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Sentencia CA-492-14 — Registro 8752

Resumen

En primer instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) El precepto autorizante no ha sido señalado con precisión, ya que se limita a indicar que se encuentra comprendido en el artículo 719 inciso c) del Código Procesal Civil, olvidando que dicha disposición contiene 2 numerales; b) no precisa o justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario, tal como lo establece el artículo 720 numeral 1) del citado Código; y, d) en su explicación señala normas que no han sido enunciadas como violadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 31 inciso a), 48 y105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) El precepto autorizante no ha sido señalado con precisión, ya que se limita a indicar que se encuentra comprendido en el artículo 719 inciso c) del Código Procesal Civil, olvidando que dicha disposición contiene 2 numerales; b) no precisa o justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario, tal como lo establece el artículo 720 numeral 1) del citado Código; y, d) en su explicación señala normas que no han sido enunciadas como violadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 31 inciso a), 48 y105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de junio de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado FRANCISCO AYES CALLEJAS; y, la recurrida: señora ALMA LUZ RODRIGUEZ MARTINEZ, representada en juicio por la abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO.OBJETO DEL PROCESO: Nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento como ser el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a titulo de indemnización por daños y perjuicios más costas del juicio; promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán por el abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, actuando en su condición de representante procesal de la señora ALMA LUZ RODRIGUEZ MARTINEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONSEJO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (COHCIT), representado en juicio por el abogado FRANCISCO AYES CALLEJAS.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a laboral en fecha diecinueve de abril del dos mil seis, en el cargo de Contadora General, el día catorce de octubre del dos mil nueve, le notificaron su cancelación sin establecer causa alguna y sin darle el derecho a la defensa mediante audiencia de descargo, fundamentándose en el Código del Trabajo, no siendo la ley que regula a los empleados del Poder Ejecutivo, por lo que la parte demandada emitió un acto administrativo prescindiendo del procedimiento para la validez del mismo.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONSEJO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (COHCIT), contestó la demanda señalando que acepta parcialmente lo alegado por la demandante en virtud que no se realizó una cancelación sin causa alguna ya que en el contrato se establecieron causales legalmente calificadas para rescindir o dar por terminado un contrato, no habiendo violentado lo establecido en las disposiciones comprendidas en la Ley de Servicio Civil y su reglamento u otra normativa.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de junio del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado en consecuencia se anula el mismo, reconoce la situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento resuelve adoptar el derecho al pago de sus prestaciones laborales, consistentes en la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince años en concepto de auxilio de cesantía, así como un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años en concepto de preaviso y demás derechos que le pudieran corresponder; declarar extinguida la relación laboral existente entre la demandante y el Estado de Honduras a través del COHCIT y sin costas; bajo el criterio que el contrato por el cual inició la relación laboral no reúne los requisitos requeridos por la Ley de Servicio Civil, no existiendo en sus cláusulas fecha de finalización por lo que no se le puede atribuir esa ilegalidad al servidor público, teniendo la parte demandada que reconocerle todos los derechos que requiere el personal permanente puesto que al prescindir de sus servicios debió de aplicar lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, cancelándola ya sea por despido o cesantía, no constando en autos el procedimiento, infringiendo el ordenamiento jurídico.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha tres de abril del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia del A-quo, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto y sin costas, bajo el criterio que la Autoridad Nominadora para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía o despido del cargo que desempeñaba, estaba obligada a seguir lo establecido en la ley por lo que procede la acción interpuesta.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado FRANCISCO AYES CALLEJAS, presentó en fecha cuatro de junio del dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la Sentencia dictada en fecha tres de abril del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 091-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el numero Exp. 357-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha Nueve de junio del dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en fecha cuatro de agosto del dos mil catorce, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cinco de agosto del dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante ese alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas diecinueve de agosto y once de septiembre del dos mil catorce, los abogados DIANA MELISSA PINEDA SALGADO y FRANCISCO AYES CALLEJAS, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados DIANA MELISSA PINEDA SALGADO y FRANCISCO AYES CALLEJAS, presentaron escritos en fechas veintiséis de agosto y diecinueve de septiembre del dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia; que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “se impugna la aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia (artículo 719 inciso c) del Código Procesal Civil). NORMA DE DERECHO QUE SE CONSIDERA INFRINGIDA: infracción directa del artículo 207 del Código Procesal Civil (norma sustantiva) en sus dos numerales: 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho, y 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. FUNDAMENTO LEGAL DEL RECURSO: la sentencia recurrida carece de motivación, tal cual se puede comprobar luego de una somera lectura de la misma. Asimismo, dicha sentencia fue emitida sin tomar en cuenta las reglas de la lógica y de la razón, pues no consta en el expediente administrativo de la demandante ni en los registros de mi representada la existencia del acto impugnado (notificación de cancelación de fecha 14 de octubre del 2009), pues en dicho expediente únicamente obra una notificación de cancelación de fecha 13 de febrero del 2009, acto que no es impugnable conforme a lo establecido en el artículo 31 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que el mismo se encuentra firme debido a que no fue recurrido dentro del plazo establecido en el artículo 48 en relación con el 105 de la mencionada Ley. DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION Con este recurso de casación pretendo que la Honorable Sala Laboral y de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia CASE la sentencia recurrida y dicte nueva sentencia, resolviendo el litigio.”.- II.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) El precepto autorizante no ha sido señalado con precisión, ya que se limita a indicar que se encuentra comprendido en el artículo 719 inciso c) del Código Procesal Civil, olvidando que dicha disposición contiene 2 numerales; b) no precisa o justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario, tal como lo establece el artículo 720 numeral 1) del citado Código; y, d) en su explicación señala normas que no han sido enunciadas como violadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 31 inciso a), 48 y105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de agosto del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiséis de junio del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 492-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

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