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Sentencia CA-633-14 — Registro 5040

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado bajo el criterio que se concluye que la sentencia definitiva venida en Recurso de Apelación no está dictada conforme a derecho, esto por que el A-QUO, declaró procedente la acción incoada por la demandante por considerar que la parte demandada no logró desvirtuar lo pretendido por aquella.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Pero resulta que la estructura de los cargos anteriormente transcritos por la Censora no constituyen una proposición jurídica completa puesto que carecen de claridad y precisión en su formulación al no indicar si la infracción de las normas indicadas como violadas es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. También falta a la claridad y precisión en la cita de las normas supuestamente violadas y del precepto autorizante y más bien se limita a hacer una transcripción de las mismas sin determinar el perjuicio o agravio sufrido y, sin identificar, con total precisión, el pronunciamiento o la parte de él que se impugna. Finalmente, realiza en sus explicaciones extensos alegatos de instancia e insta a la revisión de los hechos y de la valoración probatoria, lo cual es vedado por este tribunal de acuerdo al artículo 720 numeral 1) del citado Código.- En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En primer lugar, viola el principio de separación y claridad en la determinación de la infracción concreta, requisito imprescindible en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado y atinentes al o a los motivos alegados. En segundo lugar, esa falta de precisión incide en la no determinación del perjuicio y agravio sufrido, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente puntual en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada.-

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Pero resulta que la estructura de los cargos anteriormente transcritos por la Censora no constituyen una proposición jurídica completa puesto que carecen de claridad y precisión en su formulación al no indicar si la infracción de las normas indicadas como violadas es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. También falta a la claridad y precisión en la cita de las normas supuestamente violadas y del precepto autorizante y más bien se limita a hacer una transcripción de las mismas sin determinar el perjuicio o agravio sufrido y, sin identificar, con total precisión, el pronunciamiento o la parte de él que se impugna. Finalmente, realiza en sus explicaciones extensos alegatos de instancia e insta a la revisión de los hechos y de la valoración probatoria, lo cual es vedado por este tribunal de acuerdo al artículo 720 numeral 1) del citado Código.- En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En primer lugar, viola el principio de separación y claridad en la determinación de la infracción concreta, requisito imprescindible en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado y atinentes al o a los motivos alegados. En segundo lugar, esa falta de precisión incide en la no determinación del perjuicio y agravio sufrido, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente puntual en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los un día del mes de septiembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente a la tercera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: sociedad SERVICENTRO EL PORVENIR S, DE R.L., representado en juicio por la abogada MIRNA GERALDINA GALEAS SIERRA; y, Recurrido: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), representado en juicio por la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Contencioso Administrativa para que se reconozca una situación jurídica individualizada, consistente en que se decrete parcialmente el pago de una indemnización causada por la construcción de carretera CA-13 de Puerto Cortés a frontera con Guatemala en el sector de Corinto y frontera, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha once de abril del año dos mil ocho, por la abogada MIRNA GERALDINA GALEAS SIERRA, mayor de edad, hondureña, casada y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en su condición de apoderada de la sociedad SERVICENTRO EL PORVENIR S, DE R.L., contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), por medio de la Procuraduría General de la República.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.-

  1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que en fecha 8 de enero de 1998, adquirió un terreno en dominio pleno ubicado en la aldea de Cuyamel, en el Municipio de Omoa, Cortés, el que tiene una extensión superficial de 2,197.07mts2 de parte del señor LUIS ALONSO MUNGUIA DUBON y en el cual está construida a modo de mejoras una construcción de ladrillos rafón y concreto de estructura sólida, techo de asbesto y zinc, cielo raso de asbesto, pintado con puertas y ventanas de madera y vidrio, con instalaciones de agua potable y luz eléctrica, con dos servicios sanitarios, con un área de construcción de 66 mt2 y consta dicha construcción de local de venta de lubricantes y repuestos automotrices (gasolineras), oficinas, local para mini-súper, una construcción de concreto de los mismos materiales, consta de un solo local de ventas de productos o artículos de ferretería, productos agropecuarios y otros, con un área de construcción de 96 mts2 y un anexo atrás de la construcción de la gasolinera, que tiene piso de cemento, columnas de concreto armado, armazón de metal y techo de zinc, destinado para engrases, cambio de aceite, revisiones y reparaciones, con un área de construcción de 46mts2, el nombre comercial de la gasolinera se denomina “SERVICENTRO ESSO CUYAMEL”, que es parte de la sociedad mercantil, denominada “SERVICENTRO EL PORVENIR S. DE R. L.” como una sucursal; en el año 2004, se iniciaron los trabajos de construcción del proyecto denominado Carretera CA-13 de Puerto Cortés, a frontera con Guatemala, sector de Corinto y Frontera, proyecto el cual se encuentra actualmente inconcluso y que antes de dicha construcción, esa vía se encontraba al mismo nivel de la estación gasolinera en mención, lo que al terreno se refiere y que a raíz de la construcción de dicho proyecto, el terreno se vio seriamente afectado al quedar prácticamente en un hoyo y a escasos dos (2) metros de la vía a consecuencia del relleno que se le hizo a la Carretera CA-13 y en cuyo terreno se dieron las siguientes afectaciones: 1) la ampliación del ancho de la carretera pavimentada que conduce a la frontera con Guatemala afecto un área de 295.49 metros cuadrados equivalentes a 423.81 varas cuadradas con respecto al derecho de vía.- 2) el diseño y construcción, de la carretera pavimentada dejó bajo el nivel del plantel de la gasolinera, lo que ha generado pérdidas considerables al propietario de la estación, ya que el acceso a las dispensadoras de combustible se hace difícil lo que al cliente le dificulta y mejor busca otra opción para abastecerse de combustible para su vehículo y para dejar nuevamente con respecto a la rasante de la carretera y a gasolinera, el propietario tendría que remover la canopia, demoler el edificio de ventanas, administración y oficina, remover tanques, tuberías y equipo de bombas, lo que implica un gasto del cual no es culpable de que el diseño y construcción lo afecte directamente sin consultar a un contribuyente de impuestos al Gobierno de Honduras, en su momento la supervisión del proyecto carretero con la compañía constructora que ejecutó este tramo que fue la empresa NCC, pudieron tomar en cuenta el perjuicio que se estaba generando al dejar más alto el nivel de la rasante del pavimento que la del plantel de la gasolinera; 3) que el derecho de vía se ampliara, sin consultar y mucho menos indemnizarla afectando un negocio que es patrimonio familiar y fuente de trabajo e impuesto para el país, todo ello debidamente comprobado mediante estudio y análisis que hiciera el Ingeniero Civil CESAR LANZA BARAHONA con carnet del Colegio de Ingenieros Civiles de honduras número 2344, asimismo el referido Ingeniero Civil hizo un presupuesto de reacondicionamiento de la mencionada gasolinera, en donde se refleja la actividad a realizar, unidad, cantidad, precio sub-total y total, el que arroja una indemnización por la suma de L.1,568,656.75; 4) El señor ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ, actuando en su condición de Gerente General de la Empresa en el mes de mayo del 2005, al ver el grave daño o afectación que estaba sufriendo la gasolinera propiedad de dicha empresa, acudió a las oficinas de las empresa ganadora de la licitación pública denominada TRADECO, con asiento, en ese entonces, en la Aldea de Tulián, Municipio de Omoa, Cortés y les expuso a los administradores e ingenieros encargados del proyecto carretero la situación de su negocio, en donde le informaron que ellos no estaban a cargo de a construcción de ese tramo, sino que era la empresa NCC, con asiento en la comunidad de Tegucigalpita, Omoa, por lo que al personarse ante los encargados de la empresa NCC y ponerlos en antecedentes de los graves daños o afectaciones que estaba sufriendo su negocio, le informaron que ellos estaban esperando a un ingeniero de Tegucigalpa, a quien iba a poner en antecedentes de esa situación y del problema y que regresara el señor CROASDAILE HERNANDEZ dentro de quince días para conocer una respuesta a su reclamo; sin embargo, al transcurrir ese tiempo, el señor CROASDAILE HERNANDEZ regresó a la empresa NCC y la respuesta que le dieron fue que el negocio de su propiedad no tenía ningún derecho a reclamar indemnización alguna, ya que los trabajos eran beneficio público. 5) En el mes de junio del 2005, el señor ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ visitó a los Ingenieros OSMAN PASCUA y RAMON MEDINA en las oficinas de CINSA ubicadas en ese momento en el Municipio de Omoa, Cortés y se les planteó el problema que tenía en su negocio en la Aldea de Cuyamel y quienes nos indicaron que se debía de dirigir un reclamo para conocer el derecho de vía al Ingeniero MARCIO ALVARADO y al Ingeniero JORGE REYES, en su condición en ese entonces, de encargado del proyecto por parte de SOPTRAVI.- También se visito al Licenciado ARLINTON VELASQUEZ, quien fungía como Director o Jefe del Departamento de Derecho de Vía quien expresó cuáles eran los requisitos para promover dicho reclamo. 6) El Terreno en donde se encuentran las instalaciones físicas de la Empresa “SERVICENTRO EL PORVENIR S. DE R. L.”, propiedad de la Gasolinera “ESSO CUYAMEL”, es patrimonio familiar, ya que la sociedad mercantil está compuesta por el señor ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ y su familia y los daños o afectación para la construcción de la Carretera CA-13 que se les han causado son enormes y van contra el peculio familiar.- 7) El 16 de noviembre del 2006, se presentó reclamo administrativo y se le solicitó la indemnización causada por la ejecución de una obra pública o construcción de carretera CA-13 de Puerto Cortés a frontera con Guatemala, sector de Corinto y Frontera contra la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, encaminado a obtener el pago de la indemnización por la suma ya indicada, el cual fue admitido y se abrió a pruebas por el término legal por lo que en fecha 14 de diciembre del 2006, propuso los medios de prueba a su favor. 8) La Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda designó al Ingeniero JORGE REYES, en su condición de Director General de Carreteras y al Licenciado ERICK SPEARS de la Dirección Legal de SOPTRAVI para realizar la inspección solicitada quienes en fecha 9 de febrero del 2007 rindieron un informe técnico legal y en el cual se establecieron los siguientes puntos: 1) Que se tomaron las medidas de campo tomando 3 puntos de referencia del derecho de vía a lo largo de la Carretera CA-13 a la altura al desvío Cuyamel, de tal manera que se pudo corroborar que la estación está construida 9.40 metros dentro del derecho de vía teniendo como referencia la medición hecha desde la violeta del centro de la carretera hasta la canopia de la construcción de la mencionada estación de servicio; el derecho de vía según lo establece la Ley de vías de Comunicación Terrestre en su artículo 14 dice: el Derecho de vía tendrá un mínimo de 15 metros contados a cada lado de la línea central de la carretera y el artículo 16 dice: Además del derecho de vía deberá reservarse una faja de cinco metros por lo menos a cada lado del camino en la que no se autorizarán construcciones de ninguna clase haciendo un total de 20 metros; 2) Igualmente se corroboró que existen acceso vehiculares para la estación de servicio y que la rehabilitación no afecta la circulación y acceso de los vehículos para obtener los servicios brindados por ésta; 3) Asimismo del estudio de las medidas y las observaciones realizadas en campo se estableció que la carretera CA-13 no se amplió y que el trabajo hoy realizado fue una rehabilitación lo que significa que tan solo se demolió la carretera existente y se construyó en el mismo lugar sin verificación de las medidas ni rumbo de las mismas; 4) Con respecto a que la rehabilitación de la Carretera CA-13 dejó la referida estación de Servicio bajo el nivel de la misma, esto sucedió en tan solo un tramo de aproximadamente 4 a 5 metros por razón del desvío de entrada a la comunidad de Cuyamel pero esto no afecta la entrada y salida de los vehículos que toman el servicio; de donde se deduce que si existió afectación a las instalaciones físicas de la gasolinera en referencia.- Asimismo en el referido Informe Técnico Legal se presentan las siguientes conclusiones: 1) La Estación de Servicio Cuyamel se encuentra Construida dentro del Derecho de Vía establecido en la Ley de Vías de Comunicación Terrestre en los Artículos 14 y 16; 2) La rehabilitación de la carretera CA-13 no amplió el derecho de vía de la misma conservando el diseño original y el derecho de vía existente; 3) Existen accesos vehiculares suficientes para que los clientes sin más problema acceden a los servicios brindados por la estación de servicios y 4) El relleno que se utilizó con motivo del desvío hacia la Comunidad de Cuyamel no es de grandes dimensiones por lo que no afecta a circulación de vehículos que se dirigen a la estación de servicio y se hicieron las siguientes Recomendaciones:
  1. Que se proceda de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley de Vías de Comunicación Terrestre y 2) Que se verifique el expediente del permiso de Operaciones que se le extendió a la estación de servicio en cuanto a que se le extendió y la construcción estaba dentro del Derecho de Vía. 9) Referente a las recomendaciones dadas en el Informe Técnico Legal, se presentó fotocopias autenticadas de la Trascripción de la Resolución emitida por la Dirección General de Transporte de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas Trasporte y Vivienda de fecha 26 de febrero de 1988 suscrita por el INGENIERO MARCO TULIO LAITANO, en su condición de Director General de Transporte mediante la cual se aprobó en todas partes los dictámenes emitidos por los Jefes de los Departamentos de Ingeniería y Asesoría Legal y se le otorgó at señor LUIS ALONSO MUNGUIA DUBON autorización para operar y establecer una estación de combustible denominada “SHELL CUYAMEL”, Localizada en Cuyamel Municipio de Omoa, Departamento de Cortés, la que en fecha 9 de enero de 1998, traspasó el inmueble con todas las edificaciones y construcciones donde funcionó dicho negocio al señor ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ, en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil denominada “SERVICENTRO EL PORVENIR”, S. de R. L” que hoy se llama “GASOLINERA ESSO CUYAMEL”, asimismo le traspasó todos los derechos que le correspondían al señor LUIS ALONSO MUNGUIA DUBON, sobre el permiso de Operación y Establecimiento del Negocio o Establecimiento Comercial o Estación de Combustible “SHELL CUYAMEL”.- En la Trascripción de la Resolución a que se hace referencia se indica que admitida la solicitud en cuestión junto con la documentación acompañada, se confirió traslado de la misma a los Departamento de Ingeniería y Asesoría Legal para su estudio y dictamen; que resulta que los Jefes de los mencionados departamentos accedieron a las pretensiones del solicitante señor LUIS ALONSO MUNGUIA DUBON, en el sentido de recomendar se otorgue permiso para operar y establecer una estación de servicio (gasolinera) localizada en cuyamel, Municipio de Omoa, departamento de Cortés, y que la solicitud que les ocupa se encuentra arreglada a derecho, a la Ley de Transporte Terrestre y sus Reglamentos, por lo que se otorgó dicho permiso de operación que hoy tiene este derecho la empresa, en donde se deduce que si la estación de servicios “ESSO CUYAMEL” que hoy se denomina se encuentra construida dentro del Derecho de Vía establecido en la Ley de Vías de Comunicación Terrestre en sus artículos 14 y 16, no es su culpa ya que el señor ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ, en su condición ya indicada adquirió la estación de Servicios ya construida y fue precisamente la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda quien autorizó su permiso de operación, como se demostró fehacientemente. 10) en lo Referente a la Conclusión número 3 emitida en el Informe Técnico Legal, en el sentido que existen accesos vehiculares suficientes para que los clientes de esta estación de servicio sin más problema accedan a los servicios que brinda, es cierto, pero lo que no expusieron en dicho informe es la distancia dentro de la cual los vehículos accedan a la cinopia, la cual está a poco de 2 metros de la carretera pavimentada, lo cual resulta un peligro latente en caso de choque de un vehículo lo cual tendría resultados catastróficos tanto para la empresa como para sus clientes, lo que hace necesario mover la canopia para que el acceso vehicular sea más adecuado, ya que en uno de los considerandos de la Resolución del permiso de Operación que se le otorgó a esta estación de servicio establece: Que los servicios en las estaciones de combustible deberán presentarse en condiciones de eficiencia, seguridad y comodidad para los usuarios y su instalación y ubicación serán autorizados por la Dirección General de Transporte, de acuerdo con los requisitos y condiciones y que al efecto emitan.- Referente a la conclusión número 4 en donde se establece que el relleno que se utilizó con motivo del desvío hacia la comunidad de Cuyamel no es de grandes dimensiones por lo que no afecta la circulación de vehículos que se dirigen a las estación de servicios, si es de dimensiones grandes, suficientes para hacer difícil y peligroso la circulación de vehículos que se dirigen a la estación de servicio, lo cual se puede apreciar en las fotos de acceso que se encuentran en el expediente administrativo 354-2006 a que hago referencia. II. La Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda en fecha 13 de agosto de 2007 dictó, resolución mediante el cual declaró SIN LUGAR el referido Reclamo Administrativo y solicitud de Indemnización causada por la excusión de una Obra Pública o Construcción de carretera CA-13 en base al dictamen desfavorable emitido por la Dirección Legal de dicha Secretaria de Estado, por lo cual en fecha 17 de Septiembre del 2007 se interpuso Recurso de Reposición, el cual fue declarado SIN LUGAR, en fecha 12 de Noviembre de 2007, Resolución de la cual se notificó en fecha 25 de febrero del 2008, razón por la cual se interpone la presente demanda ordinaria, ya que se acreditó que si hubo afectación en el terreno propiedad de mi representada y no se realizó el trámite de expropiación por causa pública que establece la Ley.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), contestó dicha demanda señalando que se rechaza la demanda por no constar en los archivos que al efecto lleva la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) el permiso de Operación que haya sido extendido a favor de La Empresa Mercantil “SERVICENTRO ESSO CUYAMEL”, o en su efecto La notificación hecha del traspaso a su favor, como lo establece el artículo 27 del Reglamento para la Instalación y Funcionamiento de Estaciones de Combustible, líquidos derivados del Petróleo, contenida en el Acuerdo No.000489 de fecha 4 de Marzo de 1992.- Se rechaza por estar alejado de la verdad, en virtud que la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Púbicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) no ha ejecutado ningún Proyecto de Construcción de Carretera en la Aldea de Cuyamel, Municipio de Omoa, Departamento de Cortés, por el contrario lo que se llevo a cabo en dicha vía de comunicación específicamente en la Carretera CA-13 fue una rehabilitación de la misma, consistente en la demolición de dicha carretera para dar paso a su reconstrucción sin afectar los terrenos colindantes al lugar, conservando las mismas medidas y rumbos que anteriormente mantenían, aclarando a la demandante que el término “rehabilitación” técnicamente significa: “reparación selectiva y refuerzo del pavimento o de la calzada, previa demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer en fracciones defectuosas, la capacidad estructural y la calidad de módulo original”, concluyendo que no se ha ocasionado ningún daño a la demandante ya que la entrada y salida a la Estación Gasolinera no ha sido afectado por la obra que se llevó a cabo, asimismo se hace del conocimiento del señor juez que la Estación de Servicio conocida como “Gasolinera Cuyamel” se encuentra construida 9.40 metros dentro del derecho de vía que establecen los Artículos 14 y 16 de Ley de Vías de Comunicación Terrestre, disposiciones que rezan así; artículo 14.- “El Derecho de Vía tendrá Un mínimo de 15mts contados a cada lado desde la línea central de la carretera” Artículo 16.- Además del Derecho de Vía deberá reservarse una franja de 5mts por lo menos de cada lado del camino, en la que no se autorizaron construcciones de ninguna clase” considerándose una flagrante violación a dichas normas que de alguna manera deben responsabilizarse a la Sociedad Mercantil “SERVICENTRO EL PORVENIR S. de R. L.,”. por la invasión del área referida, de lo anterior se deduce que se actuó dentro de las normas vigentes aplicables al caso, por lo que el Juzgado debe DECLARAR LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION por considerar que el acto administrativo impugnado se encuentra conforme a derecho.- Cualquier reclamo efectuado por la Sociedad Mercantil “SERVICENTRO EL PORVENIR S. de R. L”, ante cualquier persona Jurídica particular únicamente concierne resolverlo a sus personeros que las dirigen sin injerencias de ninguna institución del Estado y solamente los Reclamos que sean sometidos a conocimiento de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) serán resueltos tomando como base las pruebas presentadas y permitidas por la Ley, por lo que no está facultado para intervenir en asuntos que no han sido sometidos a su conocimiento, es irrelevante para esa Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, en virtud que cualquier reclamo sometido a personas jurídicas particulares son del conocimiento de las personas que le dirigen, sin que por ello tenga que intervenir en sus decisiones tomadas sobre el asunto por estar prohibido por la ley a los funcionarios que las rectoran, aceptó parcialmente en lo referente a que se tiene conocimiento que la Empresa Mercantil “SERVICENTRO EL PORVERNIR”, S de R. L. es considerada como patrimonio familiar, pero se rechaza el argumento planteado por la demandante al decir que “hubo afectación y daños enormes por la construcción de la Carretera CA-13 que van contra el peculio familiar, en virtud que la Secretaria de Estado en los Despachos de obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOTRAVI) no ha ocasionado ningún daño y perjuicio a la demandante ya que lo que se realizo en la vía de comunicación de la Aldea de Cuyamel, Municipio de Omoa, Departamento de Cortés, fue la rehabilitación de la misma, esto es la reparación del tramo donde se encuentran construidas las obras de la Empresa demandante, sin haberse alterado las dimensiones originales que mantenían cuando se ejecutó la obra reparada.- Es cierto que en fecha 16 de noviembre del 2006 la Sociedad Mercantil “SERVICENTRO EL PORVENIR, S. de R. L.,” presentó ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), reclamo administrativo con el fin de obtener el pago por indemnización de daños y perjuicios causados a su Empresa, una vez admitido el mismo se decretó la apertura a pruebas, con la aclaración al señor Juez que al ser admitido el medio de prueba número 3 inspección, mediante providencia de fecha 19 de diciembre del 2006 se ordenó nombrar un Ingeniero y un Profesional del Derecho ambos de la Dirección General de Carreteras y la Secretaría de Estado respectivamente, para llevar a cabo la evacuación de dicho medio probatorio en el lugar de los hechos, no así el libramiento de comunicación solicitada por el demandante.- Se acepta por ser cierto que en fecha 9 de febrero del 2007, el Ingeniero JORGE REYES, y el Licenciado ERICK SPEARS nombrados al efecto para llevar a cabo la inspección solicitada en el lugar de los hechos, realizaron la misma evacuando los puntos del referido medio de prueba 3 y emitiendo las respectivas conclusiones sobre los puntos inspeccionados y las recomendaciones del caso, tal como consta en el expediente administrativo que al efecto lleva la administración.- Se aceptan parcialmente en lo referente a que se presentó en fotocopias los documentos de transcripción de una Resolución emitida por la Dirección General de Transporte dependencia de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOTRAVI) donde consta la autorización a favor del señor LUIS ALONSO MUNGUIA DUBON para operar y establecer una estación de combustible que fue denominada “SHELL CUYAMEL”, y el documento que contiene el traspaso de los derechos del permiso de operación a favor de la parte demandante, pero se rechaza el argumento planteado por la demandante al decir que “no es culpa de su representada que la edificación que hoy ocupa la estación de Servicio Gasolinera “ESSO CUYAMEL”, se haya construido dentro del derecho de vía que establece la Ley de Vías de Comunicación Terrestre por haberla adquirido ya construida”, en virtud que la Ley establece que cuando se adquiere un bien inmueble que adolece de vicios ocultos, el adquirente deberá exigirle al antiguo propietario para que los enmiende con arreglo a derecho, asimismo la Sociedad Mercantil demandante devenía obligada a notificar a la Dirección General de Transportes el traspaso de los derechos que adquirió del señor LUIS ALONSO MUNGUIA DUBON, para operar su estación gasolinera denominada “ESSO CUYAMEL”, por funcionar con una nueva denominación y nuevo propietario, tal como lo establece el artículo 27 del Reglamento para la Instalación y funcionamiento de Estaciones de Depósito de Combustible, Líquidos derivados del Petróleo, contenida en el Acuerdo No.000489 de fecha 4 de marzo de 1992 que dice: “El titular de un permiso de operación podrá traspasar el mismo previa notificación a la Dirección General de Transporte”, así consta en los archivos que al efecto se lleva que el permiso concedido para operar como gasolinera fue a favor de la Sociedad Mercantil “SHELL CUYAMEL”, cuyo propietario fue el señor LUIS MUNGUIA DUBON no así documentos a favor del demandante. Se acepta parcialmente en lo referente a las recomendaciones dadas por el ingeniero JORGE REYES, y el Licenciado ERICK SPEARS, plasmadas en el Informe Técnico Legal puntos 3) y 4) de la inspección realizada en fecha 9 de febrero del 2007, pero se rechazan los argumentos esgrimidos por el demandante al decir que “no expusieron en el Informe la distancia dentro de la cual los vehículos deben acceder a la canopia que deben ser de 2 mts de la carretera pavimentada por resultar un peligro en caso de choque” y “que es de grandes dimensiones por hacer difícil y peligroso la circulación de vehículos que se dirigen a la estación de servicios”, en virtud que al hacer a Inspección en el lugar de los hechos se estableció que existen suficientes accesos vehiculares para los clientes que utilicen los servicios de la estación gasolinera sin ningún problema y que el relleno realizado con motivo del desvío hacia la comunidad de Cuyamel no es de grandes dimensiones por lo que no afecta la circulación vehicular que entran en la estación gasolinera.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha nueve de abril del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva en la que declaró PROCEDENTE la acción interpuesta, en consecuencia ANULÓ la Resolución de fecha 13 de agosto del año 2007 en la que se Declara Sin Lugar el Reclamo Administrativo y Solicitud de Indemnización Causada por la Ejecución de una Obra Pública a Construcción de Carretera CA-13 de Puerto Cortés a la Frontera con Guatemala, Sector Corinto y Frontera, y la Resolución de fecha 2 de Noviembre del año 2007 en la que se Declara Sin Lugar el Recurso de Reposición contra la Resolución de fecha 13 de Agosto del año 2007, ambas emitidas por Secretaria de Estado en los despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.- RECONOCIÓ la Situación Jurídica Individualizada y como Medida para su Pleno Restablecimiento CONDENA al ESTADO DE HONDURAS al Pago de una indemnización de daños y perjuicios, a favor de la Sociedad Mercantil denominada SERVICENTRO EL PORVENIR, Sociedad de Responsabilidad Limitada cantidad cuya determinación se diferirá al momento de la Ejecución de esta Sentencia, como lo indica el Artículo 82 letra “c” de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, bajo el criterio que con la prueba aportada por la Parte Demandante, específicamente con el Dictamen Pericial se logró constatar que: “para que la Estación Gasolinera vuelva a funcionar normalmente se recomienda remover la canopia, demoler el edificio de ventas y administración, remover tanques, tuberías, equipo de bombas, dispensadores y todo elemento que evite el buen funcionamiento de la estación gasolinera, cuando se ejecutó el proyecto de la aplicación y pavimentación de la Carretera CA-13 se dejo el nivel de la rasante más alto, con respecto al de la estación Gasolinera, lo que se hace necesario además de Io propuesto de demoler, remover las instalaciones y construcciones un relleno y obras adicionales para quedar de a concorde con la rasante de la carretera, y le permita el adecuado funcionamiento de la estación gasolinera”...., para lo cual el Perito adjunto un presupuesto de las obras a realizar fechado en noviembre del año 2005, por la cantidad de L.2,400,553.17, asimismo con la inspección realizada por la Suscrita en las instalaciones físicas de la Sociedad Mercantil demandante, ésta pudo constatar que en efecto hay dificultad para el acceso a dicha Estación Gasolinera.- Que la esencia de todo proceso es la prueba. El juez, por definición imparcial y solo sujeto al imperio de la ley, debe de juzgar conforme a lo alegado y probado por las partes dentro del proceso; y, por ello, la prueba, como actividad dirigida a despejar la incógnita sobre los hechos controvertidos, se convierte en el núcleo del proceso y en su objeto básico y al valorar en su conjunto la prueba propuesta y evacuada por la Parte Demandada se llega a la conclusión que ésta no pudo desvirtuar lo manifestado y pretendido en juicio por la Demandante, tomándose en cuenta que la Representación judicial del Estado no se hizo presente para poder evacuar dos inspecciones propuestas por ella misma y asimismo no se presento en el Despacho en la Audiencia requerida para el nombramiento de un Perito, por lo que al no contar la Suscrita con otro Dictamen Pericial que contravenga lo manifestado en el considerando anterior, se debe tomar por cierto lo ahí expresado, valorándose que dichas afirmaciones fueron efectuadas por un experto en la materia que es desconocida para esta Juez y sin que la Representación Judicial del Estado impugnare o se opusiera a la misma.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dos de octubre del año dos mil catorce, dictó sentencia revocando la proferida por el a-quo, de la siguiente manera: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha nueve de abril del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se declaró improcedente la acción promovida por ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados. SIN COSTAS. Bajo el criterio: Que del estudio y análisis del presente caso se concluye que la sentencia definitiva venida en Recurso de Apelación no está dictada conforme a derecho, esto por que el A-QUO, declaró procedente la acción incoada por la demandante por considerar que la parte demandada no logró desvirtuar lo pretendido por aquella, criterio que esta Corte de Apelaciones no comparte por los motivos que se exponen a continuación. Que con los medios de prueba evacuados tanto en vía administrativa como jurisdiccional, específicamente los peritajes realizados en ambas instancias y con visita y reconocimiento de campo, quedó probado que la carretera CA- 13 que pasa frente al Servicentro Gasolinera de la demandante, fue únicamente rehabilitada y que los trabajos ejecutados fueron hechos dentro del Derecho de Vía de la carretera, por lo que no sufrió cambio alguno, en consecuencia, las instalaciones de dicho servicentro, fueron construidas dentro del derecho de vía, por lo que no hubo afectación, en este sentido, con la rehabilitación de dicha carretera, así como también se acreditó que existen accesos vehiculares al referido servicentro y que la rehabilitación no afectó la circulación y acceso relacionados. Que si bien es cierto, hay un peritaje propuesto y evacuado por la demandante en esta vía judicial, que establece lo contrario a lo señalado en los medios de prueba anteriormente relacionados, no menos cierto es, que el procedimiento para el nombramiento de dicho perito no fue el correcto, ya que al no asistir la parte demandada a la respectiva audiencia de nombramiento de perito se presume que no hubo acuerdo para el nombramiento del mismo, por lo que el Tribunal debió nombrarlo y aun y cuando lo nombró el Tribunal, nombró el perito que propuso la parte demandante y con el cual no hubo acuerdo, según lo establece la legislación civil aplicable al momento de dicho nombramiento, siendo el perito nombrado el mismo que elaboró un informe que fue presentado por la demandante en vía administrativa como prueba documental, presentando el mismo informe como peritaje. Que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los Actos Administrativos serán dictados por el Órgano Competente, respetando los procedimientos previstos en el Ordenamiento Jurídico y que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento Jurídico, incluso el exceso de poder y en el caso de autos para emitir el acto impugnado se respetó el procedimiento legalmente establecido.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado MIRNA GERALDINA GALEAS SIERRA, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha dos de octubre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.118-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 029-2008 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha seis de noviembre del año dos mil catorce tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la recurrida, abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIS, presentó en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de esa misma fecha por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil catorce, las abogadas MIRNA GERALDINA GALEAS SIERRA y VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIS, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha once de diciembre del año dos mil catorce, teniendo por personados a las abogadas MIRNA GERALDINA GALEAS SIERRA y VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIS, en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dos de octubre del año dos mil catorce y que la Recurrente denuncia dos motivos de casación con base en los artículos 716 y 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVOS DE CASACIÓN. La Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “EXPRESION DEL PRIMER MOTIVO DE LA CASACION. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación está comprendido en el Artículo 719.1 Inciso c) del Código Procesal Civil, que literalmente expresa: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: . . . c) La forma y contenido de la sentencia”. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: En el presente Motivo se encuentran infringido el Artículo 719.1 Inciso c) en relación con el Artículo 200 Numeral 2 Literal C) del Código Procesal Civil, los cuales, solo por a manera de ilustración de la Honorable Corte, establecen: en el Artículo 719.1 Inciso c) del Código Procesal Civil, que literalmente expresa: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: . . . c) La forma y contenido de la sentencia” y Artículo 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS: “1.- Las sentencias serán siempre inmotivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo.- 2.- En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido forma siguiente: a) En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los profesionales del derecho que las hayan defendido y representado y el objeto del proceso.- b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. - c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, .los pun tos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d) El fallo con tendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos , así corno el pronunciamiento sobre las costas.- También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación.- 3.- En los procesos civiles las sentencias podrán dictarse excepcionalmente en forma oral al finalizar la audiencia probatoria del proceso ordinario o la audiencia del proceso abreviado, debiendo motivarse por escrito en el plazo de cinco (5) días”. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La Honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, mediante SENTENCIA DEFINITIVA y por UNANIMIDAD DE VOTOS dictada en fecha DOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE, mediante la cual en primer lugar, se DECLARO CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIS, en su condición de Apoderada Judicial del Estado de Honduras en la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI); en segundo lugar, se REVOCO la Sentencia Definitiva de fecha Nueve de Abril del Dos Mil Trece dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y en tercer lugar, se DECLARO IMPROCEDENTE la acción promovida por la Abogada MIRNA GERALDINA GALEAS DE SIERRA en su condición de Apoderada Legal la sociedad mercantil denominada “SERVICENTRO EL PORVENIR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, por ajustarse a derecho los Actos Administrativos Impugnados, lo cual es objeto del presente Recurso de Casación, en virtud Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que esta fallo contiene INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 719.1 Inciso c) en relación con el ARTÍCULO 200 NUMERAL 2 LITERAL C) DEL CÔDIGO PROCESAL CIVIL, que a la letra, prescriben: El primero: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: . . . c) La forma y contenido de la sentencia” y el segundo: “Articulo 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS: “. . . 2.- En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: C) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados par las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”.- En el referido articulo se establece el Contenido Material de la Sentencia y en el Literal C) del Articulo 200 numeral 2 del Código Procesal Civil, en donde se deben de expresar los Fundamentos de Derecho, es donde se fija el contenido del Principio de la Motivación de las resoluciones judiciales, siendo éste uno de los pilares en donde descansa el Derecho a la Tutela Judicial efectiva, por lo que se establece una obligación ineludible para el Órgano Jurisdiccional el darle fiel cumplimiento a este principio y en el caso de autos, la Sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en fecha Dos de Octubre del 2014, en el Acápite FUNDAMENTOS DE DERECHO, se ha incumplido con esta normativa, AL NO INCLUIR EN LOS FUNDANENTOS DE DERECHO DENOMINADOS CONSIDERANDO (4), CONSIDERANDO (5), CONSIDERANDO (6), CONSIDERANDO (7) Y CONSIDERANDO (8) LOS FUNDAMENTOS LEGALES DEL FALLO QUE SE DICTO Y NO SE HIZO LA EXPRESION CONCRETA DE LAS NORMAS JURIDICAS APLICABLES AL CASO, por lo que se ha producido en este Acápite una vulneración de los Requisitos Formales que deben contener las sentencias.- En consecuencia, procede SE CASE la Sentencia Definitiva Recurrida en este Primer Motivo de Casación.- EXPRESIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE LA CASACIÓN. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación está comprendido en el Artículo 719.1. Inciso C) del Código Procesal Civil, que literalmente expresa: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: . . . c) La forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: En el presente Motivo se encuentran infringido el Artículo 719.1 Inciso c) en relación con el Artículo 720 Numeral 2 y el Artículo 200 Numeral 2 Literal C) del Código Procesal Civil, los cuales, solo por a manera de ilustración de la Honorable Corte, establecen: en el Artículo 719.1 Inciso C) del Código Procesal Civil, que literalmente expresa: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: . . . C) La forma y contenido de la sentencia”; en el Artículo 720 Numeral 2 del código Procesal Civil, de ordena: “Sin embargo, y dentro del literal C) del numeral 1 del Articulo anterior, se podrá solicitar en Casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo” y Artículo 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS: “1.- Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. - 2.- En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenida formal siguiente: a) En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los profesionales del derecho que las hayan defendido y representado y el objeto del proceso.- b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso.- c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.
  • d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas 0 algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos , así como el pronunciamiento sobre las costas.- También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación.- 3.- En los procesos civiles las sentencias podrán dictarse excepcionalmente en forma oral al finalizar la audiencia probatoria del proceso ordinario o la audiencia del proceso abreviado, debiendo motivarse por escrito en el plazo de cinco (5) días”. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La Honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, mediante SENTENCIA DEFINITIVA y por UNANIMIDAD DE VOTOS dictada en fecha DOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE, mediante la cual en primer lugar, se DECLARO CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIS, en su condición de Apoderada Judicial del Estado de Honduras en la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI); en segundo lugar, se REVOCO la Sentencia Definitiva de fecha Nueve de Abril del Dos Mil Trece dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y en tercer lugar, se DECLARO IMPROCEDENTE la acción promovida por la Abogada MIRNA GERALDINA GALEAS DE SIERRA en su condición de Apoderada Legal la sociedad mercantil denominada “SERVICENTRO EL PORVENIR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, por ajustarse a derecho los Actos Administrativos Impugnados, lo cual es objeto del presente Recurso de Casación, en virtud Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que esta fallo contiene INFRACCION AL ARTÍCULO 719.1 INCISO a) en relación con el ARTÍCULO 720 NUMERAL 2 Y EL ARTÍCULO 200 NUMERAL 2 LITERAL C) DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, que a la letra, prescriben: El primero: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: . . . c) La forma y contenido de la sentencia”; el segundo, en el Artículo 720 Numeral 2 del código Procesal Civil, de ordena: “Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del Artículo anterior, se podrá solicitar en Casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo” y el tercero: “Artículo 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS: “. . . 2.- En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: . . . c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los pun tos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las nomas jurídicas aplicables al caso”.- En acopio de lo que establece el Artículo 720 Numeral 2 del Código Procesal Civil, es menester que esta Honorable Corte Suprema de Justicia observe y se pronuncie acerca de la ausencia parcial de los Requisitos Legales en la Motivación de la Sentencia Recurrida; siendo pues, que la Motivación de la sentencia debe basarse en los razonamientos de los Hechos coludido con el Ordenamiento Jurídico, a efecto de que conduzcan al Órgano Jurisdiccional a realizar una correcta apreciación y valoración de los medios de prueba, cuando faltan estos requisitos en la sentencia, de forma inmediata se produce la Infracción de la Norma Jurídica, lo cual ocurrió en el Sub Judice al apreciar erróneamente en el Fundamento de Derecho Considerando (6) el Medio de Prueba propuesto por la Parte Demandada denominado DICTAMIEN DE PERITO, quien basó su dictamen en una situación que no existía al momento en que se hizo el Dictamen Pericial propuesto por la Parte Demandante, ya que cuando se practicó en el año 2014 el peritaje por parte del Perito de la parte demandada, ya hablan transcurrido casi CUATRO (4) AMOS desde que se hizo el Peritaje de la parte actora, por lo que las condiciones del terreno en que se hizo ambos peritajes ya habían cambiado considerablemente, siendo esta apreciación errónea por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central ha producido un insuficiente razonamiento al emitir esta Sentencia, lo que ha provocado este fallo que es contrario al derecho de mi representada como Parte Recurrente y se ha producido una Infracción a los Principios del Razonamiento y de la Lógica Jurídica que deben imperar en las sentencias judiciales; por lo que se pide que se revise y se cumpla con la aplicación correcta del Ordenamiento Jurídico vigente a efecto de que se aplique el Principio de Motivación y se emita un fallo que sea congruente y lógico con las Normas Jurídicas Procesales, ya que se hace necesaria la revisión de los razonamientos que condujeron al Tribunal A Quo emitir el fallo recurrido.- En consecuencia, procede SE CASE la Sentencia Definitiva Recurrida en este Segundo Motivo de Casación.”.- III. Pero resulta que la estructura de los cargos anteriormente transcritos por la Censora no constituyen una proposición jurídica completa puesto que carecen de claridad y precisión en su formulación al no indicar si la infracción de las normas indicadas como violadas es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. También falta a la claridad y precisión en la cita de las normas supuestamente violadas y del precepto autorizante y más bien se limita a hacer una transcripción de las mismas sin determinar el perjuicio o agravio sufrido y, sin identificar, con total precisión, el pronunciamiento o la parte de él que se impugna. Finalmente, realiza en sus explicaciones extensos alegatos de instancia e insta a la revisión de los hechos y de la valoración probatoria, lo cual es vedado por este tribunal de acuerdo al artículo 720 numeral 1) del citado Código.- IV. En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En primer lugar, viola el principio de separación y claridad en la determinación de la infracción concreta, requisito imprescindible en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado y atinentes al o a los motivos alegados. En segundo lugar, esa falta de precisión incide en la no determinación del perjuicio y agravio sufrido, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente puntual en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada.- V. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha uno de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 633-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL