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Sentencia CA-58-14 — Registro 5551

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia, en el sentido de declarar improcedente la acción incoada por la empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. (SERCOM), por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, bajo el criterio que no es objeto de controversia la existencia de un Contrato Ley de Concesión para la Prestación del Servicio de Comunicaciones Personales en la República de Honduras, celebrado entre CONATEL y la empresa demandante que adquirió el derecho del consorcio que originalmente celebró dicho contrato mediante Decreto Legislativo Número 80-2003; que el acto impugnado está dictado conforme a derecho, por no infringir el ordenamiento jurídico, ya que el contrato de concesión es claro al señalar que el mismo puede ser modificado por disposición de ley, sin hacer salvedad o distinción si es a través de una nueva Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones como lo pretende la demandante, por lo que no procede hacer distinción de ley, en consecuencia es una nueva ley la que puede modificar el contrato de concesión, y que es lo que ocurrió en el caso de autos, donde la autoridad del estado a través del acto impugnado únicamente le esta dando cumplimiento al nuevo mandato legal que modifica el contrato suscrito entre las partes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, al hacer referencia al Contrato de Concesión que fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 80-2003, de fecha 29 de mayo de 2003 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta correspondiente al 9 de junio de 2003; b) en el desarrollo del cargo cita normas que no han sido indicadas como violadas, tal es el caso del artículo 179 del Decreto No. 27-2008 que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2008; y, c) la clausula del contrato que cita como infringida no constituye una norma de derecho de carácter general, aun y cuando el convenio que la contiene haya sido aprobado por el Congreso Nacional, ya que tal requisito se deriva de que al trascender dicha relación contractual otro período de gobierno se requiere tal aprobación legislativa.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

tación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, al hacer referencia al Contrato de Concesión que fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 80-2003, de fecha 29 de mayo de 2003 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta correspondiente al 9 de junio de 2003; b) en el desarrollo del cargo cita normas que no han sido indicadas como violadas, tal es el caso del artículo 1348 el Código Civil; y, c) formula alegatos de instancia.- V. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente al segundo, para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: la Sociedad SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (SERCOM), representada en juicio por el abogado ENRIQUE FLORES VALERIANO; y, Recurrida: la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), representada en juicio por el abogado DANIEL EDGARDO ALEMAN CASTILLO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo, consistente en la resolución OD026/08 emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, se decreten las medidas para su pleno restablecimiento y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el abogado ENRIQUE FLORES VALERIANO, en su condición de representante procesal de la Sociedad SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (SERCOM), contra la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La sociedad demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 8 de mayo de 2003, suscribió con CONATEL el Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio de Comunicaciones Personales en la República de Honduras, contrato que fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto N° 80-2003 del 29 de mayo de 2003, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, correspondiente al 9 de junio de 2003, fecha en que entró en vigencia, por un plazo de veinticinco (25) años, o sea, hasta el 9 de junio de 2028; que en fecha 18 de abril de 2008 del 19 de mismo mes y año, el Congreso Nacional emitió el Decreto N° 27-2008 que contiene el Presupuesto General de la Ingresos y Egresos de la República correspondiente al presente año de 2008, en cuyo artículo 179 de las Disposiciones Generales establece el pago en forma transitoria y solo por el año 2008, de una tasa por las llamadas telefónicas de larga distancia internacional entrante de tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$0.03) por cada minuto de tráfico, la cual deberá ser pagada por todas las operadoras autorizadas para gestionar, establecer y cursar llamadas telefónicas de larga distancia internacional; que con fecha 21 de julio de 2008, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dictó la Resolución OD026/08, ordenando con base en el precitado artículo 179 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República correspondiente al año en curso de 2008, a SERCOM el pago de la tasa US $0.03/minuto antes referida, por el cual dicha Resolución no le fue formalmente notificada a la demandante, pero en aplicación de los artículos 91, 137 y 138 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el Apoderado Legal de la Empresa, interpuso en tiempo y forma el recurso de reposición contra dicha Resolución en fecha 4 de septiembre de 2008, recurso que hasta la fecha no ha sido resuelto por CONATEL, razón por la cual y con fundamento en el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al haber transcurrido más de diez (10) días desde la interposición del Recurso de Reposición, sin haberse notificado su resolución, se entiende desestimado y por consiguiente, expedita la vía contencioso administrativa; que como resultado de ser inapropiado y violatorio del Contrato CONATEL-SERCOM el establecer la tasa US$ 0.03 por llamadas internacionales en el Presupuesto General correspondiente al año en curso, es que queda fuera de la competencia de CONATEL la reglamentación u ordenanza para desarrollar o adecuar el artículo 179 de dicho Presupuesto, que es el que fija o impone dicha tasa, en efecto, el precitado artículo no le confiere tal facultad o competencia a CONATEL, sino a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, toda vez que lo relativo a la reglamentación general y especial del Presupuesto le corresponde exclusivamente a ésta Secretaría de Estado, mediante Acuerdo dictado por el Presidente de la República y refrendado por la Titular de Finanzas, por otra parte, el Contrato-Concesión de SERCOM - CONATEL, propiamente la cláusula 14 del mismo, que contempla su posible modificación mediante una ley a la que deberá adecuarse, no entra en conflicto o contradicción con el artículo 179 de la Ley General de Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al presente año de 2008, ciertamente, el Contrato-Concesión es especial, por referirse a una situación o relación contractual concreta entre las partes que lo suscriben CONATEL y SERCOM, estableciendo las reglas, términos, condiciones, deberes, derechos y responsabilidades entre las dos personas jurídicas señaladas, que la Ley de Presupuesto 2008, y propiamente el artículo 179, en cambio, es una LEY GENERAL aplicable a todas las operadoras autorizadas para gestionar, establecer y cursar llamadas telefónicas de larga distancia internacional, no hace relación, pues, el caso particular de SERCOM, ni a su contrato-concesión, razón por la cual no afecta a éste; que si bien en cierto que el artículo 179 Presupuestario es posterior al Contrato-Concesión de SERCOM, también es cierto que no prescribe en forma expresa que deroga total o parcialmente a éste y tampoco en forma tácita por no ser conciliables, ya que sí son compatibles en el sentido de que el precitado artículo puede ser aplicado a todas las operadoras que carecen de Concesión, y no ha SERCOM que si la tiene.- 2. La parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), contestó dicha demanda señalando que mediante Decreto Legislativo N° 80-2003, de fecha 29 de mayo del año 2003, se aprobó Contrato de Concesión para que la Sociedad Megatel de Honduras, S.A. de C.V. ahora denominada SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S. de C.V. (SERCOM), explotara el servicio de comunicaciones personales (PCS) en todo el Territorio Nacional; que no se acepta que se haya violentado la Cláusula 6 (Pagos) del contrato de concesión antes relacionado en vista que una cosa son Tasa por explotación de la Concesión y otra cosa es la tasa aplicable de Tres Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América por minuto (US$0.03/Minuto) del tráfico entrante de larga distancia internacional que se cursa a través de sus usuarios del Servicio de Comunicaciones personales, porque la cláusula 6.1 pago por derecho de concesión en el numeral 6.3 determina una tasa por explotación de la concesión, a la empresa concesionaria a pagar a CONATEL en Dólares una tasa por concepto de explotación de la concesión, por lo tanto con lo anterior expuesto no es violatorio al contrato de concesión para la prestación del servicio de comunicaciones personales en la República de Honduras suscrito entre CONATEL y SERCOM de Honduras; que la Resolución OD026-08 de fecha 21 de julio del año 2008, se encuentra ajustada a derecho y tampoco ha violentado el contrato de Concesión antes relacionado en vista que CONATEL dando cumplimiento al articulo 179 del Decreto Legislativo N° 27-2008, emitió dicha Resolución que aun ya estando establecida la tasa mediante un Decreto Legislativo, también dentro del marco de sus atribuciones emitió dicha resolución aplicando una tasa por las llamadas telefónicas de larga distancia internacional entrante de Tres Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América por minuto (US$0.03/Minuto) por cada minuto de tráfico la cual será pagada por todos los operadores autorizados para gestionar, establecer y cursar llamadas telefónicas de larga distancia internacional; que la parte actora en ningún momento ha impugnado el Decreto Legislativo N° 27-2008 de fecha 18 de abril del año 2008, donde el Congreso Nacional en su artículo 179 estableció el pago de la Tasa antes relacionada la cual será pagada por todos los operadores autorizados para gestionar establecer y cursar llamadas telefónicas de larga distancia internacional del cual nadie ha pedido su nulidad por lo tanto sique vigente su aplicación a los operadores autorizados en el país, se puede ver que la parte actora solo se limitó a pedir la nulidad de la Resolución OD026-08, emitida por CONATEL dando cumplimiento al artículo 179 del Decreto Legislativo N° 27-2008.- 3. El Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de marzo de dos mil trece, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por la empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. (SERCOM), por no ser conforme a derecho el acto administrativo impugnado; decretar la nulidad total del acto impugnado identificado como la Resolución OD026/08, dictado por CONATEL, en fecha 21 de julio del 2008; reconoció a favor de la demandante la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento adoptó las medidas de dejar sin valor ni efecto todo lo resuelto en la Resolución OD026/08, incluso el pago exigido de tres centavos de Dólar por minuto (US$0.03/minuto) del tráfico entrante de Larga Distancia Internacional, sin costas; bajo el criterio que del análisis en su conjunto, de las pruebas aportadas por las partes y de los fundamentos de derecho en que se apoyaron en el presente caso de autos, como se sabe ya la Ley Marco y su Reglamento conceden a la demandada la facultad de establecer tasas y demás sumas que deben pagar los operadores, no existe en dicho cuerpo legal una potestad que le permita a CONATEL, por un lado, modificar unilateralmente contratos de concesión, utilizando como fundamento otra disposición que no sea la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, y por otro lado, fijar sobretasas. Esas potestades no nacen de esa Ley, sino de las cláusulas contractuales de obligatorio cumplimiento que son ley per se para las partes, y como ya se ha dicho, solo existe en el Contrato de Concesión una excepción para que el mismo pueda ser modificado de manera unilateral y es por disposición de la ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, al no concurrir la excepción exigida, la modificación unilateral contractual realizada por CONATEL mediante el acto impugnado, limita de forma clara el derecho a SERCOM de prestar el servicio de comunicación u operar pagando solamente lo exigido en la cláusula 6 del Contrato de Concesión, pues al establecer un nuevo pago, condiciona dicha operación al cumplimiento del pago ilegalmente exigido, habida cuenta que la demandante puede prestar directamente a sus usuarios la gestión y establecimiento de las llamadas telefónicas de larga distancia internacional; que sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales, son nulos los actos administrativos que se dicten prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, en el presente caso, el procedimiento para modificar el contrato, contenido en la cláusula 14 del contrato suscrito, fue obviado de manera total por la demandada al modificar de forma tácita y unilateral, basándose en disposiciones que no están contenidas en la Ley Marco Sector de Telecomunicaciones.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diez de octubre de dos mil trece, dictó sentencia revocando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar improcedente la acción incoada por el abogado Enrique Flores Valeriano, apoderado legal de la empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. (SERCOM), por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, sin costas; bajo el criterio que no es objeto de controversia la existencia de un Contrato Ley de Concesión para la Prestación del Servicio de Comunicaciones Personales en la República de Honduras, celebrado entre CONATEL y la empresa demandante que adquirió el derecho del consorcio que originalmente celebró dicho contrato mediante Decreto Legislativo Número 80-2003; que el acto impugnado está dictado conforme a derecho, por no infringir el ordenamiento jurídico, ya que el contrato de concesión es claro al señalar que el mismo puede ser modificado por disposición de ley, sin hacer salvedad o distinción si es a través de una nueva Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones como lo pretende la demandante, por lo que no procede hacer distinción de ley, en consecuencia es una nueva ley la que puede modificar el contrato de concesión, y que es lo que ocurrió en el caso de autos, donde la autoridad del estado a través del acto impugnado únicamente le esta dando cumplimiento al nuevo mandato legal que modifica el contrato suscrito entre las partes.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado ENRIQUE FLORES VALERIANO, presentó en fecha veinte de noviembre de dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diez de octubre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.314-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.037-08 del Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veinte de noviembre de dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado DANIEL EDGARDO ALEMAN CASTILLO, presentó en fecha once de diciembre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha quince de enero de dos mil catorce, los abogados ENRIQUE FLORES VALERIANO y DANIEL EDGARDO ALEMAN CASTILLO, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha tres de marzo de dos mil catorce, teniendo por personado en tiempo y forma al abogado ENRIQUE FLORES VALERIANO, como recurrente, y por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por el abogado DANIEL EDGARDO ALEMAN CASTILLO, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “El presente recurso de casación, en su primer motivo, se basa en la causal 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, que establece: Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- DISPOSICION INFRINGIDA. Se estima infringida, por interpretación errónea, la cláusula 14.2 del Contrato de Concesión suscrito entre mi representada SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. de C.V. (SERCOM) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para la prestación del Servicio de Comunicaciones Personales en la República de Honduras; Contrato de Concesión que fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 80-2003, de fecha 29 de mayo de 2003 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta correspondiente al 9 de junio de 2003, convirtiéndose en Ley de la República. Esta es la norma de Derecho empleada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo para la solución de fondo del litigio. Si bien se trata de una cláusula contractual , al ser aprobado el contrato de concesión por el Congreso Nacional, se convierte en una Ley de la República de carácter sustantivo. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en su sentencia de fecha diez de octubre de dos mil trece, se fundamenta en la precitada cláusula 14.2 del Contrato de Concesión de referencia, que literalmente dice: “MODIFICACION UNILATERAL DEL CONTRATO.- Ninguna de las partes puede enmendar o modificar este contrato sin el consentimiento de la otra parte interesada excepto por disposición de Ley, en cuyo caso el contrato deberá adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico”, Interpretando ésta cláusula en el sentido de que tal enmienda o modificación puede hacerse por cualquier norma, como el artículo 179 del Decreto No. 27-2008 que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2008, y no mediante una nueva Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, que es el ordenamiento jurídico especial atinente a la materia. En otros términos, que un artículo de cualquier ley puede modificar dicho contrato de concesión. Tal criterio, de interpretación errónea, se contiene y deprende de los considerandos 5, 6, 7 y 8 del fallo que se impugna. Ahora bien, la Cláusula 14.2 Modificación Unilateral textualmente dice: “Ninguna de las partes puede enmendar o modificar este contrato sin el consentimiento de la otra parte interesada, excepto por disposición de Ley, en cuyo caso el contrato deberá adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico”. El vocablo Ley está escrito en ésta cláusula con letra mayúscula, no como lo transcribe el Tribunal de Alzada, con minúscula. Esto significa que no se refiere a cualquier ley sino a la Ley especial que rige la materia: la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones. Interpretación ésta que se confirma con la expresión final: …“en cuyo caso el contrato deberá adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. Nuevo ordenamiento jurídico , es eso: un nuevo cuerpo legal, una nueva Ley: La Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones que está a punto de ser emitida por el Congreso Nacional. Esta sí será el nuevo ordenamiento jurídico que, al ser Ley de la República, tendrá que adecuarse el contrato de concesión. De ninguna manera, pues, por Ley puede entenderse un artículo aislado de una ley que regula otra materia, como es el artículo 179 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2008, en que se fundamenta la Resolución OD026/08 impugnada. Ciertamente la doctrina es clara sobre lo que debe entenderse por ordenamiento jurídico: “Ley, pragmática, colección o cuerpo de leyes promulgadas al mismo tiempo, o colecciones de disposiciones referentes a determinada materia” (Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo Cabanelas de Torres. Editorial Jurídica de Chile, Pag 283.) Pero aparte de disquisiciones jurídicas y doctrinarias hagámonos esta pregunta: ¿Se podría adecuar el Contrato Concesión SERCOM -- CONATEL a las normas o disposiciones que en su conjunto constituyen el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2008, dado que dicho contrato se refiere a una materia especializada como son las telecomunicaciones, y el Presupuesto hace relación al aspecto financiero del Estado? La más elemental lógica nos indica que no. También la cláusula 1.3 del Contrato-Concesión viene a confirmar nuestro criterio de que sólo la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones puede modificar el contrato. En efecto, dice así esta cláusula: …“los términos que figuren en mayúsculas en éste contrato, y que no se encuentren definidos en éste, corresponden a leyes aplicables o a términos definidos en las Bases, o a términos que son ciertamente utilizados en mayúsculas”. Y en la cláusula 1.4 de las Bases, Leyes Aplicables, se refiere a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, un Reglamento General, normativas de CONATEL, Ley de Procedimiento Administrativo, Bases de Precalificación y éstas Bases, y cualquier otra Ley de la República de Honduras que resultare aplicable. Esta claro, entonces, que por Leyes Aplicables, las Bases se refieren a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones; y si bien es cierto que al final menciona cualquier otra Ley que resultare aplicable, habría que dilucidar si el artículo 179 presupuestario es o resulta aplicable con preferencia a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, que es la Ley especial de la materia y que en la jerarquización normativa guarda el primer lugar. En todo caso, lo que el Legislador hubiese hecho, si no emitir una nueva Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, reformar la actualmente vigente y no insertar un artículo aislado en las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2008. En suma, lo que no comprende la Corte Sentenciadora es que ese estribillo final de “cualquier ley aplicable”, lo tienen todas las leyes, para que sirvan a algunas otras que no se mencionan por su nombre, como supletorias o complementarias, a fin de evitar lagunas; principio que se conoce como “plenitud hermética del ordenamiento jurídico”. Finalmente, la Corte Sentenciadora en su considerando 6, para sustentar su fallo, invoca la Cláusula 1 del Contrato-Concesión, titulada DEFINICIONES, específicamente el numeral 1.4 que expresamente dice: Cualquier referencia a leyes aplicables deberá entenderse efectuada a las leyes y disposiciones mencionadas como tales en el numeral 1.4 de las Bases. Y en la cláusula 1.4 de las Bases, Leyes Aplicables, como ya explicamos, se refiere a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, a un Reglamento General, normativas de CONATEL, Ley de Procedimiento Administrativo, Bases de Precalificación y éstas Bases, y cualquier otra Ley de la República de Honduras que resultare aplicable. Esta claro, entonces, que la Corte de Apelaciones de referencia incurrió en el error de interpretar erróneamente la cláusula 14.2 del Contrato Concesión, antes transcrita, para la solución de fondo del litigio”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, al hacer referencia al Contrato de Concesión que fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 80-2003, de fecha 29 de mayo de 2003 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta correspondiente al 9 de junio de 2003; b) en el desarrollo del cargo cita normas que no han sido indicadas como violadas, tal es el caso del artículo 179 del Decreto No. 27-2008 que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2008; y, c) la clausula del contrato que cita como infringida no constituye una norma de derecho de carácter general, aun y cuando el convenio que la contiene haya sido aprobado por el Congreso Nacional, ya que tal requisito se deriva de que al trascender dicha relación contractual otro período de gobierno se requiere tal aprobación legislativa.- III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “El presente recurso de casación, en su segundo motivo, se basa en la causal 1 letra c) del artículo 719 del Código Procesal Civil, que prescribe: 1.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) La forma y contenido de la sentencia. Esto es, como vicios internos y que se manifiestan en su elaboración. EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO INFRINGIDAS DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. Se estima infringidos los artículos 206.1 del Código Procesal Civil que ordena que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; y el 208 1 y 2 del mismo cuerpo legal que por su orden establecen: 1.- Que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito; y 2.- Que en las sentencias se harán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Requisitos internos, procesales, que no se dan, concurren o aparecen en la sentencia dictada por la Corte Sentenciadora el diez de octubre de dos mil trece que se impugna.- Vicios o errores que la invalidan, toda vez que infringe las normas procesales precitadas que regulan la forma y contenido a que debió ajustarse. EXPOSICION DEL MOTIVO.- CONCEPTUACION DE LOS ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA.- La Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se fundamenta única y exclusivamente en las clausulas 1, 1.4 y 14.2 del Contrato suscrito entre SERCOM y CONATEL, haciendo de éstas una interpretación errónea, como lo demostramos anteriormente. Por otra parte, la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo y revocada por dicho Tribunal de Alzada no sólo se basa en dichas cláusulas contractuales, sino en otros aspectos que las partes plantearon oportunamente en la demanda y contestación de ésta. Aspectos que la Corte de Apelaciones ignoró por completo, como si no hubiera o formaran parte de la Litis-contestation, dejando de pronunciarse sobre las mismas, como era su obligación. En efecto, el Tribunal de Primera instancia, en su fallo, y porque las partes así lo plantearon, se pronuncia favorablemente a la parte demandante, sobre los siguientes extremos: 1. Que conforme la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones no se encuentra contemplado el cobro de sobretasas o lo que es lo mismo, cobrar dos veces por idéntico concepto sobre la base imponible ( CONSIDERANDO 5) .- Esto se refiere a que la Resolución OD 26/08 que se impugna establece una doble o sobre imposición, al establecer una tasa que ya está comprendida o incluida en la tarifa por Servicios de Supervisión y de Tasa por Explotación de la Concesión.- Así lo establecen las Cláusulas 6.2 y 6.3, que en lo pertinente dicen: “Para efecto de esta tasa, al calcular los ingresos se incluirán, adicionalmente, todos los pagos recibidos de la liquidación de cuentas con los corresponsales de la Empresa Concesionaria en la prestación de servicios públicos internacionales de telecomunicaciones (aplicable concluido el Periodo de Exclusividad para el Servicio Final Básico de Telefonía); así como también, los pagos recibidos por conceptos de Cargos por Acceso por interconexión y servicios de Roaming prestados”. Lo anterior fue establecido por CONATEL en la Resolución AS 124/06 de fecha 1 de febrero de 2006, documento que corre agregado a los autos como medio de prueba oportunamente presentado y evacuado. 2. Siendo que la obligación para las partes en el presente asunto deviene de un contrato, en el caso de mérito aplica el aforismo latino PACTA SUNT SERVANDA contemplado en el artículo 1348 el Código Civil: Las obligaciones que nacen de los contratos tiene fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos (CONSIDERANDO 6).- Y sobre éstas cuestiones el Tribunal de Alzada guardó profundo silencio, no obstante que fueron objeto de debate entre las partes y que por ello el Juez de Primera Instancia se pronunció sobre las mismas. Es cierto, entonces, que la Corte de Apelaciones infringió, en su fallo, los Artículos 206.1 que ordena que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; el 208 1. y 2. Que por su orden exigen que los Jueces y Magistrados sean congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito; y que, en sus sentencias, deben decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Artículos todos del Código Procesal Civil. Finalmente, la mayor y más evidente incongruencia de la sentencia de segunda instancia con la demanda y demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito es la afirmación contenida en el Considerando (4): Que no es objeto de controversia la existencia del contrato de Concesión celebrado entre CONATEL y SERCOM. Afirmación plenamente equivocada y que contradice la naturaleza y esencia de la controversia, que gira, precisamente, en torno de las cláusulas del Contrato- Concesión, que es ley entre las partes y regula sus derechos y obligaciones recíprocas.- Ciertamente, el Contrato-Concesión suscrito entre CONATEL y SERCOM, su interpretación y aplicación al caso de autos, es el objeto de la controversia; tan es así que la propia Corte de Apelaciones en los siguientes Considerandos, 5, 6, 7, y 8 hace uso, interpretación y aplicación de dicho Contrato-Ley, aplicándolo e interpretándolo errónea y equivocadamente, desde luego. JUSTIFICACION DE LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA Es indudable que la interpretación errónea de la norma de derecho empleada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo para la solución de fondo del litigio, o sea, la cláusula 14.2 del Contrato Concesión, que es Ley entre SERCOM y CONATEL, ha tenido una incidencia directa en el sentido en que se ha pronunciado la sentencia impugnada, afectando los intereses de mi representada Asimismo la infracción de los artículos 206 1. y 208 1. y 2 del Código Procesal Civil. En efecto, la revocación del fallo de primera instancia favorable a mi representada, ha incidido negativamente en perjuicio y agravio de ésta, al negársele la nulidad de la Resolución OD 26/08 de CONATEL, tal como fue declarada por el Señor Juez de Letras del Fiscal Administrativo, en su oportunidad. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA Se impugnan los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la parte dispositiva de la sentencia dictada con fecha diez de octubre de dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que, por su orden, mandan: PRIMERO: Declarar Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Daniel Edgardo Alemán Castillo Apoderado Legal de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL).- SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre agregada a folios números ciento ochenta y ocho (188) al ciento noventa y nueve (199) inclusive, de la primera pieza de autos.- TERCERO: Declarar improcedente la acción incoada por el Abogado ENRIQUE FLORES VALERIANO, apoderado legal de la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (SERCOM) por estar ajustado a Derecho el acto administrativo impugnado.- NO CELEBRACION DE LA AUDIENCIA Estimamos innecesaria la celebración de la audiencia.”.- IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, al hacer referencia al Contrato de Concesión que fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 80-2003, de fecha 29 de mayo de 2003 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta correspondiente al 9 de junio de 2003; b) en el desarrollo del cargo cita normas que no han sido indicadas como violadas, tal es el caso del artículo 1348 el Código Civil; y, c) formula alegatos de instancia.- V. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- VI. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VII. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VIII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y ordenar la remisión de las presentes actuaciones al Tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:

  1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace merito, en sus dos motivos;
  2. DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional.
  3. SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., al un día del mes de diciembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha diez de noviembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 58-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL