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Sentencia CA-454-14 — Registro 5630

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia declarando improcedente la acción incoada por el recurrente por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo en la forma expuesta resulta una proposición jurídica incompleta, por las razones siguientes: a) el artículos 2370 numeral 9) e igualmente los relacionados artículo 42, 43 y 44 del Código Civil y 221 de la Constitución de la República, citados como infringidos en la formulación del cargo no tienen relación con la cuestión debatida en el proceso; b) los artículos 200 numeral 1 y 2 inciso c), 206 y los relacionados artículos 13 numeral 3, del Código Procesal, resultan impertinentes en relación al precepto autorizante; y, c) carece de claridad y precisión, cuando se indica la infracción de ley sustantiva por el concepto de infracción directa concepto que resulta inapropiado en esta materia.-"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el señor HEZRON OTNIEL MOLINA LOPEZ, representado en juicio por el abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, y el recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD, representado en juicio por la abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial contencioso administrativo para que se declare la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reintegro, más los salarios dejados de percibir, y las costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor HEZRON OTNIEL MOLINA LOPEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que fue nombrado en el cargo de Subinspector de Policía de la Policía Nacional de Honduras, adscrita a la Secretaría de Estados en los Despachos de Seguridad mediante Acuerdo número 0098-2003 de fecha 13 de enero del 2003, ingresando por ello a la carrera policial y siendo asignado para realizar labores policiales en la Dirección Nacional de la Policía Preventiva.- Que en fecha 26 de julio del 2004 el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa lo declaró inocente de un delito que se le culpaba, pero que en fecha 31 de mayo del 2006, la Sala de lo Penal, a través de un Recurso de Casación Interpuesto por el Ministerio Público revocó la sentencia de fecha 26 de julio del 2004 y lo declaró culpable por el delito de Homicidio Culposo y le condenó a cumplir una pena de 3 años 6 meses de reclusión, Que en fecha 14 de noviembre del 2011 fue detenido por los Agentes de la DNIC por orden del Juzgado de Ejecución a efecto de cumplir la pena de reclusión a la cual fue condenado, por lo que en fecha 15 de noviembre del 2011 conmutó la pena de reclusión que se le impusiera por el pago de dinero en efectivo a favor del Estado de Honduras, y el Juzgado de Ejecución de la Definitiva, presentándose nuevamente a supuesto de trabajo . Sigue manifestando que en fecha 13 de julio del 2012, la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, mediante Acuerdo Administrativo número SEDS 549-2012 se le notificó de la cancelación de su acuerdo de nombramiento en el cargo ostentaba de Inspector de Policía de la Policía Nacional de Honduras, por sentencia firme condenatoria dictada por la sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Alegando que en virtud de encontrarse firme la sentencia condenatoria, tomando como fundamento legal una ley derogada como es la Ley Orgánica de la Policía Nacional creada mediante Decreto legislativo número 156-1998 de fecha 28 de mayo de 1998 específicamente el artículo 89. Y en su caso en especifico, desde aquel momento en que se suscitó el problema en cumplimiento de mi deber (6 de mayo del 2003), nunca fue llamado a ninguna audiencia de descargo, ni le hicieron cesar de su trabajo, tampoco fue llamado a un proceso administrativo disciplinario y menos aun sancionado por su actuar.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, contestó dicha demanda señalando que el demandante falta a la verdad al establecer que únicamente fue condenado a la pena de tres (3) años y medio de reclusión; sin embargo obvia mencionar que también fue condenado a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y que fue declarado responsable civilmente frente a las víctimas del delito por el cual fue condenado, además, el demandante olvida mencionar que no sólo conmutó la pena, sino que también le fue notificado en fecha 15 de noviembre de 2011 un cómputo de pena por parte del Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante el cual se le notifican las penas accesorias señaladas anteriormente y se le expresa que la inhabilitación absoluta se entiende para cargos u oficios públicos, derechos políticos, o profesionales titulares durante el tiempo de la condena, por lo tanto, el Estado a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad al emitir su cancelación fue estrictamente en cumplimiento de la Ley.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de febrero de 2014, dictó sentencia declarando IMPROCEDENTE la acción incoada por el Señor HEZRON OTNIEL MOLINA LOPEZ, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo Administrativo número SEDS-549-2012 de fecha dos (2) de mayo del dos mil doce, emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad; en vista de lo cual confirma el mismo, sin costas; bajo el criterio que la acción cometida por el demandante conlleva al cese de sus funciones, según lo establecido en la normativa vigente al momento en que se cometió el hecho que dio lugar a la cancelación del acuerdo de nombramiento; dicha sanción se encuentra regulada en el Articulo 89 de la Ley Orgánica de la Policía (Decreto Legislativo numero 156-1998) que establece: “El miembro de la Policía sometido a proceso judicial será suspendido en el desempeño de sus funciones, pero tendrá derecho a su sueldo durante el juzgamiento. Si es declarado culpable, será inmediatamente cesado de sus funciones.”.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 29 de mayo de 2014, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio de que es equivocada la apreciación del apelante al argumentar que la autoridad nominadora aplicó a su representado una falta y procedimiento derogado, esto es, porque al momento de la comisión de la falta y su consecuente procedimiento, se siguió correctamente con la legislación vigente en dicho momento, que era la Ley Orgánica de la Policía Nacional creada mediante Decreto Legislativo Número 156-1998 del 28 de mayo de 1998, ya que no se podía aplicar en forma retroactiva, por el principio de irretroactividad, la Ley Orgánica de la Policía Nacional creada mediante Decreto Legislativo 067-2008, porque la falta cometida por el demandante fue durante la vigencia de la primera y no de la última de las aquí mencionadas.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, presento en fecha 22 de julio de 2014, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 29 de mayo de 2014, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 139-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 294-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, la abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, presentó en fecha 25 de agosto de 2014, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 29 de agosto de 2014, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución ambas partes.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia en fecha 22 de septiembre de 2014, teniendo por personados a los abogados DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, como recurrido, y CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, como recurrente, en consecuencia sígase con el tramite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo, manifestando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden público por infracción directa, por falta de aplicación del artículo 2370 numeral 9 del Código Civil relacionada con los artículo 42, 43 y 44 del Código Civil y 221 de la Constitución de la República. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Considero que se han infringido por falta de aplicación de los artículos 200 numeral 1 y 2 inciso c), 206 relacionados con los artículos 13 numeral 3, todos del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el ordinal primero párrafo primero del artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna toda la parte dispositiva de la sentencia, con excepción de la declaración que se sobre las costas.”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta una proposición jurídica incompleta, por las razones siguientes: a) el artículos 2370 numeral 9) e igualmente los relacionados artículo 42, 43 y 44 del Código Civil y 221 de la Constitución de la República, citados como infringidos en la formulación del cargo no tienen relación con la cuestión debatida en el proceso; b) los artículos 200 numeral 1 y 2 inciso c), 206 y los relacionados artículos 13 numeral 3, del Código Procesal, resultan impertinentes en relación al precepto autorizante; y, c) carece de claridad y precisión, cuando se indica la infracción de ley sustantiva por el concepto de infracción directa concepto que resulta inapropiado en esta materia.- III.- Que en el segundo motivo se esgrime: “Se impugna la falta de aplicación de las normas procesales que han debido regular la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Considero que se han infringido por falta de aplicación de los artículos 200 numeral 2 inciso d), 206 numeral 3) del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el ordinal primero párrafo primero del artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna toda la parte dispositiva de la sentencia, con excepción de la declaración que se sobre las costas. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: 1).- Resulta Honorables Magistrados, que cuando se presentó el Recurso de Apelación ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de febrero del 2014, en el ejercicio legitimo del derecho constitucional de Petición, se plantearon tres agravios que se causaron con la sentencia recurrida, por lo que a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo le devenía la obligación de darme respuesta ante esos tres agravios planteados, pero al revisar el contenido y estructura de la sentencia dictada por la Ad-quem y que ahora recurro, podemos observar que esta no esta dictada conforme a lo que dispone el Código Procesal Penal, por lo que me veo en la necesidad de pedir la revisión de esta sentencia. 2).- El artículo 200 del Código Procesal Civil regula el contenido formal que deben tener las sentencias. Es así, que este artículo 200 en su numeral 2) inciso d) establece que “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido: a)…… ; b)……. , c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación. 3).- De acuerdo a esta normativa procesal, las sentencias, por ser el resultado del proceso, se debe justificar su debido entendimiento, cuidando que en su fallo se encuentre relacionada la pretensión con el pronunciamiento judicial, en el presente caso de mérito, en el escrito que contenía y justificaba el recurso de apelación que debía resolver la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, como parte recurrente plasme tres agravios que se causaron con la sentencia definitiva dictada por la A-quo, pero la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, violando el derecho constitucional de obtener respuesta ante una petición presentada ante autoridad competente, en los términos que señala la ley, se negó de resolver sobre la totalidad de lo peticionado. 4).- Véase muy bien los antecedentes de los hechos controvertidos, se planteo ante la A-quo que la decisión adoptada por la Secretaria de Seguridad en el acto administrativo impugnado (Acuerdo Administrativo SEDS-549-2012 de fecha 2 de mayo del 2012), nunca se cancelo el Acuerdo de nombramiento que generaba la relación contractual entre el señor HEZRON OTNIEL MOLINA LÓPEZ, y la Secretaria de Seguridad, ya que solamente se dispuso ‘Cancelar por sentencia firme condenatoria dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia al ciudadano HEZRON OTNIEL MOLINA LÓPEZ, en el cargo de inspector de Policía de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva, dependencia de esta Secretaria de Estado, en virtud de encontrarse firme la sentencia condenatoria…. “, por lo que se entiende, que se dejo subsistente el vinculo laboral, ya que se canceló de manera particular al señor HEZRON OTNIEL MOLINA LÓPEZ y no se cancelo el Acuerdo de nombramiento porque en realidad nunca la Secretaria de Seguridad le dio un Acuerdo de nombramiento, sino solamente un Acuerdo ministerial de ascenso de un grado a otro, por lo que ese acto administrativo irregular causaba la nulidad del acto impugnado, es decir, el Acuerdo administrativo de cancelación era nulo de pleno derecho, pero no fue observado por la A-quo, por lo que se le pidió a la Ad-quem, que revisara y se pronunciara esa falta de pronunciamiento de la A-quo, pero sorprendentemente, la Ad-quem dejo de pronunciarse sobre esta petición, haciendo oído sordo a la necesidad de justicia a favor de mi representado HEZRON OTNIEL MOLINA LÓPEZ, por lo que la Ad-quem al no pronunciarse sobre este hecho controvertido en el juicio, viola lo que dispone el artículo 200 numeral 2, incisos c) y d) del Código Procesal Penal, que indican claramente, que el fallo contendrá, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudieran deducirse de los fundamentos jurídicos. Asimismo, aunado a lo que dispone el artículo 200 del Código Procesal Civil relacionado con el artículo 206 numeral 3 del mismo cuerpo jurídico (Código Procesal Civil), queda claro, que al momento de emitirse un fallo, el órgano jurisdiccional debe cumplir con los requisitos internos de la sentencia como ser: que deben ser claras, precisas y exhaustivas, y es por ello, dispone como obligación ineludible, que cuando en el proceso sean varios los puntos objeto de litigio, harán con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, lo cual no sucedió en el caso de la sentencia dictada por la Ad-quem (Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo), en fecha 26 de mayo del 2014, ya que nunca se pronunció sobre todos los puntos controvertidos en el recurso de apelación, lo cual deja en clara indefensión a mi representado el señor HEZRON OTNIEL MOLINA LÓPEZ, lo cual debe ser debidamente corregido por esta Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo. Al no constar debidamente el pronunciamiento en la sentencia ahora recurrida de fecha 26 de mayo del 2014, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, sobre lo que se le peticionó en el recurso de apelación, constituye una clara violación al artículo 200 numeral 2 incisos c) y d) del Código Procesal Civil y me habilita la causal para interponer el recurso de casación en base a lo que dispone el artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil. Por lo que en función de lo antes expuesto, es que requiero que esta Honorable Sala de lo Laboral-contencioso administrativo proceda a revisar mis argumentos casacionales y una vez analizados detenidamente, se proceda a casar la sentencia de fecha Veintinueve (29) de Mayo del Dos Mil Catorce (2014), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por estar viciado de un error de procedimiento, y por ser conforme a derecho, se proceda a emitir la Sentencia Declarando Procedente la Acción que se conoce en las presentes diligencias.”.- IV.- Que el cargo que antecede en la forma expuesta resulta inadmisible por las siguientes razones: a) en la explicación se insta la revisión de los hechos, interpretación del material probatorio y valoración de la prueba lo cual, le es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) igualmente en el desarrollo del motivo se alude a normas del Código Procesal Penal, impertinentes para esta materia; y, c) en la formulación se señala la infracción del articulo 200 numeral 2 inciso y 206 numeral 3) del Código Procesal Civil, que si bien es cierto aluden en términos generales sobre la forma de las sentencias contienen situaciones especificas sobre forma y contenido de las mismas en consecuencia el motivo carece de claridad y precisión.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil, relacionado con el 721 numeral 2) del mismo cuerpo legal.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y se ordena la remisión de las actuaciones al Tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 454-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL