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Sentencia CA-478-13 — Registro 4293

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso.-“ Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA; y, Recurrido: el señor RAMON ENRIQUE CHANDIAS PACHECO, representado en juicio por la abogada KARENINA CHANDIAS GUZMAN.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reintegro, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la abogada KARENINA CHANDIAS GUZMAN, en su condición de representante procesal del señor RAMON ENRIQUE CHANDIAS PACHECO, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que la relación laboral con el instituto de la Propiedad, se inicio el 29 de Septiembre de 2005, mediante acuerdo numero 006-2005, en la cual se le nombra como Coordinador Regional de Inspectoría; posteriormente en fecha 10 de junio 2011, el Instituto de la Propiedad, emitió el ilegal acuerdo No-009-20 11, en el cual se ordena cancelar el nombramiento como Coordinador Regional de Inspectoría, notificándole el acuerdo en horas inhábiles, por lo tanto este fue emitido en forma ilegal e irregular, por no existir causa alguna consignada en las leyes del país, para cancelar la relación de trabajo de forma unilateral, siendo por lo tanto dicho acuerdo, violatorio de todo el ordenamiento jurídico laboral y constitucional.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que se opone a la pretensión de la demandante, en virtud de alegar que la cancelación haya sido injustificada e ilegal como lo menciona el actor, porque dicha cancelación se ejecutó en estricta aplicación a la Ley de Propiedad y según las claras atribuciones que dicho cuerpo legal le confiere al Consejo Directivo y Secretaria Ejecutiva contenidas en los artículos 8, 10 numerales 1, 3 y 4, y artículo 11 numeral 3.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de diciembre de dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción, en consecuencia se anula totalmente dicho acto, consistente en el Acuerdo de Cancelación N° 009-2011 del 10 de junio de 2011 RAMON ENRIQUE CHANDIAS PACHECO, pues dicho acto ha sido proferido prescindiendo absolutamente del procedimiento establecido y reconocer la situación jurídica individualizada reclamada, sin costas; bajo el criterio que no se logró acreditar que la Autoridad Nominadora haya seguido el procedimiento establecido en el Reglamento de Personal para ejercer la facultad contenida en la Ley del Instituto de la propiedad para cancelar a un servidor que preste sus servicios en dicha Institución. Tampoco se pudo probar que el demandante haya cometido infracción alguna que amerite su cancelación.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciocho de abril de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que el acto impugnado fue dictado sin seguir procedimiento alguno para su emisión o presupuestos legales, ya que no basta con tener la facultad para nombrar y cancelar personal, para estimar con esto, que se puede cancelar al personal sin ningún tipo de supuestos o sin procedimiento alguno, que es lo que sucedió en el caso de autos.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, presentó en fecha catorce de mayo del año dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha dieciocho de abril de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 094-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 332-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, la abogada KARENINA CHANDIAS GUZMAN, presentó en fecha veinticinco de junio de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintisiete de junio de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha diecisiete y veinticuatro de julio del dos mil trece, los abogados KARENINA CHANDIAS GUZMAN y QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados KARENINA CHANDIAS GUZMAN y QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, presentaron escritos en fecha veintitrés y treinta de julio del dos mil trece, respectivamente, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que la recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Cuatro de los fundamentos de derecho, en el cual manifiesta: “Que del estudio y análisis del presente caso de autos se desprende que la sentencia definitiva venida en apelación está dictada conforme a derecho, esto porque el acto impugnado fue dictado sin seguir procedimiento alguno para su emisión o presupuestos legales para su emisión”, es importante aclarar que con respecto al Acuerdo de cancelación No. 009-2011 de fecha Diez (10) de Junio del año dos mil once (2011), dictado por el Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad le confiere al Consejo Directivo y Secretaria Ejecutiva contenidas en los artículos 8, 10 numerales 3 y 4, y artículo 11 numeral 3, los cuales fueron valorados al momento de dictar esta sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Articulo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: En el Considerando Quinto, para proceder a la cancelación del señor RAMON ENRIQUE CHANDIAS PACHECO, como pudo observar este Honorable Tribunal no se consulto a la Dirección de Servicio Civil por dos Razones Fundamentales: 1) El Instituto de la Propiedad no se rige por el Régimen de Servicio Civil, si no que por el Reglamento de Personal el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según acuerdo No. 037-2005, hecho este que esta Honorable Corte de Apelaciones desconoce al momento de dictar esta sentencia. 2) La cancelación del señor RAMON ENRIQUE CHANDIAS PACHECO, fue dictada por la Autoridad Competente en base a los artículos 8, 10 numerales 3 y 4, y artículo 11 numeral 3 de la Ley de Propiedad, no se tenía que regir por un procedimiento previo para proceder a la cancelación del demandante a su puesto de trabajo, ya que el mismo acuerdo de Cancelación No. 0094-2011 claramente lo establece, pues como lo hemos repetido y sostenido, el Instituto de la Propiedad no se RIGE por la Ley de Servicio Civil, sino que por el Reglamento de Personal que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad en fecha 31 de mayo del 2005 según Acuerdo No 037-2005. Con las claras atribuciones que le confiere la Ley de Propiedad. TERCERO: El Considerando número Seis de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en el acuerdo de cancelación dictado por el Instituto de la Propiedad en estricta observancia a la Ley de Propiedad, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. La inobservancia de los Honorables Magistrados a lo que Establecen los Artículos 8, 10 numeral 3 y 4 y artículo 11 numeral 3 de la Ley de Propiedad, es la que nos motiva a interponer este Recurso de Casación ante esta Honorable Corte, todo esto en virtud de que el Señor RAMON ENRIQUE CHANDIAS PACHECO, fue cancelado de su cargo respaldando tal decisión, las atribuciones propias del Consejo Directivo y las funciones del Secretario Ejecutivo que la Ley Propiedad les otorga. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho según lo establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 8, 10 numerales 3 y 4, y artículo 11 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206, 207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia.”.- II. Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, , impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho merito. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil quince; certificación del auto de fecha veinte de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 478-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL