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Sentencia CA-601-14 — Registro 5633

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía,en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Resulta que analizado el cargo que sustenta el recurso de casación que le da acceso ante este Supremo Tribunal, ha sido formulado prescindiendo de los requisitos de claridad y precisión, consustanciales en la técnica que rige este recurso extraordinario. En primer lugar, se omite establecer si el concepto de la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; asimismo, en la formulación del cargo se indican como infringidos, entre otros, los artículos 7, 12, 207, 211 y 213 del Código Procesal Civil, mismos que se desarrollan en diferentes numerales por lo que era necesario precisar contra cual de ellos dirije su ataque. Por otra parte, la explicación del motivo resulta ser un simple alegato de instancia impropio en este recurso extraordinario, además de citar los artículos 80 y 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Resulta pertinente recordarle al Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONGRESO NACIONAL, representado en juicio por el abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES; y, Recurrido: el señor JOSÉ ROBERTO PADILLA, representado en juicio por el abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ V..- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la adopción de medidas para su pleno restablecimiento entre ellas se ordene la restitución al cargo con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por el señor JOSÉ ROBERTO PADILLA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONGRESO NACIONAL, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- I. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició a prestar los servicios para el Congreso Nacional mediante acuerdo de nombramiento número 031/06/N/CN en fecha 1 de marzo de 2006, para desempeñarse en el cargo de Asesor Legal, en el Centro de Informática y Estudios Legislativos (CIEL), posteriormente, el 29 de agosto de 2006 fue asignado como abogado enlace del Congreso Nacional ante la Procuraduría General de la República, luego, mediante acuerdo 003/08/T/P/CN de fecha 26 de febrero de 2008 fue trasladado del cargo de Asesor del CIEL al cargo de Transcriptor de la Oficina de Transparencia e Información Pública del Congreso Nacional, finalmente, mediante acuerdo 107/09/ASIG/P/CN de fecha 25 de agosto de 2009, fue asignado en el cargo de Secretario de la Oficina de Transparencia; que mediante acuerdo número CN-207/10/P/CN de fecha 26 de octubre de 2010, fue cancelado del cargo de Secretario de la Oficina de Transparencia, emitiéndose sin haber seguido el procedimiento para la cesantía que establece el propio Acuerdo Legislativo PL-01-2010 de fecha 9 de marzo de 2010, y que le fue invocado en el acuerdo de cancelación; todo de conformidad a lo siguiente: 1. El Considerando Primero del Acuerdo Legislativo PL-01-2010 apela a una racionalización, por razones presupuestarias, de las erogaciones que en concepto de personal auxiliar tiene el Poder Legislativo. El cargo que desempeñaba el demandante de Secretario de la Oficina de Transparencia del Congreso Nacional forma parte de la estructura de personal de ese poder del Estado, por lo que no se encuentra dentro de aquellos denominados en el propio Acuerdo Legislativo PL-01-2010 como “personal auxiliar”, ya que el mismo se creó como parte del Sistema y Subsistema Nacional de Información que establecen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, específicamente en los Artículos 7, 12 y 15, respectivamente; tanto así que ya se ha nombrado a otra persona en ese cargo. 2. En la disposición segunda del Acuerdo Legislativo PL-01-2010 se establece un procedimiento previo a las cancelaciones por cesantía, a través del cual la Gerencia de Recursos Humanos en colaboración con las demás Direcciones y al tenor del artículo 9 de la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo, debió hacer las evaluaciones del personal correspondiente como paso previo y soporte a las cancelaciones, situación que no ocurrió en el caso del demandante ya que no fue evaluado. 3. El Capitulo XI de la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo contentivo del Régimen de Despido o Cancelación, establece en su artículo 17 las causas en base a las cuales los empleados pueden ser despedidos de sus cargos sin responsabilidad para la entidad, no habiendo incurrido tampoco en ninguna de ellas. 4. Aunque no le son aplicables directamente las normas del Servicio Civil, éstas fueron invocadas en el Acuerdo de Cancelación por servir como orientación en las relaciones entre el Poder Legislativo y sus servidores, según lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley de Servicio Civil, normativa que también establece en sus artículos 53 y 54, así como 187 a 193 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, un procedimiento igual al estipulado en el Acuerdo Legislativo PL-01-2010 de fecha 09 de marzo de 2010, con la práctica de evaluaciones previas que, como se reitera, en el caso del demandante no se hicieron; junto a las infracciones antes mencionadas, el acto impugnado es también nulo ya que existe notificación defectuosa en dicha cancelación pues no se respetó lo establecido en el artículo 89 de la Ley del Procedimiento Administrativo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONGRESO NACIONAL, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue notificado mediante Acuerdo No. CN207/10/P/CN de fecha 26 de octubre del 2010 de la cancelación de su cargo de Secretario de la Oficina de Transparencia, en aplicación del artículo 187 numerales 1 y 2 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil y por razones de orden presupuestario en virtud de la restructuración administrativa y reclasificación del personal que se está implementado en el Poder Legislativo, fundamentado en el Acuerdo Legislativo No.PL-01-2010 de fecha 9 de marzo del 2010 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 11 de marzo del 2010; que lo manifestado por el demandante falta a la verdad, ya que como Asesor Legal que se desempeñó dentro de los cuadros orgánicos administrativos del Congreso Nacional y como ciudadano hondureño no puede alegar desconocimiento de la ley tal como lo establece el Código Civil en su artículo 6, ya que la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo en su artículo 14 establece claramente que toda terminación de relación de trabajo ya sea por cesantía o por causa injustificada, el empleado tendrá derecho al pago de todos sus derechos laborales tal como manda la ley, asimismo en el mismo Estatuto en su artículo 15 establece que el empleado podrá acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a reclamar cuando en efecto no se la han cancelado sus derechos laborales interponiendo la acción de pago, situación que no viene al caso, ya que al demandante se le notificó sobre su cancelación del cargo y se pagaron sus derechos laborales, no violentando en ningún momento procedimiento alguno tal como lo manifiesta el demandante.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el señor José Roberto Padilla, contra el Estado de Honduras, por actuaciones del Congreso Nacional, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía No.CN-207/10/P/CN de fecha 26 de octubre de 2010, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, por medio del cual se canceló al demandante; se ordena anular dicho acuerdo de cancelación; reconoció la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resolvió reintegrar al demandante al cargo que ocupaba; condenó al Estado de Honduras al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea efectivo el reintegro, más los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso, de las pruebas presentadas y evacuadas oportunamente, se concluye que aunque mediante reconocimiento judicial se pudo probar que la plaza que ocupaba el demandante como secretario de la oficina de transparencia se encuentra vacante; no menos cierto es que no constan las evaluaciones periódicas realizadas al demandante como requisito para proceder a la cancelación por cesantía, ni tampoco la consulta al Consejo de Servicio Civil quien debe dictaminar sobre la procedencia de la cesantía, no obstante no corre agregada documentación que refleje que la autoridad nominadora después de haber emitido el acuerdo de cancelación debe enviar a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de los cesanteados para que sean inscritos con derecho preferente en el registro de reingreso, normas que son de estricto cumplimiento ya que se encuentran vigentes infringiendo la autoridad nominadora lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento; aunado a lo anterior, no se notificó con un mes de anticipación el acuerdo de cancelación al ahora demandante tal y como lo establece el artículo 191 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil el cual estipula “La cesantía deberá ser notificada al servidor publico con un mes de anticipación por lo menos”.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de junio de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los actos administrativos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico y que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y en el caso de autos no se respetó el procedimiento legalmente establecido para la cancelación por cesantía del demandante.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, en fecha veintidós de julio de dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cinco de junio de dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.184-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 671-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ V., presentó en fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha once de noviembre de dos mil catorce, los abogados PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES y FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ V., respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha uno de diciembre de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ V., recurrido y PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de junio de dos mil catorce y que el recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Este motivo impugna los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 1), letra b), del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Los artículos 3, 7, 12, 207, 211, 213 y 214 numeral 1) del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente por virtud del Artículo 134 de la Ley de esta Jurisdicción y relacionados entre sí establecen que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su anulabilidad cuando estos actos procesales contengan irregularidades, siendo los medios idóneos para lograr la anulación de los actos procesales la utilización de los recursos establecidos en la ley, como es el caso. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: Las garantías del debido proceso implican, entre otros aspectos que el proceso es por sí mismo un instrumento de tutela de los derechos sustantivos de las partes así como de los derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, cuando un proceso se ventila sin que se reúnan todas y cada una de las garantías en los actos procesales procede inevitablemente la declaración de anulación del mismo. Que obra en la pieza que se encuentra en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sentencia definitiva de fecha 05 de Junio de 2014, sentencia ésta que no es conforme a derecho, y dista mucho de los principios jurídicos que regulan el comportamiento que se debe de observar en un administrador de justicia previo a dictar sentencia definitiva. Claramente el AD-QUEM en su fundamentación de derecho, específicamente en su considerando cuatro (4), establece que: “la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece el momento y la forma para alegar causas de inadmisibilidad de la demanda, derecho que no fue accionado en su momento procesal oportuno por el demandado, el demandado contesto en tiempo y forma la demanda de merito, aceptando el emplazamiento realizado”; entro en una disyuntiva jurídica y me opongo de manera puntual a lo establecido por el juzgador en su considerando de fundamentos de derecho, todo esto en vista de querer tergiversar los principios que rigen el comportamiento de que debe de envestirse previo a emitir una sentencia definitiva, queda claro que el Código Procesal Civil como norma aplicada con carácter supletorio a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece en su artículo 12 que: “FACULTADES PROCESALES: 1.- La dirección del proceso esta a cargo del juez, quien ejerce tal potestad de conformidad de lo dispuesto en la Constitución de la República, y en este código. 2.- El Juez controla de oficio la concurrencia de todos lo presupuestos procesales especificados por la Ley, así como la inexistencia de motivos de nulidad, antes de dictar sentencia. 3.- El Juez estará facultado para intervenir directamente en los casos previstos en este Código en aras de una decisión justa, sin menoscabo de los principios dispositivo y de aportación, que son privativos de las partes. Es por esta razón que me cuestiono ¿será que los jueces no tienen potestad de intervenir en cualquier fase del proceso y anular de oficio cualquier defecto procesal que vicie un procedimiento y limite el ejercicio de defensión a que tiene derecho inclusive el Estado de Honduras a través del Congreso Nacional? o ¿entrarnos en desconocimiento de igual manera lo que establece la Ley de esa Jurisdicción en su artículo 132 que claramente designa que: “salvo que expresamente se disponga lo contrario en esta Ley, los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo instaran de oficio los tramites que correspondan, después de interpuesta la demanda, es decir desconocemos que el Juez en cualquier instancia puede intervenir de oficio y anular cualquier acto que por el solo hecho de ser un error, el mismo provoca indefensión? Asimismo expongo que no es menos cierto que existen momentos procesales oportunos para alegar la inadmisibilidad de la demanda, y aunque este fue enunciado de manera errónea en la contestación de la misma como una excepción de nulidad de actuaciones por falta de personalidad o representación legal del Estado y no como unas defensas previas queda, en evidencia el defecto procesal oportuno de que es objeto la demanda propiamente dicha, y aunque no fue alegado con un incidente de defensas previas, no se puede alegar desconocimiento de la enunciación de un defecto procesal que causa grave perjuicio y por lo tanto indefensión a mi representada (Lo subrayado es nuestro), asimismo pongo en evidencia lo que establece la misma Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 80 el que literalmente dice: “se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el juez: a)... b)... c)... ch)... d)... e) Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto”. Situación que como se podrá observar en el caso de autos, no fue así, a contrario sensu, que al juez de primera instancia le fue puesto a su conocimiento un error que causa indefensión por ser un defecto procesal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, pero el procedimiento continuo en todas sus fases sin que los administradores de justicia se pronunciaran al respecto, por tanto dicho considerando de la sentencia que ahora ataco, no es conforme a derecho, ya que la misma Ley que regula el comportamiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como del estamento jurídico que es aplicable de manera supletoria, lo exige de esa manera para denotar imparcialidad en las sentencias que se dirimen es dichos tribunales y que sean justos al seguir los preceptos jurídicos que regulan su calidad de juzgadores. Por lo antedicho, procede estimar este motivo de casación. EN RELACION A LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA El recurrente deja constancia que no estima necesaria la celebración de la audiencia”.- II. Resulta que analizado el cargo que sustenta el recurso de casación que le da acceso ante este Supremo Tribunal, ha sido formulado prescindiendo de los requisitos de claridad y precisión, consustanciales en la técnica que rige este recurso extraordinario. En primer lugar, se omite establecer si el concepto de la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; asimismo, en la formulación del cargo se indican como infringidos, entre otros, los artículos 7, 12, 207, 211 y 213 del Código Procesal Civil, mismos que se desarrollan en diferentes numerales por lo que era necesario precisar contra cual de ellos dirije su ataque. Por otra parte, la explicación del motivo resulta ser un simple alegato de instancia impropio en este recurso extraordinario, además de citar los artículos 80 y 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación.- III. Resulta pertinente recordarle al Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a ésta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:

  1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en su único motivo.- 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha ocho de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 601-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL