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Sentencia CA-536-13 — Registro 4507

Resumen

En segunda instancia se revoca la Sentencia emitida por el tribunal de primera instancia, declarando procedente la acción, por no ajustarse a derecho el acto impugnado y reconocer a favor del demandante la situación jurídica individualizada reclamada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior motivo no procede porque se insta a la revisión de los hechos y de la interpretación y valoración de las pruebas, lo cual esta vedado a este tribunal en este extraordinario recurso conforme a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) de Código Procesal Civil; pero ella está solicitando el control de los hechos y motivación efectuada por el ad-quem en adición, en su explicación se realizan alegatos propios de instancia, ataca el fondo del asunto y no la interpretación errónea de la forma y contenido de la sentencia. Razones por la cual vuelven inadmisible este motivo.- “ De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, representada en juicio por la abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES; y, Recurrido: El abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de representante procesal de la sociedad CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V..- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para pedir la nulidad de un Acto Administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para el pleno restablecimiento se ordene el pago del valor adeudado con sus intereses y condena en costas, promovida por el señor GERMAN ANTONIO VALLE ARDON, en su condicion de apoderado legal de la sociedad CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante manifestó en el escrito de su acción que la Secretaria de Salud suscribió con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el convenio apoyo a la Secretaria de Salud en la Gestión de Bienes y Servicios, transfiriéndole los fondos necesarios para licitar y contratar la ejecución de los proyectos de inversión. Que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mediante licitación pública IAL/00012889/0486-2004 puso a concurso la ejecución de las obras definidas como “Remodelación del Sistema Eléctrico Bloque Materno Infantil del Hospital Escuela”, saliendo favorecido en este concurso la parte actora, posteriormente suscribiendo el contrato No. IAL/00012889/2004 (00346), pero desde el inicio de la obra y durante su ejecución se fueron presentando inconvenientes y problemas que ameritaban cambios y revisión del diseño a tal extremo que de no aprobarse ciertos cambios y modificaciones la obra no se podría ejecutar; y en ese sentido se emitieron las respectivas órdenes de cambio, avaladas por el Departamento de Desarrollo Tecnológico de Recursos Físicos de la Secretaria de Salud Pública, pero no se ejecutaron porque el PNUD no se pronunció sobre su pago, debido a que la Secretaría de Salud Pública había solicitado la cancelación del convenio de apoyo en la gestión de Bienes y Servicios que tenían suscrito con ellos; el PNUD a raíz de la solicitud de cancelación del convenio suscrito con la Secretaria de Salud pidió a los contratistas y entre ellos a la parte actora, que se procediera a cerrar el contrato al monto inicialmente contratado, quedando por fuera el pago de todas las obras adicionales aprobadas y ejecutadas, el PNUD dadas las circunstancias presentadas con la Secretaria de Salud Pública, cerró y liquidó los contratos sin tomar en cuenta todos los reclamos presentados y se limitó a expresar que la Secretaria de Salud Pública se encargaría de pagar cualquier diferencia; denegándole éste el pago del reclamo administrativo por obra ejecutada y no pagada (Expediente No. 69-07) solicitado por la parte actora, bajo el argumento que efectivamente se le adeudaba a la sociedad CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., los valores objeto de reclamo, concluyendo que el reclamo es procedente y entre otros aduce que el contrato fue suscrito por el PNUD y no por ellos.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, contestó dicha demanda señalando que en el contrato se establecieron las condiciones que regirían el mismo y que cada parte cumpliría fielmente con su contenido, por lo que la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud no fue parte interviniente de las negociaciones realizadas por los contratantes, siendo su “única participación concedida por el Contratante, la recepción y envío de la documentación referente al anticipo que percibiría la parte demandante” que posteriormente el PNUD, efectuaría los desembolsos convenidos y los que a criterio de la contratante previa autorización emitida por escrito, deberían de cancelarse por obras adicionales ejecutadas por el Contratista y avaladas por el Supervisor de la obra nombrado por el PNUD. Por tanto el reclamo presentado por la Sociedad Mercantil “CONTRATISTAS ELECTROMECÁNICOS, S.A. de C. V., debió ser dirigido al PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), como parte Contratante y encargado de realizar los desembolsos por las obras ejecutadas, exigir Garantías Bancarias de Sostenimiento de la Oferta, de Cumplimiento de Contrato y de Calidad.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de mayo de dos mil doce, dictó auto sentencia definitiva y declaró improcedente la acción, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en la Resolución No. 138-2007-SS de fecha 21 de noviembre del 2007 emitida por La Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública la que declara sin lugar el Reclamo Administrativo mediante el cual solícita el pago por obra autorizada, ejecutada y no pagada a la parte demandante, en vista de lo cual se confirma la misma, sin costas, bajo el criterio que el valor que corresponde a las obras adicionales ejecutadas por dicha empresa en el proyecto “Remodelación del Sistema Eléctrico Bloque Materno Infantil del Hospital Escuela” y mucho menos el pago de los Intereses legales que reclama la parte demandante, no le corresponde al Estado su pago ya que su responsabilidad en el caso de mérito no ha sido debidamente probada, al contrario constan recibos de pago de fecha 11 de noviembre del 2005, de fecha 11 de diciembre del 2005, de fecha 11 de enero del 2006, de fecha 11 de febrero del 2006, de fecha 11 de marzo del 2006, de fecha 11 de abril del 2006, extendidos por la parte demandante a favor de la (PNUD), por cancelación que dicha institución le hacia por las estimaciones de los trabajos ejecutados, prueba irrefutable y contundente que demuestra quien es el responsable de la obligación contractual contraída, ya que fue PNUD quien suscribió dicho contrato y no la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PÚBLICA, contrato que fue celebrado de común acuerdo con la parte demandante y por ende tuvo que haber hecho su reclamo ante la oficina correspondiente del PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) y no la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, por ello y por las razones expuestas anteriormente, se debe confirmar el acto impugnado por estar dictado conforme a derecho.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticinco de abril de dos mil trece, dictó sentencia declarando CON LUGAR el recurso de apelación y REVOCA la Sentencia emitida por el tribunal de primera instancia, DECLARANDO procedente la acción, por no ajustarse a derecho el acto impugnado y reconocer a favor del demandante la situación jurídica individualizada reclamada y como medida para el pleno y efectivo restablecimiento se tomen las siguientes medidas: condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, a pagar a la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S. A. DE C. V., la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L.232,830.98), en concepto de la orden de cambio o trabajo extra ordenado en el Proyecto de Remodelación del Sistema Eléctrico Bloque Materno Infantil del Hospital Escuela, según contrato No. IAL100012889/2004(00346), el cual fue suscrito el 12 de septiembre del 2005, con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras (PNUD), reconocer el pago de los intereses comerciales calculados a tasa activa sobre la cantidad condenada, por pago tardío que generó dicha cantidad, desde la fecha que finalizó y fue entregado el proyecto, hasta que sea ejecutado el presente fallo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada, la Secretaria de Salud Pública, se encuentra obligada a pagar a la Empresa Contratista ELECTROMECANICOS, S.A. DE C. V., (CELECTROMECSA), ya que fue dicha Secretaría la que dio la orden para que se hicieran los trabajos adicionales, los cuales fueron hechos y entregados a la demandada y ningún servicio personal deberá prestarse gratuitamente.- 5. La representación procesal de la parte demandada, abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en fecha veintiuno de junio del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de abril de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 115-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 344-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte demandante, la abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, presentó en fecha dos de agosto de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha seis de agosto del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha nueve y veintiuno de agosto del dos mil trece, los abogados SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES y MAX RICARDO SALGADO LAGOS, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES y MAX RICARDO SALGADO LAGOS, presentaron escritos en fecha quince y veintidós de agosto del dos mil trece, respectivamente, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea de los artículos que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Interpretación errónea de los Artículos 200.2 literal b) y c) y 207 del Código Procesal Civil, en relación con el 17 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 literal c) en relación con el 720, ambos del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna toda la parte resolutiva de la sentencia, salvo en cuanto declara sin costas. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 720 del Código Procesal Civil, prescribe: 1) Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.”. El artículo 719 inciso c) del numeral 1) prescribe: 1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan:... c) La forma y contenido de las sentencias. Pues bien Honorable Corte, solicitamos por este recurso el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que se llegó por parte del Tribunal de Segunda Instancia en la aplicación de las normas que regulan la forma y contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil en sus artículos 200 y 207 impone de manera meridiana, y cito textualmente: Artículo 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1... 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal:... c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. ARTICULO 207. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. La sociedad CONTRATISTAS ELECTROMECÁNICOS S.A. de C.V. (CELECTROMECSA), demandó al ESTADO DE HONDURAS por medio de la Secretaría de Salud porque en la construcción de obra denominada REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO BLOQUE MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL ESCUELA, giró orden de cambio No. 2. No obstante el mismo Tribunal Sentenciador reconoce que el contrato en que se origina la presunta obligación, fue celebrado entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Honduras (PNUD) y la sociedad CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. de CV. (CELECTROMECSA), Reconoce también el mismo Tribunal que en las condiciones generales del contrato, se estableció que el Ingeniero Supervisor obtendría la aprobación por escrito del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Honduras (PNUD), antes de impartir alguna orden sobre cualquier modificación de la que se pudiera derivar un aumento del precio del contrato y que el contratista procedería a ejecutar dichas modificaciones mediante orden por escrito del Ingeniero acompañada de la copia de la aprobación respectiva, que también, la orden para realizar los trabajos adicionales fue girada al contratista por la demandada con el visto bueno del Ingeniero Supervisor del Proyecto, para que se realizaran los mismos. De lo anterior la conclusión lógica es que aun cuando la Secretaría de Salud haya girado algunas órdenes de cambio en tanto no las aprobara el Ingeniero Supervisor estas no tenían ninguna validez, sin embargo para el Tribunal Ad quem la conclusión fue otra, que la Secretaría de Salud es la que se encuentra obligada a pagar a la Empresa Contratistas ELECTROMECANICOS, 5. A. de C. y., CELECTROMECSA), ya que esta fue la que dio la orden que se hicieran los trabajos adicionales por lo que la sentencia definitiva venida en apelación debe de revocar por no ajustarse a derecho el acto impugnado. ¿De qué sirve entonces un contrato si éste no se respeta? ¿Quién es el responsable que esas modificaciones se hicieran? Si el Ingeniero Supervisor aprobó las modificaciones la responsabilidad es de él pues precisamente entre sus obligaciones estaba de velar porque todo el proyecto se ajustará a lo expresamente convenido y no a los criterios unilaterales de los contratantes o del beneficiario del proyecto. De ahí entonces que si el Ingeniero Supervisor aprobó las órdenes de cambio era porque ello entraba dentro del marco del contrato, que había disponibilidad económica para ello y que sería el PNUD quien debía pagar las órdenes de cambio. Pero si ahora se dice lo contrario, y se desprende de los autos que quien no observó la diligencia debida en el cumplimiento de su encargo fue el Ingeniero Supervisor, es él quien debe asumir la responsabilidad que le corresponda por lo que la sociedad demandante debió reclamarle a éste y no a la Secretaría de Salud. El artículo 17 del Código Civil es claro cuando expresa que “no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador.”. De lo anterior se desprende que el Tribunal de Alzada al aplicar la normativa jurídica al caso concreto equivoca, al exponer su razonamiento en la fundamentación de derecho lo hace en forma equivocada pues aunque invoca la legislación aplicable, la motivación resulta defectuosa habida cuenta que si no es el Estado de Honduras el responsable de la aprobación de las ordenes de cambio, mal hace en condenarlo por el simple razonamiento que es el beneficiario, si, como se ha dejado expuesto, la responsabilidad es del Ingeniero Supervisor, y es a él a quien se debió demandar. Se concluye entonces que, al aplicarse los artículos 200.2 litera) c) y 207 de) Código Procesal Civil en la redacción de la sentencia impetrada, la motivación no se ajusta a estos parámetros por ser interpretada en forma errónea por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, pues como se dijo antes, la conclusión lógica sería que el Estado de Honduras no es responsable sino que el Ingeniero Supervisor. Los artículos en infringidos claramente expresan sobre la motivación que “las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho”, que obviamente no ocurrió en este caso porque los razonamientos fácticos y jurídicos no corresponden a los hechos subsumidos en la legislación aplicable, trascendiendo esa equivocación al fallo cuando de haberse aplicado en el sentido correcto la conclusión habría sido otra. Por lo anterior, considero que se debe estimar la procedencia de este motivo de casación.”.- II. Que el anterior motivo no procede porque se insta a la revisión de los hechos y de la interpretación y valoración de las pruebas, lo cual esta vedado a este tribunal en este extraordinario recurso conforme a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) de Código Procesal Civil; pero ella está solicitando el control de los hechos y motivación efectuada por el ad-quem en adición, en su explicación se realizan alegatos propios de instancia, ataca el fondo del asunto y no la interpretación errónea de la forma y contenido de la sentencia. Razones por la cual vuelven inadmisible este motivo.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de abril del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiséis de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 536-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL