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Sentencia CA-559-13 — Registro 18033

Resumen

En primer instancia se declara improcedente la acción incoada por el demandante, bajo el criterio que la parte demandante no acreditó que es el legitimo dueño del inmueble ya que solo se limita a presentar documentación que corre agregada en el expediente administrativo que nada aporta en el esclarecimiento de su demanda ya que no hay ninguna documentación fehaciente que lo acredite como tal en dicho reclamo, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en el cargo que antecede se han incurrido en una serie de errores técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) no precisa la normas procesales violadas y es hasta en su explicación que hace referencia a los artículos 206, 207, 208 y 719 inciso C del numeral 1), sin establecer con claridad a que cuerpo normativo pertenecen, pudiéndose inferir que por lo transcrito de las mismas, son del Código Procesal Civil, pero aún así las 3 primeras disposiciones cuentan con varios numerales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que debieron ser precisadas a cual de ellas dirige su ataque; y, b) omite determinar si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea.-.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que no procede la admisión del anterior cargo, porque el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el precepto autorizante señalado es en base a un Código ya derogado; b) insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos de instancia..."

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El abogado OMAR KARIN REYES MONCADA, en su condición de representante procesal del señor JUSTO PASTOR ESPINOZA REYES; y, Recurrido: La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OJOJONA, representada en juicio por el abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, promovida por el señor JUSTO PASTOR ESPINOZA REYES, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OJOJONA, a través del representante legal en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de San Juan de Ojojona, del Departamento de Francisco Morazán señor JOSÉ ARMANDO GARCÍA ANDINO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que se declaró heredero y propietario de un bien inmueble ubicado en el Municipio de San Juan de Ojojona, según consta en Sentencia del Juzgado de Letras Tercero de lo Civil Departamento de Francisco Morazán, dicha sentencia le declaro heredero Ab-Intestato, de su difunto abuelo Antonio Reyes Aguilar, pero que no ha podido tomar posesión del mismo ya que la Alcaldía Municipal antes mencionada no lo ha permitido. Que a folio número 112 del numeral 5 del Libro de actas y Acuerdos Municipales que corresponden a 1954-1957, de la Alcaldía Municipal, de San Juan de Ojojona, de este Departamento de Francisco Morazán, se encuentra el punto de acta número 7, sesión ordinaria, menciona que el día lunes dieciséis de abril de 1956, con la asistencia del señor Alcalde Municipal y sus Regidores acordaron venderle al señor Antonio Reyes A., una propiedad de un octavo de manzana, el cual estuvo ocupándola durante el resto de su vida y su abuelo nunca la dio en venta por tal situación no existían documentos de tal compra venta. Que folio número 497 del numeral 17 del Libro de actas y acuerdos Municipales que corresponden a los años 1993-1994, se encuentra el acta número 16 la cual dice entre otras cosas, que por un informe presentado por la señorita Ana Margarita García, en la cual solicita un denuncio sobre una propiedad, presentando dos testigos de nombre Pedro Hernández y Concepción Flores, acto seguido la Alcaldía de aquellos tiempos procedió a concederle el denuncio sobre la propiedad. Esta propiedad a la que se refiere este denuncio, es la misma propiedad que la Alcaldía ya había vendido muchos años atrás a su Abuelo Antonio Reyes Aguilar. Por tal situación se procedió a presentar el correspondiente reclamo Administrativo, ante esa Alcaldía Municipal.- 2. La parte demandada, la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OJOJONA, contestó dicha demanda señalando que se opone a la pretensión de la demandante, en virtud de alegar que la señora MARIA GUADALUPE GONZALEZ VIUDA DE GARAY sé declaró heredera testamentaria de los bienes de su esposo el señor MANUEL NAPOLEON GARAY SIERRA y para probar que su esposo era propietario del inmueble ubicado en el Barrio la Peza del municipio de Ojojona, presentó los siguientes documentos: 1) formulario de Declaración Jurada de Bienes Inmuebles, de fecha 16 de Octubre de 1985 y firmado por el señor M. Napoleón Garay S., donde se establece que esté ultimo adquirió el inmueble desde el año de 1978, con Registro de Propiedad No, 1309 F-180T-9, constando también en dicho documento las dimensiones y colindancias del referido inmueble y 2) Con una Constancia extendida por el Alcalde y Secretario Municipal, en fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa; mediante la cual establece que el inmueble ubicado en el Barrio la Peza del Municipio de Ojojona, se encuentra catastrada a favor del señor MANUEL NAPOLEON GARAY SIERRA, de conformidad a los procedimientos Municipales para acreditar derechos sobre bienes inmuebles de origen ejidal, es costumbre que los interesados acrediten por medio de testigos la posesión de los mismos, por lo que la señora VIUDA DE GARAY, con esas acciones no estaba quitándole derecho alguno al señor ESPINOZA REYES, ya que además quien tenia el uso y goce del inmueble, era el señor CONCEPCION FLORES, el era un cuidador de la finca y poseía la misma NO CON ANIMO DE DUEÑO y reconoce que el dueño legitimo era la señora MANUEL NAPOLEON GARAY SIERRA.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre de dos mil doce, dictó auto sentencia definitiva declarando IMPROCEDENTE la acción en virtud de ajustarse a derecho el acto administrativos impugnado, consistente en el acta número 16, misma que se encuentra a folio número 497 del numeral 17 del libro de actas y acuerdos municipales que corresponden al año 1993-1994 del Municipio de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, sin costas, bajo el criterio que la parte demandante no acreditó que es el legitimo dueño del inmueble ya que solo se limita a presentar documentación que corre agregada en el expediente administrativo que nada aporta en el esclarecimiento de su demanda ya que no hay ninguna documentación fehaciente que lo acredite como tal en dicho reclamo.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha quince de febrero de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la sentencia proferida por el A-quo venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que de conformidad al acta número 16 misma que se encuentra a folio 497 del numeral 17 del libro de Actas y Acuerdos Municipales que corresponde al año 1993 a 1994 del municipio de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, quedando demostrado que el acto impugnado si fue dictado de conformidad a derecho y la decisión de no admitir el reclamo administrativo se debió a que la Señora MARIA GUADALUPE GONZALES VIUDA DE GARAY, es poseedora del inmueble en disputa, acreditando dicho extremo con la certificación de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de este Departamento de Francisco Morazán de fecha 24 de febrero de 1997, donde la Señora Maria Guadalupe viuda de Garay, se declaró heredera testamentaria de los bienes de su esposo Manuel Napoleón Garay Sierra, presentando documentos que acreditan que su esposo era propietario del inmueble precitado y que se encuentra catastrado a favor de su esposo y que esta inscrito en el Registro de la propiedad de Francisco Moraran bajo el No.309 del folio 180 del tomo 9, por lo que sus acciones deben de ser dirigidos contra la persona dueña del inmueble y no contra la Alcaldía Municipal, la cual al resolver el reclamo administrativo lo ha hecho de conformidad a la ley, y la Municipalidad acordó dejar en suspenso la inscripción de este, lo mismo que el pago de impuesto por litigio que había pendiente en el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de este Departamento de Francisco Morazán.- 5. La representación procesal de la parte demandante, abogado OMAR KARIN REYES MONCADA, en fecha veintidós de marzo del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha quince de febrero de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 003-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 348-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte demandada, el abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA, presentó en fecha veinte de agosto de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiséis de agosto del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha cinco de septiembre y nueve de septiembre del dos mil trece, los abogados LEONEL EDGARDO MARADIAGA y OMAR KARIN REYES MONCADA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados OMAR KARIN REYES MONCADA y LEONEL EDGARDO MARADIAGA, presentaron escritos en fecha doce de septiembre del dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO EN LO RELACIONADO A LA EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION. Se desarrolla el presente motivo a lo establecido en el articulo setecientos veinte (720) del Código Procesal Civil, en sus numerales 1 y 2, prescribe “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los Hechos ni la Interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la Instancia. 2) Sin embargo y dentro del literal C) del numeral 1 del artículo anterior se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia y racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” PRECEPTO AUTORIZANTE. Se Fundamenta el presente motivo como causal del presente recurso en el articulo setecientos diecinueve 719 inciso C) del numeral 1) prescribe: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: C) la forma y contenido de las sentencias. Que es el caso Honorable Corte que se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivoca a que llego el Tribunal de segunda Instancia, por la aplicación e interpretación de las normas y contenido formal de las sentencias; y sus requisitos internos en que se fundamenta la misma ya que los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal establecen: Artículo 206.- CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. 1.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2.-El Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3.-Cuando los puntos objeto del litigio haya sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Articulo 207.-MOTIVACION. 1.-Las Sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas así como a la aplicación e interpretación del derecho. 2.-La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerandos individualmente y en su conjunto ajustándose siempre a las reglas de la Lógica y a la Razón. Artículos 208.-CONGRUENCIA. 1.- Las sentencias deben ser congruentes con la demanda y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2.- En las sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos, que hayan sido objeto del debate. Es el caso Honorable Corte Suprema de Justicia, que el presente asunto la Corte sentenciadora en ninguno de sus considerandos siguieron las reglas establecidas en los artículos anteriores, en ningún momento se pronunciaron en sus considerandos sobre la nulidad solicitada, así como también el no tomar en cuenta nuestros medios de prueba, a tal grado de no fundamentar con artículos su fallo, solamente se limitaron al artículo 714 del código Civil, que hablan solamente de la tradición. Que el presente caso se denota la evidente equivocación del Tribunal sentenciador que parte de no darle valor a las demás pruebas aportadas. En relación a este motivo es que se solícita a la Honorable Corte el control de la motivación Fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo, va que se trato de invertir la carga de la prueba cuando la obligación de probar recae en quien la alega, no en quien simplemente la niega, demostrando con ellos que la motivación de la sentencia es errónea, por tales razones se estima la procedencia de este motivo, ya que por nuestra parte si se logro demostrar con nuestros medios de prueba los hechos planteados en la demanda, diferente la parte demanda que no desvirtuó nuestra demanda.”.- II. Que en el cargo que antecede se han incurrido en una serie de errores técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) no precisa la normas procesales violadas y es hasta en su explicación que hace referencia a los artículos 206, 207, 208 y 719 inciso C del numeral 1), sin establecer con claridad a que cuerpo normativo pertenecen, pudiéndose inferir que por lo transcrito de las mismas, son del Código Procesal Civil, pero aún así las 3 primeras disposiciones cuentan con varios numerales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que debieron ser precisadas a cual de ellas dirige su ataque; y, b) omite determinar si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea.- III. Que como segundo motivo de casación expone: “SEGUNDO MOTIVO EN LO RELACIONADO A ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción del articulo 200.1literal b, del Código Procesal Civil, ósea, en la parte que díce”1. La sentencias serán siempre motivadas...2.- En particular la redacción de la sentencia se ajustara a l siguiente contenido formal....b) En lo antecedentes de hechos se consignaran, con la claridad y concisión posibles y en párrafo separados y enumerados, las pretensiones de las partes o interesado, los hechos en que las funde que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolver las pruebas que se hubiesen propuesto practicado y los hechos probados en su caso, en relación al artículo 207 del Código Procesal Civil, por ende se impugna la aplicación omisa de esas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE. El motivo se halla comprendido en el articulo 719.1 C) causales e del recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice “C) La forma y Contenido de la Sentencia. Se trata de infracciones de las normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia, produciéndose en la misma sentencia, ósea, son vicios internos que producen o manifiestan al estructurar la sentencia, es decir que su elaboración, en general se incurrieron en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que regulen como falta de motivación o la motivación insuficiente. Se impugna la falta de aplicación del artículo 200.1.2 literal b, en relación con el artículo 207 del Código Procesal Civil, que afecta la norma y contenido de la sentencia, específicamente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto, que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente el fallo. El artículo 200 del Código Procesal Civil, entre otros requisitos exige el numeral 1, que las sentencias serán motivadas, y en su numeral 2, al final de la letra b), los hechos probados”, pero al leer y analizar la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto mencionado y la motivación cuyo concepto y alcance se encuentra en el artículo 207, del mismo cuerpo legal, el fallo impugnado es insuficiente, porque no existen razonamientos facticos y jurídicos en que funda su sentencia el tribunal requerido, en fin existe insuficiencia en la motivación, pues la exigua que existe en la sentencia verdaderamente no incide en los distintos elementos facticos jurídicos del pleito, tanto considerados individualmente como en su conjunto, como lo exige el artículo 207.2 del Código Procesal Civil, debiéndose siempre ajustarse a las reglas de la lógica y de la razón. Como fácilmente se aprecia la sentencia recurrida no desarrolla los hechos probados como tal, exigencia que integra la motivación del hecho o, sea, no se ha aplicado a cabalidad esa relación de los preceptos citados como infringidos, esa declaración es necesaria para conjugar a las resabidas practicas que causan indefensión a las partes y además dificultan extraordinariamente el control de los Tribunales superiores sobre la declaración fáctica efectuada en la Instancia, dicha omisión es manifestación inequívoca de la sentencia impugnada adolece insuficiencia en la motivación, así tampoco cumple con la exigencia del articulo 207.1 pues la expresión de los razonamientos facticos precisamente se encuentra en la declaración de hechos probados y difícilmente se puede afirmar de una sentencia con esa acefalia que en ella encontramos la conducción hacia la apreciación y valoración aprobada de la prueba y tampoco satisface la exigencia del numera 2, de ese artículo puesto que la insuficiencia motivación no incide en los distintos elementos facticos estos es los hechos probados y jurídicos del pleito, considerandos individualmente y en conjunto, estos vicios de motivación sin duda alguna son vicios de razonamiento lo que se extiende hasta los vicios de justificación. Así las cosas, la sentencia recurridas no está prevista de los elementos necesarios que permitan examinar y analizar las razones de la que normalmente se vale las decisiones como medios legítimos de la función jurisdiccional, ya que la motivación debe de contener la declaración de hechos probados, de esa manera queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada.”.- IV. Que no resulta admisible este segundo cargo, ya que es contradictorio que se aduzca la falta de aplicación de una norma que regula la forma y contenido de la sentencia, bajo la premisa que la misma es insuficiente en sus razonamientos facticos y jurídicos, por no contar con una declaración de hechos probados, pero a la vez se solicite “…específicamente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto, que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente el fallo...”, lo cual conlleva a una situación jurídica que debió ser expuesta en forma separada e independiente.- V. Que en el tercer motivo se sostiene: “MOTIVOS DE CASACIÓN POR IMPUGNACION DE LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO. UNICO MOTIVO EN LO RELACIONADO POR INFRACCION DE LEY MATERIAL. Se impugna en su aplicación del artículo 714, del Código Civil, en su aplicación indebida siendo esta norma de derecho empleada para la solución del fondo del litigio, desarrollada en su contenido por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en su fundamento de derecho. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el articulo 719 numeral 2, del Código de Procedimientos Civiles, a lo que se refiere a igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, ya que ha habido un error de derecho en la apreciación de la Prueba, por no haberle dado a mi poderdante el Tribunal, en la sentencia recurrida un derecho que había demostrado en el juicio, con las pruebas aportadas y evacuadas, en tiempo y forma. El concepto de la infracción lo explico así: En la sentencia recurrida, el Tribunal sentenciador manifiesta en unos de sus considerandos que el expediente administrativo la parte demandante no acredito mediante documento debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, del inmueble objeto de este litigio, el cual estuvo en posesión del señor Antonio Reyes Aguilar por compra que le hiciera la Alcaldía Municipal y sus regidores mediante punto de acta numero 7, de la sesión ordinaria de fecha 16 de abril del año 1956 acta que corista a folio numero 112 numeral 5 del Libro de acuerdos Municipales de 1954 a 1957, asimismo dice en otros de sus considerandos Que el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de este Departamento de Francisco Morazán, dicto sentencia de declaratoria de Herencia Abintestato, de su difunto Abuela Antonio Reyes Aguilar, por derecho de representación de su Madre María Josefa Reyes Gonzales, al señor Justo Pastor Espinoza Reyes, y que dicha sentencia la Inscribió en el Registro de Sentencias bajo el número 36 del Tomo 193, ero que no se cumplió con lo establecido en el artículo 174 del Código Civil con respecto a la Tradición, y que este Titulo no se presento a la Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona.- Esto es lo que dice en sus considerandos entre otras cosas la Corte de Apelaciones ahora bien no tomaron en consideración nuestros hechos y pruebas a lo referente al hecho primero de la demanda a lo concerniente que mi poderdante es heredero del bien inmueble ubicado en el Municipio de San Juan de Ojojona, quedo bien acreditado y demostrado con nuestro medio de prueba número uno, documental, el hecho segundo de nuestra demanda a lo referente a que a folio numero 112, del numeral 5 del libro de actas y acuerdos Municipales que corresponden a 1954-1957, de la Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona de este Departamento de Francisco Morazán, se encuentra en el punto de acta numero 7, sesión ordinaria esta situación también quedo bien demostrada con nuestro medio de prueba numero dos documental.- El hecho numero tercero de nuestra demanda también quedo bien acreditado con el medio de prueba número tres, en donde se hace constar el acta número 16 en la que dice que a folio número 497 del numeral 17 del libro de actas y acuerdos Municipales que corresponden a los años 1993-1994, de la Alcaldía Municipal de Ojojona se encuentra una solicitud de denuncio presentado por la señora María Guadalupe González Viuda de Garay, y que la Alcaldía en aquellos Tiempos procedió a darle o concederle el denuncio, entregándole una propiedad que ya tenía un dueño y que legítimamente es propietario mí poderdante, asimismo acreditamos nuestro hecho numero cuarto con nuestro medio de prueba documental número cuatro, con todos nuestros medios de prueba aportados logramos demostrar que efectivamente la propiedad objeto de este litigio que se encuentra descrita en el numeral segundo de nuestra demanda, su legitimo propietario es el señor Justo Pastor Espinoza Reyes, por lo contrario la parte demandada en ningún momento logro desvirtuar los hechos de nuestra demanda y como demostrar que, en una forma legal ellos habían dado una propiedad, a la parte demandada, ellos no pueden demostrar tal situación ya que no existe ninguna forma por la cual la Alcaldía Municipal, pudo haber dado dicha propiedad a la familia Garay, solo presentando dos testigos, la Alcaldía nunca debió habérsele concedido dicho denuncio, a que violento todo artículo referente a la propiedad, la ‘propiedad es el derecho de poseer exclusivamente de una cosa y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley o por la voluntad de su dueño, al observar este articulo 613 del Código Civil,, se habla de Voluntad, donde esta esa voluntad, como es posible que la alcaldía es un Juzgado en donde podían tomar dos testigos y decidir un asunto de quien era o no era el propietario de este bien Inmueble, Violentando así también los artículos de nuestro Constitución de la República, “La Constitución de la República garantiza a los Hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad a la vida, a la seguridad individual, a la Libertad. A la igualdad ante la Lay y a la Propiedad”, esta Propiedad el verdadero dueño es la familia Reyes ahora Heredero Justo Pastor Espinoza Reyes, persona única que podrá disponer de ella a su voluntad, no así la Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona, como lo está queriendo hacer, por este motivo es que interpongo este Recurso de casación a efecto de que proceda a dictar sentencia en donde se nos declare con lugar nuestro recurso y ordene que se anule el acta numero 16 misma que se encuentra a folio número 497 del numeral 17 del Libro de actas y acuerdos Municipales que corresponde al año 1993-1994, con todos nuestros medios de prueba que aportamos en tiempo y forma y evacuados, logramos demostrar nuestras pretensiones realmente no sabemos el por qué el Tribunal sentenciador no los tomo en cuenta ya establece nuestro cuerpo de leyes el artículo 1495, a lo referente a que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone, en el caso de autos nosotros probamos nuestros hechos asimismo el articulo 1496 nos dice cuales son nuestros medios de prueba y enmarcados en este articulo propusimos nuestros medios de prueba y evacuamos, en relación a estos artículos también hicimos usos de los medios de prueba contemplados en los artículos 1497,1522, 1526, 1532 del Código Civil, en relación también a los artículos 320, 321,352, 356, 371 del Código Procesal Civil, la Corte Recurrida no lo entendido así, y por ello es que se impugna esa norma empleada en la solución del litigio. Que de la forma así precisada y justificada se ha demostrado la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado.”.- VI. Que no procede la admisión del anterior cargo, porque el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el precepto autorizante señalado es en base a un Código ya derogado; b) insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos de instancia.- VII. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VIII. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil quince; certificación del auto de fecha tres de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 559-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

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