Sentencia CA-615-13 — Registro 4248
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción promovida por la demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que esta debidamente probado de autos que la autoridad nominadora no siguió el procedimiento que ordena la Ley de Servicio Civil y su Reglamento
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta en su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICION INFRINGIDA: Artículo 53, de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna la parte dispositiva de la sentencia recurrida en cuanto debió declarar con lugar el recurso de apelación, en el segundo pronunciamiento revocar la sentencia recurrida y en el pronunciamiento tercero declarar improcedente la acción por encontrarse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Articulo 53, de la Ley de Servicio Civil, establece con claridad meridiana que la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o mas servidores públicos previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo de Servicio Civil al evacuar la consulta correspondiente estime que procede la cesantía por encontrarse comprendida en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que en el caso que nos ocupa corresponde así se hizo. En tal sentido el Acuerdo de Cancelación No.603-2010 del 30 de junio de 2010, fue emitido por esta Secretaría de Estado, después de escuchar el parecer favorable del Consejo de Servicio Civil, y comunicar tal decisión a la Dirección de Servicio Civil, aplicando el Articulo 53 de la Ley de Servicio Civil.”.- II. Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil es una norma que contiene dos literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cual dirigir su ataque; b) insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) argumenta que existió interpretación errónea de la norma señalada como infringida, pero no explica en que consistió la misma y cual es su correcta interpretación.- III.- Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Ver sentencia expediente SL 515-12)..."
Legislación citada
- Ley del Servicio Civil, art. 53-55 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación...."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704. 721 numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, representado en juicio por el abogado JOSÉ MARIO GÓMEZ COLINDRES; y, Recurrida: la señora SILVIA MARGARITA AGUILAR, representada en juicio por el abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial para la declaración de no ser conforme a derecho y la anulación de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por la cancelación por cesantía ilegal e injusta, y como medidas para su pleno restablecimiento el reintegro al cargo que ocupaba en iguales o mejores condiciones, pago de los salarios dejados de percibir, incremento salarial y otros derechos otorgados a los demás trabajadores o bien el pago de las prestaciones e indemnizaciones correspondientes, los salarios dejados de percibir a partir de la fecha de la cancelación hasta la ejecución del fallo que declare procedente la acción, costas del juicio, promovida por la señora SILVIA MARGARITA AGUILAR, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que mediante Acuerdo No.302-08 de fecha 22 de septiembre de 2008, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, fue nombrada permanente en el puesto de Oficinista Mecanógrafo II; que mediante Acuerdo No.603-2010 de fecha 30 de junio de 2010, se le canceló por cesantía de manera ilegal y arbitraria del cargo que ocupaba la demandante, por lo que la autoridad nominadora no siguió el procedimiento para acordar la cesantía establecida en el artículo 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, ya que no se hizo la consulta al Consejo de Servicio Civil para la procedencia de la misma y consecuentemente al no haber consulta tampoco existe dictamen favorable, igualmente no se tomaron en cuenta los criterios para haber sido seleccionada a cesantear, establecidos en el artículo 280 del mismo texto legal, entre ellos: a) los resultados de la evaluación periódica; y, b) los años de servicio en la Administración Pública; otra causa de nulidad del acto administrativo impugnado es que tampoco se cumplió con lo que establecen los artículos 50 de la Ley de Servicio Civil, 283 y 284 de su reglamento, siendo evidente la infracción al ordenamiento jurídico cometida por la demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Industria y Comercio, contestó dicha demanda señalando que en lo referente al Acuerdo Ejecutivo No. 603-2010 es de fecha 02 de junio de 2010 y no del 30 de junio de 2010, como afirma la demandante, correspondiendo esta última fecha a la transcripción y notificación de dicho Acuerdo a la demandante, por otro lado, no es cierto lo afirmado por la demandante en el sentido que la cancelación por cesantía se haya producido en forma ilegal y arbitraria, ya que la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio actuó bajo la observancia del procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil, tomando en cuenta para tal actuación las disposiciones contenidas en los artículos 187 numeral 2) y 188 del reglamento de la misma ley, y que se constata en el expediente administrativo de la demandante mediante la Acción de Personal de fecha 10 de junio del 2010, en donde fue autorizada por la Dirección de Servicio Civil la cesantía de la demandante por lo que el referido acuerdo de cancelación es apegado estrictamente a derecho, estableciéndose como causal para efectuar dicha cesantía según lo dispuesto en el artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil y 278 inciso b) de su Reglamento, en consecuencia el Estado de Honduras no incurrió en vicios de nulidad y mucho menos violación a las disposiciones legales aplicables al caso, por tanto el acto administrativo impugnado, no puede calificarse como ilegal, ya que en ningún momento se le ha negado a la demandante hacer efectivo el pago de sus derechos según lo establecido en el artículo 55 reformado de la Ley de Servicio Civil.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de enero de dos mil trece, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por la demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación No.603-2010 de fecha 30 de junio del 2010, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Industria y Comercio, por medio del cual se canceló por cesantía a la demandante; anulando dicho acuerdo de cancelación; reconoció la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se resolvió reintegrar a la demandante en el cargo de Oficinista Mecanógrafo II, así como el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta que sea reintegrada y de no ser posible el mismo, se condene al pago de las prestaciones laborales y los salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta que quede firme el presente fallo, tal como lo establece el artículo 129 constitucional y por así solicitarlo la demandante; condenó al Estado de Honduras, al pago de los beneficios obtenidos en ausencia de la demandante como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimotercer mes, decimocuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le hayan tomado en consideración las evaluaciones periódicas a la ahora demandante, ya que la disposición contenida en el articulo 54 de la Ley de Servicio Civil, obliga a la autoridad nominadora a tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica y enviará dentro del plazo improrrogable de siete días hábiles a la Dirección General, la nomina del o los cesanteados para inscribirlos en lugar preferente en las respectivas listas de reingreso, norma que no ha sido derogada por lo cual esta vigente y es de obligatorio cumplimiento; aunado a lo anterior, no se realizo la consulta sobre la cancelación del nombramiento que debe realizar la autoridad nominadora al Consejo de Servicio Civil tampoco se notificó con un mes de anticipación el acuerdo de cancelación a la ahora demandante tal y como lo establece el articulo 191 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil el cual estipula “La cesantía deberá ser notificada al servidor público con un mes de anticipación por lo menos” y en este caso de autos no obra en el expediente la notificación del acuerdo de cancelación de la ahora demandante; que la causal manifestada por la parte demandada en la contestación de la demanda fue la reducción de servicios o de personal para obtener una eficaz y económica organización administrativa, a lo cual se pudo constatar mediante el medio de prueba de inspección que la plaza esta ocupada por otra persona, no cumpliendo así con el fin de la cesantía.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de junio de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que esta debidamente probado de autos que la autoridad nominadora no siguió el procedimiento que ordena la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para cancelar por cesantía a la demandante, por lo que nos encontramos ante un acto administrativo viciado de nulidad, ya que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es clara al ordenar que la acción es procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, que en caso de autos es la emisión del acto impugnado sin seguir los presupuestos que prescribe la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en consecuencia la nulidad del mismo decretada por el a quo es correcta.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado JOSÉ MARIO GÓMEZ COLINDRES, en fecha siete de agosto de dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha seis de junio de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.176-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.382-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha doce de agosto de dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, presentó en fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diez de septiembre y dos de octubre de dos mil trece, los abogados CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA y JOSÉ MARIO GÓMEZ COLINDRES, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha catorce de octubre de dos mil trece, teniendo por personados a los abogados CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA y JOSÉ MARIO GÓMEZ COLINDRES, en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta en su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICION INFRINGIDA: Artículo 53, de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna la parte dispositiva de la sentencia recurrida en cuanto debió declarar con lugar el recurso de apelación, en el segundo pronunciamiento revocar la sentencia recurrida y en el pronunciamiento tercero declarar improcedente la acción por encontrarse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Articulo 53, de la Ley de Servicio Civil, establece con claridad meridiana que la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o mas servidores públicos previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo de Servicio Civil al evacuar la consulta correspondiente estime que procede la cesantía por encontrarse comprendida en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que en el caso que nos ocupa corresponde así se hizo. En tal sentido el Acuerdo de Cancelación No.603-2010 del 30 de junio de 2010, fue emitido por esta Secretaría de Estado, después de escuchar el parecer favorable del Consejo de Servicio Civil, y comunicar tal decisión a la Dirección de Servicio Civil, aplicando el Articulo 53 de la Ley de Servicio Civil.”.- II. Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil es una norma que contiene dos literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cual dirigir su ataque; b) insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) argumenta que existió interpretación errónea de la norma señalada como infringida, pero no explica en que consistió la misma y cual es su correcta interpretación.- III.- Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Ver sentencia expediente SL 515-12).- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de certificación del auto de fecha veinte de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 615-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL