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Sentencia CA-459-14 — Registro 5631

Resumen

En primera instancia se declara improcedente la acción promovida por el demandante, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en las resoluciones mediante la cual impone al banco Central de Honduras, una multa por la comisión de una serie de infracciones, bajo el criterio que no informó de manera inmediata a la Unidad competente para las investigaciones pertinentes, en virtud de ello y de todo lo expuesto, se estima que la multa esta bien aplicada, por estar plenamente probado en autos, y constar en el expediente administrativo, que la parte demandante no cumplió de manera inmediata, con las políticas, normas y procedimientos establecidos en los casos señalados como transacciones atípicas, por lo cual se debe de declarar improcedente la acción interpuesta por la parte demandante, ya que el acto impugnado esta dictado conforme a derecho

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Cabe señalar que la Casacionista no es clara en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación. En el primer cargo se omite establecer si el concepto de la infracción a la ley, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la misma y se indican como infringidos, entre otros, los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, pero tales disposiciones comprenden numerales que debieron precisarse para la claridad del mismo. En el segundo cargo, formula el concepto de aplicación indebida de los artículos 37 y 38 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos contenido en el decreto legislativo No.45-2002 del 5 de marzo de 2002 y los relaciona con los artículos 37 y 38 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos contenidos en el decreto legislativo No. 3-2008 del 30 de enero de 2008, publicado en el diario oficial La Gaceta el 14 de marzo de 2008, pero posteriormente en el acápite NORMAS INFRINGIDAS aduce que son los artículos 37 y 38 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos contenidos en el Decreto Legislativo No.3-2008 del 30 de enero de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 14 de marzo de 2008, los que fueron aplicados indebidamente, lo cual le resta claridad y precisión al cargo, ya que por un lado cita como infringidas las normas vigentes en el año 2002 y posteriormente lo hace con las mismas normas del año 2008. Por otra parte, no justifica la Incidencia de la Infracción en el sentido de la resolución impugnada, limitándose a señalar que la corte sentenciadora “habría dictado una sentencia fundamentada en la legislación vigente aplicable al caso de autos”, sin señalar, en todo caso con determinación, el perjuicio o agravio sufrido con la resolución impugnada.-

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Resulta pertinente señalar al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes a los motivos de casación invocados.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- .- En vista de lo anterior se considera defectuoso el recurso de casación en el subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los un día del mes de diciembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El BANCO CENTRAL DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA; y, Recurrido: COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, representado en juicio por la abogada TELMA BURGOS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de las medidas adoptadas para su pleno restablecimiento, promovida en el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha veintidós de febrero de dos mil diez, por el señor GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño de este domicilio, en su condición de representante procesal del BANCO CENTRAL DE HONDURAS contra LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS por medio de su Presidenta y representante legal de ese entonces VILMA CECILIA MORALES, mayor de edad, soltera, Abogada, de este domicilio, representado en juicio por la abogada TELMA BURGOS.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante manifiesto en el escrito de su acción que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante la Resolución No.1734/17-11-2009 del 17 de noviembre de 2009, notificada el 14 de diciembre de 2009, resolvió lo siguiente: 1. Desestimar los descargos presentados por la licenciada Ela Dinorah Soto, Jefe de la Unidad de Cumplimiento del Banco Central de Honduras, mediante carta de fecha 16 de julio de 2009, 2. Aplicar al BANCO CENTRAL DE HONDURAS una multa de CINCUENTA Y CINCÓ MIL LEMPIRAS (L55,000.00), conforme al artículo 40 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, por no haber enviado de inmediato el reporte de transacción atípica relacionado con el retiro de CUARENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L40,000,000.00). 3. Recordar al BANCO CENTRAL DE HONDURAS, que el importe total de la multa deberá ser pagado en la cuenta 11101-02-000155-5 de esa misma Institución, a nombre de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). 4. El BANCO CENTRAL DE HONDURAS deberá enviar el comprobante de pago respectivo a la Gerencia Administrativa de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 5. Notificar en legal y debida forma lo resuelto al BANCO CENTRAL DE HONDURAS, para los efectos legales correspondientes. 6. La presente Resolución es de ejecución inmediata y susceptible del recurso de Reposición. Como consecuencia de lo anterior, el 23 de diciembre de 2009 se presentó ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, recurso de Reposición y Nulidad Subsidiaria contra la Resolución antes señalada, por considerar que la misma no se había dictado conforme a derecho y que adicionalmente estaba viciada de nulidad, en vista que fue emitida prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en el Reglamento de Sanciones a ser Aplicadas a las Instituciones del Sistema Financiero y Otros Sujetos Sancionables, aprobado por el referido Ente Supervisor mediante la Resolución No.396/19- 03-2009; dicho recurso fue declarado sin lugar mediante la Resolución No.215/26-01-2010 del 26 de enero de 2010, con lo cual se dio por agotada la vía administrativa. Que el retiro de los cuarenta millones de Lempiras del Banco Central de Honduras a que se hace referencia en la Resolución señalada se efectuó el 24 de junio de 2009, por instrucciones de funcionarios con firmas autorizadas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, que es uno de los cuentahabientes del banco que de conformidad con el Artículo 56 de la Ley del Banco Central de Honduras, todos los fondos de la Hacienda Pública, tesorerías especiales, así como fondos distritales y municipales, deben ser depositados en dicho banco estatal. Los fondos retirados en efectivo formaban parte de los recursos que le fueron asignados a dicha Secretaría de Estado en el Presupuesto General de la República para la consecución de sus fines, resaltando que la operación del cuentahabiente en mención de retirar en efectivo una cantidad de la magnitud expresada que fue atípica por lo inusual de su práctica, pero no en función de los criterios de atipicidad relacionados con la legislación vinculada al delito de lavado de activos, como infundadamente lo denota la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en dicha Resolución; la Unidad de Información Financiera, Dependencia de la Comisión de Bancos y Seguros, en memorándum UIF-171/2009 del 17 de julio de 2009, referente al reporte de la transacción, hizo ver que a pesar que el Banco Central de Honduras tenía bien claro que la transacción relacionada con el retiro de L40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES) era atípica, a esa fecha la Comisión no había recibido el Reporte de Transacción Atípica, con lo cual sostiene que se violentó lo establecido en el Artículo 37 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y el Artículo 36 del Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos. Para que una institución del sistema financiero pueda reportar una operación atípica a la Unidad de Información Financiera de la Comisión, debe efectuar previamente un análisis a efecto de determinar fehacientemente la atipicidad de la operación en el contexto de la legislación vigente en materia de lavado de activos; de manera que una vez constatado lo anterior, la institución financiera debe comunicarlo inmediatamente a la referida Unidad en el “Reporte de Transacciones Atípicas” proporcionado por la Comisión; el Director de la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante nota del 13 de julio de 2009, le señaló a la Unidad de Cumplimiento del Banco Central de Honduras, que en el numeral tres (3) del Comunicado publicado el 10 de julio de 2009, relacionado con el retiro en efectivo de los L.40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES), se calificó dicha operación como inusual o atípica, por haber sobrepasado el equivalente en lempiras del límite de US$10,000.00 y que la misma de inmediato debía ser reportada a la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Por otro lado, se le hizo ver al Ente Supervisor que la investigación de la operación cuestionada aún no había concluido por la cantidad de información que debía recopilarse y analizarse, haciéndose el señalamiento, que una vez finalizada la investigación, habría lugar para confirmar si dicha transacción podría calificarse o no como una operación atípica (en el contexto de la legislación vinculada al delito de lavado de activos), en cuyo caso sería reportada de inmediato a la Comisión, en el formato diseñado para tal efecto. La argumentación señalada en el párrafo precedente es reconocida expresamente en el tercer considerando de la Resolución objeto de la presente demanda, lo que denota que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de haber analizado con más detalle y amplitud lo antes planteado, hubiera llegado a la convicción que no era procedente la emisión de la misma, en vista que no se infringió en ningún momento lo preceptuado en el Artículo 36 del Reglamento Para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos; la Resolución objeto de la presente demanda también refiere que la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante memorándum U1F2O312009 del 28 de agosto de 2009, en el numeral 7, amplió los supuestos incumplimientos en que incurrió la Unidad de Cumplimiento del Banco Central de Honduras, consistentes en poner en conocimiento del público en general la información contenida en el comunicado del 10 de julio de 2009, se violó el Artículo 30 de la Ley que establece la prohibición que las instituciones supervisadas por Ley que establece la prohibición que las instituciones supervisadas por la Comisión pongan en conocimiento de persona alguna el hecho de que una información haya sido proporcionada a las autoridades competentes; no reportó a la UIF en forma inmediata el Reporte de Transacción Atípica tal y como lo establece el Artículo 36 del Reglamento de la Ley. El Reporte de Transacción Atípica está incompleto ya que no incluye información sobre las personas involucradas en la transacción, o sea la persona que realizó el retiro y la persona que autorizó el retiro por parte del BANCO CENTRAL. Que se efectuó dicha publicación con el único fin de que la población hondureña conociera la versión oficial de los hechos relacionados con la transacción en efectivo de los L40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES) efectuada en el Banco Central de Honduras, toda vez que los medios de comunicación masiva venían manejando como información, que el Banco Central de Honduras había sido víctima de un atraco en sus propios recursos, requiriéndose en consecuencia una pronta aclaración, ya que el Ente Supervisor, vale decir la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en ese momento, guardaba un silencio complaciente con los funcionarios públicos que en aquel entonces, concibieron y ejecutaron la operación inusual del retiro de semejante cantidad de dinero en efectivo. Cabe señalar que si no se hubiese publicado el Comunicado que ahora se cuestiona, Honduras y el mundo todavía estarían suponiendo que las bóvedas de dicha Institución bancaria fueron el objeto del ataque de malos hondureños, al llevarse los propios recursos monetarios del Banco y por ende del país, de tal suerte que tal Comunicado aclaró todo, aunque con ello ahora tenga que desvanecer judicialmente los criterios equivocados de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; el conocimiento primario que tuvo la población hondureña acerca de la transacción en referencia no provino del Banco si no que la información fue proporcionada por los medios de comunicación, cuya fuente no fue posible identificar; como tampoco se conoce quien de las entidades involucradas a posteriori en el proceso investigativo facilitó los videos reproducidos; el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, solicitó al Banco toda la información relativa a la indicada transacción, la que con base en Ley se atendió oportunamente, proporcionando todo cuanto le fue solicitado. Con relación a que supuestamente no se reportó a la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en forma inmediata, usando el Reporte de Transacción Atípica, la transacción en efectivo de los L.40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES), como lo establece el Artículo 36 del Reglamento Para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos, dicha apreciación es incorrecta, en vista que no había concluido la investigación de la transacción en referencia para determinar si su atipicidad se enmarcaba o no en las conductas tipificadas en la legislación nacional sobre lavado de activos, puesto que a ese momento solo contaba con datos preliminares de la operación, que no eran suficiente fundamento para su reporte inmediato, por lo que no se contravino en lo preceptuado en dicho Artículo, en vista que de conformidad con el mismo, el Reporte de Transacciones Atípicas debe efectuarse una vez efectuado el análisis correspondiente.- 2. La parte demandada, la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contestó dicha demanda señalando que se acepta lo expuesto por el demandante en cuanto a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el pleno ejercicio de sus atribuciones mediante Resolución N°1734/17-11-2009 emitida el 17 de noviembre de 2009, resolvió: 1. “Desestimar los descargos presentados por la Licenciada Ela Dinorah Soto, Jefe de la Unidad de Cumplimiento de Banco Central de Honduras mediante carta de fecha 16 de julio de 2009, por las razones antes expuestas. 2. Aplicar al Banco Central de Honduras, una multa de CINCUENTA Y CINCO Y MIL LEMPIRAS (L.55,000.00), conforme al artículo 40 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, por no haber enviado de inmediato el Reporte de Transacción Atípica relacionado con el retiro de L40,000.000.00. 3. Recordar a Banco Central de Honduras, que el importe total de la multa deberá ser pagado en la cuenta N°11101-02-000155-5 de esa misma institución, a nombre de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). 4. Banco Central de Honduras, deberá enviar el comprobante de pago respectivo a la Gerencia Administrativa de esta Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 5. Notificar en legal y debida forma lo resuelto al Banco Central de Honduras para los efectos legales correspondientes. 6. La presente resolución es de ejecución inmediata y susceptible del recurso de reposición.” Los artículos 1, 6, 13 numerales 1), 4), 14), 15) de la Ley de La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en su parte conducente señalan: Artículo 1: “.., La Comisión supervisará, las actividades financieras.., además vigilará que las instituciones supervisadas cuenten con sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; haciendo cumplir las leyes que regulan estas actividades. El 10 de julio de 2009, el Banco Central de Honduras emitió un comunicado en el diario La Tribuna, en el cual entre otros se establece que el retiro en efectivo de L.40,000,000.00 fue calificada como una transacción atípica o inusual, por haber sobrepasado el equivalente en lempiras del límite de US$10,000.00 y que de inmediato fue puesta en conocimiento de la Unidad de Cumplimiento del Banco Central de Honduras, quien reportó ante la Unidad de Información Financiera adscrita a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; B. Mediante memorando UIF-0630/2009 de fecha 13 de julio de 2009, dirigido a la Licenciada Ela Dinorah Soto, Funcionaria de Cumplimiento del Banco Central de Honduras, suscrito por el Director de la Unidad de Información Financiera, sobre el comunicado emitido por el Banco Central de Honduras relacionado con el retiro de L40,000,000.00, se indicó: El artículo 38 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos requiere que las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros presenten en el formularios correspondiente el Reporte de Transacciones Atípicas cuando ocurren las circunstancias mencionadas; sin embargo, a la fecha esta Unidad no ha recibido el Reporte de Transacción Atípica pertinente contrario a lo descrito en dicho comunicado.- C. Mediante carta UC-5312009 de fecha 16 de julio de 2009, dirigida al Director de la Unidad de Información Financiera, suscrita por la Licenciada Ela Dinorah Soto C. en su condición de Jefe de la Unidad de Cumplimiento del Banco Central de Honduras, entre otros establece: 1) Que cumpliendo con lo establecido en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y el articulo 33 del Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos, mediante correo electrónico de fecha 30 de junio de 2009, se enviaron a la Unidad de Información Financiera varios Reportes de Transacciones en Efectivo que incluyen el reporte EMYTE 36/2009 del 24 de junio de 2009, por retiro de L.40,000,00000.- 2) Que al momento de hacer el Reporte de Transacción en Efectivo remitido a la Unidad de Información Financiera el 30 de junio de 2009, en función de un análisis preliminar en cuanto al comportamiento de las operaciones en efectivo realizadas por las instituciones públicas en el Banco Central de Honduras ésta fue considerada como una operación inusual o atípica a la que se hace referencia en el comunicado del 13 de julio de 2009, pues a simple vista reúne algunas de las características para una transacción atípica, establecidas en el artículo 37 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y el artículo 2 del Reglamento; 3) Que con el propósito de que la Unidad de Cumplimiento del Banco Central de Honduras tenga elementos suficientes para considerar su atipicidad conforme lo establecido en los artículos 37 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y el artículo 36 del referido Reglamento, se está investigando en las dependencias correspondientes en el Banco Central de Honduras, el perfil transaccional de las operaciones realizadas por las dependencias públicas clientes del banco agregando, que la investigación aún no ha concluido por la cantidad de información que debe recopilarse y analizarse, tomando en consideración que no se dispone de sistemas informáticos que de manera inmediata permitan observar comportamientos atípicos en una operación específica; 4) Que una vez finalizada la investigación se podrá confirmar si dicha transacción puede calificarse en su totalidad como una operación atípica; señalando, que si fuera ese el caso y contando con la documentación soporte necesaria, la misma será reportada a la Unidad de Información Financiera en el formato diseñado para tal efecto; 5) Finalmente, solicita plazo para el lunes 20 de julio de 2009, para enviar a la Unidad de Información Financiera el referido Reporte de Transacción Atípica.- D. En el memorando UIF171/2009 de fecha 17 de julio de 2009, suscrito por el Director de la Unidad de Información Financiera referente al reporte de una transacción atípica, se indica: 1) El 10 de julio de 2009, el Banco Central de Honduras emitió un comunicado en el diario La Tribuna, en el cual se establece que fue calificada como atípica o inusual la transacción en efectivo identificada con el N°EMYTE 36/2009 del 24 de junio de 2009; 2) El Banco Central de Honduras mediante oficio UC-53/2009 de fecha 16 de julio de 2009, dirigido a la Unidad de Información Financiera, establece que la transacción en efectivo identificada con el N°EMYTE 36/2009 fue considerada como una operación inusual o atípica; 3) Que a pesar que dicha institución tiene muy claro que dicha transacción es considerada atípica a esa fecha no se había recibido el Reporte de Transacción Atípica conforme lo que establece el artículo 37 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y el artículo 36 del Reglamento para la Prevención del Uso Indebido de los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos. El hecho que la transacción de mérito sobrepasó el equivalente a US$10,000.00 no es un criterio único y suficiente para calificarla como atípica o inusual. También se debe considerar junto a otros criterios tales como que las transacciones sean complejas, insólitas, significativas y que no correspondan a todos los patrones de transacciones habituales, y las transacciones no significativas pero periódicas, entre otros; El comunicado publicado el 10 de julio del 2009 indica que se reportó La transacción atípica a la UIF, mientras que la carta dirigida a la UIF por a Jefe de la Unidad de Cumplimiento (de fecha 16 de julio de 2009), solicita un plazo adicional para enviar el Reporte de Transacción Atípica; existe contradicción entre los numerales 5 y 6 para información sobre los diferentes registros, transacciones y reportes; el referido Reporte de Transacción Atípica se recibió oficialmente en la UIF el 22 de julio de 2009, el Banco Central establece como criterio que el retiro de 40 millones de lempiras en efectivo no es una transacción usual de la Secretaria de Seguridad y que el mismo sobrepasa el equivalente en moneda nacional a US$ 10,000.00; de acuerdo al Numeral 13 del Artículo 2 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, los bancos estatales, entre otros, son instituciones supervisadas por la Comisión. En tal sentido, los Capítulos 10 y 11 de la Ley y el Capítulo 6 del Reglamento establecen los registros, reportes y notificaciones (Reportes de Transacciones Atípicas, Transacciones en Efectivo, Transacciones Múltiples en Efectivo y Transacciones Financieras) que las instituciones supervisadas por la Comisión tienen la obligación de reportar a la UIF. Una Transacción Atípica, es aquella operación que no es consistente con el perfil previamente determinado para el cliente, que no guarda relación con la actividad económica y que se sale de los parámetros de normalidad establecidos para determinar un rango de mercado o que pudiera hacer pensar que el cliente esta desarrollando otra actividad no conocida por la institución supervisada. Las instituciones supervisadas previo el análisis correspondiente, deberán comunicar de inmediato a la UIF las Transacciones Atípicas en el formulario establecido para tal efecto En conclusión, los RTE son las transacciones en efectivo que igualan o superan la cantidad de US$10,000.00 o su equivalente en moneda nacional. Un RTE no necesariamente constituye o está vinculado a una transacción atípica. Las transacciones atípicas pueden ser de cualquier monto, ya sea inferior o superior a la cantidad de US$10,000.00 o su equivalente en moneda nacional. Que el Banco Central de Honduras incumplió al poner en conocimiento del público en general la información contenida en el comunicado del 10 de julio de 2009, violentando el artículo 30 de la Ley contra el Delito de lavado de Activos, que establece la prohibición de las instituciones supervisadas por la Comisión pongan en conocimiento de persona alguna el hecho de que una información haya sido proporcionada a las autoridades competentes. Se acepta el hecho segundo de la demanda en cuanto a que efectivamente el 23 de diciembre de 2009, el Apoderado Legal del Banco Central de Honduras interpuso el recurso de reposición contra la Resolución N°1734/17-11-2009, el cual en virtud de la evaluación y análisis técnico-legal realizado por la Dirección de Asesoría Legal y la Unidad de Información Financiera, sobre las disposiciones legales aplicables y los alegatos producidos en ocasión del referido recurso, resultó evidente que las circunstancias que motivaron la Resolución N°1734/17-11-2009, no habían cambiado, consecuentemente, al no desaparecer el factor causal de las mismas, no puede desaparecer su efecto, y en ese sentido mi representada en cumplimiento de la ley, en el pleno ejercicio de sus funciones y atribuciones, siguiendo el procedimiento establecido en las normas adjetivas aplicables, haciendo prevalecer en todo momento el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, emitió a Resolución No. 215/26-01-2010 de fecha 26 de enero de 2010, mediante a cual se declaró sin lugar el recurso de reposición en referencia. Que se rechaza lo manifestado por el demandante en cuanto a que el retiro de los L.40,000,000.00 millones del Banco Central de Honduras, se haya realizado por instrucciones de funcionarios con firmas autorizadas por la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, como tampoco consta que los fondos retirados en efectivo formaban parte de los recursos que le fueron asignados a dicha Secretaria de Estado, pero lo que si consta es el incumplimiento del demandante, como lo es el haber hecho de conocimiento público la información contenida en el comunicado del 10 de julio de 2009. Que el Banco Central de Honduras el 30 de junio de 2009 ya había determinado la atipicidad de la transacción, pero no obstante este conocimiento adquirido previo que ellos llaman análisis preliminar para desligarse de su obligación de reporte, no realizaron el reporte al cual por ley están obligados. El demandante se esfuerza en tratar de justificar la urgencia de publicar el comunicado del 10 de julio de 2009 en el diario La Tribuna, pero no establece las causas por las que dejo de reportar la operación atípica a la Unidad de Información Financiera, aun después de ser requerida oficialmente por el director de dicha unidad. Que en ningún apartado del reporte de transacción atípica se hace mención al nombre de la persona que realizó el retiro, por cuenta de quien lo hizo, nombre de la persona que lo autorizó, así como otros datos que debieron plasmarse; el banco expresa que consignó en el formulario donde dice razón social a la Secretaría de Seguridad como persona que realizó la transacción, lo que es incorrecto porque quien realizó la transacción fue una persona natural de nombre SANTOS RAMON ENAMORADO MUÑOZ, todos estos elementos vienen a redundar en que efectivamente la Institución como sujeto obligado incumplió la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos.- 3. El Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de Noviembre de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando IMPROCEDENTE la acción promovida por el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en las Resoluciones N° 1734/17-11-2009 de fecha 17 de Noviembre del año 2009 y la reposición de la misma No. 215/26-01-2010 de fecha 26 de Enero de 2010, emitidas por la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, mediante la cual Impone al BANCO CENTRAL DE HONDURAS, una multa por la comisión de una serie de infracciones, en vista de lo cual confirma la misma; bajo el criterio que el Banco Central de Honduras, no informó de manera inmediata a la Unidad competente para las investigaciones pertinentes, en virtud de ello y de todo lo expuesto, se estima que la multa cuyo monto asciende a la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.55,000.00), esta bien aplicada, por estar plenamente probado en autos, y constar en el expediente administrativo, que la parte demandante no cumplió de manera inmediata, con las políticas, normas y procedimientos establecidos en los casos señalados como transacciones atípicas, por lo cual se debe de declarar improcedente la acción interpuesta por la parte demandante, ya que el acto impugnado esta dictado conforme a derecho.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de junio de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando, la proferida por el a-quo; bajo el criterio que la Comisión Nacional de Bancos y, Seguros, impuso una multa al Banco Central de Honduras, cuyo monto asciende a cincuenta y cinco mil lempiras exactos (L. 55,000.00), está bien aplicada, por estar plenamente probado en autos y constar en el expediente administrativo que la parte demandante no cumplió de manera inmediata con las políticas, normas y procedimientos establecidos en los casos señalados como transacciones ATIPICAS, por lo cual se debe de declarar improcedente, la acción interpuesta por la parte demandante, en vista de que el acto impugnado consistente en las resoluciones No. 1734/17-11-2009 y reposición No. 215/26/01/2010, está dictado de conformidad derecho, y no ha habido violación al ordenamiento jurídico.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, en fecha treinta de julio de dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cinco de junio de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.149-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 012-10 del Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la recurrida, abogada TELMA BURGOS, presentó en fecha veinte de agosto de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas veintiocho de agosto y tres de septiembre, los abogados GERARDO DANIEL TORRES PADILLA y TELMA BURGOS, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados GERARDO DANIEL TORRES PADILLA y TELMA BURGOS, en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de junio de dos mil catorce, con base en los artículos 716 y 719 numeral 1) literal c) y numeral 2) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVOS DE CASACIÓN. Que el Recurrente fundamenta los motivos que sustentan el recurso de casación que le da acceso a este Supremo Tribunal manifestando lo siguiente: 2.1 PRIMER MOTIVO “SE IMPUGNA LA FORMA Y EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA EMITIDA EL 5 DE JUNIO DE 2014 POR LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719, numeral 1, literal c) del Código Procesal Civil, que establece: 1.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ... b) ... c) La forma y contenido de la sentencia. NORMAS INFRINGIDAS: Las normas infringidas en la sentencia objeto del presente recurso de Casación están contenidas en los artículos 200, numeral 2), literal c), 206, numeral 3), 207 y 208 del Código Procesal Civil…”.- 2.2 SEGUNDO MOTIVO: “APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS ARTÍCULOS 37 Y 38 DE LA LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO NO.45-2002 DEL 5 DE MARZO DE 2002, CON RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 37 Y 38 LA LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, CONTENIDOS EN EL DECRETO LEGISLATIVO NO.3-2008 DEL 30 DE ENERO DE 2008, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL 14 DE MARZO DE 2008. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719, numeral 2) del Código Procesal Civil, que establece: Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMAS INFRINGIDAS. Las normas de derecho infringidas en la sentencia objeto del presente recurso de Casación están contenidas en los artículos 37 y 38 la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, contenidos en el Decreto Legislativo No.3-2008 del 30 de enero de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 14 de marzo de 2008. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Las razones por las cuales esta representación considera infringidas dichas normas de derecho son las siguientes: El Tribunal Ad-quem en el fallo recurrido aplicó indebidamente los artículos 37 y 38 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, contenido en el Decreto Legislativo No.45-2002 del 5 de marzo de 2002, en vista que al confirmar la sentencia de primera instancia (sin realizar ningún análisis de dichas normas jurídicas), hace suya dicha deficiencia legal, lo que la condujo a dictar un fallo que no es conforme a derecho, de manera que para los fines del presente recurso me permito transcribir lo que establecen dichos artículos. Ley Contra el Delito de Lavado de Activos (Decreto Legislativo No A5-2002 del 5 de marzo de 2002, publicado el 15 de mayo de 2002). Artículo 37.-”Las instituciones supervisadas por la Comisión prestarán especial atención y cuidado a aquellas transacciones efectuadas que sean complejas, insólitas, significativas y no respondan a todos los patrones de transacciones habituales y las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente.” Artículo 38. -“Las instituciones supervisadas por la Comisión que al detectar que las transacciones descritas en el Artículo anterior puedan constituir o estar relacionadas con actividades ilícitas, deberán comunicarlo inmediatamente a la UIF, en el formulario de transacciones atípicas que habrá de preparar al efecto dicha Comisión. Por su parte el Decreto Legislativo No.3-2008 del 30 de enero de 2008, publicado en El Diario Oficial La Gaceta el 14 de marzo de 2008, contentivo de la reforma de los artículos 37 y 38 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, establecen: Artículo 37.-”Las instituciones supervisadas por la Comisión y las instituciones no supervisadas, obligadas a informes a ésta, deben prestar especial atención y reportar aquellas transacciones efectuadas o no, que de acuerdo a los usos y costumbres de la respectiva actividad y de las técnicas modernas del comercio electrónico, resulten complejas, insólitas, inusuales, significativas y que o respondes a todos los patrones de transacciones habituales; que se presenten sin justificación económica o legal evidente o que siendo legales o evidentes resulten sospechosas, así como las transacciones financieras que puedan constituir o estén relacionadas con actividades ilícitas y se sospechen que puedan ser o serán destinadas para el financiamiento del terrorismo, o para actos de terrorismo. Las obligaciones descritas, también deberán ser cumplidas por: 1).., 2).., 14).., La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante la emisión de un Reglamento, señalará la información y los requisitos que deben llenar los formularios del reporte de transacciones, mantenimiento de registros, identificación de vida de los clientes y la forma y periodicidad en que se harán los reportes de información.” Artículo 38.- “Todas las instituciones supervisadas y las personas naturales o jurídicas que realizan las actividades que se describen en el ARTÍCULO anterior, deberán comunicar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en el formulario correspondiente, todas las transacciones que puedan constituir, estén relacionadas con actividades ilícitas o sean consideradas inusuales o sospechosas.” Lo anterior nos obliga a hacerle ver a ese Alto Tribunal de Justicia que los artículos 37 y 38 que transcribe el A-Quo en el considerando (5) de su fallo y en los cuales la Corte sentenciadora fundamenta la sentencia objeto del presente recurso de Casación están contenidos en el Decreto Legislativo No. 45-2002 del 5 de marzo de 2002, contentivo de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, publicada el Diario Oficial La Gaceta el 15 de mayo de 2002; artículos que no se encontraban vigentes a la fecha de emisión del acto administrativo impugnado contenido en la Resolución No. 1734/17-11-2009, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el 17 de noviembre de 2009, ya que fueron reformados mediante el Decreto Legislativo No. 3-2008 del 30 de enero de 2008, publicado en El Diario Oficial La Gaceta el 14 de marzo de 2008, siendo está la legislación vigente aplicable al caso de autos, deficiencia legal que conllevó a que la Corte sentenciadora profiriera un fallo que no es conforme a derecho. Por lo anterior, concluimos que es procedente el presente Motivo de Casación de la sentencia recurrida, ya que es evidente la aplicación indebida de los artículos 37 y 38 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, contenidos en el Decreto Legislativo No.45-2002 del 5 de marzo de 2002, debiéndose en su lugar haber aplicado los artículos 37 y 38 reformados, mediante el Decreto Legislativo No.3-2008 del 30 de enero de 2008, publicado en El Diario Oficial La Gaceta el 14 de marzo de 2008, es decir, la Corte de Apelaciones se encontraba en la obligación de aplicar las normas vigentes al caso concreto, lo cual evidentemente no ocurrió. Precisión y Justificación de la Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución impugnada: Si la Corte de Apelaciones hubiese dejado de aplicar los artículos 37 y 38 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, contenidos en el Decreto Legislativo No.45-2002 del 5 de marzo de 2002, y en su lugar hubiese aplicado los artículos 37 y 38 reformados de dicha Ley, habría dictado una sentencia fundamentada en la legislación vigente aplicable al caso de autos, en razón de lo anteriormente indicado, estimamos que lo procedente es que se case la sentencia por este motivo de casación”.- III.- Cabe señalar que la Casacionista no es clara en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación. En el primer cargo se omite establecer si el concepto de la infracción a la ley, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la misma y se indican como infringidos, entre otros, los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, pero tales disposiciones comprenden numerales que debieron precisarse para la claridad del mismo. En el segundo cargo, formula el concepto de aplicación indebida de los artículos 37 y 38 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos contenido en el decreto legislativo No.45-2002 del 5 de marzo de 2002 y los relaciona con los artículos 37 y 38 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos contenidos en el decreto legislativo No. 3-2008 del 30 de enero de 2008, publicado en el diario oficial La Gaceta el 14 de marzo de 2008, pero posteriormente en el acápite NORMAS INFRINGIDAS aduce que son los artículos 37 y 38 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos contenidos en el Decreto Legislativo No.3-2008 del 30 de enero de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 14 de marzo de 2008, los que fueron aplicados indebidamente, lo cual le resta claridad y precisión al cargo, ya que por un lado cita como infringidas las normas vigentes en el año 2002 y posteriormente lo hace con las mismas normas del año 2008. Por otra parte, no justifica la Incidencia de la Infracción en el sentido de la resolución impugnada, limitándose a señalar que la corte sentenciadora “habría dictado una sentencia fundamentada en la legislación vigente aplicable al caso de autos”, sin señalar, en todo caso con determinación, el perjuicio o agravio sufrido con la resolución impugnada.- IV.- Resulta pertinente señalar al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes a los motivos de casación invocados.- V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- VI.- En vista de lo anterior se considera defectuoso el recurso de casación en el subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- VII.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo.- Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 numeral 2) letra a), 724 y 725 numeral 1) del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARA FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha uno de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 459-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL