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Sentencia CA-425-13 — Registro 4254

Resumen

En segunda instancia se revocó la sentencia, en el sentido de declarar improcedente la acción incoada por la demandante por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, bajo el criterio que se comparte el criterio del a quo de que fue desvanecido en juicio la falta imputada a la demandante como ser las irregularidades en su tarjeta de control de asistencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) en la formulación del cargo cita como normas infringidas disposiciones procesales que no tienen ninguna incidencia en la decisión del fondo del litigio; y, b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civi

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: GLADYS ROSIBEL MEZA CALDERÓN, representada en juicio por el abogado KEVIN RAMÓN MURILLO NELSON, y el recurrido: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, por no haber sido dictado conforme a derecho e infringir el ordenamiento jurídico establecido, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, el reintegro al cargo ocupado en iguales o mejores condiciones a las establecidas, pago de salarios con sus incrementos y demás beneficios dejados de percibir en ausencia, costas del juicio, promovida por la señora GLADYS ROSIBEL MEZA CALDERÓN, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, representado en juicio por el abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con el Estado de Honduras, a partir del 11 de septiembre del 2003, nombrada mediante el Acuerdo número 8937, en el puesto de Trabajador de Control de Vectores, asignada funcionalmente como Técnico Contable en la sección de Contabilidad de la Subgerencia de Presupuesto, dependencia de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud; que mediante acuerdo de cancelación por despido No. 3177, efectivo a partir del 21 de agosto del 2007, en virtud de encontrarse con incapacidad temporal la demandante por motivos de salud prescrita por el I.H.S.S., la demandada canceló arbitraria e ilegalmente por despido del cargo por el cual fue nombrada; que la demandada para emitir el mencionado acto administrativo, infringió el ordenamiento jurídico ya que al citar a la demandante para una Audiencia de Descargo expresa en el citatorio respectivo que se le hizo llegar en fecha 27 de julio del 2007, atribuyéndole o imputándole faltas que nunca cometió la demandante en el desempeño de sus labores, tal como lo dejara claramente establecido en la respectiva Audiencia de Descargos, al rechazar de manera determinante tales faltas, siendo imperativo para determinar o establecer una imputación de tal naturaleza, realizar las rigurosas investigaciones en todo sentido, para determinar el grado de responsabilidad en la comisión de las supuestas faltas imputadas, lo que no ocurrió en el caso de la demandante, ya que no fueron debidamente investigadas y suficientemente comprobadas dichas faltas tal como lo establece la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, contesto dicha demanda señalando que no es cierto que la demandante fue despedida arbitraria e ilegalmente del cargo que desempeñaba en la administración pública, por haberse emitido su acuerdo de cancelación y efectuada la correspondiente notificación, en el momento en que se encontraba temporalmente incapacitada por prescripción del médico que le había asistido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como lo afirma la autora de la demanda, puesto que no fue del conocimiento del jefe inmediato de la demandante ni de ninguna autoridad dentro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, la incapacidad temporal de ésta, quien en todo caso, estaba en la obligación de acreditar su condición de incapacitada temporal, presentando ante la autoridad competente la documentación correspondiente; que la autoridad nominadora al emitir el acuerdo de cancelación por despido correspondiente a la demandante no infringió el ordenamiento jurídico aplicable al caso, puesto que una vez conocidas las faltas que se le imputaban, recibió ésta de parte de la autoridad nominadora un citatorio, con el fin de que compareciese a una audiencia de descargos con el objeto de que desvaneciera las faltas atribuidas a su persona, siendo en el desarrollo de la citada audiencia, que la demandante no obstante haber rechazado ser la autora de las faltas que se le imputaban, no acompañó las pruebas necesarias para desvirtuarlas; que la autoridad nominadora realizó todas las investigaciones necesarias para esclarecer la responsabilidad de la demandante respecto a las faltas que se le atribuían, constatando que era la responsable directa de las actuaciones que se le han recriminado y que justamente le hicieron merecedora de la acción de despido.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por la señora Gladys Rosibel Meza Calderón, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación No.3177 de fecha 20 de agosto de 2007, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, por medio del cual se canceló a la demandante, en consecuencia, se anula dicho acuerdo de cancelación; reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se resolvió el reintegro al puesto de trabajo; condenó al Estado de Honduras, al pago a favor de la demandante de los salarios dejados de percibir, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que según la parte demandada las faltas relacionadas con las irregularidades en su tarjeta de control de asistencia, la misma fue desvanecida mediante los medios de prueba documentales que presentó en la audiencia de descargo como ser incapacidades médicas; con relación a las otras faltas en las cuales se le acusa de realizar cobros para hacer mas expedito el trámite de los cesanteados, al respecto si bien es cierto que obran declaraciones de personas supuestamente afectadas en la cual narran como la demandante les solicitaba dinero, estas declaraciones se realizaron sin la presencia de la demandante quien no tuvo la oportunidad de confrontar los cargos realizados a su persona, tampoco se realizó una investigación exhaustiva ante la autoridad nominadora, es decir no consta en autos que la autoridad nominadora haya interpuesto una denuncia al respecto y de esta manera confrontar las declaraciones tanto de la demandante como de las personas afectadas y así determinar o ponderar el tipo de sanción cometida por la demandante; que no consta que la autoridad nominadora haya dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, referente a la investigación exigida, siendo un vicio inherente del acto que lo vuelve nulo.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha doce de abril de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar el recurso de apelación y revocó la sentencia definitiva venida en apelación, en el sentido de declarar improcedente la acción incoada por la señora Gladys Rosibel Meza Calderón, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, sin costas; bajo el criterio que se comparte el criterio del a quo de que fue desvanecido en juicio la falta imputada a la demandante como ser las irregularidades en su tarjeta de control de asistencia, esto aunque si bien es cierto las incapacidades médicas no eran de conocimiento de la autoridad nominadora, pero como se dijo se comparte el criterio en dicho sentido emitido por el Tribunal Inferior; que no se comparte el criterio del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la segunda falta de señalada en el artículo 42 numeral 1) de la Ley del Servicio Civil, ya que esta debidamente probado de autos dicha falta a través de la investigaciones que fueron llevadas a cabo por parte de la autoridad nominadora, sin ser estas investigaciones y declaraciones unilaterales, sino por mandato expreso de la ley previo a la emisión de la decisión administrativa final.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, presentó en fecha uno de marzo de dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha doce de abril de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 075-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 275-07 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandada, representado en juicio por el abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, presentó en fecha treinta de mayo de dos mil trece, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente y por vía de comunicación de teléfono celular de dicha resolución en fecha dieciocho de junio de dos mil trece y veinte de junio de dos mil trece, los abogados GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA y KEVIN RAMON MURILLO NELSON, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA y KEVIN RAMON MURILLO NELSON, presentaron escritos en fecha veinticuatro y veintisiete de junio de dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, por falta de aplicación de las normas de derecho que han debido ser empleadas para la decisión del fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Se consideran infringidos por la Corte Recurrida en su fallo, por falta de aplicación los artículos: 81 párrafo segundo y 82, letras a), b) y c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con el articulo 38 reformado de la ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719. 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La Corte recurrida al dar por establecido en su fallo, como resultado de su estudio analítico de los antecedentes, que el Acto Administrativo Impugnado fue dictado conforme a derecho, por considerar que la segunda falta que le fue imputada a la demandante GLADYS ROSIBEL MEZA CALDERON, en vía administrativa está debidamente probada en autos. Incurre en violación de la norma precitada contenida en el artículo 81 párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: “La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” En el presente caso resulta evidente que la demandante fue separada arbitraria e ilegalmente de su cargo, en violación directa del articulo 38 reformado de la Ley de Servicio Civil, “Los servidores públicos protegidos por esta Ley y sus reglamentos gozaran de los siguientes derechos”: a)..., b) “A la permanencia en el cargo y en consecuencia, a no ser trasladados, degradados o despedidos, sin justa causa y sin observancia del procedimiento legalmente establecido”. En el caso concreto de autos, al estimar que para adoptar una determinación de tal naturaleza, como lo es la Cancelación por despido, sin responsabilidad alguna para el Estado, resulta necesario e imperioso que las supuestas faltas imputadas al servidor público, no solo estén o aparezcan denunciadas por cualquier persona u órgano, sino que es requisito sine cuan nom, que estén suficientemente investigadas y debidamente comprobadas, para que éstas sean constitutivas de sanción disciplinaria y por tanto faculten a la Autoridad Nominadora a proceder con la Cancelación por Despido del Servidor Público involucrado en dichas faltas, sin responsabilidad alguna para el Estado; situación que NO ocurrió en el caso subjúdice, en consecuencia no procedía la sanción del despido aplicado a la demandante, tal como lo apreció el Juez en su ánimo y convencimiento sentenciador en primera instancia, al dictar su fallo apegado a la justicia, la equidad y el derecho, declarando procedente la acción entablada por la demandante, por considerar que NO está ajustado a derecho el acto administrativo impugnado. Por ello Honorables Magistrados, conforme a derecho procede casar la sentencia recurrida y una vez casada la misma y constituida la Honorable Corte Suprema de Justicia en Sede de instancia declarar con lugar la demanda promovida por la demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado.”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) en la formulación del cargo cita como normas infringidas disposiciones procesales que no tienen ninguna incidencia en la decisión del fondo del litigio; y, b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III. Que el Censor alega nulidad de forma subsidiaria manifestando lo siguiente: “Nuestra Legislación Procesal Civil en su carácter de supletoriedad en esta materia, en cuanto a los requisitos internos de la sentencias, dispone que deben ser claras, precisas y exhaustivas, además de la motivación en los razonamientos facticos y jurídicos, las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en juicio, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. La forma en que fue redactada la sentencia acusada, violenta el articulo los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil que en su parte medular establece: Las Sentencias deben ser claras precisas y congruentes con las demandas y con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. La Corte sentenciadora y recurrida omite pronunciarse conforme a los lineamientos establecidos en las disposiciones legales precitadas, que son de aplicación supletoria en ésta materia, por tratarse de normas procesales de orden público, cuya observancia es de carácter obligatorio so pena de nulidad pues la sentencia objeto de esta casación contiene imprecisiones y fue dictada arrastrando vicios de nulidad en la forma por lo que es procedente conforme a derecho en procura de la sanidad Procesal, ANULAR la sentencia dictada en fecha 12 de abril del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, objeto del presente recurso de Casación.”.- IV. Que si bien la nulidad subsidiaria puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, no se encontró vicio procesal que pueda ser objeto de nulidad, ni tampoco la falta de claridad, precisión o congruencia de la sentencia impugnada, ya que fueron resueltas las pretensiones oportunamente deducidas, ya que la misma contiene la debida valoración probatoria, por lo que no se estima que sea violatoria del derecho de defensa o debido proceso y por ello resulta inestimable tal petición.- V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) declarar SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- 3) DECLARAR FIRME la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de quince; certificación del auto de fecha veintisiete de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 425-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL