y análisis del presente caso de autos este Tribunal de Alzada es del criterio que la sentencia definitiva venida en Apelación está dictada conforme a derecho, al haberse emitido el acto administrativo impugnado en abierta violación del ordenamiento jurídico ya que al momento de la emisión estaba prescrita la acción sancionadora por parte de la autoridad nominadora, que asimismo infringe el Estado de Honduras como autoridad nominadora el orden jurídico al emitir el acuerdo de despido de la demandante con vigencia retroactiva, ya que el mismo debía ser efectivo evidentemente con fecha posterior al procedimiento sancionador y no con fecha anterior a este; siendo del criterio que se debe confirmar la sentencia definitiva venida en apelación por estar dictada conforme a derecho, al estar viciado de nulidad el acto administrativo impugnado, no observando todos y cada uno de los actos procesales que construyen en expediente de mérito, las investigaciones evacuadas que procedieron del mismo y las pruebas pertinentes que lo conforman, constatándose en autos el momento procesal oportuno para escuchar los descargos presentados por la inculpada, de los cuales si bien es cierto se hace presente la ahora demandante a referida audiencia no desvirtuar la falta, al no lograr dilucidar el cumplimiento de su obligación bajo el Régimen de Servicio Civil y el de Docente. En los considerandos número cuatro, cinco y seis de la Sentencia objeto del presente recurso, no se encuentra ajustado a derecho, en virtud de que los Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo interpreto de manera errónea y desenfundada sobre el articulo 57 párrafo segundo de la Ley de Servicio Civil; el cual establece que para la Autoridad Nominadora los derechos y acciones prescribirán en el término de treinta días, sean estas acciones para imponer medidas disciplinarias o el despido que contempla la Ley. EL TERMINO COMENZARA A CONTARSE DESDE LA FECHA EN QUE LA AUTORIDAD NOMINADORA TUVO CONOCIMIENTO DE LA INFRACCION. Ajustándose a los artículos 181 y 182 del Reglamento de aplicación de la Ley de Servicio civil establece que cuando los descargos formulados o las pruebas aportadas no desvanecieren la responsabilidad imputada al servidor público, se continuara con el procedimiento.... deberá enviarse a la Dirección General de Servicio Civil para el respectivo tramite; una vez que la Dirección General de Servicio Civil haya VERIFICADO EL PROCEDIMIENTO la Autoridad Nominadora Procede a Emitir el Acuerdo Correspondiente, tal como obra en el expediente de mérito. Es muy importante dejar claro que obra en el expediente de mérito todos y cada uno de los actos so ejecutaron en observancia y cumplimiento al procedimiento establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de aplicación. La Ley es clara y en ningún momento esta debe de orientarse o aplicarse de modo distinto para la que fue creada, en consecuencia el articulo 57 párrafo segundo del Reglamento Ley de Servicio Civil, y para tal efecto se entiende justificado y sin responsabilidad para el Estado de Honduras.”.- II.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) alega formas distintas de violar la Ley al referirse a la aplicación e interpretación de la norma, las que debió formular de forma clara, de forma separada por la independencia de los cargos en el presente recurso extraordinario; b) no precisa o justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) hace referencia a los hechos e insta la valoración del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario, de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) señala normas que no han sido citadas como violadas, tal es el caso de los artículos 45 y 46 de la Ley de Procedimientos Administrativos, entre otros; y, e) formula alegatos de instancia.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil, y ordenar la remisión de las actuaciones al Tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha uno de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 634-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL