Sentencia CA-535-13 — Registro 17910
Resumen
En primer instancia se declaró procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que se probó el actuar negligente por el miembro de la Policía Nacional, ocasionándole un daño permanente al demandante, no existiendo proporcionalidad en el uso de la fuerza, debiendo ser resarcido por mandato expreso en la constitución de la República el ahora demandante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."El anterior cargo no constituye una proposición jurídica completa y por ello es inadmisible, en virtud de lo siguiente: a) no es claro ni preciso en el señalamiento de las normas que estima infringidas, ya que en un apartado cita la falta de aplicación de los artículos 32 y 206 numeral 2) del Código Procesal Civil, en otro añade el 89 de la Constitución de la República y en el acápite intitulado DISPOSICION INFRINGIDA incluye también el 82 de nuestra Carta fundamental; b) el precepto autorizante no encuadra con su explicación ni las normas citadas como infringidas; y, c) realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión de los hechos y del material probatorio, inapropiados en este extraordinario recurso..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que al igual que en el anterior cargo, en el que antecede el Recurrente realiza alegatos propios de instancia, insta la revisión de los hechos y de la valoración de las pruebas; también incurre en el defecto técnico de señalar dos formas de infringir la Ley al indicar la aplicación e interpretación de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, cuando debió establecer si la violación lo es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; tampoco es claro en el señalamiento de las normas infringidas con los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 499.2 y 720 del Código Procesal Civil y 1349 del Código Civil, aludiendo en su explicación a otras normas no enunciadas en su formulación, todo lo cual hace que sea inadmisible dicho motivo.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representado en juicio por el abogado FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR; y, Recurrido: señor WILMER EDUARDO ARGEÑAL SALINAS, representada en juicio por el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento se solicita el pleno resarcimiento de daños y perjuicios, mas costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de mayo del dos mil nueve por el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, actuando en su condición de apoderado legal del señor WILMER EDUARDO ARGEÑAL SALINAS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representada en juicio por el abogado FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha trece de enero del dos mil ocho, se encontraba en su casa de habitación, celebrando con los señores LUIS GUSTAVO CONTRERAS, NORMAN JOSUE ALMENDAREZ, REINA ISABEL OSORTO, NELSON JOVANY OSORTO MARTINEZ, SANDRA LIZETH OSORTO Y EDWIN ALEXIS SALINAS, el retorno al país del señor ALEX FERMIN ALVARADO, a quien acompañaron al anillo periférico, al momento que se retiraba de la reunión a su casa de habitación, el demandante iba con LUIS GUSTAVO CONTRERAS, NORMAN JOSUE ALMENDAREZ, cuando visualizaron un carro que se dirigió en contravía, con luces apagadas y alta velocidad, vieron que era una patrulla de la Policía Nacional, bajándose tres miembros de la Policía, con arma en mano, sin mediar palabra se dirigieron hacia ellos, por lo que corrieron para salvaguardar sus vidas, pasando el demandante por el frente de su casa sin poder ingresar, los policías hicieron tres disparos, pegándole uno al demandante en su pierna derecha, cayendo al suelo, maltratándolo físicamente, obligándolo a ponerse de pie para llevarlo detenido, expresándole que le diera las armas, de lo cual no tenia conocimiento, acto seguido los policías iban dejándolo herido en el suelo, por lo que los vecinos reclamaron para que lo ayudaran, llevándolo en la paila de la patrulla, hacia el Hospital Escuela, dándole ingreso y expresando en el mismo la agresión intencional cometida por parte de la autoridad Policial, presentándose a las cinco de la mañana el Oficial SERGIO MERLO VALERIO, para ofrecer disculpas por lo acontecido y el daño causado, expresando que se harían cargo de los gastos médicos entregando un clavo quirúrgico por la fractura grado III, no recibiendo después otra clase de asistencia o ayuda de parte del Oficial o la Policía, amputándole su pierna desde la rodilla, quedando afectado de por vida, dado de alta el veintiocho de febrero del dos mil ocho, realizando reclamo ante el Oficial SERGIO MIGUEL MERLO VALERIO, exponiendo que había realizado un informe, el cual remitió a sus superiores, no apareciendo dicho informe, ni en el libro de novedades, ni en el Cuartel General de Casamata, sin tener una respuesta precisa; a raíz de lo ocurrido el demandante entró en un grave estado de depresión, creando problemas a su familiares por su cuidado y mantenimiento, por lo que se presentó la demanda de mérito.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despachos de Seguridad, contestó dicha demanda señalando que lo expresado en la demanda está redactado a conveniencia del demandante, no acompañando documentos indubitados emitidos por autoridad competente, sólo se presentó el reporte clínico en el cual se estipula que fue ingresado por una lesión leve en su pierna, no siendo causa de muerte, no acreditando quien fue el protagonista de la agresión, ni teniendo responsabilidad la Secretarìa ante tal hecho; en cuanto a la depresión que sufría el señor WILMER ARGEÑAL, tuvo que probarse por medio de dictámenes médicos, no siendo válido solo con la aseveración del apoderado del afectado; en cuanto a la reacción del demandante al ver la patrulla policial, da lugar a la presunción de que haya cometido actividades penadas por la ley, ya que cualquier ciudadano hubiera esperado se le requiriera y saber el por qué.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de marzo del dos mil doce dictó sentencia resolutiva en la cual declaró procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anuló totalmente, reconociendo la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se toman las siguientes medidas: 1) condenar al pago de daños y perjuicios consistentes en : a) DAÑO MATERIAL O PATRIMONIAL por la pérdida de su pierna derecha; b) DAÑO MORAL O INCORPORAL por el daño psicológico debido a la amputación, sin costas; bajo el criterio que tiene lugar la acción incoada en virtud de los daños causados al demandante hasta llegar a la amputación de su pierna derecha, debido al disparo realizado por un policía con su arma de reglamento, sin tener motivos racionales que lo facultaran para tal acción, ya que en la Ley Orgánica de la Policía Nacional en sus artículos 31, 32 y 333 se establece que la utilización de su arma de fuego será después del empleo de medios ineficaces para el resultado en concreto, no siendo el caso.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiocho de febrero del dos mil trece, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto, CONFIRMANDO la sentencia del A-quo y sin costas, bajo el criterio que se probó el actuar negligente por el miembro de la Policía Nacional, ocasionándole un daño permanente al demandante, no existiendo proporcionalidad en el uso de la fuerza, debiendo ser resarcido por mandato expreso en la constitución de la República el ahora demandante.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR, en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintiocho de febrero del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.028-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 153-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, presentó en fecha diecinueve de julio de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha treinta y uno de julio del dos mil trece, el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES y el veintiséis de agosto del dos mil trece, el abogado FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, en fecha veinte de agosto del dos mil trece, personó en concepto de parte Recurrida y el abogado FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR, se personó en fecha dos de septiembre del dos mil trece, en concepto de parte Recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional de conformidad al artículo 719 Numeral 1)inciso a) del Código Procesal Civil, por la falta de aplicación del articulo 32 y 206 numeral 2) del mismo Código, habida cuenta que el Estado esta siendo juzgado civilmente por considerarlo supuestamente responsable solidario de las acciones cometidas por un tercero a quien aún no se le ha concluido la acción penal sobre la cual se deriva la acción civil de la que ha sido juzgado el Estado en esta sentencia que se recurre. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA O NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se impugnan las sentencias que atañen al caso que nos ocupa y dictadas por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo con fecha veintisiete de marzo del 2012 y veintiocho de febrero del año dos mil trece respectivamente ,concretamente la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 28 de febrero del 2013 en virtud que ha sido dictada prescindiendo totalmente de la observancia del articulo 89 de la Constitución de la República; y el 32 del Código Procesal Civil. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringidos los artículos 82, 89 de la Constitución de la República, 32 y 206 numeral 2) del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación comprendido en el artículo 719 inciso a) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El articulo 89 de la Constitución de la República claramente establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; asimismo el articulo 32 del Código Procesal Civil contempla en cuanto a la competencia funcional la extensión, enmarcando que el Tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito la tiene también para resolver sobre sus incidencias, en el caso particular, el Estado esta siendo sometido a juzgamiento de pago de indemnización en calidad de solidario y no responsable directo de una acción, si es así, como es posible que esté el pobre Estado siendo juzgado, cuando el autor directo de la acción habiéndose sometido a acción penal sobre la cual se dirimirá la responsabilidad civil como incidencia de la acción penal antes referida, por lo tanto estando en calidad de inocente el autor directo de la acción lo está también el Estado en calidad de supuesto solidario en estos hechos; por lo tanto el tribunal sentenciador en apelación debió haber observado tales circunstancias y resolver conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes, dejando al Estado en total indefensión por no ostentar una responsabilidad directa sino que propias de un tercero a quien todavía no se le ha determinado responsabilidad penal con incidencia civil del hecho sobre el cual ha sido condenado. Reiteramos el Estado no actúa como responsable directo sino que como supuestamente solidario y de quien es responsable directo aún no ha sido juzgado debidamente. Nos preguntamos entonces, ¿en que se basó el Tribunal sentenciador para determinar la solidaridad del Estado en el caso particular de un tercero a quien aún no se le ha determinado responsabilidad en el hecho?;como consecuencia de tales hechos, la supuesta responsabilidad del Estado aun no ha sido determinada si de quien es supuestamente solidario no tiene sentencia penal que le acredite como responsable derivando la acción civil, quedando evidenciada la falta de competencia funcional, obsérvese que se condena al Estado como responsable directo y no solidario como es la pretensión de la acción, ante tales falencias la sentencia es recurrida de conformidad a derecho.”.- II.- El anterior cargo no constituye una proposición jurídica completa y por ello es inadmisible, en virtud de lo siguiente: a) no es claro ni preciso en el señalamiento de las normas que estima infringidas, ya que en un apartado cita la falta de aplicación de los artículos 32 y 206 numeral 2) del Código Procesal Civil, en otro añade el 89 de la Constitución de la República y en el acápite intitulado DISPOSICION INFRINGIDA incluye también el 82 de nuestra Carta fundamental; b) el precepto autorizante no encuadra con su explicación ni las normas citadas como infringidas; y, c) realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión de los hechos y del material probatorio, inapropiados en este extraordinario recurso.- III.- Que como segundo motivo de casación se sostiene: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional de conformidad al artículo 719 Numeral 2) del Código Procesal Civil, en infracción de los artículos 206 numeral 1) y 2); 207 numeral 2); 208 numeral 1) y 209 numerales 1) y 2) del mismo Código, y tiene como causa impugnar la aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA O NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha veintiocho de febrero del año dos mil trece en relación al considerando cuarto, específicamente a que el tribunal se pronuncia en el sentido de que el daño debe ser resarcido por mandato expreso de la Constitución de la República y relaciona los artículos 321, 324, 327en relación con el articulo 3 letra b) de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringidos los artículos: 327 de la Constitución de la República; 12 numerales 1, y 5, 206 numeral 2), 207 numeral 2); 208 numeral 1) y 209 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil; 17 del Código Civil; 124 de la Ley Orgánica de Policía Nacional de Honduras. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA O NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha veintiocho de febrero del año dos mil trece en relación al considerando cuarto, específicamente a que el tribunal se pronuncia en el sentido de que el daño debe ser resarcido por mandato expreso dela Constitución de la Republica y nomina los artículos 321, 324 y 327en relación con el articulo 3 letra b) de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; así como el considerando seis en cuanto refiere “que por los motivos antes expuestos esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que se debe confirmar la sentencia definitiva venida en apelación por estar dictada conforme a derecho; y únicamente se reforma en cuanto a la letra b) del numeral SEGUNDO de su parte resolutiva, ya que el quantum indemnizatorio por daño moral o incorporal, lo determinara el A-QUO después de escuchar al técnico especializado que coadyuve a su determinación”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva Nacional en infracción indirecta a los intereses del Estado de Honduras, en virtud que articulo 327 de la Constitución de la República dice: La Ley regulará la responsabilidad civil del Estado, así como la responsabilidad civil solidaria, penal y administrativa de los servidores del Estado. en el sentido literal de tal contexto, no puede desvincularse u obviarse lo que la Ley especial ya regula para los efectos de determinar la responsabilidad solidaria del Estado respecto de los servidores del Estado, en el caso particular de los policías, como lo es el caso que nos ocupa; como puede soslayarse o dejar de tomar en cuenta tales preceptos legales enunciados en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Policía contenida en el Decreto 156-98 y ratificados en el articulo 124 de la Ley Orgánica de Policía Nacional de Honduras vigente y contenida en el Decreto N° 67-2008, que literalmente dicen: “ARTÍCULO 90. Los funcionarios y miembros de la Policía responderán personalmente por la vía administrativa, civil o penal, según el caso, por los daños y perjuicios que ocasionen al Estado, a sus instituciones, o a los particulares cuando dichos funcionarios y miembros actuaren con dolo, culpa o negligencia grave. Estarán exentos de responsabilidad por los daños y perjuicios que se ocasionen en el transcurso o como consecuencia de detenciones, allanamientos y demás las Leyes, reglamentos y demás normativas aplicables”; “ARTÍCULO 124.- El ejercicio de una acción penal pública o civil contra un miembro de la Carrera Policial no impedirá que simultáneamente se inicie y desarrolle la investigación administrativa necesaria para aplicarle el régimen disciplinario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo que antecede, los (las) funcionarios(as) y miembros(as) de la Carrera Policial responderán personalmente por la vía administrativa, civil o penal, según el caso, por los daños y perjuicios que ocasionen al Estado, a sus instituciones, o a los particulares, cuando éstos actuaren con dolo, culpa o negligencia grave; No es factible para el juzgador aislar la aplicación del artículo 327 de la Constitución de la República cuando es vinculante con el articulo 90 de la Ley Orgánica de Policía contenida en el Decreto 156-98 vigente al momento de ocurrencia de los hechos y ratificado en el articulo 124 de la Ley Orgánica de Policía vigente, cuando congruentemente el legislador hace compatibles dichos preceptos legales, a su vez el artículo 17 del Código Civil es expreso al disponer que “no podrá atribuirse a la Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; es inverosímil que el pobre Estado queda en total indefensión, al imputarle una culpa en hechos de los cuales no tiene nada que ver, por ende inverosímil que el Tribunal sentenciador haga caso omiso de aquellas normas legales que inhiben al Estado de responsabilidad de toda naturaleza como en caso particular de la sentencia que hoy recurrimos. Es así que la sentencia ha sido dictada en flagrante violación a lo dispuesto en los artículos 206 numeral 1 ya que la misma carece de la debida exhaustividad, y conforme al numeral 2 resuelve conforme a normas no aplicables al caso al omitir voluntaria o involuntariamente el articulo 90 de la Ley Orgánica de Policía Nacional de Honduras vigente al momento de la ocurrencia de los hechos y ratificados con el contenido del articulo 124 de la Ley Orgánica de Policía vigente a al fecha. Igualmente a saber, se violenta lo dispuesto en al articulo 207 del Código Procesal Civil ya que la motivación de la sentencia no expresa razonamientos facticos y jurídicos que conduzcan a la aplicación e interpretación del derecho, en consideración a lo que antes hemos dejado dicho; al carecer de estos elementos la sentencia proferida carece de toda congruencia por lo que queda evidentemente de manifiesto la violación del articulo 208 del Código de Procedimientos Civiles; y para finalizar, se viola categóricamente el articulo 209 del Código de Procedimientos Civiles en sus numerales 1 y 2, en virtud que el reclamo en juicio para el pago de dinero se esta limitando a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos pues no existe una cuantía determinada, y la ley es expresa que debe cuantificarse exactamente su importe y por lo resuelto en la sentencia se colige que su determinación quedará expedita en ejecución de la sentencia desde el momento que dice que el cálculo se difiere en la ejecución de la sentencia, esta simple expresión no es categórica de fijar las bases con arreglo para efectuar una liquidación, lo cual se contrapone a la Ley y particularmente en el considerando 6 da a entender que su determinación se hará en la ejecución de la sentencia previo a escuchar a un técnico especializado para determinarla, tampoco esa expresión conduce a fijar una base de liquidación, pues no dice expresamente ni que técnico ni sobre que le va a escuchar; por lo que reiteramos que dicha sentencia no fija claramente las bases, que con una simple operación aritmética pueda determinarse la cuantía, lo enunciado para estos efectos no es claro ni preciso ratificándose una vez mas la flagrante violación a lo dispuesto en el articulo 206 numeral 1). Aunado a lo anterior y viendo el juicio completo en contexto, si bien es cierto en el Código Procesal Civil en el Artículo 12 numerales 1, 2 y 5, determina que el Juez está facultado para: dirigir el proceso; controlar la concurrencia de todos los presupuestos procesales establecidos en la ley, e igualmente resolver el litigio con arreglo a Derecho.. .Y e en el artículo 13 en lo que se refiere a la VALORACIÓN DE LA PRUEBA el numeral uno Reza 1 .El juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido, En este caso, el Juez de primera Instancia juzgó de forma parcializada porque, tal como se dejó establecido en la Contestación de la Demanda, si bien es cierto que existe un reporte clínico sobre el incidente, no es menos cierto que dicho reporte clínico indica que la causa de ingreso al hospital fue por una lesión leve en su pierna derecha producida por arma de fuego, pero en ninguna parte establece quien fue el responsable de la agresión sufrida por el demandante, como pretendió hacer creer manifestando que el expediente clínico reporta la “agresión intencional cometida por la autoridad”el A-quo estima que existe un daño susceptible de indemnización a favor del señor WILMER EDUARDO ARGEÑAL SALINAS, por considerar que existe coincidencia entre los hechos y pruebas alegados por las partes. Si bien en cierto el Artículo 720 del Código Procesal Civil indica la EXCLUSIÓN DE LA REVISIÓN PROBATORIA EN CASACIÓN. Y específicamente en su numeral primero reza “1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia” no es menos cierto que el tribunal de alzada los valoro y a nuestro juicio de manera equivocada ya que si hubiera considerado los hechos y pruebas aportadas por mi representada, hubiera llegado a la conclusión que no existe un daño ya que estamos ante un daño presunto, ya que la supuesta responsabilidad que se adjudica a mi representada no fue determinada por Tribunal Penal competente, ni tampoco fue probada contundentemente en juicio por la parte demandante, en relación a lo dispuesto en el Artículo 1349 del Código Civil que textualmente dice que “Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal. En segundo lugar, según la sentencia de primera instancia, el quantum indemnizatorio será fijado en el momento de la ejecución de la sentencia, equivocación del Juzgador cuando según la motivación de la sentencia, que luego refleja en la parte dispositiva, condena al Estado de Honduras al pago del daño moral, pero dice que es el juez quien lo determina de acuerdo a las reglas de la sana crítica y siguiendo los parámetros o pautas que da la doctrina, olvidando que ya el Código Procesal Civil establece la forma en que ha de establecerse el tal daño moral, en el caso que lo hubiere en, el artículo 499.2 del Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria a cualquier proceso en que se reclame una indemnización establece la forma en que ha de valorarse. Dice el citado articulo: “2. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorara atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya difundido, fijándose proporcionalmente en la sentencia el grado de afectación. También se valorara el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma. Y tal artículo se plasmó en una ley ante las arbitrariedades cometidas por los juzgadores, pues aunque no fuere esa su intención, establecían condenas sin más parámetros que los doctrinarios. En este caso particular, el tribunal de primera instancia debió sujetarse a los parámetros y el tribunal de alzada queriendo enmendar lo hecho por el tribunal de primera instancia se pronunciaúnicamente reformando en cuanto a la Letra b) del numeral segundo de su parte resolutiva, ya que el Juez liquidara la condena por daflo moral o incorporal después de escuchar al Técnico especializado que coadyuve en su determinación. No siendo tampoco congruente con el articulo antes citado.”.- IV.- Que al igual que en el anterior cargo, en el que antecede el Recurrente realiza alegatos propios de instancia, insta la revisión de los hechos y de la valoración de las pruebas; también incurre en el defecto técnico de señalar dos formas de infringir la Ley al indicar la aplicación e interpretación de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, cuando debió establecer si la violación lo es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; tampoco es claro en el señalamiento de las normas infringidas con los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 499.2 y 720 del Código Procesal Civil y 1349 del Código Civil, aludiendo en su explicación a otras normas no enunciadas en su formulación, todo lo cual hace que sea inadmisible dicho motivo.- V.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace merito, en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de abril del dos mil quince; certificación del auto de fecha diecinueve de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 535-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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