Sentencia CA-456-14 — Registro 5636
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia declarando improcedente la acción incoada por el demandante, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 incisos a) del artículo 723 del Código Procesal Civil relacionados con el 721 numeral 2) de este mismo ordenamiento. Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto en su único motivo y sin lugar la nulidad absoluta solicitada, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los un día del mes de diciembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El señor HERBERT OSWALDO SORIANO VELASQUEZ, representado en juicio por el abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON; y, Recurrido: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD representado en juicio por la abogada BESSY LORENA GARCIA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad por no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular en materia personal consistente en el acuerdo de cancelación No. SE-041-2011, emitido por el Instituto de la Propiedad infringiendo el ordenamiento jurídico establecido con excesivo abuso y desviación de poder, violación inclusive de elementales derechos humanos y el libre acceso a la salud, que se decrete la ilegalidad y su nulidad total, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adoptar medidas para el pleno restablecimiento de los derechos infringidos, la reinstalación al cargo, del cual fue separado arbitraria e ilegalmente, pago de salarios y demás beneficios dejados de percibir en su ausencia, o en su defecto el pago de una indemnización compensatoria justa a titulo de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha diez de octubre de dos mil once, por el señor HERBERT OSWALDO SORIANO VELASQUEZ, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante manifestó que inició su relación de trabajo con el Instituto de la Propiedad en fecha veintiocho de julio de dos mil nueve en el cargo de Secretario General, nombrado mediante resolución No. 043-2009 del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, cargo del cual fue cancelado de forma injusta, arbitraria e ilegal, por no existir motivos o causas legales para prescindir de sus servicios profesionales, mas que su deteriorado estado de salud a causa del desempeño de tan alta responsabilidad que implica el cargo. El Acto Administrativo que se impugna y del cual se pide su nulidad consiste en el Acuerdo No. SE-041 -2011, notificado en fecha dieciséis de septiembre del dos mil once, y efectivo a partir del catorce de septiembre del mismo año, por el cual se le comunicó la cancelación del cargo de Secretario General del IP, acto que además de injusto y arbitrario es totalmente ilegal, ya que para la emisión del mismo no se consideró en manera alguna que durante el desempeño del cargo dada su alta responsabilidad sufrió graves quebrantamientos de salud por lo que está atravesando un proceso de rehabilitación en una clínica a consecuencia de las secuelas producidas por un infarto cardiaco al corazón en el mes de octubre del dos mil nueve y posteriormente en el dos mil diez, un derrame cerebral con lesiones severas que le mantuvo incapacitado totalmente por un tiempo con incapacidades continuas desde agosto del dos mil diez, hasta el mes de septiembre del año dos mil once, por lo que el acto que impugna ante esta jurisdicción se emitió violentando las formalidades esenciales del ordenamiento jurídico establecido, incluyendo el excesivo abuso y desviación de poder, dicha cancelación de su cargo se efectuó estando protegido por la ley del Seguro Social, según lo dispuesto en el artículo 1; el acto administrativo impugnado por el cual se le canceló del cargo vulnera flagrantemente su derecho al libre acceso a la salud garantizado por la Constitución de la República y demás leyes, ya que al momento de su cancelación estaba siendo tratado por el padecimiento de las secuelas producidas a consecuencia del grave deterioro de su salud, por lo que la recomendación indicada por prescripción médica en su caso era un cambio de funciones para no empeorar su padecimiento; recomendación que no fue considerada en manera alguna por las actuales autoridades del IP, y más bien se ensañaron con el cancelándole de manera injusta del cargo.- 2. La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, por medio del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que en fecha cuatro de agosto de dos mil nueve, el Instituto de la Propiedad emitió el Acuerdo No. 077-2009, mediante el cual nombró al demandante en el cargo de Secretario General, a partir del veintiocho de julio de dos mil nueve, con un sueldo de cuarenta mil lempiras (L.40,000.00); el demandante fue removido del cargo de Secretario General mediante Acuerdo No. SE-041-2011, de fecha dieciséis de septiembre de dos mil once, dependiente de la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, notificado al demandante en fecha catorce de septiembre de dos mil once. Que no es cierto el argumento del demandante al manifestar que no se le invocó causal alguna al momento de su cancelación, la Autoridad Administrativa al emitir el Acuerdo de Cancelación lo emitió conforme a lo que establece el artículo 14 numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Propiedad; resulta que el puesto que ocupaba el demandante en el Instituto de la Propiedad es de aquellos que según el Artículo 3 numeral c) de la Ley de Servicio Civil que expresamente señala: “Las disposiciones de esta Ley no será aplicables a los siguientes servidores públicos: a).. .b). . .c) A los Oficiales Mayores y Sub- Oficiales Mayores de las Secretarías de Estado; y mediante El Decreto 218- 96 de fecha 17 de diciembre de 1996, publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 28,148 del 30 de diciembre de 1996, derogó el Artículo 38 de la Ley General de la Administración Pública, que se refiere a los Oficiales Mayores, sin embargo dicho decreto adicionó el Artículo 124-B que literalmente señala en su párrafo quinto “Las funciones de los oficiales mayores serán asumidas por los Secretarios Generales de cada Secretaría de Estado.” En razón de lo anterior se concluye que el puesto de Secretario General, es un puesto excluido de la Ley de Servicio Civil y en definitiva el demandante al ser nombrado en un puesto excluido, no está amparado ni protegido por una Ley Especial, en consecuencia no corresponde a esta jurisdicción, pues al respecto el Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo establece que solamente podrán impugnarse en vía Contencioso-Administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando estuviere protegido por una Ley Especial, por tanto concurre la causa de inadmisibilidad señalada en el Artículo 80 literal a). El acto administrativo dictado por el Instituto de la Propiedad donde determina cancelar al demandante lo hizo en estricta observancia a los procedimientos establecidos, el mismo fue dictado por la autoridad competente siguiendo las claras atribuciones que para este caso faculta la Ley de Propiedad en el artículo 14 numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Propiedad.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de agosto de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción incoada por el señor Herbert Oswaldo Soriano Velásquez, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado; se exime del pago de costas a la parte demandante, bajo el criterio que el acto administrativo por medio del cual se canceló al demandante de su puesto de trabajo, se emitió conforme a derecho, quedó demostrado en el presente caso que no hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable ya que la parte demandante fue nombrado en el cargo de Secretario General del Instituto de la Propiedad, dependiente de la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad siendo un cargo excluido de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y que el mismo fue dictado al tenor de lo establecido en el articulo 10 numeral 1 de la Ley de Propiedad, el cual establece que “es atribución exclusiva del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad nombrar y remover al Secretario Ejecutivo, los Directores Generales, Inspectores Generales y a los miembros de la superintendencia de recursos” por ello se debe declarar la improcedencia de la acción, porque el acto se encuentra dictado conforme a derecho, o sea que dicho cargo es de libre nombramiento y remoción, en consecuencia el mismo no está supeditado a ningún tipo de procedimiento para su nombramiento y cancelación, en virtud de ello el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad al emitir el Acuerdo de Cancelación NO. SE-041-2011, de fecha 14 de septiembre del año 2011, lo hizo dentro de las atribuciones que le otorga su Ley, en consecuencia de esto, al estar ajustado a derecho el acto impugnado hace que la presente acción sea improcedente.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de junio de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio que el cargo que ocupa el demandante de Secretario General es excluido del Régimen Especial que regula la relación de trabajo entre las partes del Juicio, en consecuencia su nombramiento y remoción no están sujetos a procedimientos ni causales algunos para sus emisiones, tal como ocurrió en el presente caso de autos donde el demandante correctamente fue cancelado de su puesto de trabajo sin procedimiento alguno.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON en fecha veintitrés de de julio de dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cinco de junio de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.148-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 467-11 (2 piezas) del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintiocho de julio de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la recurrida, abogada BESSY LORENA GARCIA, presentó en fecha doce de agosto de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de agosto de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas veintiocho de agosto y cinco de septiembre, los abogados BESSY LORENA GARCIA y KEVIN RAMON MURILLO NELSON, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, teniendo por personada a la abogada BESSY LORENA GARCIA en concepto de parte recurrida y por precluído de derecho y perdido irrevocablemente el plazo concedido y dejado de utilizar por el abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, actuado como parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de junio de dos mil catorce y que el Recurrente fundamenta un único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, por falta de aplicación de las normas de derecho que han debido ser aplicadas para la decisión del fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Se consideran infringidos por la Corte Recurrida en su fallo, por falta de aplicación los artículos: 81 párrafo segundo y 82, letras a), b) y c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 38 reformado de la ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719. 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La Corte recurrida al dar por establecido en su fallo, como resultado de su estudio supuestamente analítico, racional y humano de los antecedentes, que el Acto Administrativo Impugnado fue dictado conforme a derecho en su errado y deshumanizado concepto, que el demandante HERBERT OSWALDO SORIANO VELASQUEZ, no puede reclamar nada como ser humano.- Resulta importante dada su trascendencia dejar una vez más dejar claramente por establecido que al estar probados los hechos que motivaron la demanda de mérito por la acción de la vía contencioso-administrativa como aparece probado en los autos, la Corte recurrida evidentemente incurre en violación de la norma precitada contenida en el artículo 81 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: “La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” En el caso sub judice resulta evidente que el demandante fue separado sin consideración alguna de manera injusta, arbitraria, deshumanizada e ilegalmente de su cargo, por lo expresado y probado ampliamente en el caso de autos. La Corte recurrida al confirmar el fallo de primera instancia, incurre en su ánimo y convencimiento sentenciador en violación de elementales derechos humanos, como ser entre otros el derecho a la vida misma y preservación de los derechos y garantías que interactúan en el aseguramiento de las condiciones sobre la subsistencia del ser humano; es decir pues, que el Tribunal de Alzada equivocó totalmente su camino. Por ello Honorables Magistrados, conforme a derecho procede casar la sentencia recurrida y una vez casada la misma y constituida la Honorable Corte Suprema de Justicia en sede de instancia dictar la sentencia que derecho procede, declarando con lugar la demanda promovida por el demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado.”.- II.- Resulta que analizado el cargo que sustenta el recurso de casación presentado por el Impugnante resulta inadmisible puesto que indica como precepto autorizante el artículo 719, numeral 2) del Código Procesal Civil, pero es el caso que el ad-quem al confirmar el fallo de primera instancia ha fundamentado su decisión en otras normas, no siendo viable el ataque a la sentencia impugnada por el concepto invocado, es más las disposiciones señaladas como infringidas “… por falta de aplicación los artículos: 81 párrafo segundo y 82, letras a), b) y c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 38 reformado de la ley de Servicio Civil...” no tienen incidencia en la cuestión de fondo, por ende el Juzgador de instancia no ha causado ni rebeldía ni desconocimiento de las misma; además, en la explicación se realizan alegatos de instancia los cuales resultan impropios en este recurso extraordinario.- III.- Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado este Tribunal, más que un culto a la forma son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- IV.- Que el Censor también ha solicitado nulidad absoluta, en la forma siguiente: “Nuestra Legislación Procesal Civil en su carácter de supletoriedad en esta materia, en cuanto a los requisitos internos de la sentencias, dispone que deben ser claras, precisas y exhaustivas, además de la motivación en los razonamientos facticos y jurídicos, las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en juicio, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. La forma en que fue redactada la sentencia de PRIMERA INSTANCIA, violenta los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil que en su parte medular establece: Las Sentencias deben ser claras precisas y congruentes con las demandas y con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. EL FALLO, que se recurre de SEGUNDA INSTANCIA, no hace ningún pronunciamiento sobre los requisitos de que adolece la sentencia de PRIMERA INSTANCIA, como oportunamente se cuestionara en los respectivos agravios contra la sentencia de PRIMERA INSTANCIA, la cual NO está conformada o estructurada, por Considerandos, como un requisito esencial en el cual se sustentan y argumentan o se motivan todos los fallos dictados por todos los Juzgados y Tribunales de la Republica, es decir, que el referido fallo NO fue dictado conforme a los lineamientos que establecen los artículos 81 párrafo segundo y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 206, 207, 208, del Código Procesal Civil.- referente a los REQUISITOS INTERNOS DE LAS SENTENCIAS: “Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas”... “;……..La Corte sentenciadora y recurrida omite pronunciarse sobre el fallo pronunciado en PRIMERA INSTANCIA, como era su obligación, conforme a los lineamientos establecidos en las disposiciones legales precitadas, que son de aplicación supletoria en ésta materia, por tratarse de normas procesales de orden público, cuya observancia es de carácter obligatorio so pena de nulidad pues la sentencia objeto de esta casación contiene imprecisiones y fue dictada arrastrando vi Dios de nulidad en la forma por lo que es procedente conforme a derecho en procura de la sanidad Procesal, ANULAR la sentencia dictada en fecha 05 de junio del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, del Departamento de Francisco Morazán.”.- V.- Que la nulidad subsidiara resulta improcedente, ya que la sentencia proferida en segunda instancia, que ha confirmado la de primera, ha sido dictada llenando los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria; tampoco se advierte la existencia de alguna situación que pudiera afectar el debido proceso o el derecho de defensa de las partes.- VI.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 incisos a) del artículo 723 del Código Procesal Civil relacionados con el 721 numeral 2) de este mismo ordenamiento. Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto en su único motivo y sin lugar la nulidad absoluta solicitada, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiara. 3) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha uno de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 456-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL