Sentencia CA-473-13 — Registro 4255
Resumen
En segunda instancia se revocó la sentencia del A-quo, declarando con lugar la acción incoada por la demandante por no estar ajustado a derecho el acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que el cargo que antecede no resulta admisible, por cuanto la recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) en su formulación alega la aplicación indebida de las normas de derecho que cita, pero en su explicación alude “…por tanto cada uno de los artículos que hemos mencionado, son aplicables al caso que nos ocupa…”, lo cual resulta confuso; b) en el concepto de la infracción se señalan otras normas, como es el caso de los artículos 35 de la Ley General de la Administración Pública y 39 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder Ejecutivo, que no fueron invocadas en su formulación; y, c) no es preciso el señalamiento del precepto autorizante al indicar que el mismo “se encuentra comprendido en el artículo 719 inciso c) y numeral 2 del Código Procesal Civil.”, lo cual configura distintas causales del recurso”Que en su segundo motivo de casación la Impetrante expone: “Se impugna la falta de aplicación de las normas de derecho que han debido ser empleadas para la solución del fondo del litigio, en este caso particular, del artículo 3 inciso f) de la Ley de Servicio Civil.PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 21 de marzo del 2013, excepto a cuando dispone “sin costas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1) inciso c) y numeral 2 del Código Procesal Civil.CONCEPTO DE LA INFRACCION. La Abogada DAYANA DAN ISELA REYNAUD REYEZ, comenzó a laborar para la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes desde el 04 de agosto de 2009, mediante Acuerdo No. 266-2009, en el cargo de Director de Modernización, como tal formando parte del servicio excluido del Régimen del Servicio Civil, es decir, que la Abogada REYNAUD REYES, una vez nombrada como Directora, no está sujeta al régimen de servicio civil. El artículo 3 incisos f) de la Ley de Servicio Civil prescribe: “Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos:... f) A los Directores y Sub-Directores Generales;... En el artículo 9 numeral 6 de dicho Reglamento se dispone que quedan excluidos del Régimen del Servicio Civil los servidores del Poder Ejecutivo los Directores Generales y Sub-Directores Generales cuando, en éste último caso, dichos cargos estuvieren así creados y clasificados, por tanto la ahora demandante no realizó la respectiva gestión para formar parte de los puestos clasificados en Servicio Civil hasta llegar a formar parte de lo establecido en el Artículo 11, inciso 4, 6 de la Ley de Servicio Civil: “Llenar las condiciones exigidas para el cargo... .“; “Haber obtenido el nombramiento respectivo. Para dejar de ser puesto excluido y formar parte del Régimen de Servicio Civil, acciones que debe realizar cada Director en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, ya que son personalísimas. De acuerdo con las disposiciones que he citado, por expresa mención de la Ley y su reglamento, no están sujetos al Régimen del Servicio Civil y por tanto excluidos de los derechos y obligaciones contenidos en la Ley de Servicio Civil, los Directores Generales, y la Abogada DAYANA DANISELA REYNAUD REYES, ocupaba al momento de su cancelación, en el cargo de Director de Modernización y antes de eso la relación que la unió con la Secretaria de Cultura, Artes y deportes, fue mediante un Acuerdo de modalidad de puesto excluido también del Régimen del Servicio Civil, sin embargo el Tribunal Sentenciador en franca rebeldía con la Ley dejo de aplicar las disposiciones legales antes citadas, y en su defecto aplico en forma indebida los artículos 3 inciso f), de la Ley de Servicio Civil y Articulo 9, incido 6 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.”.- “. Que tampoco puede ser admisible el cargo anterior, ya que de nuevo la censora del fallo en su formulación alega la falta de aplicación de las normas de derecho que cita (artículo 3 inciso f) de la Ley de Servicio Civil), pero en su explicación alude “…sin embargo el Tribunal Sentenciador en franca rebeldía con la Ley dejó de aplicar las disposiciones legales antes citadas, y en su defecto aplicó en forma indebida los artículos 3 inciso f), de la Ley de Servicio Civil …”, lo cual resulta confuso y contradictorio, ya que la misma norma no puede al mismo tiempo ser dejada de aplicar y hacerlo en forma indebida; en el concepto de la infracción se señalan otras normas, como es el caso del artículo 9, inciso 6) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que no fue invocada en su formulación; y, c) no es preciso el señalamiento del precepto autorizante.- “ Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- . En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil,"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada ponente la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes, representado en juicio por la abogada IVONNE GISELA MORALES PALACIOS; y, Recurrida: la señora DAYANA DANISELA REYNAUD REYES, representada en juicio por el abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medida para su pleno restablecimiento se solicita el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, demás derechos que correspondan y costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora DAYANA DANISELA REYNAUD REYES, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha cuatro de agosto del dos mil nueve, comenzó a trabajar en el cargo de Directora de Modernización, mediante acuerdo numero 038-2010 de fecha once de febrero del dos mil diez, se le canceló su nombramiento, siendo contrario a derecho, no observando el procedimiento de ley establecido ni estipulando justa causa, sin expresar si fue por cesantía, cancelación o por despido, no siendo el cargo que desempeñaba excluido o de confianza, ya que no se encuentra establecido en e articulo 3 de la Ley de Servicio Civil.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes, contestó dicha demanda señalando que el cargo que desempeñaba la demandante era puesto excluido, estando contemplado en los artículos 3 de la Ley de Servicio Civil y 6 numeral 45 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, siguiendo así lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de agosto del dos mil trece, dictó sentencia resolutiva en la cual declara improcedente la acción incoada por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, sin costas bajo el criterio que si bien el cargo que desempeñaba la demandante no se encuentra establecido en el articulo 3 de la Ley de Servicio Civil, pero si dentro del capitulo I, sección B, relacionada con el servicio excluido en el articulo 9 numeral 1 y 11 numeral 4 del reglamento de dicha ley, indica que el puesto que ocupaba la demandante si estaba excluido por ser personal de confianza, excluido del régimen de Servicio Civil.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiuno de marzo del dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto, REVOCO la sentencia del A-quo y sin costas, declarando con lugar la acción incoada por no estar ajustado a derecho el acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en consecuencia se anuló totalmente, se reconoció la situación jurídica individualizada consistente en condenar al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes, a la restitución del cargo que ocupaba, pago de sueldos dejados de percibir, derechos adquiridos y sin costas, bajo el criterio que la demandante comenzó a trabajar antes de la publicación en el diario oficial la gaceta del Reglamento Interno de la Ley de Servicio Civil, de fecha once de septiembre del dos mil nueve, no siendo aplicable al caso ya que al momento de darse la relación de trabajo estaba vigencia el Reglamento Interno de 1972, dentro del cual el cargo que desempeñaba la señora DAYANNA REYNAUD, no se consideraba de confianza, no estando excluido de Régimen de Servicio Civil, así como lo establece el articulo 3 de la Ley de Servicio Civil, el cual no puede ser reformado por un reglamento, no teniendo efecto retroactivo.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada IVONNE GISELA MORALEZ PALACIOS, presentó en fecha dieciséis de mayo del año dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintiuno de marzo del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.054-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 076-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, el abogado JOSE EFRAÍN BRICEÑO, presentó en fecha once de junio de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha trece de junio del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fechas dieciocho de julio del dos mil trece, la abogada IVONNE GISELA MORALEZ PALACIOS y el dieciocho de julio del dos mil trece, el abogado JOSE EFRAÍN BRICEÑO.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la los abogados IVONE GISELA MORALES PALACIOS y JOSE EFRAÍN BRICEÑO, presentaron en fechas veinticinco de junio del dos mil trece y veintidós de julio del dos mil trece, personándose en concepto de parte Recurrente y Recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación indebida de las normas de derecho que han debido ser empleadas para la solución del fondo del litigio, en este caso particular, de los artículos 3 inciso a) y f) de la Ley de Servicio Civil, Artículo 9 y 11 numeral 4 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha veintiún de marzo del año dos mil trece, excepto a cuando dispone “sin costas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 inciso c) y numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La Abogada DAYANA DANISELA REYNAUD REYEZ, comenzó a laborar para la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes desde el 04 de agosto de 2009, mediante Acuerdo No. 266-2009, en el cargo de Director de Modernización, como tal formando parte del servicio excluido del régimen del Servicio Civil, es decir, que la Abogada REYNAUD REYES, una vez nombrada como Directora, no está sujeta al régimen de servicio civil. El artículos 3 inciso a) establece “A los Secretarios y Sub-Secretarios de Estado y a sus empleados de confianza;...”. y f) “Los Directores y Sub Directores Generales... “, esto en relación el Artículo 9 del Reglamento de la ley de Servicio Civil, sección B) Servicio Excluido, están excluidos de la Ley de Servicio Civil, los servidores del Poder Ejecutivo, comprendidos en los Artículos 3 de Ley t 35 de la Ley General de Administración Pública, incluyendo a los Secretarios y Sub Secretarios de Estado y sus empleados de confianza, conforme dispone el Artículo 11 del presente reglamento y el Artículo 11 establece que para los fines del Artículo 3(tres) inciso a) de la Ley y 9 (nueve) inciso 1 del presente reglamento se consideran empleados de confianza de los Secretarios y Sub Secretarios de Estado los siguientes: (inciso 4), Los titulares de las oficinas de coordinación regional, departamental o local de las Secretarías de Estado, así como de las Unidades de Planeamiento y Evaluación de Gestión, Modernización, Servicios Legales, Comunicación Institucional y Gestión de Cooperación Externa y Movilización de Recursos, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 109 del Reglamento de Organización y Funcionamientos del Poder Ejecutivo. El Artículo 35 de la Ley General de la Administración Pública, claramente las disposiciones que he citado excluyen de la aplicación del Régimen del Servicio Civil a los Directores Generales, y la Abogada DAYANA DANISELA REYNAUD REYES, desde el 04 de agosto de 2009, ocupaba el cargo de Director de Modernización de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, con el cual desarrollaba su trabajo directamente con el Secretario de Estado, tal como lo menciona el Artículo 11, inciso 4 del Reglamento de Servicio Civil, donde menciona cada una de las unidades consideradas también las direcciones como puestos de confianza o relacionadas en el Reglamento de la Organización y Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo en su Artículo 39 sub sección tercera de la Unidad de Modernización, el que menciona: “Corresponde a la Unidad de Modernización Coordinar las Acciones orientadas a diseñar, ejecutar y evaluar medidas de reforma institucional, dando seguimiento a su ejecución de acuerdo con los programas de la Secretaría de Estado”, siendo este honorable Corte de Apelaciones el puesto que ocupaba la Abogada Reynaud Reyes, considerándose por ende un puesto de confianza de servicio excluido, tal como lo hemos manifestado anteriormente, por tanto cada uno de los artículos que hemos mencionado, son aplicables al caso que nos ocupa.”.- II. Que el cargo que antecede no resulta admisible, por cuanto la recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) en su formulación alega la aplicación indebida de las normas de derecho que cita, pero en su explicación alude “…por tanto cada uno de los artículos que hemos mencionado, son aplicables al caso que nos ocupa…”, lo cual resulta confuso; b) en el concepto de la infracción se señalan otras normas, como es el caso de los artículos 35 de la Ley General de la Administración Pública y 39 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder Ejecutivo, que no fueron invocadas en su formulación; y, c) no es preciso el señalamiento del precepto autorizante al indicar que el mismo “se encuentra comprendido en el artículo 719 inciso c) y numeral 2 del Código Procesal Civil.”, lo cual configura distintas causales del recurso.- III. Que en su segundo motivo de casación la Impetrante expone: “Se impugna la falta de aplicación de las normas de derecho que han debido ser empleadas para la solución del fondo del litigio, en este caso particular, del artículo 3 inciso f) de la Ley de Servicio Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 21 de marzo del 2013, excepto a cuando dispone “sin costas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1) inciso c) y numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La Abogada DAYANA DAN ISELA REYNAUD REYEZ, comenzó a laborar para la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes desde el 04 de agosto de 2009, mediante Acuerdo No. 266-2009, en el cargo de Director de Modernización, como tal formando parte del servicio excluido del Régimen del Servicio Civil, es decir, que la Abogada REYNAUD REYES, una vez nombrada como Directora, no está sujeta al régimen de servicio civil. El artículo 3 incisos f) de la Ley de Servicio Civil prescribe: “Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos:... f) A los Directores y Sub-Directores Generales;... En el artículo 9 numeral 6 de dicho Reglamento se dispone que quedan excluidos del Régimen del Servicio Civil los servidores del Poder Ejecutivo los Directores Generales y Sub-Directores Generales cuando, en éste último caso, dichos cargos estuvieren así creados y clasificados, por tanto la ahora demandante no realizó la respectiva gestión para formar parte de los puestos clasificados en Servicio Civil hasta llegar a formar parte de lo establecido en el Artículo 11, inciso 4, 6 de la Ley de Servicio Civil: “Llenar las condiciones exigidas para el cargo... .“; “Haber obtenido el nombramiento respectivo. Para dejar de ser puesto excluido y formar parte del Régimen de Servicio Civil, acciones que debe realizar cada Director en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, ya que son personalísimas. De acuerdo con las disposiciones que he citado, por expresa mención de la Ley y su reglamento, no están sujetos al Régimen del Servicio Civil y por tanto excluidos de los derechos y obligaciones contenidos en la Ley de Servicio Civil, los Directores Generales, y la Abogada DAYANA DANISELA REYNAUD REYES, ocupaba al momento de su cancelación, en el cargo de Director de Modernización y antes de eso la relación que la unió con la Secretaria de Cultura, Artes y deportes, fue mediante un Acuerdo de modalidad de puesto excluido también del Régimen del Servicio Civil, sin embargo el Tribunal Sentenciador en franca rebeldía con la Ley dejo de aplicar las disposiciones legales antes citadas, y en su defecto aplico en forma indebida los artículos 3 inciso f), de la Ley de Servicio Civil y Articulo 9, incido 6 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.”.- IV. Que tampoco puede ser admisible el cargo anterior, ya que de nuevo la censora del fallo en su formulación alega la falta de aplicación de las normas de derecho que cita (artículo 3 inciso f) de la Ley de Servicio Civil), pero en su explicación alude “…sin embargo el Tribunal Sentenciador en franca rebeldía con la Ley dejó de aplicar las disposiciones legales antes citadas, y en su defecto aplicó en forma indebida los artículos 3 inciso f), de la Ley de Servicio Civil …”, lo cual resulta confuso y contradictorio, ya que la misma norma no puede al mismo tiempo ser dejada de aplicar y hacerlo en forma indebida; en el concepto de la infracción se señalan otras normas, como es el caso del artículo 9, inciso 6) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que no fue invocada en su formulación; y, c) no es preciso el señalamiento del precepto autorizante.- V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1.- NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de febrero del dos mil quince; certificación del auto de fecha veinte de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 473-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL