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Sentencia CA-61-14 — Registro 4681

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción de merito, confirmando lo establecido en el acto impugnado bajo el criterio que el puesto que desempeñaba el demandante era de confianza en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Los cargos en la forma expuesta no están llamados a prosperar debido a que el Censor comete los siguientes defectos técnicos: a) insta a la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual esta vedado a este Tribunal en este extraordinario recurso conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil; y, b) realiza inapropiados alegatos de instancia.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El señor EDY FRANLIN RODRIGUEZ HENRIQUEZ, actuando en causa propia; y, el Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de situación jurídica individualizada, adopción de medidas necearías para el pleno restablecimiento como ser el reintegro a su puesto de trabajo, salarios dejados de percibir, pago de vacaciones, aumentos selectivos; promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de octubre del dos mil once, por el señor EDY FRANLIN RODRIGUEZ HENRIQUEZ, actuando en causa propia, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación Pública, representado en juicio por la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril del dos mil diez, fue nombrado en el cargo de Director General de la Unidad de Servicios Legales a partir del tres de mayo del mismo año, consignándolo como puesto excluido, sus funciones estaban enmarcadas en el articulo 40 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo; en fecha diez de octubre del dos mil once sin ninguna explicación o justificación fue entregado acuerdo mediante el cual quedaba cancelado de su cargo, siendo emitido de manera arbitrario sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, no estando su cargo como puesto excluido.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación Publica, contestó dicha demanda señalando que el demandante desempeñaba un cargo de puesto excluido según lo establecido en los artículos 3 y 35 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que no se le aplica lo establecido en la Ley de Servicio Civil, siendo un cargo de libre remoción por parte de la autoridad nominadora por ser personal de confianza.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veinte de agosto el dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando: improcedente la acción de merito, confirmando lo establecido en el acto impugnado y sin costas; bajo el criterio que el puesto que desempeñaba el demandante era de confianza según lo establecido en los artículos 3 letra a) y 11, estando excluido del Régimen de Servicio Civil.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de octubre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto; bajo el criterio que se acreditó que el cargo que desempeñaba el demandante era de confianza del Secretario de Estado, según lo establece el articulo 3 de la Ley de Servicio Civil.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado EDY FRANKLIN RODRIGUEZ HENRIQUEZ, en fecha tres de diciembre del dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha treinta y uno de octubre del dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 376-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 495-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha nueve de diciembre del dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, presentó en fecha diecisiete de diciembre del dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha siete de enero del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados en fechas diez y treinta de enero del dos mil catorce, los abogados MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ y EDY FRANKLIN RODRIGUEZ HENRIQUEZ.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto auto en fecha tres de marzo de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ y EDY FRANKLIN RODRIGUEZ HENRIQUEZ, en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACION: infracción de ley por violación o aplicación indebida de los artículos 3 de la Ley de Servicio Civil literales a) y f), 11 numeral 4) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil relacionado a su vez con el articulo 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación por infracción de ley se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Reiteradamente ha mantenido la Honorable Corte Suprema de Justicia el sólido criterio que la infracción directa de la ley tiene lugar cuando a un hecho debidamente comprobado se dejó de aplicar la norma que reguló el caso debatido y establecido en el proceso, haciéndole producir efectos contrarios a la norma y colocándose el sentenciador en manifiesta rebeldía contra la norma legal aplicable y cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la ley. Las normas legales que se invocan como infringidas por violación es decir, por aplicación indebida se refieren a las normas contenidas en los artículos 3 de la Ley de Servicio Civil literales a) y f), 11 numeral 4) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil relacionado a su vez con el artículo 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, que literalmente mandan: De 12 ley de Servirlo Civil articulo 3: Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los s4juientes servidores públicos: a) A los Secretarios y Subsecretarios de Estado y a sus empleados de confianza O A los Directores y Subdirectores Generales. Del Reglamento de la Ley de Servicio civil Articulo 11 : Para los fines de los artículos tres (3) inciso a) de la Ley y nueve (9) inciso 1) del presente Reglamento, se consideran empleados de confianza de los Secretarios y Subsecretarios de Estado, las siguientes;… 4) Los titulares de las oficinas de Coordinación Regional, Departamental o Local de las Secretadas de Estado, así como de las Unidades de Planeamiento y Evaluación de Gestión, Modernización, Servidos Legales, Comunicación Institucional y Gestión de la Cooperación Externa Movilización de Recursos de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo Del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo: Artículo 109: Para los fines de la Ley del Servicio Civil, considérense aq1eados de confianza de las Secretarias de Estado quienes ocuparen los nuevas cargos creadas por el Decreto N°218-96 y mencionados en el Capitulo III, Secciones Tercera, Sexta y Séptima de este Reglamento.- Para su, nombramiento será necesario que los candidatos cumplan estrictamente con los requisitos mínimos de calificación profesional y demás establecidos en las disposiciones correspondientes los que deberán ser acreditados por las Secretarias de Estado ante la Dirección General de Servido Civil. Honorable Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, aplicó indebidamente las disposiciones legales invocadas en este primer motivo de casación que la llevaron a confirmar la sentencia de primera instancia de fecha veinte de agosto del dos mil trece, en la forma siguiente: a) En dar por demostrado que el cargo de Director General de la Unidad de Servicios Legales es un caigo excluido de la Ley de Servido Ovil, en primer lugar, por ser un cargo de con fianza con fundamento en el articulo 11 numeral 4) del Reglamento de la Ley de Servido Ovil relacionado a su vez con el artículo 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; y en segundo lugar, por ser un cargo que está comprendido en el articulo 3 de la Ley de Servido Civil literal O, con vencimiento que no se encuentra apegado a Derecho, en primer lugar porque el articulo 11 del Reglamento de la Ley de Servido Civil hace suyas disposiciones contenidas en un artículo de otro Reglamento, como lo es el articulo 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, con lo cual pretende reformar & articulo 3 de la Ley de Servido Civil olvidando que jerárquicamente en la pirámide jurídica de las normas legales, un Reglamento jamás debe estar sobre la Ley, precisamente porque los cargos a los que e refiere el artículo 109 ya precitado, no están taxativamente enunciados en el articulo 3 de la Ley de Servido Civil; y en ese mismo reglamento, en el artículo 40 se establece que la Unidad de Servidos Legales es coordinada por el Secretario General, con lo cual se concluye que el titular de la Unidad de Servidos Legales no es empleado de con fianza ni de los Secretarios de Estado, ni de los Subsecretarios de Estado; y en segundo lugar, porque el cargo de Director General de la Unidad de Servicios Legales de la Secretaria de Estado en a Despacho de Educación, no existe como Dirección General en la estructura administrativa de dicha Secretaría de Estado, precisamente porque a’ Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, en el articulo 71, ya establece y enumera taxativamente cuales son las Direcciones Generales que están adscritas a las Subsecretarías de esa Secretaría de Estado, no encontrándose enumerada la Dirección General de la Unidad de Servidos Legales, consecuentemente las normas legales invocadas en este primer motivo de casación, han sido aplicadas, como reitero, indebidamente para efectos de considerarme como titular de un cargo excluido por la ley de Servido Ovil y por ende negarme el derecho al reintegro a mi puesto de trabajo. b) En dar por demostrado que por el simple hecho que en mi Acuerdo de Nombramiento consignaron la palabra Director General (que en la estructura administrativa no existe, porque lo que existe es Unidad de Servidos Legales) y a la vez por la mera consignación del calificativo de Cargo Excluido, no me asiste el derecho al reintegro a mi puesto de trabajo; convencimiento que no es concordante con lo que establece el Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, en la Sección cuarta de las Direcciones Generales, el cual en el Artículo 29 refiere que a las Direcciones Generales les corresponde la ejecución de programas y proyectos específicos y que la actividad de las Direcciones Generales será coordinada por los Subsecretarios de Estado.

  • Así mismo, dicho Reglamento en el artículo 30 establece que las atribuciones de los Directores Generales, entre o tras son las siguiente: 1.- Dirigir las actividades técnicas y administrativas de la respectiva dependencia ......2. - Dirigir, coordinar, controlar y evaluar los programas y proyectos que ejecute la Dirección General.-Asistir al Secretario y Sub Secretarios de estado en los asuntos que les competen. -4 -Dictar providencias y resoluciones en los asuntos de su competencias. - 5.- Proponer al Secretario de Estado, para su consideración, la estructura interna de la Dirección General – 6.- Las demás que establezcan las leyes o reglamentos especiales o las que en uso de sus atribuciones les asigne o les delegue el Secretario de Estado. - En tal sentido, como Director de la Unidad de Servicios Legales no tenía esas funciones como para ser considerado corno un Director General, por lo tanto no puede considerarse como un cargo excluido del Régimen de Servido Civil. - Aun cuando en el Acuerda se consignó que el cargo era de Director General, ello no representa más que una simulación del Estado de Honduras para violentarme mi derecho constitucional al trabajo y despedirme sin seguir el procedimiento estableado en la Ley. De lo antes expuesto se col4e que la sentencia objeto del presente Recurso de Casación debe casarse por ajustarse este primer motivo a la técnica que exige este Recurso extraordinario, al estar debidamente desarrollado y acreditado conforme a los términos a que se contrae el mismo. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Infracción de Ley por violación por falta de aplicación de los artículos 40, 71 y 72 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación por infracción de ley se encuentra comprendida en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. Explicación del MOTIVO. Reiteradamente ha mantenido la Honorable Corte Suprema de Justicia el solido criterio que la infracción directa de la ley tiene lugar cuando a un hecho debidamente comprobado se dejó de aplicar la norma que reguló el caso debatido y establecido en a proceso, haciéndole producir efectos contrarios a la norma y colocándose el sentenciador en manifiesta rebeldía contra la norma legal aplicable y cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene deposiciones en abierta pugna con la ley. Las normas legales que se invocan como infringidas por violación es decir, por falta de aplicación se refieren a las normas contenidas en los artículos 40, 71 y 72 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, que literalmente mandan: Artículo 40: La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretaria General, a la que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaría de estado sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictámenes, preparando proyectos de convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, así como prestando servidos de representación legal y procuración cuando corresponda. Artículo 71: Para el cumplimiento de sus cometidos, la Secretada de Educación cuenta con la Sub-Secretaria de Asuntos Técnico -Pedagógicos y con la Subsecretaria de Servidos Educativos. Están adscritas a la Sub-Secretaría de Asuntos Técnico-Pedagógicos, la Dirección General de Servidos Pedagógicos y la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa. Están adscritas a la Sub-Secretaria de Servicios Educativos, la Dirección General de Educación Continua, la Dirección General de Servicios Estudiantiles. (la negrilla es nuestra). Artículo 72: Las [unciones de las Direcciones Generales de esta Secretada de estado son las siguientes: 1.- Dirección General de Servidos Pedagógicos: Responsable de diseñar, desarrollar, ejecutar, evaluar e innovar los curicula del sistema educativo y de los demás procesos de capacitación y tecnología educativa; 2.- Dirección General de Evaluación de la Calidad de la Educación: Responsable de diseñar, ejecutar y dar seguimiento al sistema nacional de evaluación de la calidad de la educación; 3,- Dirección General de Educación Continua: Responsable de los programas de educación no formal; 4.- Dirección General de Servidos Estudiantiles: Responsable de los programas de beneficios a los sectores estudiantiles menos favorecidos de la población y a los estudiantes sobresalientes. Honorable Corte Suprema de Justicia, la Coite de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dejó de aplicar las disposiciones legales invocadas en este segundo motivo de casación que la llevaron a confirmar la sentencia de primera instancia de fecha veinte de agosto del dos mil trece, en la forma siguiente: En dar por demostrado que por la mera consignación era consignación era consignación de Director General en mi Acuerdo de Nombramiento, debe considerase como cargo excluido, cuando del mandato legal establecido en los artículos 40, 71 y 72 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, se desprende por una parte que el Titular de la Unidad de Sen/dos Legales es coordinado por la Secretaria General y NO POR LOS SUBSECRETARIOS DE ESTADO, y por otra, que dentro de la estructura administrativa de la Secretada de Educación y conforme a las normas legales invocadas, ya establecen y enumeran taxativamente cuales son las Directores Generales que están adscritas a las Subsecretarias de esa Secretaria de Estado, no encontrándose enumerada como Dirección General la Unidad de Sonidos Legales, (porque administrativamente en una Secretaría los titulares de las Direcciones Generales son los Directores Generales), consecuentemente y aún como se reitera el haber calificado mi cargo como Director General no debe asumirse que es un cargo excluido de la Ley de Servido Civil, pues se da! por repetido, que tal calificativo no representa más que una simulación del Estado de Honduras para violentarme mi derecho constitucional al Trabajo y despedirme sin seguir el procedimiento establecido en la Ley, concurriendo por ende la falta de aplicación de las normas legales violadas en este segundo motivo de casación.”.- II.- Los cargos en la forma expuesta no están llamados a prosperar debido a que el Censor comete los siguientes defectos técnicos: a) insta a la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual esta vedado a este Tribunal en este extraordinario recurso conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil; y, b) realiza inapropiados alegatos de instancia.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de junio del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiséis de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 61-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL