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Sentencia CA-451-14 — Registro 5629

Resumen

En segunda instanciase revoca la sentencia bajo el criterio que la demandada para despedir a la demandante siguió el procedimiento respectivo al ser escuchada en la respectiva audiencia de descargos, en la cual no desvirtuó los hechos imputados al no presentar prueba alguna y al abstenerse de responder a algunas de las preguntas que se le hiciere en dicha audiencia, por lo tanto el acto administrativo de despido se consideró que fue dictado en legal y debida forma, respetándose el procedimiento legalmente establecido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Cabe señalar que el escrito que sustenta el recurso de casación que le da acceso al Supremo Tribunal, incumple con los requisitos de precisión y claridad consustanciales con la técnica que rige este recurso extraordinario. En el primer cargo no es claro ni preciso en el señalamiento del precepto autorizante y tampoco lo es en el concepto de la infracción, ya que por un lado alude a la aplicación errónea del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en otro a la falta de aplicación del artículo 38 inciso b) de la Ley de Servicio Civil; en el segundo motivo se omite establecer si el concepto de la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, además de que los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil citados como violados, comprenden numerales y literales por lo que era necesario precisar contra cual de ellos dirige su ataque y en ambos cargos realiza extensos alegatos de instancia, impropios en este recurso extraordinario.-

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Adicionalmente se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes a la infracción alegada.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los un día del mes de diciembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: IVIS YADIRA RAUDALES, representada en juicio por el abogado JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUILAR y el Recurrido: DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), representada en juicio por la abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), por no estar apegado a derecho, que se declare la ilegalidad y su nulidad por infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de las formalidades esenciales, exceso de poder, que se reconozca una situación jurídica individualizada por haber sido separada ilegal e injustificadamente, para su pleno restablecimiento se adopten las medidas necesarias como ser reintegro al trabajo en igual o mejores condiciones con el reconocimiento de incrementos salariales en ausencia, a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir y demás derechos laborales como ser vacaciones causadas y proporcionales, decimotercer mes, decimocuarto mes, a partir de la fecha de suspensión del ejercicio de su cargo, hasta que se produzca el reintegro, promovida por la señora IVIS YADIRA RAUDALES, mayor de edad, soltera, Licenciada en Derecho, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, representado en juicio por la abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de julio del año dos mil doce, contra la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que fue nombrada mediante acuerdo 0230/2007, efectivo a partir del uno de marzo del año dos mil siete, en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho en la sección de Aforo y Despacho de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras hasta el día nueve de julio del año dos mil doce, fecha en que se le hizo entrega del acuerdo número DEI-RR/HH-No.154/2012 del veintiocho de junio del año dos mil doce, mediante el cual se le notifica la cancelación en el nombramiento del puesto que venía ocupando, con evidente abuso de autoridad e irrespeto a la Ley por un exabrupto de no agotar un procedimiento administrativo, quebrantamiento de formalidades esenciales que se derivan de la notificación del despido de la demandante y el acuerdo de cancelación que data de fecha veintiocho de junio del año dos mil doce y que contiene, de acuerdo a las formalidades administrativas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el despido de la demandante del cargo que ella ostentaba antes de su despido, mismo que fue firmado en ese entonces por el Director Ejecutivo.- 2.- La parte demandada, la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) contestó dicha demanda y señaló que rechazaba totalmente las pretensiones de la demandante y que al decretar el acuerdo de despido 154/2012 actuó conforme a derecho aplicando todas las normas jurídicas y siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación, específicamente en el Decreto 1184/2012, contentivo del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera así como del Capítulo XXIII del Régimen de Despido de la misma ley, pues la demandante infringió las disposiciones contenidas en dicho decreto, así mismo infringió lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Aduanas y el Código Aduanero Centroamericano y su Reglamento.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce de diciembre del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la acción interpuesta, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, por lo tanto anuló el acto mediante el cual se cancela a la demandante, reconoció la situación jurídica individualizada y como medida para su restablecimiento ordenó el reintegro de la demandante al cargo que ocupaba en el momento de la separación o a otro de igual o mejor categoría y que se le paguen los salarios dejados de percibir desde el momento de su despido hasta el momento que sea reinstalada al mismo cargo que ocupaba, reconociéndole el beneficio de los aumentos salariales que ocurrieron posterior a su despido; decretó la nulidad del acto o actos por el cual se haya designado el sustituto de la demandante, sin costas. Criterio: que el acto de cancelación de la demandante se dictó con infracción al ordenamiento jurídico.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva revocando la proferida por el a-quo. Criterio: que la demandada para despedir a la demandante siguió el procedimiento respectivo al ser escuchada en la respectiva audiencia de descargos, en la cual no desvirtuó los hechos imputados al no presentar prueba alguna y al abstenerse de responder a algunas de las preguntas que se le hiciere en dicha audiencia, por lo tanto el acto administrativo de despido consideró que fue dictado en legal y debida forma, respetándose el procedimiento legalmente establecido.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogado JULIO CESAR LOPEZ AGUILAR, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.15-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 00052-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6. La abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO, quien actúa en su condición de represente procesal de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, presentó en fecha trece de agosto del año dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticinco de agosto del año dos mil catorce dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución los abogados DIANY ESTRELLA ALVARADO y JULIO CESAR LOPEZ AGUILAR.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO presentó escrito en fecha cuatro de septiembre del año dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrida y el abogado JULIO CESAR LOPEZ AGUILAR, presentó escrito en fecha diez de septiembre del año dos mil catorce personándose en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, denunciando dos motivos con base en lo dispuesto en los artículos 716 y 719 numeral 1, incisos b) y c) del Código Procesal Civil.- II.- MOTIVOS DE CASACIÓN. El recurrente fundamenta sus motivos de casación manifestando lo siguiente: 2.1 PRIMER MOTIVO: “SE IMPUGNA LA SENTENCIA DICTADA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE FECHA CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, POR INFRACCION EN LOS ACTOS Y GARANTÍAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSION. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Se infringe el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por aplicarlo erróneamente, manifestándose concretamente porque el órgano Jurisdiccional indebidamente niega la prescripción que reconoce el artículo 38 inciso b) de la Ley de Servicio Civil, que dice: “Los servidores públicos protegidos por esta Ley y sus reglamentos gozaran de los siguientes derechos: a)…b) A la permanencia en el cargo, y en consecuencia a no ser trasladados, degradados o despedidos, sin justa causa, y sin observancia en el procedimiento legalmente establecido.- Específicamente ha sido infringido el artículo 38 inciso b) de la Ley de Servicio Civil; disposición que también relacionamos con el artículo 57 del mismo cuerpo lega, que refiere a la prescripción , cuando señala “Los derechos contenido en esta Ley, a favor del servidor publico prescribirán en el termino de sesenta días hábiles contados desde la fecha en que pudieren hacerse efectivos salvo que tuvieren otro plazo especial para el efecto. Dicho termino comenzara a contarse desde la fecha en que se hubiere notificado al servidor publico la resolución que lo afecta.-Para la autoridad nominadora los derechos y acciones prescribirán en el termino de treinta días, sean estas acciones para imponer medidas disciplinarias o el despido que contempla la ley. PRONUNCIAMENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha Cinco de Junio del año Dos Mil Catorce, al hacer suyos todos los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia en observación a una norma procesal aplicada con “efecto retroactivo” en claro quebrantamiento al ámbito de protección y aplicación de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la mas adecuada interpretación de derecho objetivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1, inciso b) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Como consta en el proceso Contencioso Administrativo, al amparo del articulo 129 de la Constitución de la República, en fecha veinte de Julio del Dos Mil Doce (2012), mi representada promovió la Demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con fundamento en el evidente despido arbitrario e injusto de que fue objeto, debido a que los antecedentes que dan origen a la presentación de esta Demanda, se derivan en prima facie cuando el día Nueve de Julio del año Dos Mil Doce (2012), a través de la Jefatura de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos se le hizo entrega a mi representada del acuerdo numero DEI-RR/HH-No.154/2012, de fecha veintiocho de Junio del Dos Mil Doce, donde se le notifica la cancelación en el nombramiento del puesto de OFICIAL DE AFORO Y DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS en evidente Abuso de Autoridad e irrespeto a la Ley por un exabrupto de no agotar in procedimiento administrativo en tempo y forma; irregular manera de cancelación que ha sido objeto de debate y que se ha hecho referencia en el libelo de la demanda presentada en fecha precitada, la cual por ser arbitraria, ilegal e injustificada, al tenor del artículo 127 de la Constitución de la República que imperativamente señala: “Toda persona tiene derecho al Trabajo…” en consonancia con el artículo 38 inciso b) de la Ley de Servicio Civil, que taxativamente establece: “Los servidores públicos protegido por esta Ley y sus reglamentos gozaran de los siguientes derechos: a)…. b) A la permanencia en el cargo, y en consecuencia a no ser trasladados, degradados o despedidos, sin justa causa, y sin observancia en el procedimiento legalmente establecido.-; disposición legal que también fue relacionada con el artículo 57 del mismo cuerpo legal, que refiere a la prescripción, cuando señala “ Los derechos contenido en esta ley, a favor del servidor publico prescribirán en el termino de sesenta días hábiles contados desde la fecha en que pudieren hacerse efectivos, salvo que tuvieren otro plazo especial para el efecto.- Dicho termino comenzara a contarse desde la fecha en que se hubiere notificado al servidor publico la resolución que lo afecta.- Para la autoridad nominadora los derechos y acciones prescribirán en el termino de treinta días, sean estas acciones para imponer medidas disciplinarias a el despido que contempla la ley.- El termino comenzara a contarse desde la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de la infracción”.- Procedimiento de cancelación que siendo nulo ipso jure como lo ha reconocido la Juez A-Quo, mi representado fue sometida bajo un protesto a un procedimiento administrativo interno de audiencia de descargo extemporáneo ocho meses y diecinueve días después de que la Dirección Ejecutiva de Ingresos tuvo documentalmente conocimiento de los hechos que en el acuerdo de despido justificado se sustenta como los considerandos para despedírsele sin brindarse una clara explicación con respecto a los considerandos, causas o motivos, como también los fundamentos jurídicos que justifiquen la terminación del vinculo de trabajo, lo cual por ende no puede ser distinta ni contraria a lo que establece la Ley; contemplándose en el presente caso como fundamentación fáctica del injustificado despido, lo establecido en los artículos 78, 91 y 93 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera; conjunto de norma que fue publicado para surtir sus efecto legales de aplicación en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 31 de Marzo del 2012, generando un conflicto d aplicación y observación al principio de retroactividad tutelado por la Constitución de la República; razón por la cual no justificándose la cancelación de nombramiento como Oficial de Aforo y Despacho de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se pretenda sustentar tal despido en un Régimen Especial Laboral cuya aplicación no cobraba vigencia en el tiempo y espacio de la infracción por la que fue sometida a audiencia de descargo en forma extemporánea, por lo que en observancia del artículo 52 de la Ley de Servicio Civil, por lo que ejerciendo derecho petitorio fue procede que el Juez A-Quo en sentencia definitiva que al efecto y conforme a derecho se ha dictado, haya fallado ordenando en beneficio de mi representada su reintegro en iguales o mejores condiciones con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir, y demás derechos que se reclaman. Para sorpresa nuestra, la sentencia impugnada vía recurso de casación, niega la extemporaneidad para resolver el asunto sometido a su conocimiento vía apelación, lo que no resulta legal, lógico, congruente, justo ni equitativo, que un órgano Jurisdiccional conduzca a mi representada, y a su servidor, por todo el escabroso camino procesal, para que después de dos años declare que sobre la pretensión oportunamente deducida y sostenida la oposición por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, manifieste en la sentencia que: es del criterio de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo REVOCAR el fallo dictado por la juez A-Quo por estimar que no esta dictado conforme a derecho. El razonamiento anterior mas que una interpretación legal, considero que los Honorables Magistrados, dejaron de ejercer la función jurisdiccional, adoptando una postura legislativa y carentes de ecuanimidad al momento de dictar el fallo y esto me motiva a continuar con este proceso hasta agotar el ultimo recurso interno, por considerar que mi representada le asiste la razón y el derecho a que un Tribunal imparcial, se pronuncie sobre el fondo del asunto que ha sido sometido a conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que implica una aplicación errónea de la precitada norma legal; tal y como lo hemos expresado anteriormente, el acto que origina la Demanda es la nulidad de acto administrativo DEI-RR/HH-No.154/2012, de fecha Veintiocho de Junio del Dos Mil Doce, donde se le notifica a mi representada la cancelación en su nombramiento del puesto de OFICIAL DE AFORO Y DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS en evidente Abuso de Autoridad e irrespeto a la Ley por un exabrupto de no agotar un procedimiento administrativo en tiempo y forma; acto administrativo que tiene su fundamentación fáctica en los artículos 78, 91 y 93 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera; conjunto de norma que fue publicado para surtir efectos legales de aplicación en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 31 de Marzo del 2012, generando un conflicto de aplicación y observación al principio de retroactividad tutelado por la Constitución de la República ya que precito, esta norma surte sus efectos legales posterior a la infracción que sustenta el despido de la demandante y que erróneamente viene a ser de fundamentación jurídica muy convenientemente aplicado por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo; consecuente con ello, a mi representada, si le asiste el derecho de promover acciones para reclamar Indemnización de Perjuicios derivados de resolución dictados en aplicación de la Ley de Servicio Civil; a reclamar el reconocimiento de su situación jurídica individualizada con la adopción de medidas para su pleno restablecimiento como ser la indemnización de perjuicios, reclamando la nulidad del acto administrativo que da origen a la demanda y que fue confirmado el injusto e ilegal despido de que fue objeto; de tal suerte que la jurisdicción de lo contencioso administrativo si es la llamada a fallar el fondo del reclamo presentado en tiempo por mi representada, porque la demanda esta bien fundamentada al motivar su reclamo y el Órgano Jurisdiccional tiene la obligación de fallar sobre loa legado y probado en juicio, debiendo verter su pronunciamiento, sin negarle a mi representada su derecho de petición prevista en el articulo 80 de la Constitución de la República; por lo antes expuesto, ruego la admisión del presente motivo y en su oportunidad declarar la nulidad casando la sentencia recurrida, resolviendo conforme a derecho. AGRAVIO: El agravio que causa a mi poderdante la sentencia, es precisamente que se le priva del Derecho de que se declare la ilegalidad y su nulidad por infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de formalidades esenciales, exceso de poder.- Que se reconozca una situación jurídica individualizada por haber sido separa ilegal e injustificadamente.- Para su pleno restablecimiento se adopten las medidas que sean necesarias como ser: Reintegro en igual o en mejores condiciones, con el reconocimiento de los incrementos salariales en ausencia, a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, y demás derechos laborales que se somete y confirme la sentencia definitiva de primera instancia que declara admisible la acción, produciendo con ellos defecto ene le ejercicio de la jurisdicción. APLICACIÓN PRETENDIDA. Que se declare con lugar el Recurso de Casación por el Motivo de casación que nos ocupa, declare la nulidad absoluta de la sentencia, ordenar al Órgano correspondiente, con devolución de las actuaciones que si fuere posible en razón del estado del proceso, en el plazo de Treinta (30) días dicte sentencia sobre el fondo.”.- 2.2 SEGUNDO MOTIVO: “SE IMPUGNA LA SENTENCIA DICTADA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE FECHA CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, POR LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Las disposiciones que se consideran infringidas son los artículos 206, 207 , 208 en relación al artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente por mandato expreso del artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de las cuales el Órgano Jurisdiccional ha causado infracción. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha Cinco de Junio del año Dos Mil Catorce, la cual ha hecho suyos los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación de encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: La sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, infringe la obligación que tiene el Órgano Jurisdiccional de juzgar dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición; el fundamento de esta obligación fundamental que tiene el Juzgador, la encontramos precisamente en el contenido del artículo 206 del Código Procesal Civil, cuando indica: Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; esto se traduce en el deber del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo exclusivamente con las pretensiones y negaciones o excepciones que en su caso, hayan planteado las partes durante el juicio; lo cual no lo refleja la sentencia recurrida, en clara contradicción a lo fallado en Primera Instancia, acudiendo por ende a subterfugios de apariencia legal para no pronunciar fallo sobre el fondo del asunto que es precisamente la extemporaneidad del acto administrativo que decide el despido de mi representada bajo la aplicación de un ordenamiento jurídico que era inexistente al momento de su aplicación, tal como es el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera; conjunto de norma fue publicado para surtir sus efectos legales de aplicación en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 31 de Marzo del 2012, generando un conflicto de aplicación y observación al principio de retroactividad tutelado por la Constitución de la República, y en donde sin objeción alguna quedo demostrada la ilegalidad e injusticia del acto administrativo que contiene el despido de mi representada; la congruencia, por su parte, ha de entenderse como aquel principio normativo dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por lo cual debe haber identidad entre lo resuelto y lo controvertido, oportunamente por los litigantes; este principio de congruencia, estriba en que las sentencias deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formulada por el demandado, es decir, a las pretensiones que las partes oportunamente hayan deducido durante la substanciación del pleito; y que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre si; en materia de congruencia, la sentencia recurrida en este acto, representa una triste calamidad jurídica, porque no existe ningún asomo de que el Órgano Jurisdiccional haya resuelto en concordancia con la demanda y contestación, o lo que es lo mismo decir, no ha resuelto según todo lo pedido por las partes; por lo que también el fallo impugnado carece de todo esos elementos, es decir, que el fallo recurrido carece de claridad, impregnada de confusión, carece de precisión y de exhaustividad; estos elementos impiden al Tribunal la obligación de resolver sin apartarse de la causa de pedir, por lo que conforme al numeral 2 del artículo 206 del mismo Código Procesal Civil, señala que: El Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las reglas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Señores Magistrados, no caben ni deben haber excusas para no pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido al conocimiento del Juzgador conforme al Principio de Derecho conocido como Iura novit Curia, es decir, que el Juez conoce el Derecho, por lo que esta en la obligación de fallar sin pretextos y dictar una sentencia conforme a derecho, sin acudir a subterfugios con apariencia de derecho, haciendo conclusiones inapropiadas para evitar resolver sobre el fondo, transgrediendo así, los actos y garantías procesales relativos a los requisitos internos de las sentencias, que al no observarse hacen nula sentencia, y como consecuencia, también la sentencia recurrida, produce indefensión violando garantías previstas en la Constitución de la República como el Derecho de Defensa y Debido proceso, reguladas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; de tal suerte, que es significativo que el juzgador tenga el deber de cuidado de analizar todas la controversia sometida a debate a efecto que su parte resolutiva sea acorde al litigio (principio de correlación de la sentencia con la demanda); cualquier sentencia que no sea precisa o clara puede conseguir el efecto contrario de su naturaleza, causando confusión e incertidumbre lo que por si trae indefectiblemente inseguridad jurídica que tanto se jacta el Estado de garantizar. No obstante lo anteriormente expresado, la sentencia definitiva dictada por este Honorable Órgano Jurisdiccional, y que en este acto se recurre carece de fundamentación, se limito a citar disposiciones jurídicas sin establecer de manera justificada y razonada en armonía con la prueba sustentadora eficaz y oportuna, lo que a criterio de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo motivo a declarar inadmisible la acción.- Es básico que las resoluciones judiciales tengan una adecuada fundamentación fáctica u jurídica, la cual debe ser real y convincente, lo cual no ocurre en la sentencia recurrida, que implica fundamentar una sentencia: Deben expresarse los motivos de hecho y de derecho en que se base la resolución, así como la indicación del valor que se le haya atribuido a los elementos de prueba presentados; por lo que al pronunciarse el fallo no se hizo referencia alguna en relación a la prueba aportadas ni a las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, contrario se limito a pronunciarse en el considerando cuarto (4) que no consta en autos la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de las faltas cometidas por la demandante aun y cuando consta en los medios de pruebas que la Dirección Ejecutiva de Ingresos si tuvo conocimiento de las faltas que dieron lugar para el despido en total extemporaneidad tal como lo refiere en el considerando quinto (5); en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación, ya que a través de la misma exponen las razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas; La fundamentación cumple dos funciones, a saber: 1.- Interna: En el proceso, explica a los involucrados porque se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos; y, 2) Externa: Dirigida a terceros no involucrados, peri si interesaos en el proceso, evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el Juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes; que mensaje se puede manifestar cuando una ciudadana reclama a que el Órgano Jurisdiccional se pronuncie sobre una demanda sustentada en prueba, y los Tribunales de la República, no se pronuncien sobre lo alegado y probado en juicio , argumentando que no esta probado la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de una falta; se manda un mensaje equivocado; al carecer la sentencia recurrida de fundamentación, no se exterioriza la imparcialidad del Tribunal, no e manda un mensaje que se esta resolviendo con apego a la Ley; esta falta de fundamentación nos orienta a calificar lo fallado que no se manifestó el elemento de la imparcialidad, no fue vista la parte demandada como parte procesal, sino como el superior jerárquico, se exteriorizo la falta de independencia, el temor de fallar y pronunciarse sobre el fondo del asunto, dictando por ello un fallo incongruente, ilegitimo, transgresor de las garantías constitucionales de defensa y debido proceso carente de fundamentación. Porque es importante la fundamentación al dictarse una sentencia; la respuesta es simple, la fundamentación debe entenderse como el ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez, lo cual no ocurrió en el caso que se recurre; todo lo contrario, la sentencia definitiva es confusa y contradictoria.- No se debe confundir motivar con fundamentar, quien motiva explica las causas de sus decisiones; quien explica da razones para hacer aceptable lo que ha resuelto; por eso en materia jurídica, las decisiones solo son validas si están respaldadas por razonamientos legales , esto es: Fundamento Factico, Fundamento Probatorio, y Fundamentos Jurídicos.- Para evitar confusiones innecesarias entre motivos y fundamentos la Teoría de la Fundamentación de Resoluciones, acude a una diferencia propia de las ciencias exactas: 1.- Contexto de Descubrimiento: Se refiere a un proceso decisional, es decir a una actividad mental que no siempre se guía por criterios lógicos, puede incluso optarse por una solución sin seguir un método identificable o acudiendo a criterios irracionales.- 2) Contexto de justificación: Según este contexto, una vez que se ha descubierto algo, debe explicarse de alguna forma. De tal suerte que la regla de oro en el tema de la fundamentación es que solo se puede decidir aquello que se esta en condiciones de fundamentar; en el caso que se recurre, la sentencia carece de manera absoluta de fundamentación para declarar revocada la sentencia que la juez a-quo dicto en su oportunidad; el deber de motivar la sentencia consiste en la exigencia, par el Juzgador de precisar los hechos en que funda su decisión, con base en las pruebas practicadas en el proceso, ene l caso que nos ocupa se obvio referirse a la prueba simplemente porque la prueba aportada dio la razón a mi representada de que fue objeto de un despido ilegal que transgredió el propio procedimiento disciplinario previsto en la entonces Ley de Servicio Civil y no en el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera; conjunto de norma que fue publicado para surtir sus efectos legales de aplicación en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 31 de Marzo del 2012 y que por ende no era de aplicación concreta y objetiva, generando con ello un conflicto de aplicación y observación al principio de retroactividad tutelado por la Constitución de la República.- La motivación requiere que el Juzgador analice y valore cada uno de los medios de prueba practicados ene le proceso y que, basándose en tal análisis y valoración determine los hechos en que fundara su resolución; es decir, que pesa sobre el Juzgador , el deber de examinar absolutamente todas las pruebas de autos, a fin de determinar, con el resultado de ese análisis, si se probaron o no y en que medida, los hechos fundatarios del derecho exigido o de las excepciones o defensas opuestas.- Conociendo en que consiste el deber de motivar, es importante hacer una diferenciación con el deber de fundamentar, tal y como se ha dicho, el deber de fundar las sentencias, consiste en que se deben dictar conforme a la interpretación jurídica de la Ley y a falta de esta en los Principios Generales del Derechos, pero el deber de fundar, no basta con citar o mencionar los artículos del texto legal citado, o los preceptos jurídicos que se estimen aplicables, el deber de fundar exige, además, que el Juzgador exponga las razones o argumentos por los que estime aplicables tales preceptos jurídicos; lo que implica, que la motivación y fundamentación exigen al Juzgador el análisis y la valoración de todos los medios de pruebas practicados para que precise los hechos sobre los que basa su resolución, además de la indicación de los preceptos jurídicos en los cuales la funde, exponiendo las razones por los que considero aplicables tales preceptos de derecho.- Las exigencias de motivación y fundamentación tienen por objeto no solo que el Juzgador exprese sus razones de hecho y sus argumentaciones jurídicas, sino sobre todo, que tales razones y argumentaciones puedan ser revisadas por el Tribunal que, en su caso conozca de la impugnación contra la sentencia; o como escribió HANS REICHEL,” Los fundamentos de la resolución judicial, tienen por objeto, no solo convencer a las partes, sino mas bien fiscalizar al Juez con respecto su fidelidad legal, impidiendo sentencias inspiradas en una vaga equidad o en el capricho,” En el caso que nos ocupa la sentencia definitiva que se recurre carece de motivación y fundamentación porque la Honorable Corte Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, se limito a citar disposiciones legales encaminadas a no pronunciarse sobre el fondo del asunto, sin realizar ningún tipo de motivación, razonamiento reflexión que impidió pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, sobre los argumentos previstos en el Recurso de Apelación, y sobre lo alegado y probado en el pleito; habiéndose producido indefensión, al no tomar en cuenta, ni valorar o razonar en forma correcta los argumentos presentados, no solo en la presentación de la demanda, en la formulación de conclusiones, sino también en la expresión de agravios formulados en el Recurso de Apelación; consecuente con lo antes expuesto, la ausencia de claridad, precisión, exhaustividad, la falta de fundamentación, al no haberse fallado dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas por las partes, indefectiblemente producen infracción de los actos y garantías procesales que hacen nulo lo actuado y producen indefensión; por lo cual, es procedente la admisión del Recurso de Casación por el motivo invocado, y en su oportunidad declarar la nulidad casando la sentencia recurrida. AGRAVIO: El agravio que causa a mi poderdante la sentencia recurrida, se debe a que infringió la obligación que tiene el órgano Jurisdiccional de juzgar dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición; dictando una sentencia, con evidente falta de claridad, imprecisa, incongruente, y sin la concurrencia de exhaustividad y fundamentación suficiente…”.- III.- Cabe señalar que el escrito que sustenta el recurso de casación que le da acceso al Supremo Tribunal, incumple con los requisitos de precisión y claridad consustanciales con la técnica que rige este recurso extraordinario. En el primer cargo no es claro ni preciso en el señalamiento del precepto autorizante y tampoco lo es en el concepto de la infracción, ya que por un lado alude a la aplicación errónea del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en otro a la falta de aplicación del artículo 38 inciso b) de la Ley de Servicio Civil; en el segundo motivo se omite establecer si el concepto de la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, además de que los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil citados como violados, comprenden numerales y literales por lo que era necesario precisar contra cual de ellos dirige su ataque y en ambos cargos realiza extensos alegatos de instancia, impropios en este recurso extraordinario.- IV.Adicionalmente se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes a la infracción alegada.- V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha uno de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 451-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL