Sentencia CA-614-14 — Registro 5039
Resumen
En segunda instancia se dictó sentencia revocando parcialmente la sentencia dictada por el juzgado, únicamente en el numeral segundo No.1 de la parte resolutiva, en el sentido de reconocer la situación jurídica individualizada de las demandantes y para su pleno restablecimiento se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería al pago a favor de las demandantes del reajuste de los salarios junto con sus respectivos incrementos anuales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que lo expuesto como único motivo de casación distribuido en cuatro acápites no constituye una proposición jurídica completa ya que la Censora omite estructurar correctamente el cargo que sustenta su recurso de casación, incurriendo en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, puesto que es omisa en establecer con claridad y precisión el concepto de la infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas procesales; también olvida consignar el precepto autorizante e insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso vía; y, finalmente, realiza en este recursos excepcional inapropiados alegatos de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
El escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- “. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya quecontra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, representado en juicio por la abogada MIRIAM SUYAPA LÓPEZ LOZANO; y, Recurridas: las señoras ESTERLINDA LÓPEZ PADILLA y DIMPIDA AURORA MELÉNDEZ, representadas en juicio por el abogado JOSÉ RAMÓN LÓPEZ RODAS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de dos actos administrativos de carácter particular por no ser conformes a derecho, consistentes en las resoluciones No.654-11 y 1307-2011 de fechas 22 de agosto y 24 de octubre de 2011 respectivamente, por haberse emitido infringiendo el ordenamiento jurídico vigente, con exceso de poder y manifiesto error de derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento, a título de daños y perjuicios se declare procedente el pago de intereses moratorios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por las señoras ESTERLINDA LÓPEZ PADILLA y DIMPIDA AURORA MELÉNDEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Las demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de la siguiente manera: Esterlinda López Padilla, el 8 de septiembre de 1998, en el cargo de Planificador III y Dimpida Aurora Meléndez, el 1 de febrero de 1997, en el cargo de Planificador Jefe; mediante Decreto Legislativo No.134-2006 de fecha 17 de octubre de 2006, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 18 de diciembre de 2006, se reformó el Decreto No.1002 del 14 de julio de 1980, que contiene la Ley Orgánica del Colegio Hondureño de Economistas y en el artículo 59 en su párrafo segundo; que conforme a las evaluaciones efectuadas por la autoridad competente (Dirección General de Servicio Civil), las demandantes desempeñan funciones en la categoría grado de Economistas con responsabilidades de cierto grado y visión general, por lo que con base en la disposición citada la SAG como institución centralizada obligada por Ley, debió haberles reasignado sus cargos y pagado sus salarios en el año 2007 fecha que entró en vigencia el sueldo base de L.21,600.00, el cual debió haber sido ajustado al índice de precios al consumidor (IPC) anualmente, de la manera siguiente: 2007 sueldo base L.21,600.00; 2008 nuevo sueldo base L.23,672.00; 2009 nuevo sueldo base L.24,382.16; 2010 nuevo sueldo base L.27,067.00; 2011 nuevo sueldo base L.28,826.00; basadas en la Ley anterior en fecha 26 de agosto del año 2009, las demandantes iniciaron gestiones por medio del Colegio Hondureño de Economistas, encaminadas a que la SAG cumpliera con la aplicación del Decreto mencionado, lo que derivó en la realización de una serie de actividades a nivel interno de la ahora demandada, para que se les hiciera la reclasificación y el pago efectivo de los reajustes salariales conforme lo ordena la Ley mencionada en el artículo 59 numeral 3) tal y como lo dictaminó la Dirección General de Servicio Civil; la autoridad demandada solicitó dictámenes a la Dirección General de Servicio Civil que mediante Oficio No. DCPS-47-2010 de fecha 8 de abril de 2010 informó a la SAG que realizados los análisis, las evaluaciones, descripción de funciones efectuadas por el Departamento de Clasificación de Puestos y Salarios dictaminó procedente la reclasificación de los cargos de Planificador III y Planificador Jefe a Economistas, al cargo de: Economista II equivalente a categoría Grado de Economistas con Responsabilidades de Cierto Grado y Supervisión General y se les pagase sus salarios conforme se ordena en la ley citada (arancel reclamado); la Dirección de Servicios Legales de la SAG mediante dictamen de fecha 17 de febrero de 2010, opinó procedente la solicitud de aplicación del Arancel del Economista
Hondureño por ser Ley de la República vigente; la Secretaría de Finanzas mediante Oficio DGP-346-2010 de fecha 31 de agosto de 2010, transcribió a la SAG la Resolución Número 325 de fecha 27 de agosto de 2010 mediante dicho acto administrativo autorizó y amplió las asignaciones presupuestarias de la SAG para el pago del Arancel del Economista en la SAG por un monto de L.386,903.68; la autoridad demandada aún contando con toda la documentación de respaldo mencionada, no procedió a hacerles efectivo a las demandantes las reasignaciones de los cargos y el pago de los reajustes salariales conforme al arancel reclamado.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, contestó dicha demanda señalando que según lo expuesto por las demandantes, la Dirección de Servicio Civil al hacer las evaluaciones correspondientes determinó que las demandantes desempeñan funciones de Categoría Grado de Economistas con responsabilidad de cierto grado y Supervisión General, siendo esto incorrecto ya que lo que hizo la Dirección de Servicio Civil fue evaluarlas para reasignarlas a los puestos de Economista II respectivamente, tal y como fue solicitado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, sin embargo las reasignaciones no se dieron en vista que la Dirección General de Servicio Civil en la tabla de asignaciones de plazas establece que éstas están sujetas a la estructura presupuestaria de los puestos y salarios por lo que no es procedente dicha reasignación, es mas de acuerdo al Oficio No. DRE-368-2010 de fecha 11 de octubre del 2010, la Dirección General de Servicio Civil devolvió las acciones No. 86 y 89 de ascenso por Arancel de Economistas de las señoras Esterlínda López Padilla y Dimpida Aurora Meléndez, en vista que la Dirección no administra lo que respecta a salarios de Arancel a Economistas y/o de colegios profesionales; es importante aclarar que la acción puesta a su conocimiento ha prescrito desde el 18 de diciembre del 2008, dos años después de haber entrado en vigor dicha ley, de conformidad al artículo 2295 del Código Civil, pero en el caso que se hubiera interpuesto la acción en tiempo, pero que se repite no fue así, las demandantes no estarían protegidas por el Arancel de Economistas, en razón que el puesto que desempeñan es de Planificador III y Planificador Jefe, en consecuencia las funciones que dicho puesto desarrollan no son propias de la labor del Economista tal y como lo describe el Arancel, es mas, los puestos de las demandantes de acuerdo al Manual de Funciones y Puestos de la Secretaría ni siquiera como preparación exige el Titulo Académico de Economista, de lo anterior se deriva que las funciones que ejercen las demandantes no son propias de Economistas, en consecuencia no pueden pedir protección o amparo de dicho Arancel; la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería solicitó los dictámenes señalados por las demandantes, para realizar la clasificación de los puestos de Planificadoras a Economistas siendo este infructuoso ya que al momento que se mandaron las acciones de personal a la Dirección de Servicio Civil éstas fueron devueltas denegando las acciones mencionadas en vista que dicha Dirección no administra lo que respecta a salarios de Arancel a Economistas y/o de colegios profesionales, por tal razón se rechaza lo que manifiestan las demandantes en lo que se refiere a que fueron ascendidas como Economistas II para proceder al pago de lo reclamado.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por las demandantes por no ajustarse a Derecho el acto administrativo impugnado, consistente en las resoluciones No.654-11 y 1307-2011 de fecha 22 de agosto y 24 de octubre de 2011, emitidas por la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), en consecuencia, se anulan las mismas; reconoció la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento condenó al Estado de Honduras al pago a favor de las demandantes establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Colegio de Economistas de Honduras, pero no en forma retroactiva si no a partir de la fecha; no se reconoció el pago de intereses solicitados en concepto de daños y perjuicios, sin costas; bajo el criterio que las demandantes son profesionales de la economía debidamente colegiadas; con los dictámenes favorables de las direcciones de: Servicios Legales y Servicio Civil como ser: a) Dirección General de Servicio Civil, que mediante Oficio No. DCPS-47-2010 de fecha 8 de abril de 2010 informó a la SAG que realizados los análisis, las evaluaciones, descripción de funciones efectuadas por el Departamento de Clasificación de Puestos y Salarios dictaminó procedente la reclasificación de los cargos de Planificador III y Planificador Jefe a Economistas, al cargo de: Economista II equivalente a Categoría Grado de Economistas con Responsabilidades de Cierto Grado y Supervisión General y se les pagase sus salarios conforme se ordena la ley citada (arancel reclamado), b) La Dirección de Servicios Legales de la SAG mediante dictamen de fecha 17 de febrero de 2010, opinó procedente la solicitud de aplicación del Arancel del Economista Hondureño por ser Ley de la República vigente; que del estudio del expediente, de las pruebas aportadas y valoradas se puede establecer que efectivamente existe mediante Decreto 134-2006 de fecha 17 de octubre de 2006, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 18 de diciembre del año 2006, se reformó el decreto número 1002 del 14 de julio de 1980 que contiene la Ley Orgánica del Colegio Hondureño de Economista Empleado en el cual se establece que los salarios de los economistas deberán ser ajustados anualmente en base al índice de precios al consumidor (IPC) el salario mínimo que devengarán los economistas empleados y que estarán obligados a pagar entre otros, las instituciones del Gobierno Central; que por las razones apuntadas de índole legal en los considerandos que anteceden, y en apego irrestricto a la sindéresis, este Juzgador llega a la convicción que efectivamente la Ley Orgánica del Hondureño Economista es un instrumento legal que forma parte del conjunto de normas Jurídicas vigentes de nuestro país y por ende de obligatorio e inmediato cumplimiento en todas las actividades en las cuales los particulares o el engranaje estatal en general, contraten, o se beneficien de los servicios de tales profesionales economistas y siendo que en el presente caso las demandantes ostentan el título de Economistas y han sido nombradas por la Administración Pública, específicamente por la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, por lo tanto en aplicación del artículo 59 de la Ley Orgánica del Colegio Hondureño de Economistas sus salarios será de acuerdo a la escala establecida en la ley antes mencionada.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dos de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia revocando parcialmente la sentencia proferida en primera instancia únicamente en el numeral segundo No.1 de la parte resolutiva, en el sentido de reconocer la situación jurídica individualizada de las demandantes y para su pleno restablecimiento se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería al pago a favor de las demandantes del reajuste de los salarios junto con sus respectivos incrementos anuales, esto en forma retroactiva a partir desde la fecha de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Colegio Hondureño de Economistas (Decreto, Legislativo No.134-2006 del 17 de octubre del 2006, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 18 de diciembre del 2006), y al tenor de lo ordenado en el artículo 59 párrafo segundo, numeral 3) y párrafo último de la misma; y en consecuencia que se reasignen sus puestos de trabajo al de Economistas II; confirmando en lo demás la sentencia definitiva venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que claramente esta probado y consta de autos que las demandantes son profesionales de la economía debidamente colegiadas, y que ejercen funciones propias de su profesión, lo que hace que estén protegidas por lo prescrito en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Colegio de Hondureño de Economistas, por lo que es procedente se les reajuste su sueldo, según lo ordenado en dicho artículo, esto al constar que devengan un salario inferior al determinado en dicho artículo; no es correcta la apreciación del A-Quo en cuanto a que se les reconozca a las demandantes su reajuste salarial a partir de la fecha de su sentencia, porque el derecho que éstas tienen es que se les reajusten sus sueldos a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Colegio de Hondureño de Economistas, que es la que les otorga el derecho reclamado, siendo en consecuencia desde su entrada en vigencia que obtienen el beneficio salarial ordenado el artículo 59 de dicho cuerpo legal y no hasta el pronunciamiento de un órgano judicial; que de igual forma las demandantes tienen derecho a que les reclasifiquen sus puestos al de economistas, ya que la denominación de los actuales va en contra de las funciones que estas desempeñan, así como de lo prescrito en la Ley Orgánica del Colegio de Hondureño de Economistas; en cuanto al alegato del demandado en el sentido de haber prescrito el derecho de las demandantes de pretender se les reajusten sus salarios, esto es incorrecto, por no existir tal prescripción, ya que si bien es cierto la Ley de Servicio Civil señala un plazo para que los servidores públicos hagan valer sus derechos, éstos son los derechos señalados en dicha ley y al pretender las demandantes se les otorgue un derecho contenido en otro cuerpo legal, el plazo de prescripción es de diez años por encontrarnos ante una acción personal, plazo éste de acción personal el que de simple operaciones aritméticas se desprende no estar prescrito al momento del reclamo de las demandantes; que en cuanto al pretendido pago de intereses que hace la parte actora, estos son improcedentes, porque la Ley Orgánica del Colegio Hondureño de Economistas en su artículo 59 párrafo último ya concede aumentos anuales por razón inflacionarios, por lo que se estima no es procedente condenar al pago de intereses moratorios.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada MIRIAM SUYAPA LÓPEZ LOZANO, en fecha tres de noviembre de dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha dos de octubre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.244-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.011-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado JOSÉ RAMÓN LÓPEZ RODAS, presentó en fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto, mediante providencia de igual fecha, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, los abogados JOSÉ RAMÓN LÓPEZ RODAS y MIRIAM SUYAPA LÓPEZ LOZANO, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha dos de diciembre de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados MIRIAM SUYAPA LÓPEZ LOZANO, como recurrente y JOSÉ RAMÓN LÓPEZ RODAS, como recurrido, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dos de octubre de dos mil catorce. Que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia emitida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contenciosos Administrativo, situación que deberá apreciar al momento de analizar los numerales expuestos dentro de este Recurso de Casación. PRIMERO: Los actos administrativos impugnados fueron dictados con base a derecho en virtud de que las demandantes nunca fueron nombradas o ascendidas como economistas al contrario fueron denegadas las acciones en vista de que la Dirección de Servicio Civil no administra lo que respecta salarios de arancel o colegios profesionales y las demandantes dejaron pasar los 60 días hábiles que la Ley de Servicio Civil, por lo que no cabe señalar que la prescripción es civil al tenor del artículo 2262 del código civil. Señores Magistrados que los puestos de Planificador I Y III , no requiere de un titulo de Economista, y no fue así que el Servicio Civil ordeno que se readecuara a Economistas, entonces el reajuste del salario no puede ser retroactivo ya que el cargo se efectuó conforme al presupuesto del año 2006,el reajuste como economista entra en vigencia a la fecha de la reclasificación del cargo de planificador a economista, El Ad -Quen al emitir la sentencia en la que revoca parcialmente la sentencia emitida por el Ad-Quo en el sentido que se les pague a las demandantes el reajuste de sus salarios en forma retroactiva a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Colegio Hondureño de Economistas es a todas luces contrario a derecho ya que las demandantes a la fecha no ocupan cargos de Economistas si no que de planificadores. SEGUNDO: Que no es Correcta la apreciación del Ad-Quen en cuanto a que reconoce a las demandantes ejercen funciones propias de su profesión, lo que hace que estén protegidas por lo prescrito en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Colegio Hondureño de Economistas por lo que es procedente que se les reajuste su sueldo según lo ordenado en dicho artículo a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Colegio Hondureño de las Economistas y manda que se les reclasifique sus puestos de Economistas. El reajuste de salario va ligado a la reclasificación y este no puede ser retroactivo, por consiguiente el sueldo de Economistas tampoco lo es, sino desde su vigencia, razón por la cual no cabe revocarlo. TERCERO: Al decir el Ad-Quen que no es correcta la apreciación del Ad-Quo en cuanto a que les reconoce a las demandantes su reajuste salarial a partir de la fecha ,porque el derecho que estas tienen es que se les reajuste sus sueldo a parir de la entrada en vigencia de la Ley orgánica del Colegio de Hondureño de Economistas ,que si bien es cierto las demandantes son profesionales de las ciencias económicas debidamente colegiadas no ejercen funciones propias de Economistas lo que ha ocurrido es que se ha ordenado la reclasificación de los cargos a economistas , pero no puede ser retroactivo el reajuste porque hasta la fecha no han sido reclasificados sus puestos, siguen siendo planificador Jefe y Planificador III. El Ad-Quen debió analizar al emitir sus sentencia en el numeral SEGUNDO en el que declara con lugar la Apelación parcial interpuesta por el Abogado JOSE RAMÓN RODAS y en su Numeral Tercero REVOCA PARCIALMENTE LA SENTENCIA DEFINITIVA dictada por el Juzgado de Letras de lo Contenciosos Administrativo , con sede en Tegucigalpa en fecha 27 de marzo del año 2014, UNICAMENTE en el numeral No. 1 de su parte resolutiva en el único sentido de que se reconoce la situación jurídica individualizada de las demandantes y para su pleno restablecimiento se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería al pago a favor de las demandantes del reajuste de sus salarios junto con sus respectivos incrementos anuales , esto en forma retroactiva a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Colegio Hondureño de Economistas Decreto Legislativo No. 134-2006 y al tenor de lo ordenado en el articulo 59 párrafo segundo, numeral 3) y párrafo ultimo de la misma; y en consecuencia que se reasignen sus puestos de trabajo al de Economistas II..- CUARTO. confirmar en lo demás la sentencia definitiva recibida en Apelación. CUARTO: Que al otorgar el Ad-Quen que las demandantes tiene derecho a que se les reclasifique sus puestos al de economistas ya que la denominación de los actuales va en contra de sus funciones que están desempeñando, que el Ad-Quen les reconoce un derecho sin que las demandantes desempeñen funciones propias de un Economistas siendo esto contrario a derecho”.- II. Que lo expuesto como único motivo de casación distribuido en cuatro acápites no constituye una proposición jurídica completa ya que la Censora omite estructurar correctamente el cargo que sustenta su recurso de casación, incurriendo en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, puesto que es omisa en establecer con claridad y precisión el concepto de la infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas procesales; también olvida consignar el precepto autorizante e insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso vía; y, finalmente, realiza en este recursos excepcional inapropiados alegatos de instancia.- III. Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha establecido, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V. El escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 614-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL