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Sentencia CA-381-14 — Registro 5434

Resumen

En primera instancia se declara improcedente la acción interpuesta por el demandante, en virtud de ajustarse a derecho el acto administrativo de carácter particular impugnado en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior cargo resulta ser inadmisible, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 47 de la Ley de Servicio Civil señalado en la formulación como violado por aplicación indebida, es una norma que contiene varios numerales, que tienen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo cual era necesario precisar a cual de ellas dirige su ataque; b) insta la revisión de los hechos y de la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual es vedado en este extraordinario recurso conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación invoca normas no señaladas en la formulación, como es el caso de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de Servicio Civil y 261 numeral 3) de su Reglamento y realiza alegatos propios de instancia

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de noviembre de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición de representante procesal del señor ORLANDO RIVERA FERNANDEZ; y Recurrido: El abogado CARLOS ALBERTO MONTES MANZANO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).- OBJETO DEL PROCESO: demanda para pedir la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reintegro, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida por el señor ORLANDO RIVERA FERNANDEZ, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), representada en juicio por la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha veinte de julio del año dos mil seis, fue nombrado mediante acuerdo número 0308/2006, en el cargo de Sub Administrador en la Oficina Tributaria Regional en la Dirección Ejecutiva de Ingresos de El Progreso, Yoro, con un salario inicial de L.7,750.00 y en el mes de octubre del 2006, lo ascendieron como Jefe Administrativo Regional con un sueldo de L.18,000.00. Posteriormente en fecha 3 de abril 2008, se le trasladó arbitrariamente a Regímenes Especiales en cumplimiento a una sanción disciplinaria emanada por órdenes directas del Director Nacional de la DEI, Lic. ARMANDO SARMENTO, sanción como pena principal que violentó sus derechos más elementales tales como presunción de inocencia, derecho a la defensa y debido proceso, lugar en donde estuvo asignado sin cargo y tarea a desempeñar por un periodo desde el día 3 de abril del 2008 al 30 de septiembre del año 2008 fecha en que fue despido, sin llamarlo a audiencia de descargo y sin que se le informara de sus derechos tal y como lo ordena el Artículo 101 numerales 3, 4, 5, 7, 10, del Código Procesal Penal, simplemente se determinó que era procedente su cancelación dictando un acuerdo No.076/2008, en el cual citan varias normas generales y una situación igualmente general como ser inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, legalmente comprobada, art. 261 numerales 1 y 3 del Servicio Civil pero sin citar específicamente cual fue su falta, ni la responsabilidad o participación en la misma.- 2.- La parte demandada, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), contestó dicha demanda señalando que la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, al emitir el acuerdo de Cancelación por Despido No.076-08 de fecha 29 de septiembre del 2008, que deja sin valor y efecto el nombramiento del señor ORLANDO RIVERA FERNANDEZ, siguió los procedimientos que establece la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, esto es, debido a denuncias interpuestas por los contribuyentes afectados, procediéndose a realizar las investigaciones pertinentes y se citó a una comparecencia con el fin que desvirtuara los hechos a él imputados, se evacuaron las pruebas aportadas, culminando con la emisión del acuerdo de cancelación por despido que rompe la relación laboral con el demandante, dicho despido se generó por habérsele comprobado la casual de “Inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, legalmente comprobada”, establecida en el Artículo 47 Numeral 3) relacionado con el 37 literales a), b), d) y e) de la Ley de Servicio Civil y el artículo 261 Numeral 3) de su Reglamento.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cuatro de diciembre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción, en virtud de ajustarse a derecho el acto administrativo de carácter particular impugnado, en consecuencia se confirma el Acuerdo Nº- 076/2008 de fecha 29 de septiembre del año 2008, emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, sin costas; bajo el criterio que la Ley del Servicio Civil establece que los servidores públicos no podrán ser despedidos de sus cargos, sin antes haberse escuchado suficientemente los descargos del inculpado, realizadas las investigaciones pertinentes y evacuadas las pruebas que correspondan, entendiéndose que cuando esto sea el caso, dicho despido será justificado y sin responsabilidad del Estado, lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa, pues la Institución Estatal al percatarse de una anomalía en el desempeño del cargo del Demandante, realizó las investigaciones procedentes, le celebró una audiencia de descargo, veto por que se emitieran dictámenes y resoluciones que respaldaran la decisión que deberían de tomar y como consecuencia de las investigaciones realizadas comprobó que el demandante infringió lo dispuesto en la normativa jurídica correspondiente, culminando con la emisión de la resolución que impone la sanción de acuerdo a la gravedad de la falta en este caso el reclamante no aporto las pruebas necesarias para desvirtuar los hechos imputados, de lo anterior se deduce que al señor ORLANDO RIVERA FERNANDEZ, no se le ha violentado los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República mucho menos el derecho a la defensa, por lo que el acto administrativo impugnado se encuentra dictado conforme a derecho.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diez de abril de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que consta en autos que al demandante se le cito para audiencia de descargo en fecha 4 de septiembre de 2008, para que desvirtuara las faltas que se le imputaba con ser las denuncias presentadas por contribuyentes por cobros ilegales, y otorgamientos de permisos para los cuales no estaba autorizado, los cuales no pudo desvanecer, ni justificar por lo que se procedió a la cancelación de su acuerdo.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en fecha veintiséis de mayo del año dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diez de abril de dos mil catorce, en el expediente de apelación No. 110-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 071-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- 6.- La representación procesal de la parte demandada, abogado CARLOS ALBERTO MONTES MANZANO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), presentó en fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecisiete de julio del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha veintiocho de julio del dos mil catorce, los abogados LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS y CARLOS ALBERTO MONTES MANZANO, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS y CARLOS ALBERTO MONTES MANZANO, presentaron escritos en fecha veintinueve de julio y uno de agosto del dos mil catorce, respectivamente, personándose en concepto de parte recurrente y recurrido, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Aplicación indebida del Artículo 47 de la Ley de Servicio Civil, en la parte resolutiva de la sentencia para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra autorizada en el Artículo 719 Numeral 2. Del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN: El articulo 47 de la Ley de Servicio Civil, enumera las causas por las que los servidores públicos pueden ser despedidos de sus cargos, entre las cuales aparece bajo el numeral 3. Por inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo; ésta misma causal contempla el Reglamento de dicha Ley en el numeral 3 del Artículo 261 con el agregado “LEGALMENTE COMPROBADA”. La causal invocada por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas en el despido de mi representado ORLANDO RIVERA FERNANDEZ, es LA INHABILIDAD E INEFICIENCIA MANIFIESTA EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO, LEGALMENTE COMPROBADA, bajo la imputación sin prueba legal fehaciente de haber realizado cobros indebidos por trámites que la Dirección ejecutiva de ingresos los proporciona en forma gratuita; Y de otros hechos entre ellos realizar trámites de vehículos de la Regional del Progreso en la Regional de La Ceiba, Atlántida, sin ninguna autorización por parte de la autoridad competente; Extender constancias como Jefe Administrativo de la Regional del Progreso para que varios vehículos circularan sin placas obviando el formulario DEI-649 no estando facultado para hacerlo; extender constancias para circular sin placas a contribuyentes que presentan mora en la tasa de matricula, realizar cambios de placas debiendo ser reposición de placas; no presentar ni enviar por correspondencia las placas que debían ser devueltas a la regional por cambios o reposiciones de placas. Todos estos hechos se subsumen en la “NEGLIGENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES E INOBSERVANCIA DE ORDENES SUPERIORES” que es una falta contenida en el Artículo 258 letra d) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que no conlleva como sanción el despido. En efecto la ley de Servicio Civil establece en su Artículo 43 lo siguiente: “Toda falta cometida por un servidor en el desempeño de su cargo, será sancionada con una medida disciplinaria que corresponda a la gravedad de la misma... En el articulo siguiente 44 consigna las medidas disciplinarias: 1) Amonestación privada verbal o escrita; 2) Suspensión del trabajo sin goce de sueldo hasta por ocho días; 3) Descenso de un cargo de clase o grado inferior”, y en el Artículo 45 ordena cuando deben aplicarse tales medidas disciplinarias: Amonestación privada en el caso de faltas leves; la suspensión del trabajo sin goce de sueldo en caso de faltas menos graves, y el descenso a un cargo inferior en los casos de faltas graves, sin perjuicio que de conformidad con la gravedad de la falta, la medida que corresponda sea la del despido. Ahora bien, este mismo articulo 45 prescribe en su Párrafo Segundo, que se considera falta grave, menos grave y leve, las que establezcan los reglamentos respectivos, razón por la que el Reglamento de la ley de Servicio Civil en su articulo 258 consigna las faltas MENOS GRAVES, entre las cuales aparece bajo la letra d) LA NEGLIGENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, que conforme al Párrafo Primero del Artículo 45 de la Ley de Servicio Civil solo da lugar a la sanción de SUSPENSION DEL TRABAJO SIN GOCE DE SUELDO y de ninguna manera al despido como indebidamente lo confirma el Tribunal de Alzada haciendo suya la sentencia de primera instancia. Lo que tiene como consecuencia que se ha aplicado indebidamente el Artículo 47 de la Ley de Servicio Civil, debiéndose haber aplicado entonces el Artículo 45 Párrafo Primero de la misma Ley, en relación con el Artículo 258 letra d) de su Reglamento como se ha dejado explicado. Por lo tanto procede admitir la presente causal de casación invocada.”.- II.- Que el anterior cargo resulta ser inadmisible, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 47 de la Ley de Servicio Civil señalado en la formulación como violado por aplicación indebida, es una norma que contiene varios numerales, que tienen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo cual era necesario precisar a cual de ellas dirige su ataque; b) insta la revisión de los hechos y de la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual es vedado en este extraordinario recurso conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación invoca normas no señaladas en la formulación, como es el caso de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de Servicio Civil y 261 numeral 3) de su Reglamento y realiza alegatos propios de instancia.- III.- Como segundo motivo de casación el Impetrante sostiene: “Falta de aplicación del Artículo 45 de la Ley de Servicio Civil, en relación al artículo 258 letra d) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra autorizada en el Artículo 719 Numeral 2. Del Código Procesal Civil. EXPLICACION: El articulo 45 de la Ley de Servicio Civil establece: La amonestación privada en el caso de faltas leves; la suspensión del trabajo sin goce de sueldo en los casos de faltas menos graves, y el descenso a un cargo inferior en los casos de faltas graves, sin perjuicio que de conformidad con la gravedad de la falta, la medida que corresponda sea la del despido. Para los efectos de este artículo se considera faltas grave, menos grave y leve las que establecen los reglamentos respectivos. Y el artículo 258 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil en lo pertinente expresa que son faltas menos graves:… d) LA NEGLIGENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES O INOBSERVANCIA DE ORDENES SUPERIORES. Ahora bien, la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas según el expediente administrativo que se levantó al efecto, invoca que la causal para despedir a mi representado ORLANDO RIVERA FERNANDEZ, es INHABILIDAD E INEFICIENCIA MANIFIESTA EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO, LEGALMENTE COMPROBADA, teniendo por probado sin prueba legal fehaciente, el realizar cobros indebidos por trámites que la Dirección ejecutiva de ingresos los proporciona en forma gratuita; y otros hechos entre ellos realizar trámites de vehículos de la regional del Progreso en la regional de La Ceiba, Atlántida, sin ninguna autorización por parte de la autoridad competente; extender constancias como Jefe Administrativo de la Regional del Progreso para que varios vehículos circularan sin placas obviando el formulario DEI-649 no estando facultado para hacerlo; extender constancias para circular sin placas a contribuyentes que presentan mora en la tasa de matricula, realizar cambios de placas debiendo ser reposición de placas; no presentar ni enviar por correspondencia las placas que debían ser devueltas a la regional por cambios o reposiciones de placas. Hechos que más son subsumidos en la “NEGLIGENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES E INOBSERVANCIA DE ORDENES SUPERIORES”. De manera, que lo procedente tanto en la sentencia de primera instancia como en la de segunda instancia que confirma la anterior, lo procedente era aplicar el Articulo 45 de la Ley de Servicio Civil, en relación con el Artículo 258 letra d) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que contemplan esta causa como una falta menos grave que solo da derecho a la Autoridad Nominadora para imponer al empleado de que se trate, la sanción de suspensión del trabajo sin goce de sueldo, pero no de ninguna manera a despedirlo; ciertamente, el precitado artículo 45 en su Párrafo Primero sanciona con la suspensión sin goce de sueldo las faltas menos graves, y el artículo 258 reglamentario tipifica en su letra d) la Negligencia en el desempeño de sus funciones e inobservancia de Ordenes superiores, como falta menos grave. Disposiciones que era procedente aplicar y no fueron aplicadas por la Corte Sentenciadora en su sentencia de segunda instancia, por lo tanto los infringió por falta de aplicación, incurriendo en la causal de casación invocada por Falta de aplicación del Artículo 45 de la Ley de Servicio Civil, en relación con el articulo 258 letra d) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, siendo su precepto autorizante para invocarla, el Artículo 719 Numeral 2. Del Código Procesal Civil. Por manera pido se digne la Sala Laboral Contenciosa Administrativa proceda admitir la presente causal de casación invocada.”.- IV.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que nuevamente se insta la revisión de los hechos y de la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se ha venido reiterando, es vedado en este extraordinario recurso conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; en adición, también realiza alegatos propios de instancia.- V.- Que el Censor del fallo en el tercer motivo alega: “Se impugna la falta de aplicación del Artículo 200 Numeral 2. Letra c) del Código Procesal Civil, en lo referente a la expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra autorizada en el Artículo 719 Numeral 1. Letra C) del Código Procesal Civil. NORMAS PROCESALES INFRINGIDAS: Se considera infringido el Artículo 200 Numeral 2. Letra C) del Código Procesal Civil, en relación con el Artículo 701 Numeral 3. De éste mismo Código. EXPLICACION: El Artículo 200 del Código Procesal Civil, establece: “CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS”. Este mismo artículo en su Numeral 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a).... b).... C) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. El Artículo 701 en su Numeral 3. Ordena, “No obstante lo anterior, el Órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.” En la fundamentación de derecho de la sentencia de primera instancia se observa que no expresa concretamente las normas jurídicas aplicables al caso, infringiendo lo ordenado en la Letra c) del numeral 2. Del Artículo 200 del Código Procesal Civil, constituyendo un defecto procesal de la sentencia de primera instancia. Que de igual manera en la sentencia de segunda instancia se observa que no se pronuncia sobre tal defecto procesal, infringiendo el sentenciador de segunda instancia lo ordenado en el numeral 3 del Artículo 701 del mismo Código Procesal Civil, al hacer suya la sentencia de primera instancia confirmándola totalmente, incurriendo por tal omisión en la causal de casación invocada, y en consecuencia Hace procedente se decrete la nulidad de la sentencia impugnada.”.- VI.- Pero es el caso que la norma señalada violada por falta de aplicación, si aparece dentro de la fundamentación jurídica que contiene el fallo recurrido, también consta que el mismo contiene la expresión de las normas jurídicas aplicables, inclusive en su primer motivo lo ataca por considerar el Impetrante la aplicación indebida de una de ellas, lo cual vuelve inadmisible el tercer cargo.- VII.- Que se pide subsidiariamente la nulidad de la sentencia impugnada, bajo el siguiente señalamiento: “La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Lo contencioso Administrativo que nos ocupa en ésta Casación, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sentencia de primera instancia, bajo las consideraciones de su fundamentación de derecho, que la resolución impugnada dictada por la autoridad nominadora fue emitida siguiendo el procedimiento legalmente establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, pero inconcluso, ya que no se emitió por parte de la Dirección General de Servicio Civil el dictamen legal ni mucho menos la acción de personal que autorizase el despido, infringiendo totalmente el procedimiento que ordena la Ley de Servicio Civil y su reglamento para cancelar un servidor público como el caso de mi representado, artículo 271 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, El despido, traslado, o descenso, no podrán aplicarse a los empleados sin que con que la solicitud de acción de personal, y demás documentos que amparen la misma, se acompañara copia del acta que se haya levantado por parte de la autoridad o en su caso por notario. Por otra parte el Artículo 57 Párrafo Segundo de la Ley de Servicio Civil, establece, “Para la autoridad nominadora los derechos y acciones prescribirán en el término de treinta (30) días, sean estas acciones para imponer medidas disciplinarias o el despido que contempla la Ley. El término comenzará a contarse desde la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de la infracción.” Consta en el expediente administrativo el informe de investigación No.95/2008 los hechos denunciados en los que la autoridad nominadora baso el despido del señor Orlando Rivera Fernández, y que dichos hechos la autoridad nominadora tuvo conocimiento desde el mes de abril del 2008 con la llegada San Pedro Sula del Director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) Lic. Armando Sarmiento, en ese sentido a la fecha 19 de septiembre de 2008 en que se celebro la audiencia de descargo ya había prescrito el término de 30 días que la ley concede a la autoridad nominadora para poder haber despedido al señor Orlando Rivera Fernández, lo que implica que el despido se consumo fuera del plazo legal, lo que constituye una infracción al procedimiento administrativo establecido en la Ley de Servicio Civil, por lo tanto, contrario a lo expresado en la sentencia de primera instancia, y en la de segunda instancia que la confirma, el auto impugnado fue dictado por la autoridad nominadora infringiendo el procedimiento legalmente establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Causa de nulidad que omitió apreciar de oficio en su actividad revisora el Juez de primera instancia como manda el Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en cuya omisión también incurrió el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia de primera instancia. Que la nulidad de los actos puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y cuando conste de autos como en el presente caso debe decretarse de oficio aunque no sea alegada por las partes, por consiguiente debe anularse la sentencia impugnada en este recurso extraordinario de casación, y consecuentemente la de primera instancia donde se originó la omisión denunciada.”.- VIII.- Sin embargo revisada la sentencia recurrida se observa que la misma resuelve todas las pretensiones oportunamente deducidas en el juicio, ya que por el deber de congruencia y el respeto al derecho de defensa de las partes, la facultad concedida al juzgador de primera instancia, en el artículo 35 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, implica que sin prejuzgar y en el momento procesal oportuno, decida exponer al conocimiento de las mismas para que aleguen lo que estimen conveniente, cualquier cuestión sometida a su conocimiento que pudiera no haber sido apreciada debidamente, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, situación que no es a voluntad o criterio de una de las partes; en adición, lo argumentado en la solicitud de nulidad debió haber sido expuesto como una causal del recurso, en consecuencia no procede la nulidad alegada.- IX.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- X.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También el artículo 701 numeral 1) del referido Código, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y ordenar la remisión de las actuaciones al Tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN LUGAR LA NULIDAD SUBSIDIARIA SOLICITADA. 4) SIN COSTAS, por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de noviembre del dos mil quince; certificación del auto de fecha seis de noviembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 381-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL