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Sentencia CA-383-14 — Registro 4416

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado declarando improcedente la acción promovida, por estar dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el cargo en la forma expuesta no resulta admisible, por lo siguiente: a) en su formulación no señala las normas procesales violadas en relación al contenido y forma de la sentencia, ni el concepto de la infracción de las mismas, es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) en su explicación, insta la revisión de los hechos y de la interpretación y valoración probatoria, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) formula alegatos propios de instancia.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: la señora ELIZABETH ESPINAL IRIAS, representada en juicio por el abogado LEONEL DE JESUS AVILA y el Recurrido: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), representado en juicio por el abogado JOSE ANTONIO TAIXES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la ilegalidad y sea anulado un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, indemnización de daños y perjuicios, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil doce por el abogado LEONEL DE JESUS AVILA, en su condición de apoderado de la señora ELIZABETH ESPINAL IRIAS, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, Maestra especialista en Educación Media, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que en solicitud No. 19,474 que consta en acta 78 del 26 de junio del 2003, el Comité de Crédito del INPREMA le aprobó un préstamo por L.742,655.10, para compra de un inmueble y construcción de mejoras dentro del mismo, identificado como fracción B del lote 26, bloque 51 de la Lotificacion El Loarque, Comayagüela, M.D.C., con un área de 184.61 Mts.2, equivalente a 264.78 Vrs.2, el cual, adquirió según instrumento publico No. 176 autorizado en esta ciudad por el Notario MARCIO GALO CHIRINOS el 9 de julio del 2003, inscrito a su favor con No. 80, Tomo 4065 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este Departamento, en tal instrumento constan las colindancias y demás detalles propios de una compra venta de un inmueble, que previo a suscribir el documento antes relacionado, siguió y acató las normas y procedimientos fijados por el INPREMA, primero considerando que dicha entidad surgió para procurar el beneficio de sus cotizantes, no para lucrarse de ellos o afectarlos y en segundo lugar porque y como es de lato conocimiento, quien solicita un crédito sigue las políticas y condiciones de quien lo otorga, por lo cual, ella simplemente se sometió a las instrucciones giradas por dicha institución, misma que en todo caso y por contar con departamentos técnicos en finanzas, legales y de Ingeniería, entre otras, se daba por entendida que operativamente ella estaba respaldada en cuanto a los controles previos a la adquisición del inmueble, es así que una vez se hicieron los informes técnicos respectivos, incluido del Departamento de Ingeniería del INPREMA, le fue aprobado tal crédito, continua manifestando que habitó el inmueble relacionado a partir del 8 de noviembre del 2003 hasta septiembre del año 2004 por tan corto tiempo, porque el mismo presentaba desperfectos de construcción, lo cual reportó oportunamente al INPREMA adjuntado informes de ingeniería levantados por los Ingenieros Darío Hernández C, colegiado del CICH-2483, Geovanny Espinal F, CICH-1 059 y Mario Zuniga CICH-9757, quienes coincidieron en sus informes de fechas 11, 14 y 15 de octubre del año 2004 y así se reportó al INPREMA, en el sentido que el inmueble tenia desperfectos siguientes: “Serio deterioro producido por asentamientos frecuentes en su sistema de cimentación, daños internos como grietas profundas y desplomes importantes en sus paredes, fractura de castillos y cargadores, desplazamientos en el techo y cielo falso, desniveles de pisos interiores y exteriores” informes que constan en expediente de reclamo relacionado; INPREMA no contestó los reclamos ni buscó correctivos para volver habitable y evitar el peligro de la deteriorada edificación, deterioro que continuó en aumento hasta la total destrucción de la casa, durante la mañana del 24 de septiembre del 2004, que afortunadamente no se encontraba en el inmueble, salvando así su vida.- Manifiesta que SEGUROS CREFISA, fue contratada por el INPREMA para emisión de pólizas de seguros, relacionado a la administración de hipoteca, incendios y otros daños, conforme se pactó en instrumento No. 176 del 9 de julio del 2003, que contiene contrato de compra venta del inmueble mencionado, expresa la: “CLAUSULA CUARTA....ES convenido expresamente que tales seguros serán contratados por el Instituto a cargo de LA PRESTATARIA y en las respectivas pólizas o certificados se consignará al instituto como cesionario o beneficiario de las indemnizaciones hasta por el monto de la deuda que se determine a la fecha de producirse el fallecimiento de LA PRESTATARIA o destrucción de la propiedad asegurada” sin embargo y no obstante que es lógico presumir que el INPREMA debió calificar la póliza de seguro relacionada, resultó que el evento ocurrido en el inmueble en mención “NO ESTABA CUBIERTO” sin embargo y no a manera de cobertura sino bajo la denominación BONO EXGRATIA, CREFISA, otorgo a su favor L.412,679.90, valor reflejado en dos cheques: a) No.1306 del 22 de noviembre por L.200,000.00; b) 3114 del 17 de diciembre por L.212,679.90, ambos del año 2004, enteradas esas sumas al INPREMA, este procedió a expedir a mi poderdante, cheque No.10626 del 21 de enero de 2005 por L.412,679.90.- Es evidente que el INPREMA, no actuó diligentemente en todo el proceso previo a la obtención del inmueble que adquirió, también demostró su incapacidad en la calificación de las coberturas del seguro que la misma institución contrato a su cargo, desatendió los reclamos que ella le formuló previo a la “destrucción total” de inmueble, y si fuera poco, rebasando sus limites de su negligencia, tal entidad “de previsión social” durante 65 meses llegó al extremo de cobrar mensualmente L.13,032.00, totalizando L.847,003.95. por una inmueble totalmente destruido e inhabitable, aduciendo el IMPREMA para tal cobro, que la indemnización de la aseguradora solo fue parcial.- La destrucción total de la vivienda, por si es una pérdida material, surgieron para la señora ELIZABETH ESPINAL IRlAS, otra serie de erogaciones y daños, obviamente, una pérdida como la sufrida desencadenó en aflicción, depresión, desequilibrio nervioso, osteoporosis en 4 grado, habiéndosele tratado con fosfolípidos estructurales: de las membranas neuronas para mejora de la memoria; decaimientos en la falta de iniciativa, dificultades en su vida diaria, hago detalle: A. pago incompleto de póliza de seguro: Destruida totalmente la vivienda y habiendo pagado únicamente CREFISA un monto de L.412,679.90, recae en el INPREMA la obligación de pagar el saldo del crédito hipotecario existente al momento de destrucción del inmueble por L.259,975.25; GASTOS DE ALQUILER de septiembre del 2004 y hasta el 14 de abril del 2005, pago de alquiler mensual de L.5,000.00 por la casa, pago del periodo L.45,000.00, al renovársele contrato de arrendamiento de dicha casa el alquiler fue de L.7,000.00, mensual por lo que de abril del año 2005 a abril a julio del 2010, ella pagó 62 meses de renta igual a L.434,000.00 rentas totales L.479,000.00; deducciones indebidas: Por 65 meses se le cobró mensualmente L.13,032.00, totalizando L.847,003.95; gastos técnicos (pago de honorarios a Ingenieros contratados en fechas 11, 14 y 15 de octubre del 2004 L.12,000.00; por daños a salud corporal: Gastos de medicamentos, entre L..800.00. y L.1,400.00, semanales, periodo de tiempo reportado septiembre de 2004 a julio del 2010 (82 meses), L.459,200.00; honorarios médicos: La demandante ha sido tratada por la Dra. Marilyn Alvarado, se estima hasta el 14 de julio del 2010 que 104 meses de tratamiento médico a razón de L.2,000.00 significan un pago de honorarios médicos por L.208,000.00; destrucción total de menaje de casa: Según detalle contenido en reclamo al INPREMA, por tal concepto reporto perdidas por L.500,000.00; conceptos que totalizan L.2,306,438.40; lucro cesante: El valor antes mencionado de haberse depositado en una cuenta bancaria a plazo fijo con una tasa al 25% anual de L.576,609.60, partiendo del año 2009, capitalizado ese interés al capital principal sumaria a finales del 2009 L.2,883,048.00 al aplicarle a esta suma la indicada tasa del 25% generaría a finales del 2008, L.720,762.00, en consecuencia el interés del año 2009 L.576,609.60 más el interés del 2010, L.720,762.00), totalizan L.1,297,371.60; daño patrimonial o pecuniario: En el reclamo administrativo formulado al INPREMA, se expresó la pérdida que por plusvalía del inmueble sufrió, estimado a la fecha de presentación del reclamo de L.750,000.00; daño moral conforme al reclamo administrativo al INPREMA, el daño moral es invaluable, no valorable pecuniariamente, por lo que el padecimiento sufrido permanentemente cada día de la vida de la demandante, desde el año 2004 a la fecha de presentación del indicado reclamo se estimó en no menos de L.20,000,000.00, por lo que el 14 de julio del 2010, el Abogado Venancio Ocampo Orozco, en carácter de su apoderado legal presentó formal reclamo ante el INPREMA, pidiendo la nulidad del acto administrativo, consistente en las ilegales deducciones que le efectuaba el INPREMA, no obstante la destrucción total del relacionado inmueble, exigiendo el pago de indemnización de los relacionados daños y perjuicios, estimando el monto del reclamo en L.28,350,784.40, cada uno de los aspectos objeto de indemnización fueron claramente expuestos y están debidamente sustentados, según constan en expediente que contiene dicho reclamo, a lo que el Directorio del INPREMA, el 9 de marzo del 2011 emitió la Resolución No. 4569-1548-2011, desfavorable, notificada a su entonces apoderado el 3 de mayo del 2011, contra la cual interpuso recurso de reposición el 12 de mayo del 2011, el resultado de ese recurso, si existía resolución a favor o en contra se ignoraba aun al 15 de noviembre del 2011, fecha del personamiento de sus nuevos apoderados, en auto del 21 de noviembre del 2011, el INPREMA solicitó a la Comisión Interventora la devolución del expediente que contiene el reclamo administrativo que presentó, al constatar en el expediente que no existía resolución, el 9 de abril del 2012, en escrito de solicitud de pronta resolución, actuación esta demostrativa de que se dio por enterada de que aun no existía resolución en el indicado recurso de reposición, expresando que si en 8 días siguientes a tal escrito no se emitía resolución, entendería que ha sido denegado el relacionado recurso de reposición, por ende esa actuación surte los mismos efectos de una notificación defectuosa, por lo que al tenor del artículo 91, a partir del 9 de abril del 2012 se dieron por notificados de la denegatoria presunta del recurso de reposición denegatoria presunta surgida del articulo 43 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; que para evitar riesgos, contaron el término de 30 días para presentar la demanda a partir del día siguiente de la presentación de su escrito del 9 de abril del 2012, si se cuenta el término de 30 días a partir del 10 de abril del 2012, el termino vencería el 22 de mayo del 2012 y si se cuenta después de los 8 días expresados en su último escrito, tal término vencería el 1ro. de Junio del 2012 con la notificación en mención dieron por finalizada la vía administrativa, procediendo por tanto en tiempo y forma a promover esta demanda.- De suma importancia y demostrativo que el INPREMA, estaba consciente del daño causado por su negligencia, es el Oficio UA 1-046 2008 del 31 de marzo del 2008, dirigido por el Licenciado Ramon Antonio Lagos, Auditor Interno del INPREMA, al Profesor Pedro Arnaldo Pinto, Secretario Ejecutivo del INPREMA, en donde se hace un informe detallado de los hechos acontecidos contra la señora Elizabeth Espinal Irlas y dan como opción para solución del reclamo que ella les formuló, recibir en dación en pago el inmueble relacionado y entre las recomendaciones al Secretario Ejecutivo, están: Primero: Instruir al Departamento Legal del INPREMA, que inicie todas las acciones necesarias y relativas a lograr una negociación racional y objetiva con la docente prestataria Elizabeth Espinal Irías o su representante legal”.- La estructura de la resolución impugnada se encuentra dividida en dos considerandos, el primer considerando: Expresa que fueron sometidos a consideración los dictámenes de la Secretaria Ejecutiva relativos al reclamo en mención; obsérvese que no está siendo sometido para resolver el reclamo administrativo de la señora Elizabeth Espinal Irlas, se observa que no existe conexión lógica entre lo reclamado y lo que está siendo objeto de resolución, el segundo considerando: Hace referencia a una serie de disposiciones legales y menciona el instrumento público que contiene el contrato de compra venta tantas veces relacionado. Su parte resolutiva contiene dos ordinales, que tratan lo siguiente: primero: Aprobar el dictamen de la Secretaria Ejecutiva, mediante el cual declara sin lugar el reclamo administrativo presentado por el Abogado Venancio Ocampo Orozco, quien actúa en representación de la Profesora Elizabeth Espinal Irias.- Segundo: Salvar el derecho de la peticionaria en relación a la persona natural que asumió el saneamiento en la Escritura Pública relacionada en este documento.- Los motivos del Directorio del INPREMA para emitir la resolución impugnada, denegatoria del reclamo formulado, que no tiene sustento jurídico alguno, adolece de defectos de fondo y forma, es una resolución escueta; previo a su emisión no hubo respeto a los más elementales requisitos del proceso administrativo, sobre cada uno de esos extremos expongo: A. Se irrespetaron normas procedimentales de obligatoria exigencia, al extremo de violar el derecho de defensa de la parte reclamante, conforme la Ley de Procedimiento Administrativo: “Cuando el órgano competente para resolver no tenga por ciertos los hechos alegados por la parte interesada y ésta lo solicitare, podrá acordar la apertura a pruebas... .(Artículo 69)” en el presente caso, el INPREMA, emitió auto el 15 de julio del 2010, limitado a ordenar diligencias diferentes a la apertura a pruebas, resulta evidente la restricción impuesta a la parte reclamante, impidiéndole proponer pruebas, también consta en dicho expediente, que a la parte reclamante no se le permitió formular alegaciones como ordena la citada ley en su artículo 75, el proceso fue al antojo y arbitrio del INPREMA, este solo realizo aquellas actuaciones que le convenían y eran a su antojo, de todo lo cual se desprende que la emisión de acto impugnado en cuanto a proceso se refiere está precedida de una serie de violaciones e inobservancia de normas procedimentales, lo cual vuelve nulo el acto impugnado, establece la Ley de Procedimiento Administrativo en su Articulo 34.- B. Se emitieron otros actos supuestamente en sustento de la resolución impugnada, actos que adolecen de defectos de forma y fondo, tal es el caso de supuesto dictamen del 20 de septiembre del 2010 del Departamento Legal del INPREMA, quien después de hacer una serie de consideraciones al final aplica la forma resolvemos: 1) Declarar sin lugar el presente Reclamo Administrativo; 2) Salvar el derecho de la Peticionaria en relación a la persona natural que asumió el saneamiento en la escritura pública relacionada en este documento, otro documento que reviste la misma forma es la supuesta resolución del 20 de septiembre del 2010; emitida por la Secretaria Ejecutiva del INPREMA, que al final también aplica la fórmula: “resolvemos: 1) Declarar sin lugar el presente Reclamo Administrativo 2) Salvar el derecho de la peticionaria en relación a la persona natural que asumió el SANEAMIENTO en la escritura pública relacionada en este documento; dichos documentos por los defectos de forma, carecen de validez, al tenor de la Ley General de la Administración Publica en su Articulo 120. C. La infracción a las disposiciones antes mencionadas, conduce a otra causal de nulidad estipulada en la misma ley, según el Articulo 35, por lo que se nota que se han infringido normas legales, mismas que en el presente escrito he citado con precisión, la infracción de las citadas disposiciones legales constituyen elementos fundamentales de la demanda y vuelven procedente que ese Juzgado revoque la resolución recurrida y emita una que sea conforme a derecho.- La resolución impugnada no resolvió todas las situaciones planteadas por la reclamante, de la lectura del escrito que contiene el reclamo se observa con precisión seis pretensiones de la reclamante, mismas que ni siquiera fueron consideradas en el transcurso del procedimiento previo a la emisión del acto impugnado, que simple y llanamente se limitó: “Aprobar el dictamen de la Secretaria Ejecutiva, mediante el cual declara sin lugar el Reclamo Administrativo presentado.- segundo: Salvar el derecho de la peticionaria en relación a la persona natural que asumió el saneamiento de la Escritura Pública relacionada en este documento” El órgano emisor resolvió aspectos ajenos al reclamo administrativo, nadie pidió al INPREMA, pronunciamiento sobre salvar derecho alguno de la reclamante, sin embargo excediéndose de sus atribuciones resolvió: “Salvar el derecho de la peticionaria en relación a la persona natural que asumió el saneamiento en la escritura pública relacionada en este documento” contraviniendo el articulo 383 de la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto a que: “La resolución pondrá fin al procedimiento y en su parte dispositiva se decidirán todas las cuestiones planteadas por los interesados...”.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), contestó dicha demanda señalando que es un hecho aceptado, que ha sido manifestado por la demandante, relativo al préstamo por L.742,655.10, para compra de un inmueble y construcción de mejoras dentro del mismo, identificado como fracción B del lote 26, bloque 51 de la Lotificación El Loarque, de la ciudad de Comayagüela, M.D.C., mediante instrumento público No. 176, autorizado en esta ciudad por el Notario Marcio Galo Chirinos, el 9 de Julio del 2OO3, inscrito a su favor bajo el número 80, tomo 4065 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este Departamento; el INPREMA es una institución que en su accionar administrativo y específicamente cuando se otorgan préstamos hipotecarios, en los mismos se constituyen contratos de seguros con compañías aseguradoras debidamente autorizadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a fin de garantizar y asegurar las cantidades de dinero dadas en préstamo, para no afectar las reservas que son necesarias para el pago de todos los beneficios que se tienen con todos los derechohabientes del sistema, que la misma persona mediante constancia de fecha 6 de junio de 2003, exime o libera de toda responsabilidad al INPREMA de cualquier daño estructural o de otra índole que presentara el inmueble que ella misma había escogido y que ella misma compró, razón por la cual rechaza de manera categórica cualquier vinculación que se pretenda hacer al INPREMA como responsable de los daños y perjuicio ocasionados a la demandante.- Manifiesta que es un hecho que para asegurar los fondos dados en préstamo por el INPREMA, esta institución aseguró la suma prestada a la demandante con Seguros CREFISA., conforme se pactó en instrumento número 176 del 9 de julio del 2003, que contiene el contrato de compra venta del inmueble mencionado propiedad de la demandante, el cual en su cláusula cuarta señala que “Es convenido expresamente que tales seguros serán contratados por el Instituto a cargo de LA PRESTATARIA y en las respectivas pólizas o certificados se consignará al Instituto como cesionario o beneficiario de las indemnizaciones hasta por el monto de la deuda que se determine a la fecha de producirse el fallecimiento de la prestataria o destrucción de la propiedad asegurada, razón por la cual la referida compañía aseguradora pagó la suma de L.412,679.90, en concepto de indemnización por destrucción de la propiedad asegurada, razón por la cual rechaza de manera contundente lo manifestado por la demandante ya que el evento si estaba cubierto y es por ello que la referida aseguradora efectuó el pago mencionado.- Asimismo manifiesta que rechaza lo señalado por cuanto es un hecho que el INPREMA si actuó diligentemente en todo el proceso previo a la obtención del inmueble por parte de la demandante, por cuanto existió una cobertura de seguro que garantizó la pérdida de las mejoras del inmueble, circunstancia que queda evidenciada a través del pago efectuado por la compañía de seguros, lo cual no exime a la demandante del pago de las cuotas pactadas en el contrato hipotecario suscrito con el INPREMA, por lo que todo lo manifestado en el referido numeral no corresponde a la realidad.- En cuanto al numeral seis de la demanda lo rechazamos en su totalidad por cuanto la destrucción total de la vivienda no es responsabilidad del INPREMA, quien solamente es un garante hipotecario de una transacción que es responsabilidad única del vendedor del inmueble y de la demandante, además, dicha pérdida material no es atribuida al INPREMA razón por la cual todos los demás daños y perjuicios que supuestamente se le causaron a la demandante, serían responsabilidad del vendedor quien en el contrato de compra y venta se responsabilizó por el saneamiento de la venta de conformidad con la Ley. Es por ello, que todos estos reclamos novelescos de la demandada son improcedentes, ya que el pago hecho por la compañía de seguros obedece al valor de daño causado, es decir, no es sobre totalidad del inmueble, sino que responde a la totalidad de la pérdida sufrida. En cuanto a los gastos de alquiler, gastos técnicos, daños a la salud corporal de la demandante, honorarios médicos, lucro cesante, daño patrimonial o pecuniario, deducciones indebidas y daño moral, lo rechaza de manera contundente en virtud de que el INPREMA solo es garante hipotecario de una transacción de compra y venta celebrada por la demandante con el vendedor, del inmueble, quien es el único responsable de los perjuicios que de manera equivocada se le pretende atribuir al INPREMA, razón por la cual la demandante en su oportunidad demandó al señor Alejandro Castro Ruiz o Macario Alejandro Castro Ruiz, al INPREMA y a la Compañía de Seguros, ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil, precisamente por todos estos reclamos, el demandante no puede demandar dos veces a la misma persona por los mismos hechos. Continúa manifestando que rechaza en reclamo realizado por la cantidad de L.28,350,784.40, por cuanto de la simple lectura del reclamo administrativo se puede constatar que el monto solicitado como indemnización carece de objetividad y parece más un simple e irresponsable deseo de la demandante de perjudicar al INPREMA, quien es completamente ajeno a estos supuestos daños y perjuicios ocasionados por el vendedor del inmueble colapsado, que el INPREMA con fecha 9 de marzo del 2011, emitió a Resolución No.45691148-2011, en donde declara desfavorable el reclamo administrativo presentado por el abogado Venancio Ocampo Orozco, tal y como lo manifiesta la demandante, continúa manifestando que rechazan lo argumentado en la demanda, por cuanto el INPREMA no ha causado ningún daño a la demandada y en cuanto a la opinión vertida por el entonces Auditor Interno de la Institución, mediante oficio UA 1-046-2008, de fecha 31 de marzo del 2008, suscrito por el licenciado Ramón Antonio Lagos, y dirigido al profesor Pedro Arnaldo Pinto, en ese entonces Secretario Ejecutivo del INPREMA, dicha opinión carece de fuerza de Ley, por cuanto el Tribunal Superior de Cuentas y la misma Unidad de Auditoria Interna del INPREMA, tienen facultades constitucionales de fiscalización a posteriori y en ningún caso pueden emitir opiniones a priori, ó intervenir de manera directa en la toma de decisiones administrativas, ni mucho menos insinuar directrices para la toma de decisiones o acciones encaminadas a girar instrucciones a otros departamentos del INPREMA. Es un hecho que el acto administrativo impugnado, se encuentra apegado a derecho, ya que bien si existe una conexión lógica entre lo reclamado y lo que está siendo objeto de resolución, también el mismo estableció a una serie de disposiciones legales vinculadas al instrumento público que contiene el contrato de compra venta relacionado y precisamente por ello, la resolución en su parte dispositiva resuelve aprobar el dictamen de la Secretaria Ejecutiva, mediante el cual se declara sin lugar el reclamo administrativo presentado por el Abogado Venancio Ocampo Orozco y se salva el derecho de la peticionaria de reclamar a la persona natural que asumió el saneamiento en la escritura pública relacionada, quien es en definitiva el único responsable de la pérdida sufrida; que los motivos del INPREMA para emitir la resolución impugnada, denegatoria del reclamo administrativo, si tienen sustento jurídico y no adolecen de defectos de fondo ni de forma. En cuanto a la apertura del periodo de pruebas, es un hecho que el reclamante nunca lo solicitó y por ello no se estableció ningún periodo de pruebas, con lo cual tampoco era necesario que el reclamante formulara alegaciones. En cuanto a los supuestos errores derivados de formalismos en varios dictámenes, la demandante olvida que los dictámenes son opiniones que no vinculan de manera directa la potestad de decisión que tiene la administración al emitir la resolución del caso y es precisamente esta resolución, el acto administrativo impugnado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que es el objeto del presente juicio, la que se emite al amparo de lo señalado en el artículo 120 de la Ley General de la Administración Pública, como facultad privativa del titular del INPREMA.- La resolución impugnada si resolvió todas las situaciones planteadas por la reclamante, ya que al haber sido declarada sin lugar, se declara de manera expresa sin lugar cada una de las pretensiones reclamadas y cuando en la resolución se estableció salvar el derecho de la peticionaria en relación a la persona natural que asumió el saneamiento en la escritura pública relacionada en el reclamo, lo que el INPREMA señaló es que el responsable directo para hacerle frente al reclamo administrativo planteado es el vendedor que se comprometió al saneamiento del bien inmueble objeto del referido reclamo administrativo.- Es un hecho que la presente demanda no tiene fundamento legal alguno, por cuanto en el instrumento 176 del 9 de julio de 2003, mediante el cual la demandante compró el inmueble antes referido, en su cláusula segunda, el vendedor Alejandro Castro Ruiz o Macario Alejandro Castro Ruiz, se obliga al saneamiento de la venta de conformidad a la Ley, razón par la cual la demandante debe continuar su accionar jurisdiccional en contra del vendedor mencionado.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de agosto del dos mil trece dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no estar ajustado a Derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución número 4569-1548-2011 de fecha 9 de marzo del 2011, emitida por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en consecuencia se anuló totalmente, reconociendo la situación jurídica individualizada de la parte demandante y para su pleno restablecimiento se condenó al Estado de Honduras por medio del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) al pago a favor de la demandante de los Daños y Perjuicios ocasionados, cuya cuantificación se difiere a la fase de ejecución de Sentencia.- Sin costas. Criterio: Que del estudio y análisis de la pieza de merito, del estudio de los 3 tomos del expediente administrativo, de las pruebas aportadas por las partes, así como de las razones y fundamentos de derecho en que ambas partes apoyaron sus pretensiones se puede establecer que la parte demandante adquirió una vivienda a través de un préstamo para adquisición de vivienda con el INPREMA, mismo que fue aprobado mediante acta 78 del Comité de Crédito de fecha 26 de junio del 2003, constituyendo primera hipoteca a favor del INPREMA según Instrumento Público número 176 autorizado por el Notario Marcio Galo Chirinos en fecha 9 de julio del 2003, que dicho inmueble se encuentra identificado como fracción “B” del lote número 26 del bloque numero 51 de la lotificadora denominada El Loarque, lo cual es un hecho probado y consta en el expediente de mérito; que la parte demandante pagaba una cuota mensual de L.13,032.83 a la Institución demanda por dicho préstamo, mismo que seria pagadero a 10 años, sumando 120 cuotas por la cantidad descrita; que la hoy demandante habitó dicho inmueble por un periodo aproximado de 10 meses, comprendido del 8 de noviembre del 2003 a septiembre del 2004, que en varias oportunidades había informado al INPEMA el mal estado que presentaba la vivienda sin que dicha institución se pronunciara sobre los mismos, el deterioro era tal que el día 24 de Septiembre del 2004, la vivienda colapsó y es en virtud de ello a partir de dicha fecha la parte demandante ha estado alquilando casa de habitación pagando entre L.5,000.00 y L.7,000.00 mensuales; que en fecha 14 de julio del 2010, el Abogado Venancio Ocampo Orozco presentó ante la hoy demandada reclamo administrativo el cual fue resuelto mediante resolución No. 4569-1548-2011 y declarado sin Lugar; así mismo consta el informe de Arquitectura y Valuación del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, hecho por la Ingeniero Civil DAISY LOPEZ SAUCEDA, con número de colegiación 1798 de fecha 15 de Mayo del 2003, que en su numeral 23 hace la siguiente recomendación “Se recomienda aceptar la solicitud para la compra de la vivienda por el valor de 750,000.00; siempre y cuando el vendedor se comprometa a entregar al INPREMA una nota de compromiso de reparar la casa si presenta fallas estructurales por lo menos un año mediante un Notario Publico”, habiéndosele adjudicado dicho inmueble según consta en acta de fecha 26 de junio del 2003, siendo analizado lo anterior, la suscrita Juez estima que efectivamente en el caso de mérito hubo infracción al ordenamiento jurídico esto porque desde el momento mismo en que la parte demandante, se disponía en vía administrativa a adquirir dicho inmueble mediante préstamo otorgado por el INPREMA, al momento de emitirse el Informe de Arquitectura y Valuación mencionado anteriormente, ya en sus recomendaciones la Ingeniera, encargada del mismo, visualizaba que efectivamente este inmueble podría presentar fallas estructurales, existiendo de esta manera negligencia y mala fe de las autoridades del INPREMA al suscribir el contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria aun a sabiendas de los vicios que presentaba dicho inmueble, error este imputable a los Peritos Evaluadores enviados por dicha institución, sin embargo las autoridades de la Institución hoy demanda aprobaron la solicitud de préstamo para vivienda a la parte demandante, con una recomendación que desde todo punto de vista es leonina; Esto por un lado, y por otro, consta que el Oficio UAI-046 2008 (Folios 18 al 23 Tomo 1), emitido por el Licenciado Ramon Antonio Lagos en su condición de Auditor Interno del mismo Instituto, mediante el cual recomienda lo siguiente: 1.- Instruir al Departamento Legal del INPREMA, que inicie todas las acciones necesarias y relativas a lograr una negociación racional y objetiva, con la docente prestataria Elizabeth Espinal Irías o su representante legal mediante el Contrato innominado de dación en pago por parte del INPREMA, con la finalidad de liquidar el préstamo, que por razones de justicia y equidad le corresponde a la docente prestataria, si se consideran manera absoluta y correcta los fundamentos legales relacionados en documento, con el ánimo también de precaver una situación futura que se pueda resolver en este momento en forma administrativa y no a la expectativa de una demanda, lo que podría ser declarada con lugar en la instancia jurisdiccional correspondiente.- 2.- Ordenar al Departamento Legal, establecer comunicación con la docente prestataria Elizabeth EspinaI Irías, a efecto de concertar el Contrato de dación en pago, en las mejores condiciones posibles, cubriendo los espacios d Legalidad, Justicia y Equidad y así poder acceder al inmueble objeto del reclamo. 3.- Instruir a la Consultara de Proyectos, que una vez firmado el Contrato de Dacion En Pago, entre las partes, se debe poner a la venta el terreno, que por lo ocurrido a la vivienda de la docente Espinal Irías, la primera opción seria el vecino colindante, que utiliza el terreno corno cancha de futbolito.- 4.-Instruir al Departamento de Cartera, suspender la deducción al préstamo hipotecario de la docente Elizabeth Espinal Irías, a partir del mes de Abril del 2008.- Con lo cual efectivamente la parte demanda reconoce los daños y perjuicios causados a la parte demandante; en virtud de ello el acto administrativo impugnado, no está dictado conforme a derecho, por lo que se debe declarar la procedencia de la acción interpuesta. Que el articulo 1620 del Código Civil señala “Que el vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta” en relación al Articulo 1631 de la misma Ley que establece en el numeral 2 que el vendedor responderá al comprador “de los vicios o defectos ocultos que tuviera”; Asimismo el Articulo 1633 del mismo cuerpo de Ley establece: “Será nulo todo pacto que exima al vendedor de responder por la evicción siempre que hubiere mala fe de su parte”; lo cual aconteció en el caso de mérito, ya que durante el proceso previo al otorgamiento del contrato de préstamo con garantía hipotecaria, a la parte demandante, las autoridades del INPREMA ya tenían conocimiento de las fallas estructurales de dicho inmueble, actuando de mala fe, por lo que dicha compra desde su génesis ya estaba viciada, es por ello que se debe indemnizar por los daños y perjuicios causados a la parte demandante.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha tres de abril del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva revocando la proferida por el a-quo por lo tanto declara improcedente la acción promovida, por estar dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado. Criterio: Que consta de autos que la demandante compró una casa de habitación al señor Alejandro Castro Ruiz, compra que realizó con un préstamo otorgado por la demandada, todo lo cual fue realizado a través de la respectiva Escritura Pública, en la cual consta quien es el vendedor, quien la compradora y quien otorga el préstamo respectivo, el cual queda garantizado en la misma escritura con el inmueble objeto de la compra, estableciéndose en dicha Escritura por disposición de Ley, que el vendedor queda obligado al saneamiento de dicha venta. Que también consta de autos, que la demandante tenía conocimiento de las fallas estructurales de que podía adolecer el inmueble, esto por el antecedente de dominio, ya que cuando el vendedor compró el inmueble que posteriormente le vendió, en la respectiva escritura de compra-venta se establece que se entrega el inmueble en el estado en que se encuentra, con fallas estructurales, sin ninguna responsabilidad futura por cualquier deterioro que sufra, lo cual también fue detectado por el perito evaluador, al establecer en su informe que el inmueble acaba de ser reparado, pero que se otorgue el préstamo siempre que el vendedor se comprometa, por medio de una nota de compromiso, a reparar la casa si ésta presenta fallas estructurales, lo cual no es necesario, ya que en la escritura respectiva se establece la obligación del vendedor al saneamiento de la venta, es decir, en el presente caso, al saneamiento de los vicios ocultos que tuviere el inmueble, ya que las fallas estructurales no son visibles especialmente cuando se acaba de reparar el bien, como sucedió en el presente caso y al no establecerse dichas fallas en la respectiva escritura como se hizo con el antecedente de dominio. Que se hace la anterior relación porque la sentencia apelada establece que existió negligencia y mala fe por parte de la demandada al otorgar el préstamo para la compra de la casa relacionada, aun y cuando tenia conocimiento de los vicios que presentaba dicho inmueble, en virtud del informe de los peritos evaluadores; sin embargo, como se señaló, por un lado la demandada únicamente otorgó el préstamo para la compra, no es el vendedor, estableciéndose en la Escritura respectiva la obligación del saneamiento por parte del vendedor, quien es el responsable de los defectos ocultos que tenga la cosa vendida, como lo es el caso de autos y por otro, la compradora y prestataria, tal como consta de autos, a través de una constancia, exime o libera a la demandada de cualquier daño estructural o de cualquier otra índole que se presente en el bien inmueble que compraría con el préstamo otorgado por la demandada, con lo cual queda claro que la demandante tenia conocimiento que se podían dar dichos daños, liberando de responsabilidad a la demandada, porque corresponde el saneamiento al vendedor y la demandada únicamente debe de velar porque el préstamo otorgado sea pagado. Que si bien es cierto, tal como lo manifiesta el a-quo, la demandada reconoce el daño que sufrió la demandante con la compra que realizó, también es cierto, que reconoce que los mismos no fueron causados por ella, sino por el vendedor, al venderle un inmueble con vicios ocultos, por lo que es obligación de éste sanear tal venta y si igualmente es cierto, que el Auditor de la demandada recomienda que se haga una negociación con la demandante y que se trate de realizar una dación en pago con el inmueble relacionado, esto es para poder saldar la deuda que tiene la demandante con ella y no porque haya sido negligente y sea responsable por los daños por ella sufridos. Que tal como lo establece el a-quo, en la sentencia apelada, el vendedor está obligado al saneamiento de la cosa objeto de la venta, por lo que en el caso de autos se estableció en la escritura de compra venta, dicha obligación del vendedor, que no es la demandada, sino el señor Castro Ruiz, no habiéndosele eximido de tal obligación, en consecuencia, corresponde al vendedor el saneamiento del inmueble vendido a la demandante y no a la demandada, ya que ésta no ha actuado con negligencia que haya provocado daños a la demandante, por el contrario, ésta la liberó de cualquier daño estructural que presentase el inmueble, ya que únicamente le estaba otorgando un préstamo para adquirir el inmueble, por lo cual, la demandada no incurrió en exceso de poder en el caso de autos, estando el acto impugnado emitido conforme a derecho, sin infracción del ordenamiento jurídico aplicable.- 5. La representación procesal de la parte demandante, abogado LEONEL DE JESUS AVILA, en fecha ocho de mayo del año dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha tres de abril del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.050-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 196-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem mediante providencia de fecha doce de mayo del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la demandada, representada en juicio por el abogado JOSE ANTONIO TAIXES, presentó en fecha dieciséis de julio del año dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dos diecisiete de julio del año dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución, los abogados LEONEL DE JESUS AVILA Y JOSE ANTONIO TAIXES.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia en fecha veintiséis de agosto del año dos mil catorce, teniendo por personado al abogado JOSE ANTONIO TAIXES como parte recurrente y declarando precluído el plazo concedido y dejado de utilizar por el abogado LEONEL DE JESUS AVILA, para personándose en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “La sentencia adolece de defectos de contenido, por ser la misma imprecisa, su emisor oficiosamente en base a suposiciones y apartándose de los fundamentos de hecho y en base a pruebas inexistentes resolvió una petición no formulada, por ello la sentencia venida en Casación, denota que el Tribunal de Alzada, no cumplió su misión enmarcada en el Código Procesal Civil, cuyo Articulo 705.2 expresa por finalidad del recurso de apelación: “la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.” este motivo no contradice el Artículo 720.1 del mismo Código, ya que no pido se revisen hechos ni se interprete y valore la prueba, sino que denuncio que el Ad quem al acomodar su criterio a lo peticionado por el apelante INPREMA, incumplió su misión revisora de la sentencia apelada. En aras de cumplir su misión el Ad quem, debió analizar la forma y contenido de la sentencia apelada, los hechos alegados y como esos hechos fueron probados o no, este motivo de casación solo es posible desarrollarlo relacionando hechos alegados y pruebas aportadas en sustento de los mismos, para luego exponer el acierto o desacierto del juzgador, por lo cual nuestra postura tiene la cabida que le proporciona el Código Procesal Civil en su Artículo “720.2 Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia y racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo.”EXPLICACION DE ESTE MOTIVO DE CASACION: La causa de pedir inicial fue: “Demando se declare que no es conforme a Derecho un acto administrativo de carácter particular consistente en Resolución del 9 de marzo del 2011, recaída en el reclamo administrativo presentado el 14 de julio del 2010 a nombre de la señora ELIZABETH ESPINAL IRlAS, ante el INPREMA, consecuentemente sea declarada la nulidad absoluta de tal acto, dictando en su lugar uno apegado a derecho, que entre otras consideraciones que este Juzgado estime pertinentes, se reconozca una situación Jurídica Individualizada……”, la demandada devenía obligada a demostrar que el acto impugnado, estaba apegado a derecho, la sentencia que motiva este recurso, expresa: CONSIDERANDO (8): Que se hace la anterior relación porque la sentencia apelada establece que existió negligencia y mala fe por parte de la demandada al otorgar el préstamo para la compra de la casa relacionada, aun y cuando tenía conocimiento de los vicios que presentaba dicho inmueble, en virtud de los peritos evaluadores; sin embargo como se señalo, por un lado la demandada únicamente otorgo el préstamo para la compra, no es el vendedor, estableciéndose en la escritura respectiva, la obliqación del saneamiento por parte del vendedor, guien es el responsable de los defectos ocultos que tenga la cosa vendida, como lo es en el caso de autos y por otro, la compradora y prestataria, tal como consta en autos, a través de una constancia, exime o libera a la demandada de cualquier daño estructural o de cualquier otra índole que se presente en el bien inmueble que compraría con el préstamo otorgado por la demandada, con lo cual queda claro que la demandante tenía conocimiento que se podían dar dichos daños, liberando de responsabilidad a la demandada, porque corresponde el saneamiento al vendedor y la demandada únicamente debe de velar porque el préstamo otorgado sea pagado. Este razonamiento, civilista, se basa en que deben acatarse las clausulas contractuales del instrumento publico por el que mi poderdante adquirió el inmueble, criterio apartado de la causa de pedir que es: “se declare nulo el acto impugnado” por ello, viola el No. 2 del Art. 206 del Código Procesal Civil, que ordena resolver “sin apartarse de las causas de pedir” numeral también violado, al suponer el tribunal una eximente de responsabilidad al INPREMA, bajo ese erróneo criterio expresa: “la compradora y prestataria, tal como consta en autos, a través de una constancia, exime o libera a la demandada de cualquier daño estructural o de cualquier otra índole que se presente en el bien inmueble” esa constancia del 6 de junio 2003, admitida a la demandada, como prueba documental y que por dudar de su legitimidad, se me evacuo el medio de prueba Exhibición De Documentos, con el que demostré que ese documento es una farsa, pedido para cotejo el original, el Presidente del INPREMA en oficio No.DP-364-2013 del 23 de abril del 2013 expreso que en sus archivos no obra el original y el Secretario General, el 18 de abril del 2013, expresa que no se encontró esa constancia, la falta de credibilidad del esa constancia, es un fundamento de hecho inobjetable. La sentencia venida en casación carece de precisión, porque se aparto de las causas de pedir y por ser contraria al indicado fundamentos de hecho, por ende resulta ilegal la parte resolutiva de la sentencia del tribunal de alzada, que incumplió su misión revisora “tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.” Fundamento este Motivo de Casación en el Artículo 719 numeral 1. Literal c) del Código Procesal Civil.”.- II. Que el cargo en la forma expuesta no resulta admisible, por lo siguiente: a) en su formulación no señala las normas procesales violadas en relación al contenido y forma de la sentencia, ni el concepto de la infracción de las mismas, es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) en su explicación, insta la revisión de los hechos y de la interpretación y valoración probatoria, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) formula alegatos propios de instancia.- III. Que el Recurrente en su segundo motivo expone: “La sentencia recurrida adolece de defectos de contenido, por ser la misma imprecisa, su emisor de oficio en base a suposiciones y apartándose de los fundamentos de hecho y desestimando la norma propia del caso, ha resuelto una petición no formulada. EXPLICACION DE ESTE MOTIVO DE CASACION: La causa de pedir se expuso en el motivo de casación precedente, causa de pedir que se amplió en audiencia preliminar del 15 de noviembre del 2012, así: “añado la siguiente pretensión accesoria a nuestra demanda, que la sentencia declare que el acto impugnado además de las otras causales de nulidad invocada en nuestra demanda también es anulable por que el acto impugnado contradice otro emitido por el Inprema consistente en resolución numero 4388-1519-2010 del 15 de julio del 2010 del directorio del lnprema que ordeno dar cumplimiento a recomendaciones emanadas de la unidad de auditoria interna contenidas esas recomendaciones en oficio UAI-046-2008 del 31 de marzo del 2008 que determino dejar sin valor ni efecto los intereses generados por el préstamo hipotecario de mi poderdante desde el 2008 y que autoriza dar trámite a dación de pago de inmueble adquirido mediante préstamo hipotecario” Nnuestra petición principal y accesorias, fueron precisas, no obstante, queda de manifiesto el equivocado criterio del Juzgador al expresar: CONSIDERANDO (9): Que si bien es cierto, tal como lo manifiesta el A quo, la demandada, reconoce el daño que su frió la demandante con la compra que realizo, también es cierto que reconoce que los mismos no fueron causados por ella, sino por el vendedor, al venderle un inmueble con vicios ocultos, por lo que es obligación de este sanear tal venta, y si igualmente es cierto, que el Auditor de la demandada recomienda que se haga una negociación con la demandante y que se trate de realizar una dación en papo con el inmueble relacionado, esto es para saldar la deuda que tiene la demandante con ella y no porque haya sido negligente y sea responsable por los daños por ella sufridos. Ese razonamiento, civilista contiene aspectos inherentes al “saneamiento de vicios ocultos” criterio ajeno a nuestra otra causa de pedir: “nulidad del acto impugnado por contradecir otro anteriormente emitido” fundamenta esa petición el Art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aquel considerando, denota violación del Artículo 206 No. 2 del Código Procesal Civil, que ordena al Tribunal resolver “sin apartarse de las causas de pedir” “conforme a las normas aplicables al caso” existe violación porque en resolución 4388-1519-2010 deI 15 de julio del 2010 el Directorio del INPREMA, ordeno cumplir recomendaciones de auditoria interna contenidas en oficio UAI-046-2008 del 31 de marzo del 2008, en tanto que la resolución impugnada la No.4569-1548-2011 del 9 de marzo del 2011 desnaturaliza y contradice aquella primera resolución; el informe de auditoria interna no es un documento aislado, tal documento forma parte integral de la primera resolución favorable a mi representada; por tanto existen dos resoluciones del mismo Directorio, sobre el mismo caso y persona, pero contradictorias entres si, sin duda cabe la nulidad del acto impugnado, que es la segunda resolución, al tenor del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo: “Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento Jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder. En el exceso de poder se comprende la alteración de los hechos, la falta de conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto, la contradicción no justificada del acto con otro anteriormente dictado y cualquier otro vicio inherente al contendido del acto” La existencia de esas dos resoluciones, constituyen un fundamento de hecho inobjetable, no considerado en el fallo de Alzada. La sentencia venida en casación carece de precisión, al apartarse de la aludida causa de pedir, contraria a ese fundamento de hecho y por no aplicar aquella norma legal al caso. Fundamento este motivo de casación en el Artículo 719 numeral 1. literal c) y No. 2 del Código Procesal Civil.”.- IV. En el cargo que antecede el Impetrante de nuevo incurre en el error de no señalar en su formulación la o las normas violadas, ni el concepto de su infracción; además, cita de forma imprecisa el precepto autorizante en que lo considera comprendido, ya que cita tanto el numeral 1) literal c), como el numeral 2) del artículo 719 del Código Procesal Civil, cuando solo debió enunciar el primero, por el señalamiento sobre el contenido de la sentencia.- Razones que hacen inadmisible el mismo.- V. Que en el tercer motivo de casación, el Censor del fallo sostiene: “La sentencia recurrida viola la competencia genérica, objetiva y funcional propia de los juzgados de primera instancia en materia contencioso administrativa. EXPLICACION DE ESTE MOTIVO DE CASACION: Del contenido del COSIDERANDO (10), se desprende el criterio del Tribunal de Alzada, que luego plasmo en su fallo, siendo la consecuencia inmediata del fallo la violación de los artículos 5 y 9 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales en relación con el 63 y 80 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, expresa aquel criterio de Alzada: CONSIDERANDO (10): Que como los establece el A-QUO, en la sentencia apelada, el vendedor está obligado al saneamiento de la cosa objeto de venta, por lo que, en el caso de autos, se estableció en la escritura de Compra Venta, dicha obligación del vendedor, que no es la demandada, sino el señor Castro Ruiz, no habiéndosele eximido de tal obligación, en consecuencia, corresponde al vendedor el saneamiento del inmueble vendido a la demandante y no a la demandada, ya que esta no ha actuado con negligencia que haya provocado daños a la demandante, por el contrario, esta la liberto de cualquier daño estructural que presentase el inmueble, ya que únicamente le estaba otorgando un préstamo para adquirir el inmueble, por lo cual, la demandada no incurrió en exceso de poder, en el caso de autos, estando el acto impugnado, emitido conforme a derecho, sin infracción del Ordenamiento Jurídico Aplicable. En los CONSDERANDOS (8) (9) y (10). persisten los criterios civilista del Ad quem, de esa manera hace suyos los argumentos esgrimidos por el INPREMA en apelación, cuya parte toral de supuestos agravios, expone: PRIMERO: Que el litigio debió “Ventilarse Ante La Jurisdicción Civil”, el SEGUNDO repite, que el asunto es propio del fuero civil; Estos criterios vertidos en alzada, son asumidos por el Ad quem, invadiendo la competencia genérica, objetiva y funcional que en materia contenciosa administrativa es exclusiva de los juzgados de primera instancia; al tenor del Articulo 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales: “Los juzgados y Tribunales solo podrán ejercer su jurisdicción en los asuntos y dentro del territorio que les hubieren designado las leyes...” la misma ley en su artículo 9 expresa: “Los juzgados y Tribunales no podrán ejercer su funciones sino a instancia de parte, excepto en los casos en que las leyes los faculten para proceder de oficio.” No obstante, la mencionada Corte, al acceder a las pretensiones del recurrente INPREMA, de hecho dirime un asunto de competencia, resuelve lo no pedido y se arroga funciones que no le competen, criterio nuestro avalado por el Articulo 63 y 80 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dirimir ese asunto, es potestad exclusiva del A quo; el INPREMA, mediante defensas previas ya había esgrimido los mismos argumentos expuestos en apelación en el sentido que el litigio debió “Ventilarse Ante La Jurisdicción Civil” lo cual le fue desestimado en auto resolutivo del 8 de noviembre del 2012 (Folios 39 al 42, pieza de defensas previas) y en audiencia preliminar del 15 de noviembre del 2012, el apoderado del INPREMA, nuevamente alego que el juicio era propio del fuero civil, la A quo, le expreso que en auto resolutivo de defensas previas hubo pronunciamiento al respecto, ante esa nueva negativa el INPREMA, no opuso recurso u objeción alguna, resulta ahora que el Ad quem, sin tener potestad revoca esa decisión; la ley de esta jurisdicción es tan clara, al expresar su Art. 64 que contra la resolución que desestima las defensas previas no cabe recurso alguno, pero la corte de oficio y sin tener facultades para ello revoca aquel auto resolutivo de defensas previas. Fundamento este agravio en el Artículo 719 numeral 1. Literal a) del Código Procesal Civil.”.- VI. Que no resulta procedente este tercer cargo, ya que adolece del mismo defecto de los anteriores, al omitir en su formulación el señalamiento de las normas violadas y el tipo de infracción, porque lo realiza hasta en su explicación; aunado a lo anterior, mezcla el tema de la competencia que no ha sido objeto de la resolución impugnada, bajo el examen de normas que no tienen vinculación con tal situación jurídica, ya que de existir una cuestión de esas, las aplicables en todo caso, serian las contenidas en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- VII. Que el Recurrente invoca en su cuatro motivo: “Incongruencia De La Sentencia Objeto De Recurso De Casación. La sentencia que motiva este recurso de casación, viola el principio de cosa juzgada” Expresa el Código Procesal Civil, Articulo 208. “CONGRUENCIA. 1.-Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.” EXPLICACION DE ESTE MOTIVO DE CASACION: En el caso que nos ocupa hubo una pretensión deducida oportunamente por la demandada (lnprema), esta presento defensas previas, contraídas a que este asunto debió “Ventilarse Ante La Jurisdicción Civil”, idéntico argumento fue motivo principal de su apelación, el Ad quem, desconociendo que esa pretensión se dedujo oportunamente ante él A quo, que dio a tal pretensión la categoría de cosa juzgada, en auto resolutivo del 8 de noviembre del 2012 (Folios 39 al 42, pieza de defensas previas) desestimo esas defensas previas, aquel auto firme e irrecurrible, quedo sin efecto mediante la sentencia de segunda instancia, actitud violatoria del Código Procesal Civil en su “ART. 195. RESOLUCIONES FIRMES: Son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la Ley, bien porque, estado previsto, hubiera transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado, o porque habiéndose presentado desistiera el recurrente, o porque hubiera sido inadmitido a trámite definitivamente.” Norma que entra en armonía con la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, prescribiendo su Articulo 64 que contra la resolución que desestima las defensas previas no cabe recurso alguno” aquel Código también expresa en su “Art. 196. COSA JUZGADA E INVARIABILIDAD. Habiéndose producido la firmeza por alguna de las razones expresadas en el artículo anterior, la resolución gozara del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada.” El tribunal de alzada resuelve sobre algo que es cosa Juzgada, por lo cual su sentencia no es congruente con las demandas y demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en juicio. Fundamento este motivo de casación en el Artículo 719 numeral 1. Literal o) en relación con el 208.1 ambos del Código Procesal Civil. “.- VIII. Tampoco procede la admisión del cargo que antecede, ya que no se indica con claridad y precisión el concepto de la infracción; en adición, en su explicación alude a la incongruencia de la sentencia y a la cosa juzgada, situaciones jurídicas que debieron ser expuestas en forma separada e independiente.- IX. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- X. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 383-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL