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Sentencia CA-460-14 — Registro 5632

Resumen

En primera instancia se declara improcedente la acción incoada por el demandante, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado bajo el criterio que la restructuración era una facultad que la Ley del Banco Central de Honduras, le otorga al Directorio en aplicación al principio de libre, plena administración y dirección de sus operaciones que poseen los entes Descentralizados de la administración pública

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

ue el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se omite señalar las normas procesales que se consideran infringidas y que regulan la forma y contenido de las sentencias; b) el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si bien es cierto es de naturaleza procesal, por si sola no resulta en una proposición jurídica completa, si no se indican como infringidas otras normas siempre adjetivas, que son de aplicación imperativas en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en las contenidas en el Código Procesal Civil; además la misma contempla varios párrafos que era necesario precisar para la prosperidad del recurso, en su caso; c) en la explicación se insta la revisión de los hechos, interpretación y valoración del material lo cual, de conformidad a lo consignado en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, le es vedado a este Tribunal; d) igualmente se alude al artículo 260 de la Constitución de la República, el cual no fue señalado como infringido ni relacionado en la formulación del mismo; e) se invoca en el desarrollo del cargo una causal que no tiene relación con el precepto autorizante como es el caso de las normas empleadas para la solución del fondo del asunto; y, f) se realizan alegatos de instancia.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de diciembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el señor JORGE ALBERTO PERDOMO GRANADOS, representado en juicio por el abogado ELVIN RUBÉN GÓMEZ; y, Recurrido: el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular emitido por el Banco Central de Honduras, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento, indemnización de daños y perjuicios, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, por el abogado ELVIN RUBÉN GÓMEZ, en su condición de representante procesal del señor JORGE ALBERTO PERDOMO GRANADOS, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 26 de julio de 2011, presentó reclamo administrativo por emitirse resolución en abierta violación al debido proceso, ante el Banco Central de Honduras; el 14 de septiembre del mismo año el Directorio del banco emitió resolución numero 356-9-2011, declarando sin lugar el reclamo administrativo presentado y que le fue notificado al demandante el 19 de septiembre de 2011, procediéndose a interponer el recurso de reposición respectivo el cual fue declarado sin lugar el mismo; de acuerdo a la cláusula segunda del contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente suscrito entre el banco y el sindicato, se establece la regulación de las condiciones generales de trabajo en donde la institución realizara sus operaciones independientemente de su ubicación geográfica, comprometiéndose el BCH a cumplir lo que ordena el contrato colectivo vigente; de acuerdo a la cláusula novena del contrato antes descrito se establece que el banco no tomará resolución respecto al reajuste del personal, sin antes concertarla con el sindicato; en la resolución número 145-4/2011 de fecha 8 de abril de 2011, el Directorio del BCH emitió resolución sin acatar lo dispuesto en la cláusula novena del contrato colectivo, ya que prescindió totalmente del procedimiento ya establecido, razón por la cual la misma se emitió ultrajando el Debido Proceso acarreando daños y perjuicios al demandante por el reajuste de personal, lo cual es nulo de pleno Derecho.- 2.- La parte demandada, el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contestó la demanda señalando que conforme a las leyes los órganos de la administración pública deben evitar la duplicidad de funciones, promover la justicia social y aprovechar de manera optima sus recursos disponibles mediante la planificación, por lo que el BCH siguiendo el principio de libre administración permite cancelar plazas cuya existencia resulte innecesaria, siguiendo el procedimiento respectivo y reconocimiento de los derechos del trabajador por lo que el Departamento de Organización y Planeamiento del Banco Central de Honduras, realizó una evaluación de la estructura organizativa, distribución y carga del trabajo en la sucursal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés recomendando aprobar la nueva estructura organizacional resultando así la cancelación de la sección internacional y comercio exterior en el cual trabajaba el señor Jorge Perdomo, mediante la resolución impugnada se aprobó la nueva restructuración a fin de una distribución mas eficiente y equitativa de la carga del trabajo, reconociéndole el derecho al beneficio de la jubilación que había alcanzado, así como el pago de sus derechos proporcionales, considerando la incompatibilidad del pago del auxilio de cesantía y jubilación claramente establecida en el artículo 120, literal f) del Código del Trabajo y 32 del Reglamento del Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras, el cual el demandante no accedió al mismo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce, dictó sentencia declarando improcedente la acción incoada por el abogado Elvin Rubén Gómez Banegas, en su condición de representante procesal del señor Jorge Alberto Perdomo Granados, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como la resolución No.356-9/2011 de fecha 14 de septiembre de 2011, dictada por el Directorio del Banco Central de Honduras (BCH); absolviendo al Estado de Honduras por los conceptos reclamados, sin costas; bajo el criterio que la restructuración era una facultad que la Ley del Banco Central de Honduras, le otorga al Directorio en aplicación al principio de libre, plena administración y dirección de sus operaciones que poseen los entes Descentralizados de la administración pública.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de junio de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el Banco Central de Honduras esta facultado para ejecutar las medidas necesarias para asegurar en forma eficiente y oportuna el desarrollo de las actividades que por Ley le corresponde efectuar, así como a la libre y plena administración y dirección de sus operaciones de conformidad a la Ley, por lo cual en virtud de dicha facultad procedió a emitir el acto impugnado conforme a derecho; que alega el apelante que el acto impugnado es nulo al no seguirse el procedimiento establecido, por no haberse escuchado la opinión del Sindicato de Trabajadores de la demandada para la emisión del mismo, conforme lo establece su contrato colectivo; sin embargo, si bien es cierto, dicho contrato establece que el Banco no tomará resolución respecto al reajuste del personal, sin antes analizar la opinión del sindicato, no es menos cierto, que consta de autos que al 25 de octubre del 2011, no existía en la Dirección General del Trabajo registro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, por lo cual, no existía al momento de la emisión de la resolución impugnada representante legitimo del sindicato de trabajadores de la demandada, para poder tratar sobre el reajuste de personal que era necesario realizar, ya que el precitado contrato colectivo establece que el Banco se obliga a tratar con la directiva sindical, o con los delegados del sindicato, legalmente acreditados, todos los conflictos y dificultades de carácter individual o colectivo que pudieran surgir, no siendo, por lo tanto imputable al demandado el no tener la opinión del sindicato para su análisis, que como lo establece la referida cláusula el Banco únicamente tiene la obligación de analizar la opinión del Sindicato, pero al no existir sindicato no pudo cumplirse con dicho requisito, llevándose a cabo todo el procedimiento para la emisión del acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado ELVIN RUBÉN GÓMEZ, presentó en fecha veintiuno de julio del año dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cinco de junio del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 156-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 506-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintiuno de julio del dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, en fecha catorce de agosto del dos mil catorce, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas veintiocho de agosto y cinco de septiembre del año dos mil catorce, los abogados GERARDO DANIEL TORRES PADILLA y ELVIN RUBEN GOMEZ, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, como recurrido y ELVIN RUBEN GOMEZ, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta sus motivos de casación, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: c) LA FORMA Y CONTENDIO DE LA SENTENCIA: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil que señala: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresa lo siguiente: “El actor podrá pretender la declaración de no ser conforme a Derecho y en su caso, la anulación de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación según el Capítulo anterior. Los motivos de no ser conforme a Derecho en que funde su acción para pretender la declaración, comprenderá cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la falta de jurisdicción o competencia, el quebrantamiento de formalidades esenciales, el exceso de poder y la desviación de poder.” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en el Artículo No.33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se considera que “Los motivos de no ser conforme a Derecho en que funde su acción para pretender la declaración, comprenderá cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la falta de jurisdicción o competencia, el quebrantamiento de formalidades esenciales, el exceso de poder y la desviación de poder.”, es esa norma que el Tribunal Ad-Quem interpreta de manera errónea pues este Artículo es claro ya que dispone que dentro de los motivos de no ser conforme a derecho está el de el el quebrantamiento de formalidades esenciales. ÚNICO: Que de acuerdo al considerando (4) del Fallo recurrido, el Tribunal Ad-Quem declara que el Banco Central de Honduras está facultado para ejecutar las medidas necesarias para asegurar en forma eficiente y oportuna el desarrollo de las actividades que por Ley le corresponde efectuar, Lo que debió haber hecho el Tribunal Ad-Quem en su sentencia de fecha 05 de Junio de 2014 era seguir lo que se ordena en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en las Sentencias de Casación No. SL-90-09 de fecha 19 de octubre de 2010, SL-152-09 de fecha 08 de noviembre de 2010 y SL-341-09 de fecha 23 de noviembre de 2010, donde se establece que: “..., se debe acreditar no sólo la real existencia de esos cambios, sino que se haya cumplido con el procedimiento establecido en la norma citada por el mismo impetrante (Artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo) y, en este caso particular, se debe atender las disposiciones del contrato colectivo vigente que regulan este tipo de situaciones y no sólo orientarlas al seguimiento de recomendaciones de un Plan de Reducción del Gasto Corriente, como se expone por la parte demandada (ver Sentencias -SL 175-08, SL 220-08, SL 261-08, SL 291-08 y SL-365-08).-...” el Abogado Enrique Flores Valeriano, en su libro Derecho Administrativo, página No.248 se refiere al régimen legal de las Instituciones públicas de la siguiente manera: “C) REGIMEN LEGAL el régimen legal de las instituciones descentralizadas está conformado por las normas constitucionales atinentes a las mismas (Título V, Capítulo IX, Artículos del 260 al 271 de la Constitución de la República), la ley orgánica o especial que las crea y regula, los reglamentos que ellas dictan, los contratos colectivos que negocian con sus trabajadores, y prescripciones que en forma aislada se contienen en leyes particulares como la Ley Orgánica del Presupuesto, Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de fa República, Decreto 85-84 de fecha 24 de mayo de 1984 (Título II), y demás que por su importancia secundaria no valga la pena mencionar. Este régimen jurídico no es, pues homogéneo, caracterizándose más bien por su heterogeneidad. El Artículo 260 de la Constitución de la República, cuando establece los requisitos básicos para la creación de instituciones descentralizadas, que hemos comentado anteriormente, persigue el propósito de nivelar o uniformar los estatutos de estas, al menos en aquellas materias o aspectos fundamentales, propósitos que queda plasmado en forma definitiva y concluyente al declarar en el último inciso de este artículo que “El régimen jurídico general de las instituciones descentralizadas se establecerá mediante la ley general de la administración pública que se emita.” (El subrayado y negrillas es nuestro). Pero cuando emite su sentencia el Tribunal Ad-Quem objeto de este recurso de casación y declara como improcedente la acción incoada cuando debió observar la Jurisprudencia de esa Honorable Corte Suprema de Justicia, pero aplica “UN CRITERIO DISTINTO A LA JURISPRUDENCIA” que no es el pretendido por la ley para Juzgar y solucionar el Fondo del Litigio, incurre en una Aplicación e interpretación de la normas de derecho empleadas para la solución del fondo del asunto, haciendo procedente CASAR la sentencia recurrida.”.- II. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se omite señalar las normas procesales que se consideran infringidas y que regulan la forma y contenido de las sentencias; b) el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si bien es cierto es de naturaleza procesal, por si sola no resulta en una proposición jurídica completa, si no se indican como infringidas otras normas siempre adjetivas, que son de aplicación imperativas en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en las contenidas en el Código Procesal Civil; además la misma contempla varios párrafos que era necesario precisar para la prosperidad del recurso, en su caso; c) en la explicación se insta la revisión de los hechos, interpretación y valoración del material lo cual, de conformidad a lo consignado en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, le es vedado a este Tribunal; d) igualmente se alude al artículo 260 de la Constitución de la República, el cual no fue señalado como infringido ni relacionado en la formulación del mismo; e) se invoca en el desarrollo del cargo una causal que no tiene relación con el precepto autorizante como es el caso de las normas empleadas para la solución del fondo del asunto; y, f) se realizan alegatos de instancia.- III. Que en el segundo motivo se aduce: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: c) LA FORMA Y CONTENDIO DE LA SENTENCIA: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil que señala: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” Se infringió el Artículo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresa lo siguiente: “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en el Artículo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se considera que “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” es esa norma que el Tribunal Ad-Quem interpreta de manera errónea pues este Artículo es claro ya que dispone cuando debe declarar procedente la acción y eso ocurre cuando se incurre en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico. ÚNICO: Se solicita en el presente Recurso de Casación el control de la motivación fáctica del hecho número (5) de la sentencia impugnada para que se revise su existencia ya que el hecho no es cierto y en la sentencia se dice que si es cierto, en virtud que obra a folios 276 al 278 la presentación de Trascripción No.119/TR/JD/OS/2012 emitida por la Dirección General del Trabajo del registro de Junta Directiva del SITRABANTRAL del periodo Enero 2011 a Enero 2012 donde se demuestra de manera indubitada que lo expresado por el Tribunal Ad-Quem es inexistente, pero cuando emite su sentencia el Tribunal Ad-Quem objeto de este recurso de casación y declara como inexistente que haya Junta Directiva del SITRABANTRAL y que por ello el Banco Central de Honduras no debía observar la Jurisprudencia de esa Honorable Corte Suprema de Justicia, pero impone un “UN HECHO INEXISTENTE COMO QUE EXISTE” que no es el pretendido por la ley para Juzgar y solucionar el Fondo del Litigio, incurre en una Aplicación e interpretación de la normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, haciendo procedente CASAR la sentencia recurrida.”.- IV. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se omite señalar las normas procesales que se consideran infringidas y que regulan la forma y contenido de las sentencias; b) el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si bien es cierto es de naturaleza procesal, por si sola no resulta en una proposición jurídica completa, si no se indican como infringidas otras normas siempre adjetivas, que son de aplicación imperativas en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en las contenidas en el Código Procesal Civil; además la misma contempla párrafos que era necesario precisar para la prosperidad del recurso, en su caso; c) en la explicación se insta la revisión de los hechos, interpretación y valoración del material lo cual, de conformidad a lo consignado en el articulo 720 numeral 1) le es vedado a este Tribunal; d) en el desarrollo se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia petición que no esta en armonía con el precepto autorizante si no se relaciona con el articulo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil; y, e) se realizan alegatos de instancia.- V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 460-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL