Sentencia CA-458-14 — Registro 4403
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado, declarando parcialmente procedente la acción incoada por la demandante, únicamente en cuanto a que tiene derecho al reajuste de su salario como gastos de representación y funcionamiento durante catorce meses, es decir, durante el año 2008 y dos meses del año 2009, el cual se le debe reajustar a Ochocientos Dólares, tal como le fue asignado, y no Seiscientos Dólares como le fue pagado, en lo demás se declara improcedente la acción incoada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) el error de derecho en la apreciación de las pruebas no aparece como causa o motivo en el recurso de casación en lo dispuesto en el artículo 719 del Código Procesal Civil; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) señala normativa no citada como violada al indicar los artículos 11, 12, 17, 1497, 1499, 2292 y 2297 del Código Civil, 60, 70, 80, 321 y 323 de la Constitución de la República, 7,8,9 y 10 de la Ley General de la Administración Pública, 40, 41, 42 y 53 Ley del Servicio Exterior de Honduras, 42 y 46 de la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático, 1, 3, 20, 54 al 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo; y, d) formula alegatos de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante al indicar entre otros, el artículo 200 del Código Procesal Civil, sin embargo esta disposición no regula las causales de casación; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y,c) formula alegatos de instancia
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por los Impetrantes, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a los recurrentes la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente al primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: en condición de Recurrente- Recurridos: señora SONIA MARIA MENDIETA CANALES DE BADARROUX, representado en juicio por el abogado FELIX EDGARDO OYUELA; y, Recurrentes-Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despachos de Relaciones Exteriores, representado en juicio por el abogado EDWIN OMAR ROMERO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial contencioso administrativo para pedir que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo y se declare su nulidad correspondiente, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento, se decrete el pago en concepto de sueldos dejados de percibir y ajuste de gastos de representación por no haber sido pagados, intereses legales y costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora SONIA MARIA MENDIETA CANALES DE BADARROUX, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despachos de Relaciones Exteriores, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiestó en el escrito de su acción, que fue nombrada con el rango de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, como representante permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en Paris, Francia, según Acuerdo Gubernativo No. 621-SRH, emitido el 8 de junio del 2006, iniciando sus funciones diplomáticas a partir del mes de julio del 2006; desde esa fecha y hasta antes de finalizar el gobierno de don Roberto Micheletti, se desempeñó como embajadora de la UNESCO en Paris, sin recibir ningún sueldo durante la administración del ex presidente Zelaya, es decir del 1 de julio del 2006 hasta el 30 de junio del 2009, treinta y cinco (35) meses mas dos (2) meses siguientes julio y agosto, en tiempos del Gobierno del Señor Micheletti, que suman treinta y siete (37) meses, aduciendo los funcionarios que por olvido y descuido no se habían consignado en el presupuesto de la nación, violentando así la Constitución de la República en sus artículos 60, 70 párrafo ultimo, aduciendo que a todo Embajador hondureño nombrado y acreditado ante un país extranjero, se le asigna en el Presupuesto de la Nación un sueldo mensual y sus gastos de representación, que la Secretaria de Estado, está obligada a consignar de acuerdo a los artículos 40, 41 y 42 de la Ley del Servicio Exterior de Honduras, que no han sido observadas en el presente caso y son de ineludible cumplimiento; reclamó en muchas oportunidades su sueldo, ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, dándole respuestas evasivas, hasta emitir el acto impugnado en fecha 22 de diciembre del 2011 y posteriormente el recurso de reposición de fecha 28 de febrero del 2012 declarando sin lugar la misma, agotando así el trámite administrativo correspondiente.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, contestó dicha demanda señalando que en fecha 13 de octubre del 2004, mediante acuerdo No.299-SRH, la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, acuerda dejar en disponibilidad a la señora Sonia Maria Mendieta de Badarroux, del cargo de Directora de Política Multilateral, devengando un sueldo mensual de QUINCE MIL SEISIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.15,600.00), misma que constituye un estatus de inactividad en la carrera diplomática y por ende en la relación del servicio laboral con esta Secretaría de Estado. Posteriormente acuerda asignar a partir del 1 de julio del año 2006, mediante acuerdo No.621-SRH de fecha 8 de junio de 2006, como Representante Permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en Paris, Francia; sigue manifestando que la demandante, tiene su residencia en la ciudad de Paris, Francia, en donde radica actualmente, hecho por el cual la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores tomó la decisión de acreditarla como representante nuestra ante la UNESCO, Francia, por lo que, queda claro que la demandante lo que pretende es confundir y darle otro giro al acuerdo No.621-SRH de fecha 8 de junio de 2006, ya que éste no asigna en ningún momento sueldos en concepto de pago para dicha representación, la acreditación ante un gobierno no constituye un acto administrativo de nombramiento ni mucho menos obliga a la administración pública a otorgar una remuneración mensual por dicha acreditación ya que éste no es mas que un simple acto de comunicación oficial de un Estado a otro en donde hace la indicación del carácter con el que actuará dicha funcionaria como enlace entre ambas naciones valiéndose de que ella reside en ese país y del rango diplomático que ostenta dentro del escalafón diplomático la señora Sonia Maria Mendieta de Badarroux, también por este motivo se rechaza lo alegado por la demandante en relación a que no le han cancelado en concepto de sueldos los periodos comprendidos del 1 de julio del 2006 hasta el 30 de junio del 2009, aduciendo que la Secretarla de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores no le ha pagado por olvido y descuido, reclamo que está fuera de lugar.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 7 de marzo de 2014, dictó sentencia declarando inadmisible la acción interpuesta por el Abogado FELIX E. OYUELA, en su condición de apoderado Legal de la Señora SONIA MARIA MENDIETA CANALES DE BADARROUX, también conocida como SONIA MARIA MENDIETA DE BADARROUX, ya que la misma no es un acto impugnable ante esta jurisdicción y sin costas; bajo el criterio que en el caso de mérito la parte demandante dirige su acción contra un acto que no es susceptible de impugnación ante esta jurisdicción, tal como se aprecia con el auto de fecha 22 de diciembre del 2001, emitido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, ya que la Ley de la Administración Publica en su Articulo 116 señala cuales son los actos que son impugnables ante esta Jurisdicción, por lo que se debe declarar la inadmisibilidad de la acción interpuesta en base al literal c) del Articulo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dice: “Se declarara la inadmisibilidad en los casos siguientes apreciados de oficio por el Juez: a), b), c) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo.” Por lo que es evidente la Inadmisibilidad de la acción.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 12 de junio de 2014, dictó sentencia REVOCANDO la emitida por el a-quo, en la forma siguiente: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado FELIX E. OYUELA, en su condición de Representante Legal de la Señora SONIA MARIA MENDIETA CANALES DE BADARROUX.- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha Siete de Marzo de Dos Mil Catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre a folios del Número Seiscientos Seis ( 606 ) al Número Seiscientos Doce vuelto (612 v.) de la primera pieza de autos, por ser admisible la acción incoada, ya que el Acto Administrativo Impugnado es susceptible de impugnación ante esta Jurisdicción.- TERCERO: Declarar Parcialmente Procedente la Acción incoada por la demandante, únicamente en cuanto a que tiene derecho al reajuste de su salario como gastos de representación y funcionamiento durante catorce meses, es decir, durante el año 2008 y dos meses del año 2009, el cual se le debe reajustar a Ochocientos Dólares, tal como le fue asignado, y no Seiscientos Dólares como le fue pagado, en lo demás se declara improcedente la acción incoada…SIN COSTAS”; bajo el criterio que si bien es cierto, la Constitución de la República establece que ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, no menos cierto es, que la demandante recibía su salario como gastos de representación y funcionamiento, el cual fue aceptado por ella, por no existir salario para dicho cargo, por lo cual, no presto sus servicios de forma gratuita, ni le fue exigible dicha prestación, siendo, por lo tanto, improcedente el pago de salarios no devengados solicitados; sin embargo, al constar de autos, que la asignación como gastos de representación que se le asignó a la demandante fue de LPS. 15,22.00 equivalente a $ 800.00, es dicha cantidad la que le debe ser pagada hasta el mes de agosto del 2009, por lo cual, es procedente el reajuste solicitado durante el año 2008 y dos meses del año 2009, tal como ha sido solicitado y por constar que le fue reducida dicha asignación.- 5. La representación procesal de las partes recurrentes, abogado FELIX EDGARDO OYUELA S., apoderado de la señora SONIA MARIA MENDIETA CANALES DE BADARROUX y el abogado EDWIN OMAR MORENO, apoderado del ESTADO DE HONDURAS, presentaron en fechas 28 y 30 de julio de 2014 respectivamente, escritos de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 12 de junio de 2014, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 174-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 175-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia tener por interpuestos y formalizados en tiempo y forma los recursos y acordó dar copia de los mismos a la parte contraria para que en el término de diez días hábiles se pronunciaran sobre le contenido del mismo.- 6. La representación procesal de las partes recurridas, abogado EDWIN OMAR MORENO, apoderado del ESTADO DE HONDURAS y el abogado FELIX EDGARDO OYUELA S., apoderado de la señora SONIA MARIA MENDIETA CANALES DE BADARROUX, presentaron en fechas 13 y 19 de agosto de 2014 respectivamente, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, los cuales fueron resueltos mediante providencias de fechas 18 y 25 de agosto de 2014 respectivamente, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución ambas partes.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto de fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados EDWIN OMAR MORENO y FELIX EDGARDO OYUELA S., en concepto de partes recurrentes-*recurridos, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuestos recursos de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente abogado FELIX E. OYUELA como representante procesal de la parte demandante fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS. Se señala como precepto autorizante el Artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil, en relación con el Artículo 271 numeral 3 del mismo Código Procesal Civil. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Se consideran infringidos los artículos 1497 v 1499 del Código Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Mi representada fue nombrada come EMBAJADORA-REPRESENTANTE DE LA MISION PERMANENTE ANTE LA UNESCO, FRANCIA, por el Señor Presidente de la República, mediante el Acuerdo No. 621-SRH de fecha 8 de junio de 2006, emitido por la Secretaria de Relaciones Exteriores,( ver folio 19 ), y se acreditó su representación permanente, como Embajadora encargada de Representar al Gobierno de Honduras, ante todos los Organos de las Naciones Unidas en dicha Sede, mediante el comunicado oficial del Ministro de Relaciones Exteriores, de fecha 27 de junio del 2006, cuya copia del documento obra a folio 20 de la primera pieza y que presento sus Cartas Credenciales al Director General de este Organismo Internacional, el dìa 21 de julio del 2006 y se desempeño como tal hasta el die 30 de Septiembre del 20l0.( Ver documento a folio 21) de la primera pieza). Tanto el nombramiento coma Embajadora, como su desempeño como tal, está aceptado por el Estado de Honduras, al dar contestación en primera instancia a esta demanda, según lo manifiesta al final de la letra B y letra C, numeral primero y numeral segundo. (Ver folio 37 ). Es decir, que es incuestionable e irrebatible, que mi mandante fue nombrada Embajadora mediante el acuerdo No.621-SRH de fecha B de junio del 2006 y que se desempeño en su cargo por el tiempo que reclama su sueldo, según se desprende de los documentos que dejo relacionados. Resulta que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en su CONSIDERANDO SEIS, expresa textualmente lo siguiente: QUE NO CONSTA DE AUTOS, NOMBRAMIENTO ALGUNO PARA QUE LA DEMANDANTE EJERCIERA LAS FUNCIONES DE EMBAJADORA-REPRESENTANTE DE LA MISION PERMANENTE ANTE LA UNESCO, CONSTANDO UNICAMENTE UNA ASIGNACION MENSUAL PARA ELLA COMO GASTOS DE REPRESENTACION, LO CUAL CONSTITUIA SU SALARIO, POR HABERLO ASI ACEPTADO”. La Honorable Corte de lo Contencioso Administrativo, con esta interpretación, le niega a este documento público, precisamente el motivo o causa principal del mismo y su alcance legal : Nombramiento de una Embajadora y desconoce a su vez, el otro documento público, cual es la Acreditación qua hace el Secretario de Relaciones Exteriores ante la UNESCO, en cumplimiento de dicho Acuerdo. El articulo 1497 del Código Civil, es clara cuando determina que este es un documento público, porque ha sido autorizado por un empleado público competente y nada menos que por el señor Presidente de la República, a través de la Secretaria de Estado correspondiente y el articulo 1499 del mismo Código, es taxativo y mandatorio cuando expresa que los documentos púbicos hacen prueba, aun contra tercero, DEL HECHO QUE MOTIVA SU OTORGAMIENTO y de la fecha de este”. En este acuerdo, el señor Presidente nombra a mi mandante como Embajadora, asignándole únicamente los gastos de representación, pero sus demás consecuencias legales, coma lo es el derecho a que se le asigne y pague un sueldo, están están implícitamente contempladas en este documento público. La interpretación errónea de derecho que hacen los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de considerar a este Acuerdo Presidencial y el documento de Acreditación ante la UNESCO, por el Secretario de Estado, como documentos privados, y por Io tanto, con alcances distintos y atentarios a los derechos de mi representada, dan motivo ha esta comparecencia. Y este proceder viola flagrantemente disposiciones legales especificas, de ineludible cumplimiento en esta demanda y por economía procesal, solo cito, el cuerpo y número de los artículos siguientes: CONSTITUCION DE LA REPUBLICA: 60, 70, 80,321,323; LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA: 7, 8, 9, 10; LEY DEL SERVICIO EXTERIOR DE HONDURAS: 40, 41, 42, 53; LEY ORGANICA DEL CUERPO DIPLOMATICO HONDUREÑO: 42, 46; CODIGO CIVIL: 11, 12, 17, 2292,2297 y LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:1,3,20,54 al 64. Pero si quiero destacar, por su enorme importancia en este caso, únicamente los siguientes: El articulo 70 párrafo último de la Constitución de la República, manda que “ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en Ley” y es aclarado su alcance en el articulo 128, inciso 3º de la Misma Constitución; La Ley del Servicio Exterior de Honduras: Articulo 41: Los funcionarios y empleados del Servicio Exterior, gozaran de los sueldos y en el caso de los Jefes de Misión de los gastos de representación que se asignen en el Presupuesto, los cuales serán fijados tomando en cuenta el costo de la vida de los países donde sean inscritos y la categoría del funcionario”. La Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático Hondureño: ARTICUL0 42: “Los sueldos, gastos y viáticos de cada Legación, serán los que fije el Presupuesto, o en su defecto, que el Poder Ejecutivo señale de la partida correspondiente a Legaciones” y el Articulo 46: “El sueldo personal de los funcionarios diplomáticos y sus gastos de representación, comenzaran a correr desde la fecha en que tome posesión de su cargo...”. Estos articulo Honorables señores Magistrados, son absolutamente claros y mandatorios y dilucidan y resuelvn, el derecho de mi mandante a entablar esta demanda y no pueden ser interpretados de otra manera o dejados de considerar, como lo ha hecho la H. Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ni aplica ni interpretó debidamente las normas procesales relativas al documento publico, como son los señalados anteriormente, porque no le dio la aplicación y alcance que tienen, al desconocer los derechos que tiene mi mandante, como es el de que se le pague su sueldo devengado, que se le niega en esta sentencia.- Este error de derecho, como lo expresan los maestros que a continuación menciono, tiene que ser trascendente, o sea, que incida en la violación de la norma sustancial y por tanto, repercute o incide en la decisión, a tal punto que sin él, el Juez habría fallado el pleito en sentido contrario.” El gran Maestro don ANTONIO BERMUDEZ M, en su libro El Recurso de Casación en Materia Civil, edición 1940,en su página, en su página 105, expresa textualmente lo siguiente: EL ERROR DE DERECHO ES EL RESULTADO DE UN RAZONAMIENTO CON EL CUAL SE CONTRARIA UN ARTICULO LEGAL QUE DA ESPECIFICO VALOR A UNA PRUEBA DETERMINADA.“ El eminente maestro colombiano HUMBERTO MURCIA BALLEN, en su libro ‘Recurso de Casación Civil, edición de 1978, en su página No.296, dice: “CUANDO REQUIRIENDOSE POR LA LEY UNA PRUEBA ESPECIFICA PARA DEMOSTRAR DETERMINADO HECHO O ACTO JURIDICO, NO LE ATRIBUYE A DICHO MEDIO EL MERITO PROBATORIO POR ELLA SEÑALADO”. Y en el CONSIDERANDO SIETE, esta sentencia, en la parte conducente expresa: “NO MENOS CIERTO ES, QUE LA DEMANDANTE RECIBIA SU SALARIO COMO GASTOS DE REPRESENTACION Y FUNCIONAMIENTO, EL CUAL FUE ACEPTADO POR ELLA, POR NO EXISTIR SALARIO PARA DICHO CARGO, POR LO CUAL, NO PRESTO SUS SERVICIOS DE FORMA GRATUITA, NI LE FUE EXIGIBLE DICHA PRESTACION, SIENDO POR LO TANTO, IMPROCEDENTE EL PAGO DE SALARIOS NO DEVENGADOS SOLICITADOS”. Y para rematar este error de derecho, los Honorables Magistrados de la Corte de la Contencioso Administrativo, en su CONSIDERANDO OCHO y en la parte conducente, expresan: ESTE TRIBUNAL SE PRONUNCIA SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, CONCLUYENDO QUE LA ACCION INTERPUESTA ES IMPROCEDENTE, EN CUANTO AL PAGO DE LOS SALARIOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR NO TENER DERECHO LA DEMANDANTE A LOS MISMOS, POR NO ESTAR NOMBRADA EN EL CARGO RELACIONADO DURANTE EL TIEMPO SOLICITADO. EJERCIENDO LAS FUNNCIONES DEL MISMO”. Con todo respeto, me parece insólito e inaudito el contenido de este Considerando, cuando todo lo que se dice en el mismo es absolutamente falso, como lo dejo demostrado en mis comentarios que anteceden, pues para la Honorable Corte, mi mandante nunca fue nombrada en su cargo de Embajadora, nunca se Io acredito coma tal y por consiguiente, nunca ejerció tales funciones, por lo que no tiene ningún derecho de reclamar. Los criterios expresados en estos tres Considerandos, constituyen indudablemente un “ERROR DE DERECHO, que le permiten a mi representada y así lo espera, que este Tribunal Supremo de Justicia de la República, los rectifique, para el imperio de la justicia.”.- II.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) el error de derecho en la apreciación de las pruebas no aparece como causa o motivo en el recurso de casación en lo dispuesto en el artículo 719 del Código Procesal Civil; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) señala normativa no citada como violada al indicar los artículos 11, 12, 17, 1497, 1499, 2292 y 2297 del Código Civil, 60, 70, 80, 321 y 323 de la Constitución de la República, 7,8,9 y 10 de la Ley General de la Administración Pública, 40, 41, 42 y 53 Ley del Servicio Exterior de Honduras, 42 y 46 de la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático, 1, 3, 20, 54 al 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo; y, d) formula alegatos de instancia.- III.- Que el Impetrante en representación de la parte demandante en un segundo motivo arguye: “LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA, LA SENTENCIA NO ES CLARA, PRECISA, EXHAUSTIVA Y CONGRUENTE CON LAS PRETENSIONES OPORTUNAMENTE DEDUCIDAS POR LOS LITIGANTES, PRECEPTOS AUTORIZANTES; ARTICULO 200 y 719, NUMERO 1, LITERAL C., DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, DISPOSICIONES INFRINGIDAS: LOS ARTICULOS 206,numeral 1o: 207 y 208 numeral 1º., DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. Esta sentencia, Honorable SeÑores Magistrados, no está en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, ni es clara, precisa y exhaustiva. Es obvio que la actividad del Juez, al proferir una sentencia, no es ni puede ser ilimitada, que solo puede decidir sin rebasar el campo que le demarquen los litigantes, o en otros términos, según el gran jurista colombiano Humberto Murcia Ballen, en su libro sobre La Casación Civil, pagina 350, dice: que solamente debe moverse dentro del espacio que le determina el demandante en su demanda o el demandado en la contestación. El quebranto que el Juez haga de la prohibición referida, implica que su sentencia queda viciada, puesto que al decidir sobre cuestiones no pedidas, o sobre más de lo pedido, lo hace con exceso de poder y, por ende, sin tener competencia para ello y también resulta viciado el fallo, cuando omite pronunciamientos sobre peticiones o excepciones, porque, en tal supuesto, por defecto en el ejercicio de su poder legitimo quedan insolutos, total o parcialmente, algunos aspectos de la controversia”. Y para terminar agrega: “De lo antes dicho podemos inferir que necesidad de que este se encuentre en consonancia con las pretensiones deducidas por el demandante en la demanda, o en las demas oportunidades que la ley le ofrece para proponerlas”.- Y el gran maestro ANTONIO BERMUDEZ M. define en su libro LA CASACION EN LO CIVIL. edición 1940. pagina 82, lo que se entiende por incongruencia: “La incongruencia (EXTRA—PETITA), consiste en que la sentencia no coincida o concuerde con las pretensiones aducidas por las partes en el juicio, oportunamente, es decir, en la demanda y la contestación” y agrega: “Hay incongruencia en la discordia entre las pretensiones y el fallo que condena, ya porque se alteren los conceptos de los puntos debatidos, ya porque se les tome en un aspecto jurídico que no fue el planteado por las partes”. El artículo 208 de nuestro Código Procesal Civil, es absolutamente claro al consagrar este principio de la incongruencia, que en nuestro concepto lo ha infringido la Honorable Corte de lo Contencioso Administrativo al emitir su fallo, como lo pasamos a demostrar. PETICION DE LAS PARTES: ACTORA: Mi mandante reclama el pago de sus sueldos devengados, durante treintisiete (37) meses y el ajuste de sus gastos de representación, que no le han sido pagados, por haberse desempeñado como Embajadora y por consiguiente, representante de Honduras ante el organismo internacional de las Naciones Unidas, LA UNESCO, en Paris, nombrada por Acuerdo Ejecutivo No.62l-SRH, emitido el 8 de junio del 2006, siendo acreditada debida y legalmente ante las autoridades de ese alto Organismo, por credenciales extendidas por el Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro País. DEMENDADA: La parte demandada acepta que mi representada fue nombrada Embajadora ante la UNESCO, en Paris, y se desempeñó como tal por el periodo señalado, pero rechaza el hecho de que Ella tenga derecho a que se le pague sueldo por ese cargo, reconociendo que los gastos de representación son los únicos que le corresponden por ese desempeño, como sueldo. DECISION DE LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES: La sentencia que pronuncia esta Honorable Corte con fecha doce de junio del 2014, hace un análisis absolutamente equivocado y tergiversado de lo planteado en la demanda, en los Considerandos que le sirven de base para emitir su fallo, al analizar situaciones y pretensiones que no so presentan ni son verdaderas, con lo cual incurre en la “extra petita”, como lo puntualizo a continuación. En su Considerando número seis, la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, expresa: Que no consta en autos, nombramiento alguno para que la demandante ejerciera la funciones de Embajadora—Representante de la Misión Permanente ante La UNESCO, Francia, constando únicamente una asignación mensual para ella como gastos de representación, lo cual, constituía su salario, por haberlo así aceptado, tal como consta en la misiva que le girara ella el 24 de febrero del año 2009, a la canciller de ese entonces, donde le manifiesta que había aceptado el nombramiento únicamente con los gastos de representación y funcionamiento, por la promesa que se le hiciere que posteriormente se le buscaría un sueldo, para que le fuese asignado a su Representación…”. Es falso y tergiversado lo que se establece en este Considerando, puese en primer lugar, consta en este expediente al solo leerlo, (Ver folio 19 ) como prueba irrefutable, el Acuerdo No 621-SRH, de fecha 8 de junio del 2006, en que el Presidente de la República, ACUERDA expresamente que mi mandante, SONIA MENDIETA DE BADARROUX, es la Embajadora Representante de la Misión Permanente ante LA UNESCO. Francia y el señor Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, en el cumplimiento de dicho Acuerdo, procede a ACREDITAR, como tal a mi mandante, ante el señor KOICHIRO MATSUURA, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tal como quedo demostrado con la copia de dicho documento (ver folio 20), por lo que aquí se afirma en este Considerando es absolutamente falso, tergiversando los hechos, como lo es también que mi mandante acepto los gastos de representación como su sueldo. En el Considerando No. siete, insiste en lo mismo, al afirmar lo que no es cierto ni aceptado por mi representada: Que la demandante recibía su salario, como gastos de representación y funcionamiento, el cual fue aceptado por Ella” agregando: “siendo por lo tanto, improcedente el pago de salarios no devengados solicitados”. Esto también fue lo que expresó en el Considerando número 6, pero resulta falso y tergiversado, con solo leer la misiva de mi mandante que se menciona de fecha 24 de Febrero del año 2009, (Ver folio 22=) que en su parte conducente dice: “Acepté el nombramiento únicamente con los gastos de representación y funcionamiento, con la PROMESA DE LAS ALTAS ESFERAS DEL GOBIERNO, DE QUE POSTERIORMENTE SE ENCONTRARIA UN SUELDO PARA SER ASIGNADO A MI REPRESENTACION - SEÑORA MINISTRA, PIDO JUSTICIA, RUEGOLE INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DELA CANCILLERIA UN SUELDO NORMAL DE U$ .5.000.00 MENSUAL.” En estos considerandos, la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, está Interpretando y dando alcances indebidos y equivocados, a las leyes y doctrinas legales, que emanan de los documentos públicos presentados como pruebas en este juicio y de las disposiciones legales pertinentes de orden público que he citado, contenidas en los artículos señalados en el primer motivo y que por economía no los repito, pero a los cuales me remito. En consecuencia con lo expuesto, esta sentencia no es congruente y clara con la demanda, pues resuelve algo que no lo ha pedido mi mandante, ni se encuentra en consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda, pues falla algo que no se debatió ni probó en el juicio, cual es que se declarara improcedente esta acción, cuando la sentencia debió analizar y valorar jurídicamente la prueba aportada, que en este caso son documentos públicos, que no fueron controvertidos, que no lo hizo y basado en ellos, declarar entonces, con lugar o sin lugar la demanda o en su caso su nulidad, pero nadie lo pidió ni fue objeto de debate si esta demanda era improcedente y porque, al decretar al final de su fallo que: “en Io demás se declara improcedente la acción incoada, referente al derecho que tiene mi mandante de recibir un sueldo por el cargo desempeñado, como lo decreta, que en el fondo entraña, además, una contradicción en esta sentencia, porque al principio del Considerando Numero cuatro y al final, establece que si se puede y debe entablarse en esta Jurisdicción, porque si es suceptible de impugnación, por lo que la incongruencia de esta sentencia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes es harto evidente. ”.- IV.- Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante al indicar entre otros, el artículo 200 del Código Procesal Civil, sin embargo esta disposición no regula las causales de casación; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) formula alegatos de instancia.- V.- El Censor representante procesal de la parte demandada, abogado EDWIN OMAR ROMERO, en su recurso de casación manifiesta: “PRIMER MOTIVO: Se impugna la aplicación e interpretación errónea que hace la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a la determinación en declarar admisible la acción incoada por la parte demandante en la presente sentencia, manifestando que el acto impugnado es susceptible de impugnación ante esta Jurisdicción, infringiendo totalmente lo señalado en el articulo número 28 de la Ley de la Jurisdicción de Io Contencioso Administrativo. SEGUNDO MOTIVO: Impugno la presente Sentencia por haber considerado como salario los gastos de representación y funcionamiento que se le otorgaron a la demandante con ocasión de acreditarla como Representante Permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el rango de Embajadora. TERCER MOTIVO: De igual manera se impugna lo resuelto por la Honorable Corte de Apelaciones en cuanto que otorga el derecho a la demandante al reajuste de los gastos de representación y funcionamiento, el cual debe de reajustarse a ochocientos dólares, durante el año 2008 y dos meses del año 2009 haciendo un total de catorce meses. DISPOCISION INFRINGIDA: En la Sentencia de mérito, se considera infringida la aplicación e interpretación de la norma de derecho establecida en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo particularmente en el artículo 28, el cual claramente señala los actos que se pueden impugnar ante lo Contencioso Administrativo y para una mejor aclaración a su letra dice: La acción será admisible en relación con los actos definitivos de la Administración Pública que no sean susceptibles de ulterior recurso en vía administrativa. También se infringe directamente el articulo número 360 del Código del Trabajo cuando dispone que el salarlo, jornal o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo, o de la relación de trabajo vigente, también. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha doce de junio de dos mil catorce, en lo concerniente a la admisibilidad de la acción interpuesta por la demandante y lo resuelto en su capítulo tercero de la parte dispositiva, que expresa lo siguiente: “Declarar Parcialmente Procedente la acción incoada por la demandante, únicamente en cuanto a que tiene derecho al reajuste de su salario como gastos de representación y funcionamiento durante catorce meses, es decir, durante el año 2008 y dos meses del año 2009, el cual se le debe de reajustar a Ochocientos Dólares, tal como se le fue asignado, y no Seiscientos Dólares como le fue pagado, en lo demás se declara improcedente la acción incoada”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPLICACION DE LOS MOTIVOS: En fecha 15 de noviembre del año 2011, el Abogado Félix E. Oyuela Representante Legal de la señora Sonia Maria Mendieta Canales de Badarroux, presentó ante la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional Reclamo Administrativo en el cual reclama el pago de sueldos devengado y no pagados y el ajuste de los gastos de representación y funcionamiento, lo anterior basado en el Acuerdo número 621-SRH de fecha 08 de junio del 2006, dicho acuerdo se encuentra en el expediente judicial de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el cual a la demandante se le asignan a cantidad de Lps.15,222.00, mensuales, equivalentes a $800.00 en concepto de gastos de representación y funcionamiento, el anterior no es un acuerdo de nombramiento por lo tanto no se le asigna salario alguno; en fecha veintidós de diciembre de dos mil once, la Secretaria General de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional emitió el auto resolutivo declarando el reclamo administrativo caducado de pleno derecho en virtud de ser extemporáneo, por haber dejado de transcurrir el plazo legal de diez días hábiles para interponer el presente reclamo, el abogado Félix Oyuela se notifico de éste en fecha 20 de febrero de 2012, posteriormente interpuso Recurso de Reposición y de igual forma la Secretaria General mediante auto de fecha 28 de febrero de 2012, donde confirma el auto resolutivo de fecha 22 de diciembre de 2011 y con esto se pone fin a la vía administrativa quedando expedita a vía para interponer la acción ante el Juzgado de lo contencioso administrativo. La demandante la señora Sofía Maria Mendieta Canales de Badarroux, impugno ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el acto administrativo contentivo en el auto resolutivo de fecha veintidós de diciembre de dos mil once, donde pide que se declare a nulidad correspondiente, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento, se decrete el pago en concepto de sueldos dejados de percibir y el ajuste de gastos de representación y funcionamiento, lo anterior se encuentra transcrito fehacientemente en el escrito de demanda presentado por la demandante, de acuerdo con el articulo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, la acción será admisible en relación con los actos definitivos de la administración pública que no sean susceptibles de ulterior recurso en vía administrativa. Señores Magistrados en el escrito de demanda se puede leer que el acto administrativo que la demandante impugno ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se refiere al auto resolutivo de fecha 22 de diciembre de 2011, dicho auto se puede constatar que no es definitivo, ni le puso fin a la vía administrativa en relación con el Reclamo Administrativo en virtud que la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo número 137 que en su letra dice “Contra la Resolución que se dicte en los asuntos de que la Administración conozca en única o segunda instancia, procederá el recurso de Reposición ante el órgano que le hubiere dictado”, y de la mano con el artículo 138 del mismo cuerpo legal el cual establece: “La resolución del Recurso se notificará diez días después de la notificación de la ultima providencia transcurrido dicho término se entenderá desestimado el recurso y quedara expedita la vía procedente; La resolución del recurso de reposición le pondrá fin a la vía administrativa”. Si bien es cierto la demandante presentó recurso de reposición, no menos cierto es que la Secretaria General de esta institución a quien represento se pronunció a través del auto de fecha 28 de de febrero de 2012, mediante el cual se admite el Recurso de Reposición y se declara improcedente el reclamo administrativo en virtud de ser extemporáneo por haber dejado de transcurrir los plazos legales para presentar dicho reclamo y no procedente la reposición, el presente auto le puso fin a la vía administrativa, en consecuencia era este auto, el cual la demandante tenia que impugnar ante esa jurisdicción, y es por lo anterior que el juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo mediante Sentencia Definitiva de fecha 07 de marzo de 2014, declara en su fallo inadmisible la acción interpuesta por la demandante ya que la misma no es un acto impugnable ante este Juzgado, adjunto a manera de ilustración y como antecedente de ese Tribunal las Sentencias de fecha 26 del mes de mayo de 2013, emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y la Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2013, de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ambas sentencias se dictaron a favor de esta Secretaria y que están relacionadas con el caso que nos ocupa, ya que de igual manera la señora demandante Liz Nadari Alvarado Vega en su demanda registrada con número de ingreso 055-1 0, interpuso un auto que no es susceptible de impugnación ante lo Contencioso Administrativo, y que ha quedado probado ante la Procuraduría General de la República como un precedente Jurídico, que esta Honorable Corte de Apelaciones debe considerar. En el considerando número 7 de los fundamentos de derecho de la Sentencia que nos ocupa, se comprobó y se logro que quedara bien claro para los Magistrados de la Corte de Apelaciones el hecho que a la demandante, en ningún momento se le otorgo Nombramiento del que ahora ésta pretende confundir reclamando sueldos inexistentes, ya que la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional lo que acordó en ese momento con la demandante fueron los gastos de representación y funcionamiento a través del acuerdo No.621-SRH de fecha 08 de junio de 2006, dicho acuerdo de autorización de estos gastos no representan ni constituyen en ninguna de sus líneas sueldo alguno; por esta razón no se entiende que los mismos magistrados en su capitulo tercero de su fallo consideren estos gastos de representación y funcionamiento como salarios, otorgando a la demandante un reajuste de salario como gastos de representación y funcionamiento violando el concepto del artículo 360 del Código del Trabajo en lo que estipula que es salario “la retribución en virtud del contrato de trabajo, concepto que no se escribió o se consigno en dicho acuerdo, así mismo en el expediente administrativo de la demandante solamente existe el acuerdo antes mencionado en el cual se asigna gastos de representación y funcionamiento a partir del 01 de julio del año 2006, la cantidad de L.15,222.00, mensuales, equivalentes a $800.00, acuerdo que solo estaría vigente hasta el presente año fiscal o sea para el 2006, de acuerdo con las Disposiciones del Presupuesto del mismo año los cuales mi representada hizo efectivo con el pago en tiempo y como lo establecía el acuerdo, situación que se fundamentó al momento de la evacuación de las pruebas con sus respectivos recibos de las transferencias hechas a favor de la señora demandante. El articulo número 22 de las Disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año 2007, bajo el decreto No.195-2006 de fecha 30 de diciembre del 2006, establece lo siguiente: Los gastos de Representación dentro y fuera del País no constituirán un sobre-sueldo. Tales gastos se podrán otorgar únicamente al Presidente de la República, Secretarios y SubSecretarios de Estado y Titulares de las Instituciones Descentralizadas, debidamente autorizados por el respectivo Órgano Directivo. Para otros funcionarios del Poder Ejecutivo, la autorización de gastos de representación será formalizada mediante el respectivo Acuerdo Ejecutivo con vigencia Únicamente para el presente ejercicio fiscal, asignando los recursos de acuerdo a la misión específica encomendada. Sin lugar a duda el anterior artículo deja completamente clara la postura de la demandante en lo que respecta que la señora Sofía Maria Mendieta Canales de Badarroux, no cuenta para el año 2007, ni tampoco para el año 2008 con el respectivo acuerdo emitido por esta Secretarla autorizando gastos de representación a si como se hizo para el año 2006 en donde si existió un acuerdo ejecutivo, de tal manera la demandante está reclamando gastos de representación que no están autorizados en ningún acuerdo, omitiéndose la aprobación respectiva por parte del ejecutivo, sin embargo la demandante por razón ignorada no reclama en su oportunidad el supuesto derecho de los mismos; si bien es cierto la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional debió en su momento emitir estos acuerdos para cada año fiscal, en relación con el artículo 364 de la Constitución de la República en donde nos señala que no se podrá hacer ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias, no menos cierto es que la funcionaria tenía el deber de reclamar dichos acuerdos donde se le autorizaran los gastos de representación para cada año fiscal así como lo mandan las Disposiciones del Presupuesto de la República, en virtud que no podrá alegarse ignorancia de la Ley, por ninguna persona, después del plazo común o especial, si no cuando por algún accidente hayan estado interrumpida, durante dicho plazo, las comunicaciones ordinarias entre el lugar de la residencia del Gobierno y el departamento que debe regir, articulo 6 del Código Civil. De igual forma en el artículo 321 de la Constitución de la República establece que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad, en conclusión Señores Magistrados los pagos correspondientes a los años 2007 y 2008 no se debieron ejecutar por esta Secretaria ya que no existen tales acuerdos donde autorizarán estos gastos de representación a favor de la demandante, en todo caso la señora Sofía Maria Mendieta Canales de Badarroux tendrá que regresar estos valores y no pretender que se le haga un reajuste, reservándose esta Institución en todo caso el derecho de acudir al Tribunal Superior de Cuentas para ejercer las acciones correspondiente para la recuperación de los valores mencionados y reclamados por la demandante, en virtud que la Secretarla no tenia la obligación de hacer tales transferencias violentando las disposiciones establecidas en la Ley, por estas razones obvias cómo es posible que un Juez otorgue el beneficio a la demandante comprometiendo el presupuesto del Estado sin haber un acuerdo emitido por el Presidente de la República o en su caso por la autoridad superior de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional violentando lo que establecen las Disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República y otras Leyes, ya que para ser beneficiario a los gastos de representación se debe seguir un procedimiento ya que estos varían según las disposiciones del presupuesto para cada año fiscal”.”.- VI.- Que el Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, en su explicación realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso, tal como lo determina el artículo 720 numeral
- del Código Procesal Civil. Finalmente, señala normativa no citada como violada tal es el caso de los artículos 137 y 138 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 6 del Código Civil y 364 y 321 de la Constitución de la República.- VII.- En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- VIII.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IX.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por los Impetrantes, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a los recurrentes la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- X.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión de los recursos de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:
- NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN formalizado por el abogado FELIX E. OYUELA en su condición de apoderado de la parte demandante del que se hace mérito, en sus dos motivos. 2) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN formalizado por el abogado EDWIN OMAR ROMERO en sus tres motivos. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de abril del dos mil quince; certificación del auto de fecha diez de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 458-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL