Sentencia CA-589-13 — Registro 4404
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, anulando totalmente el acto administrativo impugnado en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio bajo el criterio que no se probó en juicio los presupuesto de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento establecen para que los dos primeros cargos desempeñados por la demandante estén excluidos de la aplicación de dicha normativa, siendo únicamente el último cargo excluido de la aplicación de la referida Ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior cargo es inadmisible ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) no precisa si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) en su formulación no indica la norma que estima violada violada.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que este cargo debe ser desestimado, ya que el Recurrente ha incurrido en los siguientes errores técnicos: a) se invoca la infracción de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, omitiendo señalar las disposiciones de esa naturaleza que se consideran violadas; b) no señala el precepto autorizante en que lo considera comprendido; y, c) realiza alegatos propios de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el último para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: señora JENNY PATRICIA ZALDAÑA ESPINAL, representada en juicio por el Abogado FRANCISCO FLORES VARELA y EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de la Presidencia, representado en juicio por el abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO en sus condiciones de Recurrentes y Recurridos.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pago de prestaciones laborales, salarios dejados de percibir, beneficios, decimocuarto y tercer mes, otros derechos mas costas del juicio, promovida por el abogado FRANCISCO FLORES VARELA, actuando en su condición de apoderado legal de la señora JENNY PATRICIA ZALDAÑA ESPINAL, mayor de edad, soltera, abogada, hondureña y de este domicilio, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de noviembre del dos mil nueve, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de la Presidencia, representados en juicio por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a trabajar en el cargo de Secretaria General en la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, iniciando el veintiuno de mayo del dos mil cuatro, en el cargo de Coordinadora Ejecutiva, ascendiendo durante ese tiempo, siendo cancelada a través de acuerdo con efectividad del treinta de octubre del dos mil nueve, reuniendo los requisitos de empleados protegidos por el Régimen de Servicio Civil, por lo cual el acto emitido violentó el ordenamiento jurídico al no seguir el procedimiento de ley establecido para la cancelación.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de la Presidencia, contestó dicha demanda señalando que la Autoridad Nominadora acordó cancelar a la demandante en el puesto excluido que desempeñaba, no estando cubierto por el Régimen de Servicio Civil, así como lo señala el articulo 3 literal b) de la Ley del Servicio Civil, realizándose su cancelación conforme a derecho, por lo que la petición de la demandante infringe lo establecido en el articulo 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha dos de octubre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, anulando totalmente el acto administrativo impugnado, reconociéndole la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento resuelve adoptar el pago de derechos e indemnizaciones laborales, es decir pago de prestaciones laborales, se decreta nulidad del acto administrativo por el cual haya nombrado sustituto y sin costas, bajo el criterio que la demandante de acuerdo a la ley vigente en ese momento, en sus dos primeros cargos no formaba parte de los puestos excluidos, estaba protegida por el Régimen de Servicio Civil, posteriormente por ascenso paso a formar parte del servicio excluido, por lo que tiene derecho a lo que solicita.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiuno de marzo del dos mil trece, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y sin costas, bajo el criterio que no se probó en juicio los presupuesto de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento establecen para que los dos primeros cargos desempeñados por la demandante estén excluidos de la aplicación de dicha normativa, siendo únicamente el último cargo excluido de la aplicación de la referida Ley, conservando sus derechos por los puestos desempeñados que protegía dicha ley, no procediendo el pago de los salarios dejados de percibir porque éstos proceden cuando no se siguió el procedimiento respectivo para la cancelación de un servidor público y en el caso de autos, la demandada podía cancelar a la demandante sin más trámite y cuando lo considerara conveniente, tal como lo establece el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.- 5.- La representación procesal de las partes, demandante abogado FRANCISCO FLORES VARELA, en fecha veinticinco de abril del dos mil trece y la parte demandada abogado, OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO, interpusieron escritos de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia de fecha veintiuno de marzo del dos mil trece dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 053-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 374-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán.- 6.- Mediante de fechas veintiséis de abril y dieciséis de mayo dieciocho de marzo del dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma los recursos y acordó dar copia de los mismos a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles comunes se pronunciaran sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, abogado FRANCISCO FLORES VARELA, presentó, en fecha trece de junio del dos mil trece, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecisiete de junio del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha veintiséis de junio y dieciséis de agosto del dos mil trece, los abogados, FRANCISCO FLORES VARELA y OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado FRANCISCO FLORES VARELA, presentó escrito en fecha veintisiete de junio del dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrente y recurrido.- 9.- Que el Abogado OMAR ARTURO CARRANZA, presentó escrito en fecha dieciséis de agosto del dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrente y recurrido.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones aparece que el abogado FRANCISCO FLORES VARELA representante procesal de la parte demandante expone su primer motivo de la siguiente forma: “Se impugna la aplicación de algunas de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la Sentencia; en virtud que en el CONSIDERANDO 6 se establece: Que del estudio y análisis del presente caso se concluye que la sentencia definitiva venida en Recurso de Apelación está dictada en parte conforme a derecho, y que no consta en autos, ni fue acreditado mediante la prueba respectiva los presupuestos que la Ley de Servicio Civil y su Reglamento establecen para que los dos primeros cargos desempeñados por la demandante estén excluidos de la aplicación de dicha normativa, siendo únicamente el último caro excluido de la aplicación de la referida Ley, por disponerlo expresamente la misma, sin ningún presupuesto que acreditar, en consecuencia, al ser la demandante cancelada de un Cargo excluido del Régimen de Servicio Civil al cual fue ascendida, podía ser cancelada sin más trámite conservando los derechos que el articulo 4 de la Lev de Servicio Civil le confiere, Decreto N 150-88, Articulo 4: Los servidores públicos que fueren objeto de cambio de servicio por ascenso u otro movimiento a un puesto excluido; o estando en él reingrese al sistema según sujetos al Régimen del Servicio Civil sin que ello interrumpa la antigüedad o continuidad de la relación de trabajo, conservando el derecho de percibir las indemnizaciones que de conformidad con la Ley le corresponda, cuando fueren cancelados o despedidos sin justa causa”- Y a la vez reformado mediante Decreto N° 235-29 que literalmente dice: “Articulo 1.- interpretar el Articulo 4 del Decreto N 150-22 del 14 de diciembre de 1922, que contienen reformas a la Ley de Servicio Civil, en el sentido de que la protección que en él se establece para los servidores públicos, comprende a quienes fueron ascendidos o nombrados a puestos excluidos antes de la vigencia del Decreto en referencia y aquellos que fueron excluidos por el mismo, pero que anteriormente estaban protegidos”’.- Entendiéndose que conservan todos los derechos que establece la Ley de Servicio Civil, relacionándose con el Articulo 38 de la misma Ley reformado mediante Decreto Nº 198-93 en su literal k) que dice: Al pago de los salarios caídos cuando el servidor fuere despedido o cancelado de su cargo sin causa justificada conforme a lo establecido en las Leyes del Estado.- Honorables Magistrados, para este caso la Ley es clara como se ha dicho anteriormente, que mi representada JENNY PATRICIA ZALDAÑA ESPINAL, al interponer la demanda, la Ley le confiere todos los derechos que se encuentran enmarcados en el Articulo 38 de la Ley de Servicio Civil a mencionado, corno ser: a) A obtener el pago regular y completo de su remuneración, desde el día de la toma de posesión del cargo para el que haya sido nombrados. Con todo, podrán hacerse aquellos descuentos autorizados, por los propios servidores públicos, por las leyes o por mandamientos de los Tribunales de Justicia; b) A la permanencia en el cargo, y en consecuencia, a no ser trasladados, degradados o despedidos, sin justa causa y sin observancia del procedimiento legalmente establecido; c) A ser promovidos a cargos de mayor jerarquía sueldos, previa comprobación de ir-a eficiencia y méritos; d) Vacaciones anuales doblemente remuneradas de conformidad a los periodos y escala siguientes: 1) Doce citas hábiles después del primer año de servicios, 2) Quince días hábiles, después del segundo año de servicios, 3) Dieciocho días hábiles, después del tercer año de servicios, 4) Veintidós días hábiies después del cuarto año de servicios, 5) Veintiséis días hábiles, después del quinto año de servicios, y 6) Treinta días hábiles, después de seis o más años de servicios e) Licencia remunerada por razones justificadas como enfermedad, gravidez. accidentes, duelo, matrimonio, estudio y programas de adiestramiento, de conformidad con lo que determine el Reglamento respectivo; f) A gozar de los beneficios que establece la Le del Seguro Social y demás leves- de previsión social en la forma que se determine en los reglamentos y programas. de las respectivas instituciones; g) A ser reintegrados a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario, o ser indemnizados en aquellos casos en que fueren injustamente despedidos- Cuando el reintegro no fuere posible o no lo decide así el empleado despedido injustificadamente, tendrá derecho a una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de 15 años, tomando como base e! promedio de los últimos seis meses de salarios devengados, indemnización que deberá ser pagada de un-a sola vez, en un termino máximo de treinta (30) días.- Deberá agregarse, asimismo, el valor correspondiente a un mes de sueldo en concepto de preaviso por cada año de servicio hasta un máximo de dos años; h) A jubilación conforme las leyes especiales lo determinen; i) A recibir un trato justo y respetuoso en el ejercicio de su cargo a su personal dignidad; j) En caso de que los servidores, públicos, fueren cancelados o despedidos de su caso sin justa causa, tendrán derecho al pago de vacaciones. aguinaldos y cesantía proporcional; k) Al pago de salarios caídos cuando el servidor fuere despedido o cancelado de su caro sin causa justificada, conforme a lo establecido en las leyes del Estado; I) A que se le reintegre a su puesto, cuando habiendo sido llamado a testar el servicio militar obligatorio, haya cumplido con el mismo y presente su comprobante de baja dentro de los quince (15) días siguientes de recibida la misma; y m) Permiso con goce de sueldo para asistir a asambleas congresos, reuniones de trabajo, cursos de capacitación, así como para cumplir comisiones relacionadas con la Organización Gremial a la cual esté afiliado, previa justificación ante su Jefe inmediato.-Que fue lo que el Jugado A-Quo no hizo, al no aplicar el Ordenamiento Jurídico de nuestro país: lo mismo ocurrió con la Honorable Corte de Apelaciones, va que como el Los reconocen que no se si siguió el procedimiento respectivo para la cancelación de un servidor público; lo que se manifiesta tanto en la Sentencia del Jugado A—Quo como en la de la Honorable Corte de Apelaciones hubiera tenido sus efectos legales al momento de impartir justicia, si la autoridad nominadora al momento de cancelar a mi representada JENNY PATRICIA ZALDAÑA ESPIINAL. le hubiese pagado las respectivas prestaciones, cosa que no lo hizo, por lo tanto Honorables Magistrados la Ley esta para cumplirla en todo ni sentido y no ser aplicada a medias, ya que con ello no se está haciendo justicia según lo establecido en la Constitución de la República, así como la aplicación de las demás leyes que se enmarcan en nuestro Ordenamiento Jurídico.”.- II.- Que este cargo debe ser desestimado, ya que el Recurrente ha incurrido en los siguientes errores técnicos: a) se invoca la infracción de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, omitiendo señalar las disposiciones de esa naturaleza que se consideran violadas; b) no señala el precepto autorizante en que lo considera comprendido; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que el mismo Impetrante alega como segundo motivo: “La Honorable Corte de Apelaciones al momento de impartir Justicia no aplicó lo que ordena nuestro Ordenamiento Jurídico, en virtud que los Artículos citados son genéricos de pleno procedimiento al dictar Sentencia, y los de vital pronunciamiento de Fundamentos de Derecho no fueron tomados en cuenta, Artículos 3 reformado, 4 reformado, 25, 26, 38 reformado, de la Ley de Servicio Civil; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil Vigente; 127, 128, 129, 130, 133, 235, 245 numerales 5), 11), 18) 39 y 45); 256, 257 y 258 de la Constitución de la República, donde están comprometidos todos los derechos de mi representada JENNY PATRICIA ZALDAÑA ESPINAL, consistente en PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL MOMENTO DE SU DESPIDO HASTA LA CONCLUSION DEL JUICIO, BENEFICIOS, DECIMO CUARTO MES, DECIMO TERCER MES, VACACIONES, AJUSTES SALARIALES Y OTROS DERECHOS QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER; La Honorable Corte de Apelaciones se constituyo en impartir justicia parcialmente ratificado la Sentencia emitida por el Jugado A-Quo, violentando de esta forma lo tipificado en nuestro Ordenamiento Jurídico.”.- IV.- Que no constituye el anterior cargo una proposición jurídica completa, ya que no se invoca una causa o motivo de los comprendidos en el artículo 719 del Código Procesal Civil, tampoco contiene una explicación concreta de la infracción que se afirma.- V.- Que el abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO, representante procesal demandado en su primer motivo de casación invoca: “La Casación se basa en el artículo 719 numeral 2; del Código Procesal Civil, consistente en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. La Sentencia de Segunda Instancia y, que es motivo de impugnación se basó en que supuestamente fueron violados los presupuestos y procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y el Reglamento a la Ley de Servicio Civil, para proceder a la cancelación de la demandante, en el sentido de que la ahora demandante señora JENNY PATRICIA ZALDAÑA ESPINAL, prestó sus servicios en el cargo de Coordinadora Ejecutiva mediante Acuerdo numero 016-DP-2004, de fecha 21 de mayo del año 2004, (Puesto Excluido), Directora Legal mediante acuerdo Numero 055-DP-2005 de fecha 04 de julio del año 2005, (Puesto Excluido) y finalmente de Secretaria General (Puesto Excluido), de la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial, mediante acuerdo Numero 003-DP-2007, siendo expresamente y claramente establecido en el texto del mismo acuerdo que su cargo era de PUESTO EXCLUIDO, tal y como se puede observar en el contenido del precitado acuerdo, al no haberse observado el procedimiento para proceder a su cancelación, ignorando la Honorable Corte de Apelaciones y el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que la demandante no estaba protegida por una Ley especial pues como se ha determinado mi Representado el Estado de Honduras no niega ni en ningún momento contradice la existencia de los acuerdos, tanto de nombramiento como de cancelación, lo que si debatimos como se lo hemos hechos saber al Juzgado de Letras de los Contencioso Administrativo, es la pretensión de la demandante de que se les ampare sus derechos supuestamente lesionados por la autoridad bajo un régimen que expresamente la excluye de su aplicación como se ha establecido, ya que desde el momento desde de su contracción, esta acepto que sus puestos se consideraban dentro del rango de excluidos, por estar comprendidos taxativamente así, por virtud de ley al tiempo señor Juez, es por eso que a la ahora demandante no les asiste el derecho al pago de Prestaciones, ya que como se menciono los mismos corresponden al servicio excluido, por lo que la separación de su cargo se realizo apegado a derecho y a las disposiciones que previamente se señalan en las leyes que para tal efecto se han expedido, siendo que el articulo 109 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, referente a materia de personal establece que :“ Solamente podrán impugnarse en vía Contencioso Administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando este estuviera protegido por una Ley Especial”, norma que es aplicable al presente caso, ya que la demandante no se encuentra protegida por una Ley especial, como lo es la Ley de Servicio Civil, y no puede invocar sus normas, careciendo totalmente de fundamento legal para interponer la presente acción judicial, en consecuencia, la misma debe declararse inadmisible por virtud expresa de este articulo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”.- VI.- Que el anterior cargo es inadmisible ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) no precisa si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) en su formulación no indica la norma que estima violada violada.- VII.- Que como segundo motivo de casación se invoca: “En cuanto al segundo motivo y al tenor de lo que dispone el Articulo 3 literal b) de la Ley de Servicio Civil que señala “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a) …… b) Al personal de la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a los demás servidores que desempeñan cargos de confianza personal del Presidente de la Republica; por lo que su cancelación se realizo apegado irrestrictamente al derecho y no puede invocar causal alguna de las establecidas en esta Ley del Servicio Civil por no estar incorporado al régimen de Servicio Civil, para proceder a la cancelación de la demandante, pues su último puesto era y es de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad nominadora, por lo que no se observa donde la autoridad le pudo haber violentado los derechos, procesos o garantías constitucionales a la demandante, en lo demás y que se refieren a las prestaciones que la ley concede a los servidores públicos amparados por el Régimen de Servicio Civil, todo esto lo rechazamos pues la exclusión que hace el Régimen del Servicio Civil cuando se refiere a servidores públicos que están comprendidos fuera de las disposiciones de esta ley al tenor de lo que establece el artículo 3 literal b) de la Ley de Servicio Civil, por lo anterior, todo lo relacionado por los demandantes no es digno de tutela jurídica.”.- VIII.- Que no resulta admisible el anterior cargo, ya que el Censor del fallo no señala el concepto de la infracción, ni el precepto autorizante en que lo considera comprendido e insta la revisión de los hechos, lo cual está vedado a este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- IX.- Que en el tercer y cuarto motivo se sostiene: “TERCER MOTIVO: Que de acuerdo a la pruebas presentadas y evacuadas en su oportunidad, se demostró que efectivamente la parte demandante Señora JENNY PATRICIA ZALDAÑA ESPINAL, se les respetaron sus derechos en todo momento en que laboro en dichos cargos, los cuales fueron aceptadas, asimismo las pruebas presentadas y evacuados oportunamente se demostró entre otros, que si efectivamente se realizo inspección a la Dirección de Servicio Civil, como medio de prueba propuesto por nuestra parte, donde se determino que el cargo que ocupa la parte demandante son cargos dependientes o nombrados por la Secretaria de la Presidencia, por lo tanto cargos de confianza y por ende excluidos del Régimen de Servicio Civil, por ser cargos establecidos en la Ley y que por lo tanto fuera del Régimen de Servicio Civil. CUARTO MOTIVO : Finalmente queremos manifestar Señores Magistrados que si efectivamente la parte demandante al momento de la cancelación se encontraba en un puesto de confianza del Secretario de Estado del Despacho Presidencial, en ese sentido la demandante fue cancelada estando en cargo excluido régimen de Servicio Civil, por lo consiguiente el Tribunal de Primera instancia debió resolver en la presente causa, en el sentido de no concederle ningún derecho a la parte demandante por el cargo que ocupaba, por no corresponderle porque ocupaba un cargo excluido de dicho régimen, ya que la parte actora o demandante era a quien le correspondía probar lo que pedía, por lo tanto le correspondía la carga de la prueba, en ese sentido queremos manifestar que no se comprobó lo que se pedía en el proceso es por tal razón el motivo del Recurso de Casación, por no estar conforme con el mismo fallo, para que ustedes Honorables Magistrados, puedan verter un pronunciamiento apegado a derecho y en base a lo que se acredito y no se acredito en la presente acción. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al momento de emitir el fallo, motivo de esta Casación, no valoro así como tampoco lo hizo el Juzgado de Primera Instancia, pues se probó, que efectivamente se trata de un Puesto fuera de Servicio Civil, por lo tanto la demandante no está protegida por una Ley especial, como lo es la Ley de Servicio Civil y su Respectivo Reglamento, Honorables Magistrados, en tal sentido nos parece inaceptable que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, hiciera no valorara ni apreciara lo que señala el Artículo numero 3 de la Ley de Servicio Civil, ya que señala taxativamente lo siguiente: ARTICULO 3: Las Disposiciones de esta Ley “NO” serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a) …..b) Al “PERSONAL” de la Secretaría General de la Presidencia de la Republica, y a los demás servidores que desempeñen cargos de confianza personal del Presidente de la República”, de acuerdo a esto, TODO EL PERSONAL, que labora para la Secretaría General de la Presidencia de la Republica, son TAXATIVAMENTE EXCLUIDOS del Régimen de Servicio Civil, y siendo que quedo debidamente demostrado que la demandante prestó sus servicios en el cargo de Coordinadora Ejecutiva mediante Acuerdo numero 016-DP-2004, de fecha 21 de mayo del año 2004, (Puesto Excluido), Directora Legal mediante acuerdo Numero 055-DP-2005 de fecha 04 de julio del año 2005, (Puesto Excluido) y finalmente de Secretaria General (Puesto Excluido), de la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial, mediante acuerdo Numero 003- DP-2007, cargos que dependen de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, por lo tanto no le comprende su conocimiento, tal y como se ha dejado completamente claro y desarrollado en el presente recurso.”.- X.- Los dos cargos que anteceden no constituyen proposiciones jurídicas completas, porque no se invocan las normas violadas, ni el concepto de infracción, menos el precepto autorizante; en adición, se insta a la revisión de los hechos y del material probatorio lo cual está vedado a este Tribunal en este extraordinario recurso conforme lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código procesal Civil y se formulan alegatos propios de instancia.- XI.- Que la defectuosa preparación de los recursos de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los 2 motivos propuestos por el abogado FRANCISCO FLORES VARELA representante procesal de la parte demandante y los 4 motivos formalizados por el abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO, representante procesal demandado, en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- XII.- Consecuentemente en esta presente etapa procesal procede declarar inadmisible los recursos de casación, dejando establecido que de conformidad a lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil en su numeral 1) contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 reformado ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 79, 129 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 724, 725 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1) INADMITIR los dos motivos formalizados por el abogado FRANCISCO FLORES VARELA representante procesal de la parte demandante; 2) INADMITIR los cuatro motivos formalizados por el abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO, representante procesal demandado; 3) DECLARAR FIRME la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdiccional nacional; 4) SIN COSTAS, por haber tenido motivos racionales para litigar.- Y MANDA.- Que se notifique y al quedar firme la presente resolución, se remita la certificación de estilo a los Tribunales de instancia.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de abril del dos mil quince; certificación del auto de fecha diecinueve de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 589-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL