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Sentencia CA-509-14 — Registro 5027

Resumen

En primera instancia se declaró no subsanada la demanda siendo inadmisible la misma, bajo el criterio que mediante auto se le comunicaron las causas de inadmisibilidad que incurría la demanda consistente en la expiración del plazo para la interposición de la demanda, señalándose 10 días para desvanecer tal causa no llevándose a cabo por lo cual se le tiene como no presentad, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) el precepto autorizante es referido a lo concerniente a los actos y garantías procesales cuando su infracción produjera indefensión, limitándose a transcribir una serie de disposiciones del Código Procesal Civil, sin especificar si las mismas han sido infringidas por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, aduciendo además, que el ad-quem incurrió en un error de derecho; b) ataca los considerandos o fundamentos de la sentencia recurrida; c) insta la revisión de los hechos, como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del citado Código; y, d) formula alegatos de instancia

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) el precepto autorizante es referido a lo concerniente a los actos y garantías procesales cuando su infracción produjera indefensión, limitándose a transcribir una serie de disposiciones del Código Procesal Civil, sin especificar si las mismas han sido infringidas por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, aduciendo además, que el ad-quem incurrió en un error de derecho; b) ataca los considerandos o fundamentos de la sentencia recurrida; c) insta la revisión de los hechos, como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del citado Código; y, d) formula alegatos de instancia

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de julio de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: señor WILMER ORLANDO GIRON CASTELLANOS, representado en juicio por la abogada ZORAYA GISELA LAGOS RUBIO; y, el Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, reajuste salarial, derechos laborales y costas del juicio, promovida por el señor WILMER ORLANDO GIRON CASTELLANOS, mayor de edad, casado, hondureño, Policía Cobra y de este domicilio, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de noviembre del dos mil trece, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que mediante acuerdo de fecha treinta de mayo del dos mil tres, se le nombró en el cargo de Cobra de la Dirección General de la Policía Preventiva dependiente de la Secretaria de Seguridad; mediante Decreto No. 89-2012, del veinticuatro de mayo del dos mil doce, se decretó la Ley Especial para la depuración policial, publicada en el Diario Oficial la Gaceta el veinticinco de mayo del dos mil doce, en el cual se declaró situación de emergencia nacional en materia de seguridad pública con el objeto de implementar una depuración, violentándoles derechos fundamentales establecidos en las Constitución de la República, violentando el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional sin practicar audiencia de descargo por la supuesta reprobación del examen toxicológico que se sometió voluntariamente, dándose su cancelación el trece de noviembre del dos mil doce, interponiendo recurso de reposición e impugnando el mismo.- 2. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veinticinco de febrero del dos mil catorce, dictó auto resolutivo en la cual se declaró no subsanada la demanda siendo inadmisible la misma, ordenándose el archivo de las diligencias; bajo el criterio que mediante auto de fecha quince de enero del dos mil catorce se le comunicaron las causas de inadmisibilidad que incurría la demanda consistente en la expiración del plazo para la interposición de la demanda, señalándose 10 días para desvanecer tal causa no llevándose a cabo por lo cual se le tiene como no presentada.- 3. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional, en fecha veintiséis de junio del dos mil trece, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la sentencia proferida por el a-quo, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto y sin costas, bajo el criterio que el plazo de ley para interponer la demanda ya había caducado en virtud de haberle notificado la cancelación el treinta de octubre del dos mil doce y presentaron la demanda el veintidós de noviembre del dos mil trece, venciendo así los 15 días para su interposición.- 4. La representación procesal de la parte demandante, abogada ZORAYA GISELA LAGOS, presentó en fecha veintisiete de junio del dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra el auto resolutivo dictado en fecha veinticinco de febrero del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.194-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 440-2013, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha dieciocho de agosto del dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y se ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a la parte del respectivo personamiento ante este alto Tribunal, siendo notificada en fecha dos de octubre del dos mil catorce.- 5. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la abogada ZORAYA GISELA LAGOS, presentó escrito de fecha ocho de octubre del dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “PRECEPTO AUTORIZANTE. Articulo 719 literal b del código procesal civil, concerniente a los actos y garantías procesales cuando su infracción produjera indefensión. CONCEPTO DE LA INFRACCION, Transcripción de los preceptos legales a) Se infringieron los Artículos 1.1.3, 3, 7, 12.1.3, 199 del Código Procesal Civil. Artículo 1.- 1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. 3. Se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualquier persona a la justicia. El Órgano Jurisdiccional velará por el cumplimiento de éste artículo removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos Artículo 3.-Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. Artículo 7.- 1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas., 2. Las normas contenidas en este Código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación. El órgano jurisdiccional adecuará la exigencia de las normas al logro de los fines del proceso respetando las garantías legalmente previstas. Artículo 12.- 1. La dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y en este Código. 2. El Juez controla de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, así como la inexistencia de motivos de nulidad, antes de dictar sentencia. 3. El Juez estará facultado para intervenir directamente en los casos previstos por este Código en aras de una decisión justa, sin menoscabo de los principios dispositivo y de aportación, que son privativos de las partes. Artículo 199.-

  1. Los autos serán siempre motivados y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo.

DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO 1.-En el considerando tercero, el AD-QUEM concluye que el auto resolutivo venido en Recurso de Apelación, esta dictado conforme a derecho, sin considerar el hecho de que tal y como consta de autos en la demanda de merito con la misma presentación de la demanda, y como el mismo juzgado lo manifiesta, esta fue presentada en tiempo y forma, el día veintidós de noviembre del año dos mil trece, dentro del término de los quince días que la ley establece para la presentación de la misma, después de notificada de la resolución del recurso de reposición, interpuesto ante la Secretaria en los despachos de seguridad, lo que dejaba en suspenso, interrumpiendo el acto de la notificación de la cancelación del acuerdo de mi representado, actuación debidamente fundamentada en el artículo 49 de la Ley de procedimiento administrativo, del capítulo III de los plazos, extremo que también avalo, con el acta notarial levantada por la notario RHITA DAISY LOPEZ MURILLO, con la que demuestro fehacientemente que se me notifico de la resolución del recurso de reposición interpuesto en contra del acuerdo de cancelación, notificación que fue hecha en fecha cuatro de noviembre del año dos mil trece y la presentación de la demanda fue el veintidós de noviembre de dos mil trece, habiendo trascurrido catorce días. 2.-En el considerando cuarto, el AD-QUEM hace referencia a la norma establecida en la Ley de la Policía Nacional, como ley especial referente al procedimiento para el despido de los miembros de la carrera policial, obviando totalmente lo ya establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo, específicamente en el capítulo III articulo 49, ley que regula el funcionamiento de los órganos y entidades de la administración pública, cuando declaren, reconozcan, o limiten los derechos de los particulares, por lo tanto aplicable al caso que nos ocupa, es así que haciendo uso del derecho otorgado por esta legislación se presento en tiempo y forma el recurso de reposición contra el acto de notificación de la cancelación del acuerdo de mi representado. 3.-En el considerando quinto, el AD-QUEM relacionándolo al considerando cuarto continúa estableciendo que el plazo para interponer la demanda, ya había expirado, realizando el AD-QUEM una operación aritmética sin tomar en cuenta una fecha cierta de la cual partir para el conteo de los términos y declarar la expiración del plazo, tan es así que nunca, se tuvo a la vista la fecha de la notificación de la resolución del recurso de reposición emitido por la secretaría de seguridad, extremo que acredito con el pronunciamiento en el fallo de la sentencia del recurso de apelación dictada por el AD-QUEM, interpuesto el 12 de mayo de 2014, en el que en su parte tercera declara sin lugar la prueba propuesta por ser la misma inútil e improcedente para el caso de acreditar la causa de inadmisibilidad señalada para la admisión de la demanda. Por consiguiente es visto que la Corte sentenciadora incurrió en un error de derecho al omitir apreciar la prueba propuesta para acreditar la fecha de notificación de la resolución emitida por la secretaría de seguridad. Por los motivos anteriormente expuestos, la Corte Sentenciadora incurrió en una violación de la ley aplicable al caso, dejando en indefensión a mi representado al haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil catorce dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, confirmando el auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil catorce dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Vedando el derecho de mi representado de tener acceso a la justicia que nos provee nuestro país, como un derecho social y humano, de defenderse con los medios franqueados para tales fines.”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) el precepto autorizante es referido a lo concerniente a los actos y garantías procesales cuando su infracción produjera indefensión, limitándose a transcribir una serie de disposiciones del Código Procesal Civil, sin especificar si las mismas han sido infringidas por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, aduciendo además, que el ad-quem incurrió en un error de derecho; b) ataca los considerandos o fundamentos de la sentencia recurrida; c) insta la revisión de los hechos, como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del citado Código; y, d) formula alegatos de instancia.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiocho de julio del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 509-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL