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Sentencia CA-458-13 — Registro 4271

Resumen

En primera instancia se declara improcedente la acción interpuesta por la demandante por estar ajustado a derecho el acto impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Este cargo tampoco resulta admisible, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) la Ley de Servicio Civil es un ordenamiento que cuenta con varias disposiciones, las cuales hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que resultaba necesario precisar a cual de ellas se dirige su ataque; b) el precepto autorizante fue expuesto de forma imprecisa, ya que únicamente se cita el artículo 719 literal b) del Código Procesal Civil, cuando dicha disposición contiene dos numerales y el primero de los mismos cuenta con tres literales, con diferentes casuales del recurso; y, c) en su explicación alude a otras normas no enunciadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 82 y 94 de la Constitución de la República.- “ Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- “. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de febrero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente al segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: señora RUT ARELI TREJO GOMEZ, representada en juicio por el abogado GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ; y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación, representado en juicio por el abogado RICARDO RODRIGUEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad o en su defecto la anulación de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su pleno restablecimiento, reintegro al cargo, pago de los salarios dejados de percibir, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por la señora RUT ARELI TREJO GOMEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despachos de Educación, por medio de la Procuraduría General de la República. - ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar en el cargo de Directora Distrital, a partir del 1 de Abril del 2005, mediante Acuerdo de Nombramiento Número 0947-DG-05, posteriormente en fecha 27 de Agosto del año 2007, se le notifica que esta siendo despedida de su cargo a partir del 1 de septiembre del año 2007, considerándolo injusto, ilegal y arbitrario, en virtud que no ha incurrido en causales para despido establecidos en la Ley del Estatuto del Docente y su Reglamento; por otro lado porque se ha violentado los Artículos 39 de la Ley del Estatuto del Docente en lo relativo a las audiencias de descargo en relación con los Artículos 146, 147, 148 y 149 de su Reglamento.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaria de Estado en el Despachos de Educación, contestó dicha demanda señalando que se opone a la pretensión de la demandante, en virtud de alegar que los servidores públicos dedicados a la docencia en los Centros de Educación Pública, son regidos por las normas del Estatuto del Docente Hondureño, donde se establece el procedimiento a seguir para deducir las responsabilidades a los que infringen sus normas, que a la demandante se le concedió el derecho a la defensa, siendo citada a una comparecencia en donde no pudo desvanecer los hechos imputados pues no aportó las pruebas necesarias que establece la Ley. Por otro lado sabiamente dice que se le aplicó la medida disciplinaria tipificada en la Ley, al encontrar indicios racionales que condujeron a aplicar la sanción pertinente como es el despido, pues así se desprende de las investigaciones realizadas y del interrogatorio de la imputada contenido en el acta de audiencia de descargos levantada al efecto.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de septiembre de dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción, confirmando la Resolución número 0517-SE-07 emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación Pública de fecha 20 de Agosto del 2007, en el cual se destituyó a la señora RUT ARELI TREJO GOMEZ, de su cargo de Directora Distrital del Municipio de Erandique, Departamento de Lempira sin ninguna responsabilidad para la Institución, reconociéndole únicamente aquellos derechos adquiridos que pudieran corresponderle en concepto de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes proporcional, sin costas; bajo el criterio que todo despido que se haga a un servidor público por alguna de las causales establecidas en el Artículo 48 de la Ley de Servicio Civil, se entenderá justificado y sin responsabilidad para el Estado, cuando agotado el procedimiento de defensa de parte del servidor afectado recaiga resolución firme declarando la procedencia del despido, lo que ocurre en el presente caso pues la cancelación por despido a la demandante fue el resultado de una investigación administrativa y se justificó por la violación a normas que regulan el comportamiento de los funcionarios y la conducta que como servidor público deben tener.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha trece de diciembre de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que desde el 28 de Marzo del 2006, la demandante no laboraba en el cargo que estaba nombrada, sin gozar de ningún permiso laboral, estando únicamente suspendida, siendo la sanción solo de treinta días, por lo cual está acreditada la comisión de la falta imputada, no desvirtuando fehacientemente la misma la demandante, acreditándose incluso que recibía el salario mensual y no se presentaba a laborar.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ, en fecha catorce de febrero del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha trece de diciembre de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 245-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 159-07 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogado RICARDO RODRIGUEZ, presentó en fecha veinte de marzo de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiuno de marzo del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha siete y veintiséis de junio del dos mil trece, los abogados CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ y GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto auto en fecha diecinueve de agosto del dos mil trece, teniendo por personados a los abogados GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ y CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Violación Directa por falta de Aplicación de los artículos 59 de la Constitución de la República, que expresa que: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad de ser humano es inviolable.” Esta disposición en intima relación con el Artículo 64 del mismo cuerpo legal, que expresa: “No se aplicaran leyes y disposiciones Gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.”. Esta primera Causal se haya comprendida en el Artículo 719 Literal a) del Código Procesal Civil.- El Concepto de la Violación, la encontramos en la Ley del Estatuto del Docente Hondureño. En la Sección Segunda de las Faltas, Sanciones, y en su Artículo 35, establece: “Se considera falta a toda violación u omisión de obligaciones y de las disposiciones de este Estatuto y demás leyes aplicables, así como las acciones u omisiones que demeriten la Profesión o disminuyan la calidad del Servicio”.- en relación con los subsiguientes artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 del mismo cuerpo legal.”.- II.- El cargo que antecede resulta ser inadmisible, ya que no constituye una proposición jurídica completa, al no contener una explicación de la infracción alegada, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; además, el precepto autorizante fue expuesto de forma imprecisa, ya que únicamente se cita el artículo 719 Literal a) del Código Procesal Civil, cuando dicha disposición contiene dos numerales y el primero de los mismos cuenta con tres literales, con diferentes casuales del recurso.- III.- Que como segundo motivo de casación se expone: “Violación directa por el Juez A-quo, al aplicar la ley del Servicio Civil, para la destitución de la profesora RUT ARELI TREJO GOMEZ. La profesora RUT ARELI TREJO GOMEZ, fue nombrada como Directora Distrital del Municipio de Erandique, Departamento de Lempira, nombramiento por concurso como lo establece la ley del Estatuto del Docente Hondureño y su Reglamento. En la motivación del Juez A-quo considera que la aplicación de la Ley de Servicio Civil y que por tratarse de un servidor Público es correcta su aplicación, desconociendo de pleno derecho el juez de primera instancia, y ahora por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que la relación que regula a los Docentes con la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación es la Ley del Estatuto del Docente Hondureño y su Reglamento. Violando el artículo 95 de la Ley del Estatuto del Docente Hondureño que en su párrafo primero, expresa: “Los derechos que reconoce esta Ley no podrán ser disminuidos, tergiversados o ignorados y toda disposición en ese sentido será nula inpso jure...“. Esta causal de Casación se encuentra comprendida en el Literal b) del Artículo 719 del Código Procesal Civil.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha proferido una sentencia en la que admite la infracción como válida en la aplicación del derecho en la decisión de fondo, al estimar este tipo de aseveración, viola en forma directa la garantía contenida en el Artículo 82 de la Constitución de la República que ordena que: “El derecho de defensa es inviolable; viola además en forma directa el debido proceso contenido en el Artículo 94 de la Constitución de la República que en su párrafo segundo dice: “En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía siempre deberá ser oído el afectado.- El procedimiento cerrado no opera en este tipo de conflictos legales.- Lamento que no se aplique el texto de la Ley, sino criterios personales y dañinos.”.- IV.- Este cargo tampoco resulta admisible, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) la Ley de Servicio Civil es un ordenamiento que cuenta con varias disposiciones, las cuales hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que resultaba necesario precisar a cual de ellas se dirige su ataque; b) el precepto autorizante fue expuesto de forma imprecisa, ya que únicamente se cita el artículo 719 literal b) del Código Procesal Civil, cuando dicha disposición contiene dos numerales y el primero de los mismos cuenta con tres literales, con diferentes casuales del recurso; y, c) en su explicación alude a otras normas no enunciadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 82 y 94 de la Constitución de la República.- V.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha dos de febrero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 458-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL