Sentencia CA-501-13 — Registro 4244
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en defectos técnicos en su formulación puesto que no indica las normas infringidas; insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y realiza alegatos propios de instancia.- “ Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.-“
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada ponente la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia, representada en juicio por el abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA; y, Recurrido: señora IRIS NATALIA BRENES CERNA, representada en juicio por el abogado ALLAN RICARDO PINEDA BAUTISTA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda la Nulidad de un Acto Administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada, por la cancelación supuestamente considerada ilegal e injusta, reintegro a su puesto de trabajo, promovida por la Señora IRIS NATALIA BRENES CERNA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia representada en juicio por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició su relación laboral mediante Acuerdo de Nombramiento número 179-DP-2007 fechado el 10 de Septiembre del año 2007, nombrada en el puesto de Analista de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General de Servicio Civil, dicho nombramiento era efectivo a partir del 10 de Septiembre del año 2007, devengando inicialmente un sueldo mensual de L.17,810.00 mensuales; posteriormente mediante acuerdo de cancelación número 132-DP-2011 del 30 de septiembre del año 2011, fue cesanteada del puesto que venía desempeñando en el cual se establece que su separación es conforme a lo dispuesto en el artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil, y los artículos 187 al 193 de Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Cancelación que no siguió el procedimiento legal en vista de no existir causal para su cancelación.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia, contestó dicha demanda señalando que el acto impugnado fue emitido siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 53 letra b) de la Ley de Servicio Civil, pretendiendo establecer un sistema racional de administración de personal por lo que la cancelación fue justificada. Que la actora de esta acción contenciosa administrativo, ha expresado que se le han violentado sus derechos laborales cancelándola de su puesto en total omisión del procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil específicamente en el articulo 53 literal b), excepción concedida a la autoridad nominadora para cesantear al personal que labora en dicha institución y que la parte demandante no ha acreditado con precisión donde se encuentra la violación de los derechos que tiene como empleada del Instituto, ya que el acto impugnado contenido en el acuerdo numero 1 32-DP-201 1, de fecha 30 de Septiembre de 2011 fue dictado por la autoridad en estricto cumplimiento y observancia de la Ley.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de septiembre de dos mil doce, dictó auto sentencia definitiva declarando procedente la acción en consecuencia se anula totalmente y se reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante y para el pleno restablecimiento se resuelve reintegrar a la demandante Iris Natalia Brenes Cerna a su cargo de Analista de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial y condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial, al pago a favor de la demandante Iris Natalia Brenes Cerna de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que este restituida en su cargo, mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado la evaluación periódica respectiva al demandante, ya que la disposición que obliga a efectuar dichas evaluaciones no ha sido derogada, por lo cual está vigente y es de obligatorio cumplimiento; que se haya tomado en cuenta sus años de servicio en la Administración Pública; que después de emitido el acuerdo de cancelación, la Autoridad Nominadora haya enviado a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de los cesanteados para que la demandante sea inscrita con derecho preferente en el registro de reingreso; es decir, no se acreditaron en el juicio elementos indispensables que debe de cumplir la Autoridad Nominadora para prescindir de los servicios de las personas afectadas por las cesantías, en este caso la demandante, pretendiendo la parte demandada que con solo la consulta hecha al Consejo del Servicio Civil y la autorización de éste, se realizó el procedimiento en su totalidad para la cancelación por cesantía, lo que hace que dicho Acto infrinja el ordenamiento jurídico al no realizar el procedimiento tal como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y 280 y 281 de su Reglamento de aplicación; asimismo, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 278 de dicho Reglamento hay dos razones por las cuales procede la cesantía de un servidor público, implicando ambas razones la reducción de personal o de servicios, lo cual no fue acreditado en autos, asimismo no se acreditó que la plaza de la demandante se haya cancelado, es mas con el medio de prueba libramiento de oficio propuesto por la parte demandada y evacuado el mismo se comprobó que la plaza está ocupada por otra persona.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciséis de mayo de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que el apelante alega que la cancelación de la demandante se realizó conforme a derecho, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento; sin embargo, la referida Ley establece los requisitos y el procedimiento para que la Autoridad Nominadora pueda prescindir de los servicios de un servidor público por cesantía, no constando en autos se haya realizado totalmente el procedimiento establecido en dicha Ley para la cancelación de la demandante, por lo cual, el Acto Impugnado se emitió infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable, siendo por lo tanto nulo el mismo, al haberse dictado sin seguir totalmente para su emisión el procedimiento establecido, ya que todas las disposiciones relacionadas a la cancelación por cesantía están vigentes, por lo cual son de obligatorio cumplimiento y solo el cumplimiento de alguna de ellas, como ser la consulta a Servicio Civil y el haber realizado en una ocasión una evaluación, no implica el cumplimiento de todo el procedimiento establecido; así mismo, si bien es cierto, hubo una reasignación de la plaza que ocupaba la demandante, no es menos cierto que no consta se haya cancelado dicha plaza, acreditándose que se nombró a otra persona en la plaza de la demandante, por lo cual, no consta se haya cumplido con el fin de la cesantía.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, presentó en fecha catorce de junio del año dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha dieciséis de mayo del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 148-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 498-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el terminó de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, la abogado ALLAN RICARDO PINEDA BAUTISTA, presentó en fecha veintitrés de julio de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticinco de julio del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha treinta y uno de julio y cinco de agosto del dos mil trece, los abogados ALLAN RICARDO PINEDA BAUTISTA y CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados ALLAN RICARDO PINEDA BAUTISTA y CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, presentaron escritos en fecha siete de agosto del dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “La Casación se basa en el artículo 719 numeral 2; Consistente en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. La Sentencia de Segunda Instancia y, que es motivo de impugnación se basó en que supuestamente fueron violados los presupuestos y procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil, para proceder a la cancelación de la demandante, al no haberse seguido totalmente el procedimiento para proceder a su cancelación por Cesantía, sin darle el valor real que tienen los medios de pruebas que fueron propuestos y evacuados, la Demandante Señora IRIS NATALIA BRENES CERNA, prestó sus servicios como Analista de Recursos Humanos y, al interponer esta improcedente demanda, sin fundamento alguno con el único ánimo de lucrarse y obtener un beneficio económico que a todas luces no le corresponde y, tal cometido lo está logrando, al concederle un derecho que no le corresponde, pues los salarios dejados de percibir que se le están reconociendo, no le corresponder, debido a que la autoridad nominadora antes de emitir el correspondiente Acuerdo de Cancelación lleno cada uno de los requisitos legales y siguió con el procedimiento legalmente establecido para tal efecto, por lo tanto el mismo es emitido conforme a derecho y por lo tanto revestido de toda la solemnidad y la legalidad del caso, cumpliendo a cabalidad y en todo momento del procedimiento legal que para tal efecto señala la Ley de Servicio Civil y su respectivo Reglamento y, ha sorprendido en su buena fe al Tribunal tanto de Primera como de Segunda Instancia, puesto los argumentos que utilizo en la demanda no pueden tomarse como válidas para calificar o sustentar la interposición de una improcedente demanda, que a todas luces corresponde la improcedencia de un derecho, mas que el que ya se encuentra plenamente identificado y calculado y, que valga la aclaración, con el procedimiento seguido por mi representado, se han salvaguardado en todo momento, todos los derechos que le pudiera corresponder y, que están consignado en la Ley de Servicio Civil y su respectivo Reglamento, ya que se esta dejando pasar por alto, intencionalmente o por descuido, todas las estipulaciones legales que al efecto se han emitido, así como las circunstancias que provocaron la cancelación de plazas y posterior reestructuración que sufrió la Dirección General de Servicio Civil, dichas disposiciones las encontramos ampliamente desarrolladas en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, pues precisamente atendiendo a dichos preceptos legales y, en apego a la Ley se procedió conforme a derecho a emitir el correspondiente Acuerdo de Cancelación por Cesantía de la demandante y, por lo tanto le corresponde únicamente las indemnizaciones legales que se encuentran a su disposiciones para ser reclamadas por la Señora IRIS NATALIA BRENES CERNA, por haber sido Cancelada por medio de Cesantía. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al momento de emitir el fallo, motivo de esta Casación, no valoro así como tampoco lo hizo el Juzgado de Primera Instancia, pues se probó hasta la saciedad, que efectivamente se cumplió con el procedimiento para proceder a la cancelación por Cesantía, Honorables Magistrados, como es posible que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y la Corte de Apelaciones hiciera una mala apreciación de lo que señala la Ley de Servicio Civil.”.- II. Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en defectos técnicos en su formulación puesto que no indica las normas infringidas; insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y realiza alegatos propios de instancia.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de febrero del dos mil quince; certificación del auto de fecha veinte de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 501-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL