Sentencia CA-396-13 — Registro 4673
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por la demandante, anulando el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que el puesto para el cual fue nombrada la demandante, es un puesto con nombramiento y vigencia para un período determinado, su remoción si bien es facultad del Presidente de la República, debe de observar las causales y procedimientos contemplados en la ley especial, Ley del Banco Central de Honduras, no constando en autos la exigencia legal, el acto por medio del cual se canceló a la demandante es nulo por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido por lo que la acción interpuesta por la demandada resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Pero es el caso que el Impetrante en su cuarto y último motivo insta la revisión de los hechos y valoración del material probatorio que conforme el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, lo cual le está vedado a este Tribunal hacerlo en este extraordinario recurso; además, la norma señalada como infringida no ha tenido, ni tiene ninguna incidencia en la situación controvertida y por ello en la resolución del fondo del asunto, toda vez que se reconoce que el alegato sobre tal situación fue expuesto hasta en el recurso de apelación y por ende no cabe su aplicación, lo cual lo vuelve inadmisible
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Pero es el caso que el cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica clara ni precisa en vista que ataca la sentencia primero por falta de aplicación de los artículos 200.2 c), 207 y 208.2 del Código Procesal Civil y agrega que en las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, pero aparte de que dichas normas si fueron aplicadas en su contexto correcto, al contener la fundamentación y motivación necesaria con la cita concreta de las normas jurídicas aplicables al caso, también dicho fallo es congruente al decidir los puntos litigiosos que han sido objeto del debate, por ello no cabe el señalamiento de su falta de aplicación, ya que lo argumentado en cuanto a que el Tribunal ad quem no se pronuncia sobre el segundo, tercero, cuarto y quinto agravio expresado en el recurso, no es atinente a lo expuesto en dichas normas, debido a que si bien el referido órgano jurisdiccional se encuentra vinculado con los motivos alegados por el Recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación, tal situación jurídica no ha sido parte del
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de junio de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZABAL y la Recurrida: GABRIELA NUÑEZ ENNABE, representados en juicio por el abogado SAÚL MONTES AMAYA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la declaración de nulidad de un acto administrativo de cancelación de un cargo creado por una ley especial por un período determinado, reconocimiento de una situación jurídica individualizada con el objeto de que se le indemnice con el pago de salarios, derechos y demás beneficios sociales que correspondan al vencimiento de dicho período, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de enero del año dos mil ocho, por la señora GABRIELA NUÑEZ ENNABE, mayor de edad, casada, Licenciada en Economía, hondureña y de este domicilio, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que mediante acuerdo 153 de fecha 27 de enero de 2006 la nombró como Presidenta del Banco Central de Honduras, a partir de esa misma fecha, que devengaba un salario mensual de Lps.145,000.00, más otros beneficios sociales a que tienen derecho como ser: 1) un bono anual equivalente a dos salarios, pago de vacaciones y sumas adicionales, 2) 26 pagos de salarios ordinarios pagados cada catorcena, 3) aguinaldo a 1.5 veces el salario, 4) décimo cuarto mes a 1.5 meses de salario, 5) ajuste por costo de vida cada año, que sin mediar justa causa y sin haber cometido falta alguna fue cancelada de su cargo, mediante acuerdo No. 0025 emitido por el Presidente de la República, a través de la Secretaría de Finanzas de fecha 1 de enero de 2008, efectivo a partir del 14 de enero del año 2008, que de acuerdo a la Ley del Banco Central de Honduras, creado por Decreto 53, del 3 de febrero de 1953, publicado en el Diario Oficial La Gaceta con el número 14,038 del 23 de febrero de 1953, en su artículo 6 párrafo segundo y tercero, artículo 7 que establece que los miembros durarán 4 años en el desempeño de sus cargos, que sin haber violado ninguna de las causales establecidas para la remoción de su puesto y sin haberse señalado comisión alguna para su comprobación y efecto consiguientes, sin tampoco haber sido escuchada, sin mas justificación que rendirle las gracias por sus servicios prestados, ese acuerdo no solo se vuelve arbitrario sino que se violenta el derecho de defensa contemplado en la Constitución de la República, por lo cual solicita se reconozca la situación jurídica individualizada y se condene a pagarle como indemnización los salarios derechos laborales y demás beneficios que le correspondía recibir hasta el vencimiento del período de 4 años para el cual fue nombrada conforme a Ley.- 2. La parte demandada, el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se rechaza lo establecido por la demandante en cuanto a que sumado al sueldo mensual tenga otros beneficios sociales a que tienen derecho los que laboran en el Banco Central de Honduras.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por la demandante, anular el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo No.0025 de fecha 10 de enero de 2008, reconocer la situación jurídica individualizada reclamada, se condena al demandado a pagarle a la demandante los salarios ordinarios, incluyéndose en esos los aumentos por costos de vida, al pago del 1.5 salarios de aguinaldo, 1.5 salarios de decimocuarto, bono de 2 salarios y vacaciones a que la demandante tiene derecho de conformidad a lo establecido en la normativa del demandado, desde la fecha de la cancelación el 14 de enero de 2008, hasta el 26 de enero de 2010, que es la fecha en que se vencieron los 4 años para los que fue nombrada, sin costas. Criterio: que consta en autos que el puesto para el cual fue nombrada la demandante, es un puesto con nombramiento y vigencia por un período determinado, su remoción si bien es facultad del Presidente, este debe de observar las causales y procedimientos contemplados en la Ley Especial, para ejercer dicha facultad, no constando de los autos la anterior exigencia legal, el acto mediante el cual canceló a la demandante es nulo por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del Procedimiento Establecido.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha diecisiete de enero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que el puesto para el cual fue nombrada la demandante, es un puesto con nombramiento y vigencia para un período determinado, su remoción si bien es facultad del Presidente de la República, debe de observar las causales y procedimientos contemplados en la ley especial, Ley del Banco Central de Honduras, no constando en autos la exigencia legal, el acto por medio del cual se canceló a la demandante es nulo por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido por lo que la acción interpuesta por la demandada resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL, en fecha once de febrero del año dos mil trece, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha diecisiete de enero del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.345-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 029-2008 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem mediante providencia de fecha quince de febrero del año dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la recurrida, GABRIELA NUÑEZ ENNABE, representada en juicio por el abogado SAUL MONTES AMAYA, presentó, en fecha treinta de abril del año dos mil trece, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dos de mayo del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución los abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL y SAUL MONTES AMAYA.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiséis de julio del año dos mil trece, teniendo por personados a los abogados CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL y SAUL MONTES AMAYA, en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN:SE IMPUGNA LA FORMA Y EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 200.2 c), 207 y 208.2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.1.c del Código Procesal Civil, que establece: 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ... b) ... c) La forma y contenido de la sentencia. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 200.2.c del Código Procesal Civil señala de manera clara que las sentencias deben ajustarse al siguiente contenido formal: En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. Por su parte, el artículo 207 del Código Procesal Civil, claramente señala que: 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Es preciso aclarar que aun cuando formalmente el Tribunal Sentenciador invoca algunos de los artículos antes citados, materialmente no los aplica a la sentencia como lo demuestro a continuación. La simple invocación o cita de unos artículos de ninguna manera implica el cumplimiento de una norma jurídica, por el contrario demuestra su inaplicación y que da lugar a una sanción por contravenir la Ley al pretender simular su aplicación. Agravios Expresados en Apelación: Resulta que, el Recurso de Apelación interpuesto en escrito de fecha cuatro (4) de octubre de dos mil doce (2012) contiene CINCO APARTADOS DE AGRAVIOS EXPRESADOS, que enumero a continuación: PRIMER AGRAVIO: EL JUZGADO A-QUO HIZO APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, EN LUGAR DE APLICAR LOS ARTÍCULOS 245.5 Y 264 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 320 DE LA MISMA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. SEGUNDO AGRAVIO: CONDENAR AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SIN HABER INTERVENIDO FORMALMENTE EN EL PROCESO COMO PARTE COADYUVANTE, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 18, 50 Y 56 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TERCER AGRAVIO: CONDENAR AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS A PAGAR A LA DEMANDANTE LOS SUELDOS ORDINARIOS Y DEMÁS BENEFICIOS DESDE EL CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL OCHO (2008) HASTA EL VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL DIEZ (2010), CONTRAVIENE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 258 DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA, EN VIRTUD DE QUE LA SEÑORA GABRIELA NUÑEZ ENNABE ESTARÍA DEVENGANDO DOS REMUNERACIONES, UNA POR PARTE DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y LA OTRA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO AL HABER DESEMPEÑADO EL CARGO DE SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE (2009) HASTA EL VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL DIEZ (2010). SE ACOMPAÑA DOCUMENTO. CUARTO AGRAVIO: DIFERIR PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN LA CUANTIFICACIÓN TOTAL DE LO CONDENADO, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 35, 39 Y 40 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. QUINTO AGRAVIO: LA SENTENCIA RECURRIDA CONTRAVIENE PRECEDENTE EMITIDO POR LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, específicamente la sentencia emitida en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011), en la demanda promovida por el señor OSCAR ARMANDO NÚÑEZ SANDOVAL, quien fungía como miembro del Directorio del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, dictó fallo declarando improcedente la acción incoada por el referido señor NÚÑEZ SANDOVAL, argumentando precisamente que los beneficios del contrato colectivo no le son aplicables a los miembros del Directorio del Banco Central de Honduras, por lo que el fallo emitido en contra del Banco Central de Honduras, a favor de GABRIELA NÚÑEZ ENNABE, es contrario a este precedente. Contenido de la Sentencia Recurrida en Casación: La sentencia recurrida, emitida el diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013) por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, tiene la siguiente estructura: 1.- Denominación del Tribunal y fecha. 2.- Vista conteniendo los datos específicos del expediente. 3.- Señalamiento de las partes. 4.- Alusión al fallo de la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el diecinueve (19) de septiembre de dos mil doce (2012). 5.- Antecedentes de Hecho, conteniendo cinco (5) Considerandos, del 1 al 5. 6.- Fundamentos de Derecho, conteniendo cinco (5) Considerandos, del 6 al 10. 7.- Parte Resolutiva o Fallo. La sentencia recurrida debió pronunciarse en los Fundamentos de Derecho sobre cada uno de los agravios expresados por esta representación. Pasamos a analizar cada uno de esos Considerandos, así: Considerando (6): Reproduce o transcribe la literalidad de los párrafos segundo y tercero del artículo 6 y el artículo 7 de la Ley del Banco Central de Honduras (Decreto 53 del 3 de febrero de 1953). Considerando (7): En este Considerando señala que según la judicatura quedó demostrado que la señora GABRIELA NÚÑEZ ENNABE fue nombrada como Presidente del Banco Central de Honduras. Luego hace alusión al artículo 264 de la Constitución de la República y comenta que la remoción del Presidente del Banco Central no es libre por parte del Presidente de la República sino que regulada. Considerando (8): En este Considerando vuelve a argumentar que el puesto de Presidente del Banco Central si bien es facultad del Presidente de la República, no es libre, sino que regulado. Considerando (9): En este Considerando hace un comentario general sobre la anulabilidad de los actos administrativos. Considerando (10): En este Considerando solo afirma que procede confirmar la sentencia de primera instancia por las razones expuestas en los considerandos que anteceden. Por mandamiento legal, esta Corte de Apelaciones debió pronunciarse con relación a cada uno de los cinco apartados (Agravios).- Sin embargo, la Corte de Apelaciones únicamente se pronunció parcialmente con relación al Primer Agravio. Digo que se pronunció parcialmente porque la Corte de Apelaciones no se pronunció sobre la contravención al artículo 320 de la Constitución de la República, que expresamente señala que en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera. La Honorable Corte de Apelaciones no presentó ninguna argumentación sobre la razón por la que no aplicó el artículo 245.5 de la Constitución de la República, que señala que el Presidente de la República puede nombrar y separar libremente aquellos funcionarios que cuyo nombramiento no esté atribuido a otras autoridades. La sentencia recurrida en casación no se pronuncia sobre el Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Agravios, incumpliendo con esa omisión la obligación legal de pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hayan sido señalados en el escrito de Apelación. Al respecto, el artículo 208.2 del Código Procesal Civil establece precisamente que en las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Al respecto, en la Obra El Nuevo Proceso Civil de la Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 2001 (2 Edición), a página 571, señala sobre el particular: “La sentencia de apelación también tiene que ser exhaustiva y congruente, pues en la apelación sigue rigiendo el principio dispositivo. Lo específico es que: a) La sentencia debe pronunciarse únicamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso, en el sentido de que: 1. Se tratará del objeto del o de los recursos, tal y como fue o fueron planteados por el o los apelantes, o por el apelante adherido.” Por consiguiente, esta Honorable Corte de Apelaciones debió pronunciarse por separado con relación a cada uno de los agravios expresados en el escrito de apelación, lo que fue omitido, causando indefensión a mi representada, pues esta circunstancia le dificulta la interposición del recurso de casación por la falta de aplicación de los artículos 200.2 c), 2O7 y 208.2 del Código Procesal Civil en la sentencia a recurrirse. DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA SOBRE ESTE VICIO PROCESAL: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 700.1 del Código Procesal Civil, presenté en fecha once (11) de febrero de dos mil trece (2013), escrito de denuncia de este defecto en la aplicación de las normas procesales correspondientes al contenido de las sentencias antes aludidas en la sentencia de segunda instancia, para los efectos señalados en dicha norma. Precisión y Justificacación de la Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución impugnada: Si el Tribunal de Apelaciones hubiese tomado en cuenta y resuelto cada uno de los agravios expresados, hubiese fallado declarando con lugar la apelación interpuesta, habida cuenta de la fundamentación que cada uno tiene”.- II. Pero es el caso que el cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica clara ni precisa en vista que ataca la sentencia primero por falta de aplicación de los artículos 200.2 c), 207 y 208.2 del Código Procesal Civil y agrega que en las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, pero aparte de que dichas normas si fueron aplicadas en su contexto correcto, al contener la fundamentación y motivación necesaria con la cita concreta de las normas jurídicas aplicables al caso, también dicho fallo es congruente al decidir los puntos litigiosos que han sido objeto del debate, por ello no cabe el señalamiento de su falta de aplicación, ya que lo argumentado en cuanto a que el Tribunal ad quem no se pronuncia sobre el segundo, tercero, cuarto y quinto agravio expresado en el recurso, no es atinente a lo expuesto en dichas normas, debido a que si bien el referido órgano jurisdiccional se encuentra vinculado con los motivos alegados por el Recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación, tal situación jurídica no ha sido parte del fundamento del referido cargo y por ello resulta inadmisible.- III. El censor en el segundo motivo establece: “Violación por falta de aplicación del artículo 245.5 de la Constitución de la República, en relación al artículo 320 de la misma Constitución de la República y al artículo 7 de la Ley de Banco Central de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Sobre la Aplicación de Normas Constitucionales en casos de incompatibilidad con normas legales ordinarias: El artículo 320 de la Constitución de la República claramente establece que “en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”. Así pues, por mandamiento constitucional, los Tribunales de la República, en el supuesto de que una norma legal contraríe una norma constitucional, debe aplicar la norma constitucional con preferencia a la norma legal que la contradice. El citado artículo 320 de la Constitución de la República prevé lo que la ciencia jurídica denomina antinomias o incongruencias entre normas jurídicas. Ahora bien, ¿cuándo se produce verdaderamente una antinomia? Sobre el particular, el jurista Luigi Ferrajoli, en su obra Principia Juris: Teoría del derecho (Editorial Trotta), página 858, expresa: “De acuerdo con nuestra definición, antinomias y lagunas se producen sólo cuando los vicios en que consisten no pueden ser sanados por el intérprete sino que únicamente pueden ser eliminados por una específica decisión: la antinomia por la anulación jurisdiccional o por la abrogación legislativa de la norma ilegitima indebidamente inexisten te ...“ Es entonces que, para que exista una incongruencia entre normas o más técnicamente hablando, una antinomia, se requiere que no exista una interpretación que permita la compatibilización de las normas aparentemente contradictorias. El jurista citado, en la misma obra, a página 860 prosigue: “En todo caso, las inobservancias de los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos, produciéndose en un nivel normativo subordinado a éstos, dan lugar a antinomias o a lagunas. Concretamente, dado un derecho constitucionalmente establecido, diremos que el vicio producido por una decisión inválida de una norma legal contrastante es una antinomia,...” El jurista Ferrajoli, a página 866 de la obra citada, propone la siguiente solución al problema planteado por las antinomias en sentido fuerte: “Existen además, en los modernos ordenamientos dotados de constituciones rígidas, garantías constitucionales explícitas: de un lado, la prohibición constitucional, igualmente dirigida al legislador ordinario, de derogar, bajo pena de invalidez, las normas constitucionales; de otros, la obligación, atribuida a un juez constitucional, de anular las normas constitucionalmente Inválidas.” Resulta entonces que para Ferrajoli, las constituciones rígidas como la hondureña deben prever de alguna forma el caso de antinomias. La solución que prevé la Constitución de Honduras es precisamente el artículo 320, que específicamente señala que en caso de incompatibilidad (antinomia) entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera; es decir se aplicará la norma constitucional. ¿Existe Antinomia entre el artículo 245.5 de la Constitución y el articulo 7 de la Ley de Banco Central de Honduras? Reiteramos que el presente motivo de casación es la falta de aplicación del artículo 245,5 de la Constitución de la República. Sin embargo, para establecer si dicha disposición legal debió o no aplicarse, es necesario establecer los alcances de la misma, por lo que procederemos a analizarlo de manera concienzuda. Para poder aplicar la disposición contenida en el artículo 320 de la Constitución debemos asegurarnos que exista una verdadera antinomía o incompatibilidad entre el artículo 245.5 de la Constitución y el artículo 7 de la Ley de Banco Central de Honduras. Analicemos ambas normas: El artículo 245 de la Constitución de la República prescribe que el Presidente de la República tiene a su cargo la administración general del Estado y, en su numeral 5 incluye como atribución del Presidente “nombrar y separar libremente a los Secretarios y Subsecretarios de Estado, y a los demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento no esté atribuido a otras autoridades”, El artículo 6 de la Ley del Banco Central de Honduras señala que “el Directorio estará integrado por cinco (5) directores, de los cuales uno será Presidente de la Institución y otro Vicepresidente”. El mismo artículo prescribe además que “los miembros del Directorio serán nombrados por el Presidente de la República por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas” Resulta evidente entonces que el cargo de Presidente del Banco Central de Honduras es uno de los cargos a los que se refiere y es aplicable el artículo 245.5 de la Constitución de la República, es decir aquellos atribuidos al Presidente de la República. Ahora debernos analizar, para hacer una aplicación correcta del artículo 245.5 constitucional, el alcance de la palabra libremente. El Diccionario de la Real Academia Española (Vigésima Segunda Edición) define libremente como: “con libertad” Asimismo, libertad la define como: “falta de sujeción subordinación’: Igualmente, según la Real Academia Española, se entiende que el actuar con libertad implica la facultad de obrar de una manera o de otra y de no obrar. Por consiguiente, debemos entender que si el Presidente de la República tiene la facultad de nombrar y separar libremente a un funcionario, entonces no puede estar sujeto a ninguna regla para tal fin, puesto que si está sujeto a la misma, ya no actúa libremente. Debemos concluir entonces que el término libre se opone, es decir, es antónimo de supeditado o sujeto a algo. El jurista español Luis Vega Reñón, en la obra Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica (Segunda edición, página 142) señala que: “tradicionalmente se ha entendido por contradicción la relación existente entre un enunciado o una proposición, P, y su negación, de modo que si P es verdadera, su negación es falsa, y a la inversa. Esta noción descansa en los supuestos de que toda proposición tiene un valor veritativo determinado (verdad/falsedad), y solo uno (o es verdadera o es falsa). En consecuencia, los miembros de una relación de contradicción no pueden ser verdaderos a la vez, ni falsos a la vez.” Por consiguiente, desde un punto de vista estrictamente lógico, que algo sea libre y, al mismo tiempo, reglado. Precisamente, cuando el Constituyente señaló que el Presidente de la República podía nombrar y separar libremente al Presidente del Banco Central de Honduras, estaba significando que esa designación no estaba ni podía estar sujeta a reglas o supeditado a ninguna norma. Por ende, la Constitución de la República le atribuyó carácter político, no administrativo, a esos nombramientos y remociones. Es de hacer notar dos temas importantes para establecer los alcances del artículo 245.5 de la Constitución de la República: a) Precisamente esa misma norma jurídica y tal como está redactada sirve de fundamento para que el Presidente de la República nombre y separe a los Secretarios de Estado; facultad discrecional que nunca ha sido puesta en tela de juicio como una de las facultades del Presidente de la República. Por tanto, resulta completamente incoherente que por una parte esa norma establezca la discrecionalidad del nombramiento y separación de los Secretarios de Estado y por otra parte que se pretenda que la separación de los demás funcionarios cuyo nombramiento le corresponda al Presidente de la República no sea libre y discrecional. b) Por otra parte, de la lectura misma del referido artículo constitucional se colige que su criterio de aplicación, es decir la finalidad de la norma es precisamente establecer como libre el nombramiento y separación de dichos funcionarios. Darle otra aplicación es dejar a esa norma, en el fondo, sin criterio de aplicación objetiva. En otras palabras, el nombramiento y separación del Presidente del Banco Central de Honduras es una decisión discrecional, es decir que la hace libre y prudencialmente, el Presidente de la República, y por consiguiente no puede estar sujeto a reglas o normas que limiten dicha facultad. Por su parte, el artículo 7 de la Ley del Banco Central de Honduras señala las únicas causas por las que pueden ser separados los miembros del Directorio del Banco Central de Honduras. El referido precepto legal se aparta entonces, y contradice el artículo 245.5 de la Constitución de la República, puesto que sujeta a reglas la remoción del cargo, conculcándole el carácter de libre o discrecional al nombramiento o remoción de esos funcionarios. El juzgado a-quo, como la Honorable Corte de Apelaciones, en el análisis jurídico que hace sobre el régimen jurídico aplicable al caso concreto, en el Considerado (7), llega a afirmar que la libertad de remoción a que se refiere el artículo 245.5 constitucional está condicionada al artículo 7 de la Ley del Banco Central de Honduras. Esa afirmación es una contradicción, pues reitero nuevamente: lo que es libre no está sujeto a reglas. Por su parte, la Honorable Corte de Apelaciones, en la sentencia recurrida en casación, no invoca ni aplica EL REFERIDO ARTÍCULO 245.5 DE LA CONSTITUCIÓN. Por consiguiente, la sentencia recurrida en casación viola directamente el artículo 320 de la Constitución de la República, puesto que es la ley la supeditada a la Constitución y no a la inversa (Principio de Supremacía Constitucional). Por lo anterior, la Honorable Corte de Apelaciones, en aplicación estricta del artículo 320 de la Constitución de la República, debió igualmente aplicar el artículo 245.5 de la Constitución de la República e inaplicar el artículo 7 de la Ley del Banco Central de Honduras, reconociendo que LA REMOCIÓN DEL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS ES DE LIBRE REMOCIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SEGÚN NUESTRA CONSTITUCIÓN, LEY SUPREMA DE LA REPÚBLICA. Precisión y Justificacación de la Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución impugnada: Si la Corte de Apelaciones hubiese aplicado el artículo 245.5 de la Constitución de la República hubiese declarado con lugar la apelación y declarado sin lugar la acción intentada por la demandante, habida cuenta que el cargo de Presidente del Banco Central es de libre nombramiento y separación por parte del Presidente de la República”.- IV. Sin embargo el cargo en la forma expuesta no puede ser una proposición jurídica atendible en vista de que las normas que alude el Censor no fueron aplicadas, revisada la sentencia del a quo que al ser confirmada por el ad quem, la hizo suya, incluidos los fundamentos de derecho empleados para resolver el litigio, se establece que las mismas si fueron aplicadas por el Juzgador, en consecuencia no procede el ataque por esa vía; aunado a lo anterior el Censor realiza extensos alegatos de instancia y ataca los considerandos de la sentencia recurrida, específicamente el considerando 7, cuando le esta vedado hacerlo, de acuerdo a la técnica casacional. Por las razones anteriormente expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra este motivo de casación.- V. El Infirmante expone su tercer motivo de casación de la siguiente manera: “Aplicación Indebida del artículo 7 de la Ley del Banco Central de Honduras, en relación a los artículos 320, 245.5 y 264 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO:Régimen sobre el Término o Duración del Cargo de Presidente del Banco Central de Honduras: El tema jurídico de fondo en el presente caso es precisamente el régimen jurídico en cuanto al término o duración del cargo del Presidente del Banco Central de Honduras. El artículo 7 de la Ley del Banco Central de Honduras señala que los miembros del Directorio (del Banco Central de Honduras) durarán cuatro (4) años en el desempeño de sus cargos ... En el tercer párrado, el mismo artículo legal señala las causas de remoción de los Directores. Esta disposición legal, contiene las siguientes disposiciones, relevantes para el caso particular: 1) Señala que los Directores, entre los cuales se encuentra el Presidente del Banco Central, durarán cuatro (4) años en el desempeño de sus cargo, y 2) Que solo pueden ser removidos por las causas señaladas en el mismo artículo citado. Estas dos disposiciones, contradicen normas constitucionales, que por el Principio de Supremación Constitucional, deben ser aplicadas en lugar del ya citado artículo 7 de la Ley del Banco Central de Honduras. Veamos: El artículo 264 de la Constitución de la República, señala que los Presidentes, Directores Generales y Gerentes de los organismos descentralizados del Estado durarán hasta cuatro años en sus funciones y su forma de nombramiento y remoción será de conformidad con las respectivas leyes de creación de las mismas. De conformidad con el artículo 1 de la Ley del Banco Central de Honduras, ese organismo es una institución privilegiada y de duración indefinida, dándole por consiguiente carácter de descentralización administrativa o funcional, pues tiene a su cargo la política monetaria, crediticia y cambiaria del país.1 Si bien el artículo 264 de la Constitución de la República en su parte final refiere que el nombramiento y remoción de dichos funcionarios se hará de conformidad con sus leyes de creación, resulta claro que esas leyes de creación y por consiguiente, la Ley del Banco Central de Honduras no puede contradecir al menos dos disposiciones sobre el particular, que tienen rango constitucional: 1) Que la duración en el cargo será hasta cuatro años, es decir que pueden ser de cuatro años o menos. Tal es el texto del artículo 264 de la Constitución de la República. 2) Que si el nombramiento en el cargo es atribuido directamente al Presidente de la República, el nombramiento y REMOCIÓN es decisión libre del mismo Presidente de la República; es decir sin sujeción a reglas. Tal es la disposición contenida en el artículo 245.5 de la Constitución de la República. Sobre el tema que existe una incongruencia irreconciliable entre el artículo 7 de la Ley del Banco Central de Honduras y el artículo 245.5 de la Constitución de la República no ahondaré más, ya que fui extenso en ese punto en el Segundo Motivo de Casación y solo añadiré que existe esa misma contradicción o incongruencia, es decir antinomia con el artículo 264 de la Constitución de la República» pues no es compatible decir que un periodo es hasta cuatro años y decir que es de cuatro años. En el primer caso, es decir, el contenido en el artículo 264 de la Constitución de la República: hasta cuatro años, implica necesariamente que existe la posibilidad que el cargo dure menos de cuatro años. Por otro lado, el artículo 7 de la Ley del Banco Central de Honduras al señalar que el periodo es de cuatro años contradice de manera clara la disposición constitucional. Pretender, por tanto, mediante normas subordinadas a la Constitución, que se modifique el periodo de dichos funcionarios de cuatro años o menos a cuatro años obligatorios es violatorio del artículo 320 de la Constitución de la República. Por consiguiente, en acatamiento al artículo 320 de la Constitución de la República, la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo debió inaplicar el referido artículo 7 de la Ley del Banco Central de Honduras. Por lo anterior, concluimos que es procedente el presente Motivo de Casación de la sentencia recurrida, ya que existe aplicación indebida del artículo 7 de la Ley del Banco Central de Honduras, ya que CONTRADICE los artículos 245.5 y 264 de la Constitución de la República. En consecuencia, La Corte de Apelaciones, se encontraba en la obligación de aplicar las normas constitucionales supra indicadas con preferencia al artículo 7 de la Ley del Banco Central de Honduras, en estricto cumplimiento del artículo 320 de la Constitución de la República. Precisión y Justificacación de la Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución impugnada: Si la Corte de Apelaciones hubiese dejado de aplicar el artículo 7 de la Ley de Banco Central de Honduras, por contravenir los artículos 245.5 y 264 de la Constitución de la República, habría aplicado el criterio jurídico correcto de que el plazo de nombramiento del cargo de Presidente de Banco Central es hasta de cuatro años, y por ende que es potestad del Presidente de la República separarlo antes del transcurso de ese plazo”.- VI. El motivo en la forma expuesta no puede ser atendido en virtud de que el artículo 7 de la Ley del Banco Central de Honduras, señalado como violado por aplicación indebida, contiene varios párrafos y literales con distintas situaciones jurídicas que debieron ser precisados por el censor a cual de ellas dirige su ataque; además, en su explicación del cargo hace relación a una norma que en la formulación del mismo, no indicó como violada, como ser el artículo 1 de la Ley antes relacionada.- VII. El recurrente expone su cuarto y último motivo de la siguiente forma: “Violación por falta de aplicación del artículo 258 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 258 de la Constitución de la República señala: ‘Tanto en el Gobierno Central como en los Organismos Descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador público que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de servicio en cumplimiento de sus funciones” La Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil doce (2012), en el Número Cuatro del Fallo ordena que el cálculo de los sueldos ordinarios y los demás beneficios establecidos en la Resolución 270/2006, deben ser calculados desde el catorce (14) de enero de dos mil ocho (2008), hasta el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) que es la fecha que vencieron los cuatro (4) años para los que supuestamente fue nombrada la señora Gabriela Núñez. Este fallo fue confirmado por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su sentencia recurrida, de fecha diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013). Ese fallo contraviene claramente lo establecido en el artículo 258 de la Constitución de la República, tal como se explica a continuación: El hecho de que la señora Gabriela Núñez Ennabe eventualmente pueda percibir una indemnización, a título de sueldos ordinarios y otros beneficios colaterales desde el catorce (14) de enero de dos mil ocho (2008), hasta el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) que es la fecha que vencieron los cuatro (4) años para los que supuestamente fue nombrada, estos pagos se tendrían que erogar del presupuesto del Banco Central de Honduras como un organismo Descentralizado. No obstante, la señora Gabriela Núñez, también estuvo desempeñando el cargo de Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas durante el período comprendido del veintinueve (29) de junio de dos mil nueve (2009) hasta el veintisiete (27) de enero de dos mil diez (2010), tiempo durante el cual también recibió remuneración por parte del Gobierno Central, y siendo que ese cargo público está excluido de las excepciones establecidas en el artículo 258 Constitucional, al pagarle los sueldos y demás beneficios colaterales a los que alude la sentencia recurrida incluyendo el período durante el cual estuvo desempeñando el cargo de Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, ESTARÍA PERCIBIENDO DOS REMUNERACIONES A LA VEZ, UNO POR PARTE DE UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO (BANCO CENTRAL DE HONDURAS) Y OTRO POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL (SECRETARÍA DE FINANZAS). El nombramiento y desempeño de la ciudadana Gabriela Núñez Ennabe fue un hecho público y notorio3, y fue alegado oportunamente ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el escrito de apelación, por lo que de quedar firme la sentencia recurrida, no solo se violarían las disposiciones constitucionales relacionadas en los demás motivos de casación, sino que además se estaría violando el referido artículo 258 de la Constitución de la República. Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, debe declarar con lugar el presente motivo de casación, pues la sentencia recurrida viola, por falta de aplicación, el artículo 258 de la Constitución de la República, pues de confirmarse la sentencia recurrida pese a que consta en autos la violación a este precepto constitucional, se estaría sentando un mal precedente y allanaría el camino para que cualquier persona pueda percibir dos remuneraciones a la vez, pues independiente de que se trate de un pago ordenado mediante un fallo emitido por un órgano jurisdiccional, no excluye la aplicación irrestricta de la Constitución de la República como norma Primaria. Precisión y Justificación de la Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución impugnada: Si la Corte de Apelaciones, en su fallo recurrido hubiese aplicado el artículo 258 de la Constitución de la República no habría otorgado a la demandante la remuneración como Presidente del Banco Central por el tiempo que la misma demandante desempeñó el cargo de Ministra de Finanzas”.- VIII. Pero es el caso que el Impetrante en su cuarto y último motivo insta la revisión de los hechos y valoración del material probatorio que conforme el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, lo cual le está vedado a este Tribunal hacerlo en este extraordinario recurso; además, la norma señalada como infringida no ha tenido, ni tiene ninguna incidencia en la situación controvertida y por ello en la resolución del fondo del asunto, toda vez que se reconoce que el alegato sobre tal situación fue expuesto hasta en el recurso de apelación y por ende no cabe su aplicación, lo cual lo vuelve inadmisible.- IX. Resuelto lo anterior y para fines jurisprudenciales, es necesario aclarar que la condena al pago de una indemnización que comprenda conceptos estimados con base a los salarios que un demandante debió haber devengado durante determinado tiempo, no es análogo al pago que le corresponde a un servidor público por el desempeño normal de sus servicios a una institución o dependencia del Estado, ya que son situaciones jurídicas distintas. Por otro lado, lo que prohíbe el artículo 258 de la Constitución de la República es que tanto en el Gobierno Central como en los Organismos Descentralizados del Estado, ninguna persona pueda desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia; es decir que una misma persona puede percibir una indemnización producto de una relación laboral o de servicio anterior y a su vez devengar salarios por su labor en una relación distinta o posterior a la que motivó la condena indemnizatoria.- X. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- XI. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo.- Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- XII. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de julio del dos mil quince; certificación del auto de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 396-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL